• La presidenta de la Comisión de Gobernación manifiesta su confianza en las acciones emprendidas para la reaprehensión de Guzmán Loera
• Son claras y enérgicas las instrucciones del presidente Peña Nieto para realizar una profunda investigación y fincar responsabilidades, dice
• La corrupción no debe trasgredir la justicia mexicana, remarca la senadora

Los mexicanos no podemos permitir que nadie quebrante el esfuerzo del gobierno de la República para combatir al crimen organizado, señaló la presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República, Cristina Díaz Salazar.
Asimismo, subrayó que la corrupción no debe transgredir la justicia mexicana.

La senadora reafirmó su total respaldo a las autoridades en las acciones tendientes a la reaprehensión de Joaquín Guzmán Loera.
El presidente Enrique Peña Nieto ha dado instrucciones muy claras y enérgicas para que se lleve a cabo una profunda investigación para ubicar a quienes tuvieron cualquier tipo de participación en la fuga, sean o no servidores públicos, acotó la legisladora priista.
Cristina Díaz calificó de inaceptable que el esfuerzo hecho por el Ejecutivo Federal para el combate a la delincuencia organizada se vea afectado por cualquier tipo de actos de corrupción.
Luego de reafirmar su confianza en que se logre la reaprehensión de Guzmán Loera, la senadora remarcó que la instrucción del presidente Peña Nieto la está tomando con un amplio sentido de responsabilidad la Secretaría de Gobernación y estará investigando ya sea a servidores públicos o no, que formaron parte de esta acción delincuencial.
También dijo que ya está trabajando con todo su empeño el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y esperamos a las 7 de la noche comunicará temas relevantes sobre lo sucedido; vamos a esperar y no hacer juicios a priori.
Díaz Salazar se pronunció a favor de revisar el Sistema Penitenciario de nuestro país, para encontrar las vulnerabilidades que se tienen y trabajar en corregirlas.

Indicó que justamente se está trabajando en el Senado en la elaboración de una Ley de Ejecución Penal, que ya lleva avances importantes en cuanto a contenidos acordados por las diferentes fuerzas políticas, con la participación de expertos en el tema.

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