Durante el Foro “El Acceso al Agua es un derecho humano”, durante el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud, el senador Alejandro Encinas externó que este foro es de una gran oportunidad política por el debate legislativo en el que se encuentran; en donde se logró en una primera etapa frenar el dictamen que promovió la Cámara de Diputados respecto a la iniciativa del Ejecutivo la cual tiene una clara tendencia a la privatización del agua en beneficio del uso de particulares la cual no está resulta su cancelación definitiva.

El senador Alejandro Encinas destacó que una vez que se ha frenado este dictamen deben de convocar a una importante movilización social en defensa del agua que es un bien público, un bien de la nación y es un derecho humano sobre el cual el Estado tiene la responsabilidad de garantizar su manejo adecuado y sustentable priorizando el acceso suficiente y de calidad para el consumo humano.

Externó que hasta ahora el agua ha sido objeto de un manejo arbitrario y discrecional en donde las responsabilidades del Estado no han sido cumplidas cabalmente y eso lo demuestran las estadísticas y los números del destino fundamental para el cual se utiliza dicho recurso.

Manifestó que más del 80% del agua que existe en el país se utiliza para actividades productivas sobre todo para la actividad agropecuaria.

El senador por el Estado de México señaló que en la zona metropolitana del Valle de México el 30% del agua que se consume proviene de las Cuencas de Lerma o Cutzamala en donde se ha llevado un proceso de explotación tanto de los Acuíferos de Lerma como de Cutzamala que ha llevado a que se pierdan importantes zonas de producción agropecuaria en los Estados de Guerrero, Estado de México y Michoacán con costos de traslados enormes.

Mencionó que la mayor parte del agua que se consume en la zona metropolitana proviene de los propios acuíferos, dijo que el 70% de los procesos de explotación de los Acuíferos del Valle de México son grandes y ahora pretenden incentivar su crecimiento y su concentración demográfica con obras como la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la cual llevaría a una mayor sobreexplotación del recurso.

De igual forma, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda destacó que existe sobreexplotación de los acuíferos en las 56 zonas metropolitanas del país.

“Tenemos experiencias muy negativas de tras el traslado de aguas de una Cuenca a otra,-el más notorio y reciente el traslado de aguas del Rio Yaqui hacia la Ciudad de Hermosillo-; en donde fueron afectados los derechos de los pueblos originarios, en este caso los derechos de la tribu Yaqui”, aseveró.

Resaltó que hoy el manejo y la gestión del agua no se hacen en función de criterios de sustentabilidad y mucho menos con el criterio básico de hacer cumplir el derecho humano que tiene todas las mexicanas y los mexicanos acceder al agua suficiente, de calidad y consumo humano.

Subrayó que el agua es un derecho humano, un bien público de la nación, un servicio público que debe prestar y garantizar el Estado.

Externó que es un asunto fundamental para la gobernanza, la estabilidad política y la seguridad nacional de nuestro país.

El senador Encinas Rodríguez planteó en la Comisión Bicamaral de Seguridad que dentro de los temas estratégicos de la agenda nacional de riesgos a la seguridad nacional se debe de esbozar el manejo sustentable y adecuado del agua en todo el país.

Resaltó que en caso de sacar adelante la iniciativa del agua en Cámara de Diputados generaría mayores tensiones sociales, no solamente porque afectaría las tierras, las aguas, los recursos de los pueblos originarios, sino que afectaría los mecanismos de asignación y distribución del agua en todo el territorio nacional y particularmente de las zonas urbanas.

El senador por el Estado de México propuso tres compromisos:

1. Asumir las senadoras y senadores de la república de distintos grupos parlamentarios el compromiso de insistir en frenar y revertir el dictamen que avanzo en la Cámara de los Diputados.
2. Retomar la iniciativa que distintas organizaciones ciudadanas y especialistas presentaron en donde se pone en el centro la preocupación del agua al servicio de la gente como un bien fundamental para el desarrollo de nuestra calidad debida, estableciendo mecanismos de control y participación ciudadana que fortalezcan la responsabilidad constitucional del Estado para garantizar la prestación y el acceso a este servicio y
3. El compromiso de informar a la ciudadanía el alcance de esta reforma que va afectar su vida cotidiana.

“Hay que sumar esfuerzos para que el agua siga siendo un bien de la Nación y no un bien al servicio de los particulares”, concluyó.

 

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