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Senadoras del Grupo Parlamentario del PRI propusieron que a cualquier persona que abandone a un infante, a una persona adulta mayor o a una persona enferma, en situación de vulnerabilidad se le aplicará una pena de un mes a cuatro años de prisión.

Al presentar la propuesta de reforma al Artículo 335 del Código Penal Federal, la senadora Margarita Flores Sánchez puntualizó que el abandono, maltrato y violencia contra las personas adultas mayores es un problema social que se observa en todas las esferas de la sociedad.

Se manifiesta, agregó, no sólo por el daño físico sino también por agresiones psicológicas, financieras y  patrimoniales que traen como consecuencia que el daño ocasionado pudiera ser irreversible, lo que provoca, a su vez, vergüenza y miedo para pedir ayuda o denunciar a quienes los someten a este tipo de tratos.

La legisladora priista subrayó que el abandono es un tipo de maltrato que consiste en privar a una persona de necesidades básicas como la alimentación, higiene, calor, ropa adecuada al clima, asistencia sanitaria y médica.

Por otra parte, la situación de vulnerabilidad es la condición de una persona o grupo de personas que por sus condiciones, permanentes o temporales se encuentren en condiciones de riesgo, inseguridad, indefensión y desventaja, en que se encuentran infantes, personas adultas mayores y personas enfermas.

Por ello, el Estado no debe únicamente ocuparse de la prevención y atención sobre los adultos mayores sino contar con un marco jurídico más sólido que castigue este tipo de actos u omisiones, “sobre todo cuando se trata de las personas que no sólo nos dieron la vida sino a las que estamos obligadas en términos de ley”, aseguró.

Asimismo, destacó que México se ha comprometido en el marco internacional e implementado diversas políticas, entre ellas, la promulgación de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en junio de 2002, que dio origen al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

Al respecto, dijo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2011, residían 10.1 millones de adultos mayores, lo que representa 9 por ciento de la población total del país, donde uno de cada diez vive sólo y de cada 100 hogares, 27 están integrados por al menos una persona de 60 años o más.

Asimismo, apuntó que desafortunadamente, con el envejecimiento de la población, gran cantidad de personas adultas mayores, se han vuelto un grupo vulnerable por su estado precario de salud, dependencia, abuso, descuido y pobreza.

La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

 

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