Con el fin de que los ciudadanos cuenten con el recurso de que se obligue a revisar los actos de la autoridad administrativa que archiva indebidamente los expedientes que con motivo de queja o denuncia son hechos en contra de servidores públicos, la senadora Verónica Martínez Espinosa presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En la sesión de este día de la Comisión Permanente, la legisladora por Jalisco expuso que ante la inexistencia de algún medio de impugnación, se ha ocasionado mayor corrupción, así como altos índices de impunidad.

Asimismo, dijo que a la ciudadanía se le han violado sus derechos humanos, como el derecho a la verdad, igualdad, debido proceso, tutela efectiva, seguridad jurídica, reparación del daño, entre otros.
 
Al respecto. la senadora Verónica Martínez explicó que es deber de las autoridades investigar y sancionar, en casos de violaciones a los derechos humanos, para lo cual es necesario armonizar la normatividad que rige para los servidores públicos, sobre todo en materia de anticorrupción.
 
La propuesta va encaminada a combatir la corrupción, mal que merma la capacidad del Estado mexicano para ofrecer bienes y servicios públicos, para atender derechos y libertades fundamentales, como la seguridad, como el debido proceso, la igualdad entre los sexos, la alimentación, el trabajo, la educación o la salud.

Es imperante que los servidores públicos, para el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, den cumplimiento a sus obligaciones, actuando con base en los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público, teniendo que sujetarse a las disposiciones legales, indicó.

La legisladora Martínez Espinosa mencionó que cuando la corrupción se instala en una sociedad, distintos sectores de ella se ven impactados en sus efectos y no es difícil inferir que los que reciben mayor daño son los grupos vulnerables, que son los que viven en situación de pobreza, debido a que éstos no cuentan con los recursos para enfrentar los costos de la corrupción en general.

A ello responde la reforma, ya que ante la ausencia de medidas normativas se permite que la autoridad ejerza irresponsablemente ciertas funciones, lastrando el avance hacia una cultura del servicio público democrática, sin apego a los derechos reconocidos en el derecho internacional.

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