La senadora panista Pilar Ortega Martínez propuso un novedoso esquema para garantizar en la Constitución la paridad de género en las ternas propuestas por el Ejecutivo federal a los diferentes espacios de impartición de justicia del Poder Judicial, con el fin de ampliar el número de mujeres en la integración de los mismos.

En una iniciativa, la legisladora planteó reformar los artículos 95, 97, 99 y 100 de la Carta Magna, dada la importancia de que las mujeres puedan tener una mayor presencia en los órganos impartidores de justicia.

Es “fundamental” que las mujeres tengan una mayor representación en el Poder Judicial, toda vez que en el acceso a la justicia es donde se presentan muchos de los reflejos sociales, culturales e institucionales de discriminación por motivos de género, aseguró.

“Juzgar con perspectiva de género desde el Poder Judicial de la Federación --expuso-- implica hacer realidad el derecho a la igualdad, pues responde a las obligaciones constitucionales y convencionales de combatir la discriminación por medio del quehacer jurisdiccional para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones asimétricas de poder”.

Recordó que el próximo mes de noviembre la ministra Olga Sánchez Cordero dejará de ocupar su cargo, lo que implica que la presencia femenina en la Suprema Corte de Justicia se verá disminuida en un 50 por ciento.

Sin duda, dijo, ello “es preocupante en virtud de que la presencia de las mujeres en dicho Tribunal aporta una visión diferente, misma que va encaminada a superar los desequilibrios en la tarea de juzgar”.

Asimismo, destacó que en el ámbito del Poder Legislativo, conforme a las últimas reformas legales en la materia, se han dado grandes avances para lograr la paridad de género en la integración de las Cámaras del Congreso de la Unión y de los congresos locales.

Sin embargo, afirmó, la situación es diferente en el Poder Judicial de la Federación, ya que actualmente se integra por 11 ministros, de los cuales sólo dos son mujeres, lo que representa una integración de 18.18 por ciento de mujeres por un 81.81 por ciento de hombres.

En el mismo orden de ideas, añadió, se encuentra el Consejo de la Judicatura Federal, en el cual solamente existen dos mujeres ocupando el puesto de consejeras, por cinco hombres que desempeñan la misma posición.

En el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación la situación no es distinta, ya que actualmente la Sala Superior está compuesta por seis magistrados, de los cuales cinco son hombres y una mujer, indicó.

Agregó que la misma situación se repite tanto en los órganos jurisdiccionales, como en los puestos de administración del Poder Judicial Federal.

En este sentido, planteó reformar el artículo 95 constitucional a efecto de establecer la previsión de que en los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia se deberá asegurar la paridad de género.

En el artículo 96 la senadora Ortega Martínez sugirió que en la integración de las propuestas para ministros de la SCJN “se deberá garantizar la paridad de género, para lo cual cada terna enviada al Senado por el Presidente estará integrada por personas del mismo género.

Precisó que cada terna deberá conformarse por personas de un género distinto al del último ministro nombrado por el Senado.

Por lo que hace al artículo 97, propuso que en los criterios, requisitos y procedimientos que establezca la ley para los nombramientos de los magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito se garantice la paridad de género.

En lo referente al artículo 99, la legisladora de Acción Nacional recomendó que en la integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se confirme también la paridad de género.

Finalmente, en el artículo 100 planteó que, para la integración de las propuestas para elegir a los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, se deberá garantizar la paridad de género, mediante un mecanismo que asegure que cada propuesta estará integrada por personas del mismo género.

Al respecto, opinó que cada propuesta deberá conformarse por personas de un género distinto al del último consejero nombrado.

Este cambio constitucional, concluyó, no solo resulta deseable, sino obligatorio, pues no se debe olvidar lo que establece el marco jurídico vigente sobre el derecho a la igualdad para de esta manera ampliar el número de espacios en los que mujeres tomen decisiones en el Poder Judicial y por ende el número de ministras en la Suprema Corte de Justicia.

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