- Necesario ante la ausencia de una política nacional que regule la operatividad minera en el país y evitar desastres como el suscitado nueve años atrás en la mina Pasta de Conchos
- Con la firma del Convenio se garantiza la integridad física de los trabajadores mineros así como poseer un mayor estándar internacional para la protección de sus derechos fundamentales.
- Después del accidente de Pasta de Conchos de 2006, a la fecha han muerto más de 105 mineros, hechos lamentables que no deben de suceder más, coincidieron
Ante la ausencia de una política nacional que regule la actividad minera en el país en materia de seguridad y salud, y a fin de evitar desastres como el suscitado nueve años atrás en la mina Pasta de Conchos, de la región carbonífera del estado de Coahuila, los senadores del Partido Acción Nacional Laura Angélica Rojas Hernández, Javier Corral Jurado y Ernesto Ruffo Appel se pronunciaron porque México ratifique el Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Seguridad y Salud en las Minas, en aras de garantizar la integridad física de los trabajadores mineros así como poseer un mayor estándar internacional, para la protección de sus derechos fundamentales.
Tras la tragedia ocurrida en una de las minas de carbón, en la que perdieron la vida 65 mineros y en solidaridad con la organización Familia Pasta de Conchos, los legisladores coincidieron en señalar que la relevancia de este Convenio es crucial toda vez que, después de los fallecidos en el accidente de Pasta de Conchos de 2006, a la fecha han muerto más de 105 mineros, hechos lamentables que no deben de suceder más, añadieron.
Expusieron que la aplicación del Convenio 176 en México implicaría que, acorde con la cláusula de convencionalidad, se apliquen en el derecho interno las definiciones legales de mina y del empleador -que abarca al encargado de la explotación así como al contratista principal y subcontratista-. Es importante porque actualmente operan entre 50 u 70 empresas extractivas de carbón como contratistas y contratistas de contratistas, de las que una abrumadora mayoría incumplen sus obligaciones como empleadores para salvaguardar la vida y la salud de sus trabajadores.
Con la ratificación de este Convenio el gobierno mexicano estaría obligado a formular, aplicar y revisar periódicamente su política nacional en materia de seguridad y salud en las minas; publicar información estadística no sólo sobre accidentes y enfermedades, sino incluso sobre “incidentes peligrosos”; además de establecer en la ley medidas de seguridad de minas abandonadas.
Al respecto los legisladores panistas informaron que en 2012 el gobierno mexicano reconoció ante la OIT la existencia de 297 pocitos en activo y 266 abandonados, sin embargo es inexistente la estadística sobre las cuevas o “minitas de arrastre”, cuevas construidas en las paredes de tajos abandonados con la misma y precaria infaestructura de los pocitos, pero más peligrosas, ya que soportan el peso de la tierra removida y amontonada, precisamente donde han fallecido la mayoría de los mineros de 2013 a 2014.
Sería obligación del patrón garantizar dos vías de salida desde cualquier lugar subterráneo que se conecten a una vía independiente de salida a la superficie; tener un sistema que permita saber con precisión y en cualquier momeno el nombre de las personas que se encuentren en trabajo y su ubicación probable.
En cuanto al trabajador, con el Convenio 176 de la OIT, cada uno tendrá en lo individual el derecho a pedir y obtener de la autoridad responsable una inspección ante motivos de preocupación y salud; en tanto que las organización de trabajadores tendrán el derecho de presentar Observaciones a las Memorias del Estado y Reclamaciones por incumplimiento.
Finalmente, los senadores Rojas Hernández, Corral Jurado y Ruffo Appel plantearon que en cuanto a las autoridades federales, les corresponderá rendir periódicamente Memorias de cumplimiento ante la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.
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