· Así lo solicitan mediante un punto de acuerdo los senadores Laura Angélica Rojas Hernández, María del Pilar Ortega Martínez, Fernando Yunes Márquez y  Juan Carlos Romero Hicks

· De acuerdo con el Informe del Relator de  ONU, emitido en 2014, al caso del penal de Topo Chico, hace referencias explícitas sumamente preocupantes que no se tomaron en cuenta como el “excesivo control por parte de los internos” del penal

· Exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer las bases y metodología para la conformación conjunta de una mesa plural para una reforma integral al sistema penitenciario en México

·  Solicitan también que a través de la SRE se extienda una invitación al Relator Especial sobre los derechos de las personas privadas de la libertad de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a visitar México

Las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores deberán presentar un informe al Senado, a fin de conocer la manera en que el Gobierno Federal ha atendido las recomendaciones emitidas por el Relator sobre Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en relación con el sistema carcelario en México, luego de su visita a los centros de reclusión de nuestro país entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014.

Mediante un punto de acuerdo presentado por la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, suscrito por los senadores María del Pilar Ortega Martínez, Fernando Yunes Márquez y  Juan Carlos Romero Hicks, se exhorta para que este reporte sea presentado durante los próximos 15 días naturales, posteriores a la aprobación de esta proposición, luego del llamado urgente que hiciera el Relator Juan E. Méndez para que el gobierno de México efectúe una investigación imparcial y exhaustiva de los hechos suscitados en el Centro de Prevención y Readaptación Social (CERESO) de Topo Chico, en Nuevo León.

De acuerdo con el Informe del Relator de la ONU, emitido en 2014, se especifica que a pesar de que la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011 dispuso la organización del sistema penitenciario con base en el respeto a los derechos humanos y la reinserción social, están aún lejos de consolidarse. El hacinamiento, insiste el documento, constituye un serio problema que afecta “a la totalidad de las prisiones estatales visitadas y la mayoría de los centros del país”. Concretamente habla de que de 389 centros de detención en el país, 212 ya registran sobrepoblación.

Al caso del penal de Topo Chico, el informe hace referencias explícitas sumamente preocupantes que no se tomaron en cuenta como el “excesivo control por parte de los internos”, así como “sobre los servicios, beneficios y funcionamiento de la prisión, provocando inequidades en el goce de derechos, corrupción y autogobierno y situaciones de violencia e intimidación entre los internos, todo lo cual es responsabilidad el Estado prevenir”.

Los legisadores de Acción Nacional exponen que corresponde a este órgano legislativo exigir cuentas al Ejecutivo Federal sobre las medidas implementadas para atender las recomendaciones, a fin de identificar el origen de las omisiones y las negligencias que provocaron los lamentables acontecimientos de Topo Chico.

También corresponde al Senado, adujeron, hacer un llamado a favor de una reforma integral al sistema penitenciario que responda a las dimensiones de los desafíos que enfrentamos en este rubro, especialmente en materia de armonización de instrumentos y estándares internacionales de derechos humanos.

En el punto de acuerdo también se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer las bases y metodología para la conformación conjunta de una mesa plural, con participación de todos los actores relevantes de los tres Poderes de la Unión, los tres niveles de gobierno y representantes de la sociedad civil, la academia, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y las representaciones de organismos internacionales para la reforma integral al sistema penitenciario en México.

Por último, también se solicita que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se extienda una invitación al Relator Especial sobre los derechos de las personas privadas de la libertad de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a visitar México a fin de obtener recomendaciones útiles en este proceso.

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