El Grupo Parlamentario del PRI concertará con otros grupos parlamentarios para que en lo que resta del periodo ordinario de sesiones se apruebe la ley que castiga con penas más severas el robo de combustibles y así dar respuesta a la demanda social de combatir este delito, afirmó el senador Emilio Gamboa Patrón.

En nuestro país, precisó, este acto delictivo representa un peligro para las familias que habitan cerca de las tomas clandestinas, un grave riesgo para los vehículos que utilizan gasolinas robadas y un severo daño a las finanzas públicas, ya que la sustracción ilegal de gasolina y diésel asciende a 40 mil millones de pesos anuales, lo que podría utilizarse en reparar el 80 por ciento de las escuelas públicas en todo México o bien 500 millones de pesos más de lo que será la inversión para 2016 del Programa para Adultos Mayores.
Esta minuta ha contado con el consenso de todas las fuerzas políticas en la Cámara alta, por lo que confiamos que será aprobada y se convierta en ley lo antes posible.
Además, indicó, no podemos dejar de lado el daño que causa al medio ambiente esta actividad, por lo que a través de esta ley se contemplarán conductas que anteriormente no eran consideradas delito, al tiempo de acabar con estas multimillonarias ganancias ilícitas, sólo detrás de las producidas por el narcotráfico y la venta de armas.
El coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, recordó que en el año 2000 se detectaron 155 tomas clandestinas, situación que se ha ido incrementando sustantivamente.
Asimismo, establece sanciones de 15 a 25 años de prisión y multas de un millón 50 mil hasta un millón 750 mil pesos a quienes sustraigan hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, equipos, vehículos o instalaciones, sin consentimiento de permisionarios, distribuidores, contratistas o asignatarios, pena que también será aplicable a quien financie la ordeña ilegal de hidrocarburos.
El tema forma parte de la agenda legislativa del Grupo Parlamentario del PRI y estamos seguros que junto con otras medidas, como la modificación de Pemex a su estrategia para el traslado de gasolinas y diésel, se aprovecharán más recursos para invertirlos en salud, infraestructura, programas sociales y combatir así la desigualdad.

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