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No hay una política fiscal que regule la vida digital en el país, por lo que se están desaprovechando oportunidades de empleo; “la Secretaría de Hacienda  no sabe qué hacer  con esto que cada vez está creciendo mucho más”, advirtió Ernesto Piedras, presidente de Competitive Intelligence Unit, en el marco del II Foro: “La creatividad en la Sociedad del Conocimiento” en conmemoración del Día Mundial del Arte de cara a la reforma de telecomunicaciones, realizado en el Senado de la República.

Durante la mesa denominada las industrias creativas, Piedras expresó que se requieren políticas dirigidas al desarrollo de la creatividad y la cultura, con lo cual este ámbito contribuiría con 10 por ciento del PIB, ya que tiene un componente de crecimiento económico, bienestar y desarrollo integral en su operación.

Destacó que el sector cultural representa 7.3 por ciento del Producto Interno Bruto, es el cuarto rubro de actividad económica, genera divisas excedentes y casi dos millones de empleos de alta productividad, lo que significa  3.7 por ciento de todo el empleo nacional.

Por su parte, Efrén Huerta, asesor de Grupo Radio Fórmula, dijo que para elevar la calidad integral de los contenidos, se debe estimular y proteger a los creadores a través de derechos claros, precisos y contundentes, que garanticen su rentabilidad para que sigan ampliando el patrimonio cultural y artístico.

Manifestó que los contenidos son los que importan para la función social de la información y comunicación, “y si no tenemos el compromiso para respetar los derechos de autor, se va a dejar el talento sin defensa y corremos el riesgo de que se convierta en la tumba del pensamiento”.

Durante su intervención, Aleida Calleja Gutiérrez, presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), aseguró que la reforma de telecomunicaciones en nuestro país ha sido postergada durante décadas por presiones políticas de parte de la industria de la radio y la televisión. De esta manera, nos encontramos en un momento histórico que debe ser aprovechado para aprobar y decretar la minuta en esta materia antes del término del actual periodo de sesiones del Congreso.

La especialista destacó que en la minuta aprobada en la Cámara de Diputados, se establece por primera vez a nivel constitucional que las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general. Esto implica que el Estado tendrá una mayor rectoría sobre el espectro radioeléctrico, así como la obligación de vigilar que las empresas que brinden los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones lo hagan en términos de competitividad y de calidad para toda la población.

Igualmente, la minuta plantea de manera concreta y con criterios específicos las limitaciones a los monopolios en este ámbito; además de que señala que el Estado deberá fomentar la producción independiente a través de incentivos. La importancia de lo anterior radica en que se generarán mayores posibilidades de producir y distribuir contenidos, lo cual no sólo permitirá la entrada a nuevos jugadores sino que garantizará el derecho del público a la información.

Los legisladores se tienen que poner las pilas y, entre sus preocupaciones, darse cuenta  que conservar la música y encontrar la forma de hacerle llegar dinero a los que la hacen, serán sus grandes responsabilidades, aseguró en su exposición el cronista Jaime Almeida.

En su exposición  “A dónde va la industria fonográfica”, destacó que las compañías grabadoras van a desaparecer, serán los artistas quienes hagan la música y no necesitarán compañías sino que éstas van a convertirse en representantes para conseguirles tocadas y administrar pagos, pero no se harán ya discos, pues “eso es cosa del pasado”.

Además, se debe tener cuidado, ya que las grandes compañías trasnacionales se están haciendo dueñas de los grandes catálogos musicales; los artistas ya no tienen apoyos a través de las compañías grabadoras y éstas ya no tienen dinero para nuevos proyectos debido a las descargas digitales legales, ilegales y la piratería vía internet.

Por su parte, Jorge Sánchez Sosa, director del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), manifestó que el corazón de la accesibilidad es la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones pues allí radica la oportunidad de preservar, difundir y compartir contenidos culturales.

En su ponencia “Presente y futuro de la producción audiovisual”, apuntó que en 2011, 6.6 de los espectadores que fueron al cine, vieron películas mexicanas, mientras que en 2012 sólo 4.8, lo que representa un alarmante descenso de más del 50 por ciento.

En ese sentido, señaló que es difícil contar con accesibilidad para el cine mexicano porque el modelo económico existente persigue la mayor ganancia posible.

Además, subrayó que solo 7 por ciento de los municipios del país tiene salas de exhibición comercial y el precio del boleto en el país es el sexto más caro en el mundo,  de acuerdo a las necesidades de hora trabajo para generar el ingreso que haga posible entrar a un cine.

Desde su punto de vista, es necesario reformar las políticas públicas sobre los fondos que son, además, concebidos desde hace 14 años, el más reciente de seis años. “El mundo digital llegó y si no hay adecuaciones, se fallecerá en el intento”, adelantó.

Por su parte, Miguel Neocochea, presidente de la Asociación Mexicana de Productores de Cine Independientes, precisó que “hablar de si es rentable o no el hacer cine en México, resulta muy polémico”.

Aunque la industria cinematográfica tiene una amplia cadena  productiva y es generadora de empleos directos e  indirectos, así como de una alta recaudación de impuestos, no ha logrado consolidarse, lo que ha afectado al 90 por ciento  de los productores que no han recuperado aún su inversión, aseveró.

Destacó que entre las variables que han impactado hasta el día de hoy, de manera negativa a la industria, son: la piratería, ya que de cada diez películas que se venden, sólo una es lícita; la inequitativa distribución del ingreso en taquilla y los bajos precios que pagan las televisoras por la producción nacional, los cuales se ubican por debajo de lo establecido en el mercado internacional.

Consideró que aunque la industria creció constantemente en los últimos cinco años,  ésta se ve afectada por la falta de mecanismos  profesionales en la comercialización de cine mexicano en el extranjero aunado a la insuficiencia de estímulos fiscales y  apoyos públicos y privados para una mejor difusión.

Asimismo, apuntó la inequitativa competencia en la industria, la cual ha sido acaparada en su exhibición por las grandes compañías transnacionales.

Por su parte, Víctor Ugalde, presidente de la Sociedad Mexicana de Directores-Realizadores de Obras Audiovisuales, hizo énfasis en que urge cambiar la forma de pensar según la cual las fuerzas del mercado permitirán un desarrollo democrático, plural e incluyente. Hasta ahora, los avances tecnológicos en telecomunicaciones y en el espectro radioeléctrico sólo los hemos vivido “de hecho pero no de derecho”. Más aún, han aumentado la inequidad, la marginalidad, el retraso y los altos costos.

De acuerdo con Ugalde, es necesario que la actividad estatal sea detonante en la industria cultural. Asimismo, se debe incluir en la Ley de Telecomunicaciones y en la Ley Reglamentaria la obligación de que las televisoras públicas exhiban contenidos nacionales y que adquieran el 60 por ciento de su programación de creadores independientes,  pues “sólo así podemos hablar de desarrollo y estar de acuerdo con siglo XXI”. A fin de cuentas, se trata de dejar a un lado “la política de la maquila o distribución de lo otro” y generar y exportar nuestro propio imaginario.

 

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