La senadora Angélica de la Peña afirmó que ni las autoridades estatales –en las entidades donde se ha legislado en materia de extinción de dominio- ni las federales han implementado las políticas públicas necesarias para afectar contundentemente los recursos patrimoniales de la delincuencia común y la delincuencia organizada.
Al participar en la inauguración del Foro “Extinción de Dominio”, la legisladora del PRD señaló que nuestro país sólo ha instrumentado 46% de las medidas derivadas de la Convención de Palermo (de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional) y 23% de las contenidas en la Convención de Mérida (de las Naciones Unidas contra la Corrupción).
Dijo que ante las dificultades en la aplicación de la ley vigente, “el ministerio público federal recurre con mayor frecuencia a otras figuras legales como lo es el abandono, en la cual se otorgan 90 días a los interesados para comparecer ante el Ministerio Público y no se requiere la participación de autoridades judiciales. Sólo entre 2013 y 2014 el erario federal recibió 92 millones de dólares y 7 millones de pesos por el concepto de abandono, menos complicado que interponer el juicio de extinción de dominio.”
Aseguró que la revisión de la legislación sobre extinción de dominio, a realizarse en el próximo periodo de sesiones, deberá considerar la indispensable implementación de las políticas públicas para el combate a la delincuencia organizada y la corrupción señaladas por especialistas internacionales:
a) una eficaz coordinación entre los órganos de inteligencia, Secretaría de Hacienda, policía, fiscalías y jueces, dirigida al desmantelamiento patrimonial de empresas criminales; b) combate y prevención real de la corrupción política al más alto nivel; c) una coordinación más amplia entre México y otros Estados para incautar activos patrimoniales ligados a grupos criminales; y d) una red nacional de prevención social del delito en manos de organizaciones no gubernamentales.
En ese sentido, de la Peña Gómez destacó que hay un compromiso de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD, para trabajar intensamente en la revisión legislativa en esta materia, por lo que deberá instalarse a la brevedad un grupo de trabajo que inicie las discusiones tomando en cuenta las experiencias exitosas en Latinoamérica y las observaciones de reconocidos expertos.
Finalmente, la senadora Angélica de la Peña indicó que es necesario iniciar una etapa de foros y consultas con especialistas, para contar con los elementos necesarios para determinar si es necesario reformar nuevamente la Constitución o solamente revisar y modificar la Ley Federal, pues el objetivo es contar con una legislación que sea totalmente aplicable por parte de sus operadores y que forme parte de un andamiaje jurídico efectivo en el combate a la delincuencia organizada.

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