Demandan mejorar agencias del ministerio público, ante prevalencia de corrupción y mal servicio

Ante los altos índices de corrupción e ineficacia que hay en los ministerios públicos de la Ciudad de México, la senadora Mariana Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN, propone que la Comisión Permanente solicite al Procurador General de Justicia de la capital diseñe un plan para mejorar los servicios de éstos, con el propósito de que puedan brindar una buena atención a la ciudadanía.

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Ejercicio periodístico en México es de alto riesgo, coinciden senador y corresponsales extranjeros

Durante la última mesa del seminario “Periodismo, libertad de expresión, 100 años del periódico El Universal”, el senador el senador del Grupo Parlamentario del PRD, Zoé Robledo Aburto, junto con representantes de medios extranjeros, coincidieron que en ciertas zonas de México el ejercicio periodístico es una actividad de alto riesgo.

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Se legislará para revertir violencia de género, adelantan senadores

En el Senado de la República se realiza un análisis de las normas contenidas en la Constitución Política, a fin de avanzar en la ruta correcta para mejorar las condiciones de la sociedad y revertir aspectos negativos, como la violencia de género que aún impera en el país, apuntaron los presidentes de las comisiones de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez; y de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García.

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Congreso pide a Segob informe sobre desplazamiento interno de personas en México

La Comisión Permanente solicitó a la Secretaría de Gobernación que presente ante esta soberanía un informe sobre el diagnóstico, registro y acciones de atención al desplazamiento interno de poblaciones, debido principalmente a la violencia que provoca el crimen organizado y la guerra contra el narcotráfico.

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Pide Permanente a funcionarios de CDMX no hacer uso electoral de programas sociales

La Comisión Permanente pidió al Instituto Nacional Electoral (INE), a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), al Instituto Electoral del Distrito Federal, a la ContraloríaGeneral del gobierno capitalino, al contralor de la Asamblea Legislativa y a la Procuraduría General deJusticia local, que implementen acciones tendientes a evitar que los programas sociales sean utilizados con fines político-electorales y que sancionen a los servidores públicos que violen esta prohibición.

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