Con la prohibición de cualquier tipo de concesiones sobre el petróleo y demás hidrocarburos del subsuelo, la reforma energética cancela la posibilidad de que los particulares obtengan derecho alguno sobre los hidrocarburos, propiedad de la Nación, afirmó la presidenta de la Comisión de Gobernación, senadora Cristina Díaz Salazar.

Al argumentar en Tribuna su voto a favor del segundo paquete de leyes secundarias para la reforma energética, la senadora por Nuevo León aseveró que esta legislación contribuirá a la seguridad energética del país, generar mayores tasas de crecimiento económico, y un aumento sostenido en la generación de empleo, en beneficio de todos los mexicanos.
La Ley de Hidrocarburos –explicó-, establece que a través de las asignaciones, el Ejecutivo Federal podrá otorgar exclusivamente a Petróleos Mexicanos, el derecho para realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en un área específica; Pemex podrá migrar sus asignaciones a contratos, cuando así convenga a los intereses de la nación.
La también secretaria general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) indicó que acorde con el Sexto Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional, a más tardar el 17 de septiembre de este año, Pemex recibirá sus asignaciones.
Posteriormente, dijo, se podrán otorgar asignaciones a Pemex cuando el Estado desee que la empresa mexicana adquiera una nueva tecnología, cuando un proyecto sea particularmente rentable o para proteger posibles yacimientos transfronterizos.
Señaló que con la legislación aprobada, la Secretaría de Energía será la responsable de otorgar y modificar dichas asignaciones, previa opinión favorable de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Durante el segundo día del Periodo Extraordinario de Sesiones para discutir y votar la legislación secundaria en materia energética, Díaz Salazar remarcó que además, el Cuarto Transitorio del Decreto de reforma establece los contratos que podrán ser de servicios, de utilidad o de producción compartida, o licencias. En ningún caso habrá concesiones.
Por tratarse de bienes del dominio de la nación –remarcó- la consecuencia obligada es que únicamente el Estado tiene la potestad de decidir sobre la exploración y extracción de los hidrocarburos y definir la forma más eficiente para producirlos.
Al mismo tiempo, los mexicanos podrán reducir el riesgo que la nación asume al invertir en las actividades de exploración.
Explicó que los tipos de contratos de los que dispondrá el Estado para contratar exploración y extracción de sus hidrocarburos, permiten compartir riesgos y costos con terceros, sin comprometer la renta petrolera, acotó Cristina Díaz.
Indicó que la Ley establece que la Comisión Nacional de Hidrocarburos será la responsable de suscribir los contratos petroleros, a nombre del Estado, previa celebración de un proceso de licitación pública internacional.
La flexibilidad de contratación que brinda la Ley de Hidrocarburos –concluyó, permitirá al Estado emprender proyectos en un número mayor de campos.

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