La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza pidió al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y a las secretarías de Gobierno de los estados a que implementen acciones, a fin de erradicar las graves violaciones a los derechos humanos en los reclusorios.
Asimismo, solicitó atender diversas problemáticas que afectan a los internos y a sus familiares e instó a las secretarías de Salud federal y estatales para que impulsen programas de prevención y atención para los reclusos.
Además, conminó a la CNDH a que remita al Senado un informe sobre el estado que guardan las recomendaciones que ha emitido al Ejecutivo federal y a las entidades federativas, relacionadas con el sistema penitenciario.
Argumentó que de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014, el estado en que están los centros penitenciarios es lamentable, pues existe un gran número de deficiencias.
“El diagnóstico incluyó los 130 centros estatales penitenciarios más poblados del país (varoniles, mixtos y femeniles) en las 32 entidades federativas, cuya población total al momento de la supervisión fue de 195 mil 329 internos; asimismo, se hizo un análisis en 20 centros federales con el 90.06 por ciento del total de la población penitenciaria a nivel nacional”, indicó.
Entre las deficiencias con mayor incidencia estuvieron: violaciones a derechos humanos; ineficacia en los servicios para mantener la salud de los internos; sobrepoblación y aglomeración; inexistencia de programas de prevención de adicciones y deficientes programas de desintoxicación para los internos con adicciones; cuestionable calidad y cantidad de alimentos; insuficiente personal de seguridad y custodia; y cobros indebidos por parte de los custodios.
La legisladora precisó que de acuerdo con los datos que publica el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional en octubre de 2015, la población total penitenciaria es de 251 mil 512 personas, donde 238 mil 245 son hombres y 13 mil 267 son mujeres; de ellos 203 mil 226 corresponden al fuero común y 48 mil 286 al fuero federal.
“Otra de las problemáticas que se refleja en dicho informe es la sobrepoblación, que asciende a 45 mil 140 personas en 194 centros penitenciarios”, remarcó.
Reveló que la CNDH ha señalado que durante 2014 ocurrieron mil 737 incidentes, de éstos 993 fueron en Centros de Reinserción Social y 744 en Centros Federales de Readaptación Social.
“El acontecimiento violento con mayor número de incidencia corresponde a riñas, con un total de mil 435; el segundo, los desórdenes; el tercero, los suicidios con 68; el cuarto, los abusos; y el quinto lugar los homicidios”, abundó.
Los estados que reportaron mayor incidencia en este tipo de eventos, subrayó Gómez del Campo Gurza, fueron Sonora con 170, Puebla con 62, Baja California con 61, Nuevo León con 58 y la Ciudad de México con 54.
Hizo notar que el 65 por ciento de las prisiones están sometidas a un autogobierno, lo cual es otro problema grave, ya que la autoridad no está ejerciendo el control, y más preocupante aún es la información acerca de que entre 2009 y 2013 más de mil internos se fugaron y alrededor de 600 perdieron la vida.
Así, concluyó, resulta urgente que los gobiernos federal y estatales rediseñen sus políticas para erradicar tanto violaciones graves a derechos humanos como diversos problemas que ocurren en los centros de reclusión.
La propuesta de la senadora de Acción Nacional se turnó a la Comisión de Derechos Humanos, para su análisis y dictaminación.

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