Al hablar a favor del dictamen, en nombre del GPPRI, la senadora Arely Gómez González destacó que esta ley contribuiría a reducir los costos y tiempos de los procesos penales, con lo cual, dijo, se disminuirá la sobrepoblación en cárceles y permitiría a las instituciones del Estado mexicano concentrar sus recursos y capacidades en la investigación y detención de los delincuentes que más lastiman a la sociedad mexicana.

Explicó que esta ley prevé tres mecanismos alternativos para lograr la solución de las controversias penales antes del juicio que son la mediación , la conciliación y las juntas restaurativas.

“En éstos, los intervinientes gozan de una participación primordial bajo los principios de voluntariedad, flexibilidad y honestidad, entre otros, para con la ayuda de facilitadores que deberán estar certificados, puedan llegar a una solución que convenga a todas las partes involucradas”, abundó.

Añadió que uno de los principales cambios de este dictamen con la iniciativa presidencial, es que se reconoce expresamente la posibilidad de que los poderes Judiciales, Federal y local, puedan participar en la etapa judicializada de este proceso, antes de la apertura a juicio oral, y reconocer el gran avance que se ha dado en las entidades federativas.

Destacó que con su decisión de votar a favor del dictamen, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional refrenda una vez más su compromiso de dotar al país de las herramientas necesarias para consolidar un Estado Democrático de Derecho en el que la justicia sea una realidad y permita un México en Paz.

“Demos un nuevo paso hacia la implementación del sistema acusatorio y oral que ideó el constituyente de 2008 para consolidar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y transparente, que nosotros tenemos la responsabilidad de convertir en una realidad en poco menos de dos años antes de su entrada en vigor el 18 de junio de 2016”, exhortó.

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