* Secretario Osorio Chong, “su misión está incumplida”: Adriana Dávila.

* En Tamaulipas prevalece una violencia silenciosa, asegura Cabeza de Vaca

* En la frontera sur se violan derechos humanos de migrantes, denuncia Sonia Rocha.

* Preocupante, dar plazas a docentes y recursos fuera de la ley: Calderón Hinojosa.

El Partido Acción Nacional aseguró, en voz de la senadora Adriana Dávila Fernández, que el área de gobernabilidad y seguridad pública de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, en tres años, se ha convertido en una zona de desastre.

“Hoy no hay confianza en el gobierno, el Ejecutivo está reprobado ante la opinión pública, y si no hay confianza no hay gobierno; su misión está incumplida”, afirmó durante la comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Al fijar la postura de la bancada del PAN, Dávila Fernández calificó de “irresponsable” empeñarse en seguir un rumbo que no ha dado los frutos esperados, por lo que sugirió “hacer un alto en el camino y rectificar lo andado”.

Lo que menos necesitamos en estos momentos, dijo, “son destellos de autocomplacencia que pueden interpretarse incluso como soberbia que no nos lleven a buen puerto y que mucho han violentado los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Aseguró que en los últimos 12 meses se han presentado hechos que reflejan “la grave crisis de derechos humanos que se vive en el país”.

Dejó en claro que la debilidad institucional para garantizar el Estado de derecho y el cinismo de algunos integrantes de la clase política que, a pesar de la violación sistemática de la norma y la falta de ética son exonerados, premiados o cuidados por un manto protector, es explicable por la compleja cadena de complicidades entretejida por la corrupción y la impunidad.

Al respecto, la legisladora por Tlaxcala estableció que mientras en otras latitudes se combate la corrupción con acciones ejemplares, en México se pregona que se combate este mal “pero no pasa nada y eso mina la credibilidad de las instituciones”.

Al dirigirse al funcionario, Dávila Fernández dijo que “a usted fueron encomendadas por el titular del Ejecutivo las tareas fundamentales para mejorar la gobernabilidad del país, pidieron incluso un cambio en la estructura orgánica de la administración pública”.

Sin embargo --añadió—“vivimos aún graves violaciones a derechos fundamentales y lo podemos ver en el incremento de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales o tortura, en todo acto de impunidad cuando no se castiga a los criminales o a los servidores públicos corruptos que también son delincuentes”.

Mencionó que los casos de Tlatlaya y Tanhuato “hacen evidente lo inverosímil de las versiones oficiales, el encubrimiento de los hechos y, lo que es peor, la recurrente práctica del gobierno de apostar al silencio y esperar el olvido”.

Para la senadora panista se requiere una revisión profunda de los procesos, así como una evaluación del desempeño de los servidores públicos para combatir el narcotráfico, la toma clandestina de ductos de Pemex, la trata de personas, el secuestro y las extorsiones que mucho hieren, denigran y exponen a la sociedad en su conjunto.

Por otra parte, Dávila Fernández señaló que como responsable de la seguridad pública, el secretario de Gobernación sabe de la importancia del combate frontal al delito, su prevención y la atención a las víctimas.

Usted --le dijo-- encabeza la Comisión Intersecretarial en la materia y por eso inquieta la falta de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para enfrentar integralmente este delito, cada uno trabaja por su lado, no han unificado esfuerzos.

No es posible, precisó, que una instancia tan importante como la Comisión Intersecretarial sólo sea compiladora de resultados obtenidos por otras instituciones e incluso cómplice de la mala atención a las víctimas que son usadas como estrategia de mercadotecnia para todo tipo de fines incluidos los electorales.

En otra parte de su intervención, la senadora Dávila Fernández recordó que los mexicanos que no votaron por Enrique Peña Nieto exigen ajustes en las políticas públicas, porque lo que se ha llevado a cabo hasta ahora no ha funcionado.

Los mexicanos, subrayó, votaron por un cambio de rumbo, “pero no hacia la simulación, la corrupción, la impunidad o el conflicto de intereses”

En suma --puntualizó-- “no votaron por la regresión de un Estado autoritario que lucra con la pobreza, viola los derechos humanos para conseguir sus fines, y debilita el poder de las instituciones”.

A su vez, el senador Francisco García Cabeza de Vaca dijo que en su estado, Tamaulipas, prevalece una violencia silenciosa, ya que así lo demuestran los indicadores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Tamaulipas, dijo, ocupa los primeros lugares en indicadores de inseguridad: el primer lugar en secuestros a nivel nacional; el primer lugar en robo de combustibles; el deshonroso primer lugar en consignación de menores de edad; así es, niñas y niños entre 12 y 17 años por delitos de portación de armas de fuego exclusivas del Ejército, como granadas y delitos contra la salud.

Además, se sitúa en los primeros lugares en extorsión o cobro de piso y en robo de vehículos con 51 mil, de los cuales más de 35 por ciento han sido con violencia.

Para el legislador no cabe duda que en Tamaulipas los delitos y todos los indicadores van al alza y no se trata de un tema de percepción, sino de realidades.

Consideró que para que una estrategia integral funcione se requiere que los tres órdenes de gobierno trabajen en el mismo sentido, con la misma convicción, pero desafortunadamente, dijo, “vemos una ausencia por parte del gobierno del estado y muy poca voluntad por parte de la mayoría de los gobiernos locales”.

En su turno, la senadora panista Sonia Rocha Acosta indicó que la política interior mexicana demanda más y mejores conocimientos y capacidades para asegurar la protección de los migrantes, así como para aplicar la inteligencia y la actividad en el manejo de las relaciones binacionales.

“Hoy estamos viendo cómo agentes de migración de la policía federal, de las policías estatales y hasta del Grupo Beta participan abiertamente en este plan frontera sur en operativos violatorios de derechos humanos”, expuso.

Dijo que los migrantes mexicanos y centroamericanos que cruzan el país en busca de nuevas oportunidades es un tema primordial para la política interior mexicana, y que se deben de respetar sus derechos humanos a toda costa.

“Hoy, hay que tomar en cuenta que el territorio americano se vuelve cada vez más hostil para las y los mexicanos, debemos tener una opinión política fuerte que no permita ni admita discursos contra migrantes, como el realizado por el precandidato norteamericano Donald Trump”, subrayó.

Por su parte, la senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa expresó su preocupación por “la dinámica que incentiva dar plazas docentes y dar recursos fuera de la ley”.

“Y eso ha ocurrido con la secretaría de Gobernación, la secretaría de Educación en el último año. En marzo de este año, al estado de Oaxaca se le dieron 920 plazas, y también al estado de Michoacán se le dieron casi mil plazas, 988 para los recién egresados”, detalló.

Abundó que los sindicalizados marchan, obstruyen, presionan y el gobierno cede y acepta otra vez recursos y otra vez plazas.

“Sucedió aún en marzo de este año, y a mí me importa saber qué vamos a hacer para desincentivar esta dinámica. Ya hay por ahí una convocatoria en Oaxaca para cerrar carreteras el próximo 2 de octubre, y en Michoacán ‘no cantan mal las rancheras’, señaló.

La legisladora por Michoacán expresó a Osorio Chong su interés por saber cómo vamos a hacerle, juntos otra vez, para impedir que las marchas, la obstrucción, el vandalismo, el secuestro de camiones, independientemente de otras condiciones, hagan que la Secretaría de Gobernación vuelva a ceder y acepte volver a otorgarles plazas que no están bajo la ley.

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