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Por unanimidad, con 111 votos a favor, el Senado de la República aprobó en lo general el dictamen a la minuta que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, encaminada a debilitar las estructuras financieras de las organizaciones delictivas.

Paralelamente, con este nuevo ordenamiento los senadores buscan proteger la integridad de la economía nacional y del sistema financiero.

Para ello, establecieron una serie de medidas y procedimientos, a fin de prevenir y detectar operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita o aquellas “tendientes a financiar al terrorismo”.

En este sentido, mencionaron que se constituye un régimen de identificación y reporte de operaciones vinculadas a actividades vulnerables, ya que éstas pueden ser utilizadas por el crimen organizado para sus procesos de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo.

Aclararon que esas “actividades vulnerables” son aquellas como la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos, por lo que quienes las llevan a acabo deberán reportar a la Secretaría de Hacienda este tipo de operaciones cuando los montos asciendan a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario mínimo.

De igual manera, señalaron que se investigará la emisión o comercialización de tarjetas de servicios, de crédito, prepagadas y todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario o permitan la transferencia de fondos cuando el monto acumulado en la cuenta sea igual o superior a ochocientas cinco veces el salario mínimo.

En el caso de las tarjetas de prepago --precisaron-- se deberá informar cuando su comercialización se realice por una cantidad igual o superior a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario mínimo vigente, por operación.

Por otra parte, los legisladores indicaron que Hacienda también podrá conocer las operaciones de compra-venta de metales o piedras preciosas, joyas y relojes, cuando el valor de las transacciones sea de ochocientas cinco veces el salario mínimo vigente.

Asimismo, serán objeto de aviso ante las autoridades la comercialización o distribución de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres, así como la compra o transferencia de bienes inmuebles y obras de arte.

En el texto, producto de una iniciativa presentada por el Ejecutivo federal el 26 de agosto de 2010, se específica que la Procuraduría General de la República contará con una Unidad Especializada en Análisis Financiero, que será el órgano especializado en análisis financiero y contable relacionado con operaciones con recursos de procedencia ilícita y su titular tendrá el carácter de agente del Ministerio Público

Se destaca que la Secretaría de Hacienda estará facultada para emitir reglas de carácter general, a fin de asegurar el buen funcionamiento de esta ley, además de poder someter a los funcionarios adscritos a dicha Unidad a evaluación para su ingreso y permanencia.

Lo anterior, se indica en el texto, permitirá proteger la identidad de ese personal y no poner en un estado de vulnerabilidad su integridad física.

También, se aclara que la prestación de servicios de fe pública realizados por notarios públicos también serán objeto de investigación por parte de Hacienda.

Se resalta que quienes se abstengan de cumplir con los requerimientos que formulen las autoridades o incumplan con cualquiera de las obligaciones establecidas serán sancionados con una multa de doscientos a dos mil días de salario mínimo.

Además, se sancionará con diez mil a sesenta y cinco mil días de salario mínimo o el diez al cien por ciento del valor de la operación cuando ésta no sea notificada a las autoridades, además de castigar con dos a ocho años de prisión a quien proporcione de manera dolosa información, documentación, datos o imágenes que sean falsos o estén modificados.

Y se impondrán de cuatro a diez años de cárcel a los servidores públicos que utilicen indebidamente la información, datos, documentación o imágenes a las que tenga acceso o reciban con motivo de esta ley.

En la discusión del dictamen, la senadora priista Cristina Díaz Salazar, titular de la Comisión de Gobernación, afirmó que no hay forma de ir en contra de la delincuencia organizada, “si no se lastiman las finanzas que la sustentan”.

En este sentido, informó que cada año, entre 19 y 29 mil millones de dólares de ganancias ilícitas, fluyen desde Estados Unidos hacia carteles del narcotráfico y otros grupos criminales en México, por lo que la probación de esta ley no es un asunto menor porque permite golpear las fianzas de las organizaciones delictivas, que son su columna vertebral.
Refirió que actualmente las investigaciones por blanqueo de dinero apenas alcanzan el 2 por ciento en nuestro país, además de que no se cuenta con datos específicos sobre el secreto bancario.

En tanto, el senador panista Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, aclaró que bajo ninguna circunstancia este ordenamiento vulnera los derechos de los ciudadanos, ya que establece controles estrictos en la confidencialidad sobre avisos y reportes que presenten los sujetos obligados.

Explicó que el proyecto recoge los criterios, reglas y esquemas que han sido concertados por la comunidad internacional, por lo que se fortalece la coordinación entre las autoridades para el combate eficaz del lavado de dinero.

Destacó que la nueva ley sale del Congreso fortalecida y enriquecida “con el sello de la pluralidad política”, pues es producto del trabajo político, la disposición al acuerdo y la voluntad par encontrar equilibrios que permitan al Estado mexicano contar con mejores herramientas para combatir este flagelo.

Por su parte, el senador perredista Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, mencionó que los cárteles del narcotráfico han lavado más 3 billones de pesos en Estados Unidos y México, lo que equivale al 82 por ciento del presupuesto de egresos de 2012.

“Es decir --agregó-- cada cártel de la droga sería 15 veces más rentable que el Grupo Carso”.

Sin embargo, dijo que pese a esas sumas entre 2007 y 2011 la Unidad de Inteligencia Financiera sólo denunció 197 casos de lavado de dinero en bancos, lo que significa un porcentaje “profundamente marginal con el volumen que representa el blanqueo de recursos en el sistema financiero de nuestro país”.

Por ello, consideró que mientras no se combata de manera eficaz el lavado de dinero y se desmantele el poder financiero y patrimonial de la delincuencia organizada el problema de la violencia y del narcotráfico no desaparecerá en nuestro país

La senadora Ninfa Salinas Sada, del PVEM, subrayó que este problema atenta contra la fortaleza nacional, “por lo que es nuestra responsabilidad generar un marco legal a la altura de las necesidades del país”.

De igual forma, apuntó, México cumple como miembro de la comunidad internacional al luchar contra el lavado de dinero y al mismo tiempo enfrenta el problema interno de violencia, ya que se combatirán las estructuras financieras del crimen organizado.

En tanto, el senador petista Marco Antonio Blásquez Salinas advirtió que todos los órdenes de gobierno deben estar al pendiente”, ya que esta medida restrictiva generará “una especie de mercado negro”.

Es un hecho --expuso-- que si restringimos tantas actividades como la compra y venta de joyas, bienes y servicios, bienes inmobiliarios, “seguramente surgirán por ahí algunas actitudes que busquen encontrar otro camino para sus actividades”.

A su vez, el senador priista Arturo Zamora Jiménez manifestó que después de dos años de discusión, análisis y debate se logró un acuerdo entre todas las fuerzas políticas que permitirá “quitar a México el nada honroso segundo lugar mundial como lavador de dinero”.

Al respecto, el senador Carlos Davis Mendoza, del PAN, externó que esta ley significa un avance sustancial y permitirá a México aportar su parte en la lucha contra este fenómeno global.

Por ultimo, el senador perredista Benjamín Robles Montoya sostuvo que es un error centrar todos los esfuerzos contra la delincuencia organizada en la lucha armada, balazos y violencia, por lo que se deben privilegiar las acciones encaminadas a debilitar las finanzas de los grupos criminales.

El documento se remitió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

 

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