• Exhortó a los diputados federales resuelvan a la brevedad posible la minuta en la materia, pensando primero en las víctimas

Mientras se desperdicien esfuerzos y no se actúe con prudencia y responsabilidad en la lucha contra la trata de personas, lo que seguiremos teniendo es un marco normativo débil, aseguró la senadora panista Adriana Dávila Fernández.
“Un marco legal eficiente, efectivo y que ayude a la erradicación del problema es nuestra obligación. El Senado de la República no sólo está obligado, es corresponsable de lo que pudiera suceder si no hay sentencias por parte de los jueces y si no hay integración de averiguaciones previas por parte de las procuradurías integradas de manera correcta. Por tanto, nosotros hemos hecho este análisis y propusimos y presentamos estas reformas en una minuta que está hoy en la Cámara de Diputados”, indicó.
En ese sentido, la Presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas recordó que hace ya casi un año se aprobó en la Cámara Alta las modificaciones a la Ley General contra la Trata de Personas, por lo que exhortó a los diputados federales a que resuelvan la minuta a la brevedad posible, pero con responsabilidad y pensando primero en las víctimas.
“En el Senado de la República hemos hecho todas las consultas y todas las observaciones que se han tenido en estas modificaciones a la ley, las hemos planteado de manera pública, abierta, sin máscaras y, por supuesto, sin ninguna mezquindad, ante quienes han tenido ciertas dudas respecto de cuál es el propósito de cambiar esta ley”, indicó.
Por eso, celebro que quienes hoy participamos en este tema, hayamos sido capaces de desprendernos de nuestros colores y sin ninguna mezquindad política tengamos la posibilidad de pensar con toda responsabilidad cuál es nuestra obligación, agregó Dávila Fernández durante su discurso en la inauguración de la segunda reunión ordinaria de la “Conferencia nacional de legisladoras y legisladores contra la trata de personas”.
De acuerdo a diversos informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el delito de trata de personas es el delito que más ganancia deja a los delincuentes después de tráfico de drogas o de comercio de armas, señaló la senadora panista.
Lamentablemente, añadió, cuando uno hace una revisión la proporción que existe, las sentencias emitidas por tráfico de drogas o tráfico de armas no corresponden en proporción a las sentencias emitidas por trata de personas, por lo que “desde mi punto de vista, que compartimos muchas senadoras y muchos senadores, por lo menos 102 que votaron a favor estas modificaciones, no es tenemos un marco eficiente. Si fuera eficiente, muchos de estos delincuentes estarían hoy en la cárcel, porque esta iniciativa incluso lo que está haciendo es dar la posibilidad de tipificar el grado de tentativa y establece perfectamente el bien jurídico tutelado que está siendo violentado cuando se comete el delito”.
La iniciativa, dijo, recoge también un capítulo para la atención a víctimas, en el que se establece que “los fondos que estamos nosotros planteando sean fondos de a de veras. Es decir, que sí haya dinero para atender a las víctimas, que no sea sólo una simulación de la ley lo que genere este procedimiento”.
El dictamen enviado a la Cámara Baja armoniza más de 12 leyes que están correlacionadas con este delito, “de tal manera que hemos defendido en este Senado de la República estas modificaciones, no por un asunto de fama, lo hemos defendido porque se requiere recuperar la credibilidad para todas aquellas personas que han sufrido en carne propia lo que significa ser víctimas de trata”.
La senadora por Acción Nacional indicó que en lo que corresponde a los congresos locales, tienen la responsabilidad de hacer que sus ejecutivos locales también cumplan con su tarea en lo que corresponde a la atención a víctimas y para que se implementen acciones para la erradicación del problema y se promueva la defensa y promoción de los derechos humanos.
“Una ley no va a ser suficiente, también lo quiero reconocer, para erradicar problemas que tienen que ver con política pública: más atención, educación, salud, cultura, desarrollo económico en las comunidades, que les den opciones a los jóvenes y a las jovencitas hoy, que puedan, en lugar de echarse a los brazos de la delincuencia, o incluso bajo un sueño, ir tras esos sueños que solamente superficiales, tener oportunidades de empleo, tener oportunidades de estudio, de tal manera que esta responsabilidad es compartida”, concluyó.
En la inauguración se contó con la presencia de los senadores Jorge Luis Preciado Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN; Luis Miguel Barbosa Huerta, Presidente del Senado de la República; Antonio Mazzitelli, Representante en México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; Luis García López-Guerrero, Primer Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Lía Limón García, Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, así como las senadoras Luisa María Calderón Hinojosa, Lucero Saldaña Pérez; Margarita Flores Sánchez y Angélica de la Peña Gómez, entre otros.

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