• Los capitalinos necesitan un reglamento a favor de la seguridad, la movilidad y la mejora en la calidad de vida 

Debido a las irregularidades y tropiezos del Gobierno de la Ciudad de México con el nuevo reglamento de tránsito, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, anunció que desde el Senado exigirá tres medidas concretas para corregir los errores de una “política excluyente, impositiva y arbitraria”.

En conferencia de prensa con el senador Mario Delgado Carrillo, explicó que exhortará al gobierno de la Ciudad a elaborar un nuevo reglamento “que elimine de tajo todas las pifias y arbitrariedades que tiene el actual, como las multas excesivas que se han convertido en un monumento a la corrupción”.

En segundo lugar, dijo, impulsaremos desde la Comisión del Distrito Federal una campaña para concientizar a la gente sobre el tema.

Y finalmente, que se transparente toda la información ―reservada hasta el 2022― sobre el contrato con la empresa operadora de las cámaras para las fotomultas, Autofraffic S. A. de C. V., el destino del dinero recaudado y que se inicien los procedimientos sancionadores para los funcionarios que arbitrariamente decidieron ocultarla.

Aseguró que los capitalinos “queremos un reglamento con sanciones razonables que vaya acompañado de una campaña intensa de concientización. Un reglamento cuyo centro y guía sean las personas, su seguridad pero también mejorar la calidad de vida y las condiciones en las que la gente se desplaza”.

Sobre el tema recaudatorio, la senadora panista recordó que desde el 15 de diciembre del año pasado se han impuesto 585 mil 632 infracciones, lo que equivale a 10 mil 500 al día y 653 por hora laborable. A ello se suman las cinco mil fotomultas diarias para llegar a 150 mil mensuales.

“Eso significa que por contrato, al año se deberán imponer un millón 800 mil infracciones, de las cuales el 46 por ciento del dinero se lo quedará la empresa Autortraffic; 200 millones de pesos mensuales”, puntualizó.

Gómez del Campo Gurza criticó que además la Secretaría de Seguridad Pública capitalina le tiene que pagar a dicha empresa por servicios más de 173 millones de pesos y sólo el resto terminará en la Secretaría de Finanzas, cuando debiera destinarse para beneficio ciudadano, como el mejoramiento del transporte público o la señalización de las vialidades.

Señaló que el reciente anuncio sobre la condonación del 80 por ciento de las multas por pronto pago es una simulación que busca cubrir el error de fondo que representan las multas excesivas: “¿No había presumido que elevar las multas era una condición indispensable? ¿No dijo que las multas altas iban a salvar vidas y ahora las rebaja? Ya no estamos entendiendo qué es lo que está pasando con el discurso del Gobierno de la Ciudad”.

La senadora recordó que desde un inicio advirtió que la finalidad del reglamento era única y exclusivamente recaudatoria, “seguir exprimiendo el bolsillo de los capitalinos porque muy poco abona a mejorar el tema de la movilidad y el ordenamiento de las vialidades”.

Por ello, aseguró que éste se ha convertido en un grave error del gobierno local que –en los últimos dos meses—ha afectado la economía de los capitalinos. 

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