Ante la próxima elección del nuevo Ombudsman, debe reconocerse que la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos ha estado ausente de los casos sistemáticos de violación de derechos humanos, incluso, nunca quiso ejercer las nuevas facultades que el Congreso de la Unión le asignó, como la de investigar las violaciones a los derechos humanos incluidas las del ámbito laboral o la de ejecutar acciones de inconstitucionalidad -la más reciente permitió que la ley secundaria en Telecomunicaciones viole su propio marco constitucional- o citar a servidores públicos que no cumplan con las recomendaciones, entre otras, advirtió la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna
“A pesar de las nuevas facultades, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha actuado con omisión y serias deficiencias en su funcionamiento; no ejerce su papel de atender a las víctimas; ni de ponerse del lado de las víctimas y no de los violadores a los derechos fundamentales”, añadió.
Padierna Luna recordó que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y respetar, además de reparar la violación de los derechos humanos. “Debe trabajarse siguiendo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, nada de esto lo tuvo claro el actual presidente y otros que han ocupado ese honroso cargo”.
“El factor principal que genera las violaciones a los derechos humanos es la impunidad, así que el nuevo presidente deberá ejercer la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; no plegarse al poder sino llevar a tribunales a los responsables. La impunidad a su vez se deriva de la sumisión de la Comisión al poder y no a sus facultades constitucionales y a las víctimas”, afirmó.
Advirtió que el Estado de Derecho está severamente cuestionado en México, ya que el gobierno en cualquiera de sus niveles y el sistema de justicia no son capaces de proteger siquiera nuestro derecho a la vida; es evidente el retroceso en el respeto a los derechos humanos; por ello es fundamental el nombramiento del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
“En este contexto de crisis humanitaria por la que atraviesa México, el nombramiento del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se vuelve un tema fundamental; ya que en su papel como defensor de los derechos humanos deberá no solo avocarse a combatir las violaciones sino también denunciarlas y exigir las reparación de los daños”, añadió.
A consideración de la legisladora perredista, nuestro país se encuentra en una profunda crisis política y social, resultado la violación sistemática a los derechos humanos de las y los mexicanos, hechos como los de Ciudad Juárez, Aguas. Blancas, Acteal, Atenco, San Fernando, Tlatlaya y Ayotzinapa sólo forman parte de un largo listado de hechos ignominiosos que han caracterizado al país como uno de los más atrasados en el respeto a los derechos fundamentales.
“Las violaciones van en ascenso, los casos como la tortura, las desapariciones forzadas, los secuestros, las ejecuciones, los allanamientos, cateos y arraigos ilegales, la trata de personas, se han incrementado exponencialmente. Incluso el fenómeno de la esclavitud, en pleno siglo 21, se ha vuelto la base de la trata de personas”, alertó.
Por ello, dijo, es necesario en este proceso de reflexión y análisis tener presentes tres elementos básicos: un diagnóstico objetivo sobre la situación de los derechos humanos en México; una valoración objetiva sobre el desempeño de la CNDH en sus 24 años de existencia, donde se contemple la ampliación de sus atribuciones y el papel de la reforma constitucional de 2011 y una evaluación sobre el desempeño del actual Presidente de la Comisión, a la luz del ejercicio de sus atribuciones, de su papel en la crisis que actualmente enfrentan los derechos humanos así como en su relación con la sociedad y las organizaciones defensoras de estos derechos.
“En México siguen produciéndose un número alarmante de violaciones a los derechos humanos. Ante la gravedad de la situación actual, es imperativo actuar decididamente; el derecho a la vida está gravemente amenazado en México y este problema debería tener máxima prioridad a nivel nacional”, añadió.
Padierna Luna recordó que el informe de la ONU estableció 30 recomendaciones al gobierno mexicano para una mejor protección del derecho a la vida, entre ellas destacan: poner fin a la impunidad; un Sistema de Defensoría Pública que debería ser independiente del Ejecutivo federal; que las Comisiones de Derechos Humanos deberían aprovechar mejor las facultades que les otorga la ley para hacer un seguimiento de sus recomendaciones en casos de procesos judiciales por homicidio.
“Todas estas recomendaciones aplican perfectamente a los casos de Ciudad Juárez, Aguas Blancas, Acteal, Atenco, San Fernando y, ahora, Tlatlaya y Ayotzinapa, donde el gobierno mexicano obligado por la presión social ha reconocido los hechos y su responsabilidad en las investigaciones, pero ha tenido una actuación tardía, errática e ineficaz. Sin que a la fecha se haya castigado a uno solo de los autores de estos crímenes”, concluyó.
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