El senador panista Raúl Gracia Guzmán propuso reformas a la Constitución, a fin de que “en el caso de aquellos partidos en cuyas listas de representación proporcional se hallen limitados por la aplicación de la regla de sobrerrepresentación, se evite que los legisladores postulados por ese partido político puedan renunciar al mismo y a su bancada durante el ejercicio del cargo”.
Recordó que en la reforma política el Congreso estableció una regla para evitar la desproporcionalidad de los congresos, que fue la regla que limitada la sub y la sobrerrepresentación, “pero con la venida de la posibilidad independiente y muchas veces en los parlamentos el chantaje político tenemos que esta regla se encuentra con una dualidad que puede dejar a los partidos y a las bancadas en lo peor de los mundos”.
Si entendemos, agregó, que los partidos políticos tienen como objetivo generar la posibilidad de que los ciudadanos tengan acceso al poder público mediante una plataforma clara, principios e ideas en común, entonces se hace perfectamente claro que el candidato adquiere una obligación a respetar y hacer respetar la plataforma que suscribió al solicitar y aceptar la candidatura mediante un partido político en específico y que fue lo que en campaña fue ofrecido y avalada por su electorado.
El legislador por Nuevo León subrayó que los partidos políticos no son instrumentos mediante los cuales un ciudadano puede acceder a una candidatura, sino que los partidos mediante su postura ideológica deben fijar tal posición en la sociedad a través de la selección de ciudadanos, como candidatos, de aquellos que auxilien en dicha labor.
“Es congruente pretender proteger la efectiva representación que otorgó el voto ciudadano que se emitió por un candidato adscrito a un partido político, así como a sus ideologías y propuestas, para limitar los derechos de dicho candidato electo de que, una vez ya en funciones, deje dicha afiliación que le otorgó un cargo público, pues de permitirlo se traduce en avalar un fraude al electorado”, argumentó.
Aclaró que su iniciativa no pretende salvaguardar los derechos o intereses de los partidos políticos, sino que busca proteger el derecho que el electorado tiene respecto a que los candidatos por los que votaron respeten la ideología y la lealtad política con la que se ostentaron durante el periodo de campañas electorales.
Así, sostuvo, la deslealtad o peor aún el chantaje político atenta tanto contra el instituto político y sus miembros, como contra el sistema democrático y, especialmente, contra el electorado.
“De permitir que un candidato electo renuncie a la plataforma y a la ideología que lograron su mismo cargo público sería una violación al principio de certeza jurídica, pues la plataforma política y las propuestas que dicho candidato presentó para obtener el triunfo en la elección cambiaron sin mayor explicación a la ciudadanía que votó por dicho candidato, cuestión que no puede avalarse en ningún momento”, puntualizó.
De avalarse, continuó, sería como permitir una artificialidad al momento de la campaña y del despilfarro de recursos públicos con la intención de seguir intereses unipersonales y no de un grupo representativo que, por el contrario, busca lo mejor para la democracia.
Gracia Guzmán acotó que vale más privilegiar el derecho de los ciudadanos que aquellos de los funcionarios electos, pues éste se limita en menor grado y además es una medida razonable, necesaria e idónea para garantizar la certeza de los votos emitidos en los comicios, bajo ciertas ideas representadas en un plataforma que posteriormente fueron desconocidas por presiones ajenas a la ley.
La iniciativa, que reforma los artículos 54 y 115 de la Carta Magna, se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su análisis y dictaminación.
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