La senadora Pilar Ortega Martínez propuso reformas al Código Penal Federal para que los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra no prescriban, y sancionar con una pena de 40 a 60 años de cárcel a quienes los cometan.

Consideró de vital importancia incluir los crímenes de guerra en la legislación fuera del ámbito de la justicia militar y hacerlo de tal manera que se tipifiquen como tales en ocasión de un conflicto internacional pero también ante un eventual conflicto interno, aspecto éste en el que la Corte Penal Internacional ha insistido con especial denuedo.

A nombre propio y de la también senadora panista Gabriela Cuevas Barron, Ortega Martínez explicó en la tribuna de la Comisión Permanente que la regulación de crímenes de guerra en México prácticamente no existe y lo poco que hay se encuentra dentro de la competencia militar.

Por tanto --dijo—excluye la posibilidad de sancionar por este tipo de crímenes a personas que no pertenezcan a las fuerzas armadas pero que también pueden incurrir en su comisión, como sería el caso de los grupos armados irregulares o de personal civil relacionado con la conducción de las hostilidades.

Entre otros, los tipos penales de delitos nacionales que pudieran constituir crímenes de lesa humanidad y que se incorporan con esta reforma, son el exterminio, la tortura, deportación o traslado forzoso, la esclavitud, toma de rehenes, persecución o apartheid y distintos crímenes de naturaleza sexual como el embarazo forzado.

Por la comisión de cada uno de estos delitos, reiteró, se impondrán de 40 a 60 años de prisión.

La iniciativa que reforma el Código Penal Federal en materia de delitos contra la humanidad fue turnada a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores

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