Durante el panel: Libertad de expresión y otros límites del derecho a la petición de datos personales, el senador Alejandro Encinas Rodríguez sostuvo que el derecho a la protección de datos de las personales parte de los artículos VI y XVI de la Constitución mexicana, que establecen que la información que se refiere a la vida privada y a los datos de las personas será protegida por el Estado mexicano.

Manifestó que la responsabilidad del estado es garantizar la protección de los datos personales y de la vida privada de las personas en los términos que establezca la ley.
El eje rector que han sido todas las reformas en materia de transparencia, acceso a la información y datos personales, dijo, debe seguir siendo el acceder a toda información pública y son las normas que obligan al Estado a garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
Sin embargo, destacó que se debe de enfrentar y superar las resistencias que la propia autoridad tiene en una cultura política tan arraigada en la opacidad que prevalece en el país.
Agregó que la protección de datos personales deben de definir con precisión los criterios de que derechos prevalece cuando éstos entran en contradicción con otros derechos humanos que están establecidos en la ley.
“Los temas pendientes de la agenda son: los datos personales, reformar la ley federal protección de datos personales y hacer la ley general, para fijar los parámetros que permitan establecer en que caso procederán el ejercicio de los derechos”.
El legislador propuso revindicar el derecho a la privacidad, a la intimidad, a la preservación del dolor de las personas como una condición fundamental para el ejercicio pleno de libertades en una sociedad democrática.
“Más allá de garantizar la libertad del voto, la libertad de expresión, la libertad de prensa, una sociedad que no sea capaz de garantizar la privacidad de las personas, no es una sociedad que vaya a salvaguardar con plenas garantías el conjunto de los derechos de los ciudadanos y si la autoridad no puede garantizar la seguridad física y de nuestro patrimonio en los problemas de inseguridad pública, por lo menos, que respete nuestra privacidad como eje fundamental de una sociedad democrática”, concluyó.

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