El senador Jesús Casillas Romero propuso sanciones penales más severas, que van de los cuatro a 22 años de prisión, para inhibir el robo de menores, cualquiera que sea la finalidad, en la que baste la intención de segregarlo de su entorno familiar. 

En su exposición de motivos, destacó que este problema va en aumento, a pesar de no existir una cifra oficial con exactitud, debido a que el asunto es tratado tanto por las procuradurías o fiscalías estatales como por el Gobierno federal.

Sin embargo, y de acuerdo a datos de algunas organizaciones de la sociedad civil, dedicadas a este tema, aseguran que puede superar los 40 mil casos al año; así lo señaló por ejemplo México Unido contra la Delincuencia y agrupaciones especializadas en la búsqueda de menores, indicó el legislador por el estado de Jalisco.

Todas estas organizaciones, agregó, consideran el tema de los niños desaparecidos como "una emergencia nacional", la cual amerita fortalecer los mecanismos de búsqueda, como también, los relativos a inhibir esta conducta.

Por tal motivo, esta iniciativa con proyecto de decreto plantea adicionar un artículo 366 al Código Penal Federal y reformar el inciso 24 de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, señaló el senador priista.

De esta forma, advirtió, a quien se apodere de una persona menor de 18 años de edad, sin derecho y sin consentimiento de sus padres o de quien legítimamente lo tengan en su poder, con el fin de segregarla del medio familiar que le es propio, se le aplicará una pena de cuatro a 22 años de prisión.

Empero, si el menor de edad es restituido a su familia o a la autoridad, espontáneamente, dentro de los quince días a partir de la fecha de la sustracción o apoderamiento, sin causarle perjuicio, se aplicará al responsable la sanción de seis meses a cuatro años de prisión, aseveró Casillas Romero.

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