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Lo anterior, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y la embajada de México en Estados Unidos.
Los legisladores integrantes de este órgano de trabajo, que preside el senador perredista Leonel Godoy Rangel, recordaron que el pasado 7 de junio de 2010, en uso desmedido de la fuerza, el oficial fronterizo disparó en contra de Hernández Güereca, quien se encontraba desarmado y en territorio mexicano al momento de la agresión.
Ante ello --resaltaron-- el gobierno del estado procedió a solicitar a una juez de garantías una orden de aprehensión en contra del agente, misma que fue obsequiada.
De igual forma, en el dictamen aprobado se indica que los abusos de la patrulla fronteriza estadounidense constituyen ya un patrón de conducta, además de que existe en ese país un desdén institucional al respeto de los derechos humanos universales de los migrantes.
Se agrega que a pesar de que a lo largo de los años se han documentado múltiples casos, es conocido que desde la fundación de la patrulla fronteriza en 1924, “ninguno de sus agentes ha sido declarado culpable del homicidio de algún migrante”.
Por ello, senadores y diputados consideraron necesario reafirmar la voluntad de la Comisión Permanente para acompañar al Ejecutivo federal en la exigencia del Estado mexicano ante las autoridades norteamericanas “hasta la consecución de justicia en el caso del menor asesinado”.
Que estudiantes y gobierno de Michoacán logren soluciones
En otro tema, los legisladores acordaron hacer un llamado al gobierno de Michoacán, a las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a la comunidad estudiantil para que, a través del mecanismo de diálogo que se instauró, logren prontas soluciones al conflicto que se vive en esa casa de estudios.
Asimismo, pedirán a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán que investigue el estado de salud de los estudiantes que fueron hospitalizados a consecuencia de los enfrentamientos que se presentaron en la Ciudad de Morelia el pasado 28 de abril.
En el texto aprobado se señala que el uso de la fuerza pública y del poder punitivo del Estado deben reservarse a casos extremos y ejercerse con proporcionalidad, a fin de reducir al máximo su impacto negativo en las personas y garantizar la no criminalización de la protesta social.
Por ello, se añade, “creemos encomiable que a pesar de algunos tropiezos, estudiantes y autoridades hayan conseguido la excarcelación de los jóvenes detenidos y la liberación pacífica de las instalaciones universitarias y hacemos votos porque persista esa vía hasta la total resolución de la inconformidad que manifiesta el grupo estudiantil”.
Solicitarán informe sobre posible cancelación de vuelos civiles en base militar
En la misma reunión de este martes, senadores y diputados pidieron a la Secretaría de la Defensa Nacional que informe si existe la determinación de cerrar las operaciones aeronáuticas civiles que se llevan a cabo en la base militar número 3 ubicada en Ensenada, Baja California.
En este sentido, le solicitaron que de ser el caso reconsidere tal decisión y tome en cuenta los aspectos de desarrollo social y económico de la zona.
En el documento que se discutió se menciona que existe la “supuesta decisión” de autoridades militares para prohibir operaciones aéreas civiles en dicha base y del aeropuerto “El Ciprés” a partir del 10 de mayo de este año.
Ante este panorama, se advierte que de llevarse a cabo esa medida existe la posibilidad de pérdida de inversiones y competitividad del puerto, ya que en promedio se realizan 15 vuelos civiles en esta terminal aérea, principalmente de productores pesqueros, agrícolas y turísticos.
Se pronunciará la Permanente sobre Ley SB1070 y similares en E.U.
También se ratificó un dictamen para que la Comisión Permanente reitere su convicción de que la Ley SB1070 y otras similares constituyen un intento erróneo e injusto de resolver por medios autoritarios y represivos situaciones derivadas de imperativos económicos y sociales.
Además, para sostener que este tipo de leyes afecta de manera trascendente la relación entre México y Estados Unidos, y compromete los logros alcanzados a lo largo de muchos años.
Posteriormente, se aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública a que considere la aplicación del programa Habilidades Digitales para Todos en la República mexicana sin discriminar en el uso y aprendizaje de las tecnologías de la información.
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