• Son desafortunados los casos de desaparición de personas, como consecuencia de la perpetración de la delincuencia organizada, señala
• Presenta su voto a favor del dictamen de la reforma constitucional al artículo 73 que responde al reclamo y exigencia de la sociedad
La aprobación del dictamen de reforma que faculta al Congreso a emitir leyes en materia de desaparición forzada y tortura, es un paso trascendental para erradicar este flagelo social que tanto daña a México, y da respuesta puntual al reclamo y exigencia social de miles de mexicanos, afirmó la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar.
En tribuna, señaló que son desafortunados los casos de desaparición de personas, como consecuencia de la perpetración de la delincuencia organizada en México.
“En nuestro país –refirió-, existe una gran preocupación en torno a este delito y la situación de impunidad que permea en todo el territorio nacional, ya que en la actualidad existen más de 400 quejas por desaparición forzada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y de las cuales se han resuelto sólo 30, según informe de la propia Comisión”.
Cristina Díaz señaló que este panorama hace necesario expedir una Ley General que siente las bases y distribuya las competencias entre autoridades federales, estatales y municipales, en materia de desaparición forzada de personas y otras formas de privación de la libertad.
Resulta lamentable, acotó, que derivado de la inacción de autoridades, las personas desaparecidas jamás sean encontradas y que la verdad detrás de estos hechos nunca llegue a esclarecerse.
Al fundamentar su voto a favor de la reforma, la legisladora mencionó que por ello, el Gobierno federal ha sostenido reuniones con familiares de desaparecidos y se ha comprometido a elaborar una estrategia de investigación y búsqueda de víctimas, y adoptar los protocolos internacionales, para localizar a las víctimas.
La senadora por Nuevo León reconoció los esfuerzos del Gobierno federal y el Congreso contra la práctica de este delito con la Ley General de Victimas, pero resaltó aún hay múltiples casos de tortura en México.
Destacó el compromiso del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de trabajar para evitar que en el futuro se vuelvan a repetir tragedias de esa naturaleza y que el Estado mexicano cuente con las herramientas necesarias, para encontrar a las personas desaparecidas.
Díaz Salazar subrayó que la tortura es una práctica inhumana y contraria a los principios de nuestra Constitución.
Precisó que con la reforma se facultará al Congreso a expedir en un lapso de 180 días la legislación con la tipificación penal y sanciones en materia de desaparición forzada de personas, y que servirá de instrumento para que las autoridades de todos los niveles de gobierno, encargadas de investigar los delitos, erradiquen esta práctica o, en su caso, sean sancionadas conforme a la ley.
Autora en esta misma Legislatura de dos iniciativas en la materia: una contra la tortura y otra contra la desaparición forzada, Cristina Díaz apuntó que ahora con la reforma aprobada se establecerá como mínimo una definición del tipo penal que vaya acorde a los tratados internacionales y la prevención de la tortura desde el momento mismo de la detención y durante todo el proceso.
También contempla la prohibición de otorgar valor probatorio a cualquier confesión que se obtenga por medio de tortura; la independencia de los peritos que califiquen la existencia o no de la tortura, y la investigación de todas las denuncias de este delito, de manera exhaustiva, dijo.
Cristina Díaz, dijo que todos controles son necesarios para prevenir e inhibir la tortura y, por supuesto, castigar a las autoridades que lo cometan.
Puntualizó que la Ley General en materia de desaparición forzada de personas debe ser una realidad que permita al Estado contar con herramientas jurídicas, para coordinar las acciones de todos los niveles de Gobierno y combatir este flagelo.
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