El grupo parlamentario del PAN en el Senado condenó el caso de la joven de 22 años que fue víctima del delito de trata de personas con fines de explotación en trabajos forzados, por una familia que la retuvo mediante amenazas así como uso de la fuerza y la obligaba a trabajar en su tintorería bajo condiciones denigrantes, en la delegación Tlalpan.

A nombre de la bancada, la senadora Adriana Dávila Fernández exigió a las autoridades del Distrito Federal así como de los gobiernos federal y estatales intensificar acciones integrales para la prevención del delito y la detección oportuna de posibles víctimas que se encuentran invisibilizadas ante la confusión o ignorancia de los diversos fines que tiene el delito de trata de personas.

Destacó que a los senadores de Acción Nacional preocupa que la comisión de estos delitos se atienda sólo mediáticamente, sin entrar a una discusión seria que ayude a combatir, erradicar y reprimir la trata de personas y los delitos conexos.

En este sentido, la presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas lamentó que la minuta enviada a la Cámara de Diputados en febrero de 2014 fuera regresada al Senado con graves inconsistencias y errores que evitan el castigo a los tratantes.

Insistió en la importancia de definir correctamente los tipos penales en la ley general e incluir, entre otras cosas, los medios comisivos establecidos en el Protocolo de Palermo, para evitar impunidad e injusticias a las víctimas de este delito.

“En el Senado --dijo-- entendemos los elementos conceptuales de la trata de personas y la gravedad del delito, y por ello insistiremos en que se respeten las reformas impulsadas desde esta Cámara y que han sido respaldadas por expertos en la materia, académicos y distintos sectores públicos y privados que atienden el tema”.

La legisladora por Tlaxcala expuso que en México por mercantilismo u otro tipo de intereses sólo se visualiza la trata de personas con fines de explotación sexual, dejando de lado que hay otras modalidades igualmente graves.

“Lo lamentable es que en ninguno de los casos se combate eficazmente el delito, justo por las deficiencias de la actual ley que inducen a la confusión”, subrayó.

Dávila Fernández aseguró que la actuación de algunas autoridades es cuestionable, pues no existe una prevención eficaz, ni acciones dirigidas de forma integral a combatir la trata de personas.

Ciertamente, agregó, hemos observado un aparente combate a través de operativos en giros o negocios nocturnos, para perseguir supuestos explotadores sexuales, con resultados dudosos por la falta de protocolos eficaces que detecten a las víctimas y a los verdaderos tratantes que siguen actuando en la impunidad.

Como resultado de ello, concluyó, no se investigan otros fines de la trata, como la mendicidad, los trabajos forzados, la servidumbre forzosa, la explotación con fines reproductivos, entre otros.


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