La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna presentó un punto de acuerdo para que se exhorte a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República a realizar una investigación respecto del posible uso de información privilegiada de Petróleos Mexicanos en favor de Petrobal y demás empresas de Grupo Bal, entre 2004 y 2014 ante casos como el de Carlos Morales Gil.
Asimismo propuso que el Senado de la República solicite al titular del Ejecutivo Federal realizar una investigación respecto de la posible existencia de conflictos de interés por parte de Arturo Fernández Pérez, actual consejero del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo ante la creación de Petrobal, como empresa del Grupo Bal.
En el caso de Arturo Fernández Pérez, confirmado por el Senado como consejero independiente del Fondo Mexicano del Petróleo, es rector del ITAM y, por ello, mantiene una relación estrecha con el presidente del consejo de gobierno de dicha institución, Alberto Bailleres González, tercer hombre más rico de México y selecto miembro del consejo internacional de JP Morgan Chase. En el mismo caso encontramos a Jaime Lomelín Guillén, quien hoy presentó su renuncia a su puesto de Consejero Independiente de Pemex por un potencial conflicto de intereses, al fungir también como Consejero Propietario de Peñoles, empresa de Grupo Bal y director corporativo de Técnica Administrativa Bal.
Respecto a Carlos Morales Gil, Padierna Luna recordó que el 07 de febrero de 2014, el director de Petróleos Mexicanos aceptó la renuncia del Ingeniero Carlos Morales Gil al cargo de Director de Pemex Exploración y Producción. Pocos días después de cumplir un año de la salida de Morales de Pemex PEP, el portavoz de Grupo Bal, informó que Morales asumiría el cargo de director general de dicha empresa. “Esta noticia provocó un gran revuelo, por la exactitud en que se cumplieron los plazos legales para evadir todo tipo de responsabilidad administrativa”
La senadora refirió que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece en su artículo 9, la obligación de los servidores públicos que dejen de desempeñar su empleo, cargo o comisión de observar, hasta un año después de haber concluido sus funciones, lo siguiente: a) En ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de la función quedesempeñaba, para sí o para las personas a que se refiere la fracción XI del artículo anterior; b) No usar en provecho propio o de terceros, la información o documentación a la que haya tenidoacceso en su empleo, cargo o comisión y que no sea del dominio público, (…)
“De esta manera, es necesario preguntarnos la manera en que Morales contribuyó con Grupo Bal para el diseño del proyecto de Petrobal, a través del uso de la información privilegiada a la que tuvo acceso por su cargo como Director de Pemex-Exploración y Producción, meses antes de la apertura del sector energético y con la que, seguramente buscará posicionarse como un actor importante en el sector, tal y como ocurre con el resto de las empresas de dicho Grupo”, advirtió.
Padierna Luna recordó que otro aspecto relevante de este anuncio es que la renuncia del ex directivo se dio días antes de que la Secretaría de la Función Pública inhabilitara a Oceanografía por los incumplimientos en numerosos contratos que Pemex Exploración y Producción, bajo la conducción de Carlos Morales, le había otorgado. Es de resaltar que dicho ex servidor público aún está bajo investigación de la Procuraduría General de la República, al igual que una veintena de funcionarios de la otrora paraestatal. El caso Oceanografía va de la mano con la administración de Morales Gil al frente de PEP. No sólo se le otorgaron generosos contratos, también se le permitieron graves incumplimientos en los trabajos efectuados.
“Es claro que el caso de Carlos Morales ilustra una de las prácticas más utilizadas en la industria energética mexicana, en el que los funcionarios públicos pasan al servicio de las grandes empresas, a las que ahora se entregarán nuestras reservas petroleras, una vez que reúnen la experiencia e información estratégica de la ahora empresa productiva del Estado”, sentenció.
A consideración de la legisladora, el caso de Carlos Morales Gil es el más reciente ejemplo de funcionarios de Pemex que salen de la empresa pública para trabajar en la iniciativa privada, aprovechando conocimientos, experiencia, contactos e información privilegiada en perjuicio del interés general. “Algunos, salen para cobrar favores que hicieron durante su paso en la administración pública. En la mayoría de los casos el conflicto de interés es evidente”.
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