Senadoras del Grupo Parlamentario del PRI reconocieron que para las personas con discapacidad, las oportunidades de empleo no son siempre accesibles para poder obtener ingresos necesarios para sobrevivir.
Por ello, presentaron una iniciativa para modificar diversos artículos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a fin de poder establecer como una obligación de los titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal, una cuota mínima de tres por ciento del total de la nómina o personal en áreas de administración pública a este sector de la sociedad.
En nombre de las senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis; Margarita Flores Sánchez dio a conocer que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el 80 por ciento de las personas con alguna discapacidad a nivel mundial están en edad de trabajar; sin embargo, su derecho a un trabajo decente es con frecuencia denegado,señaló.
“Estimaciones del Coneval indican que 5.7 millones de personas con discapacidad presentan al menos una carencia social, de las cuales 3.9 millones viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar y 1.7 millones viven con un ingreso inferior. Datos del Inegi señalan que la tasa de participación económica de la población con discapacidad de 15 años y más en nuestro país es de 39 por ciento, en comparación con el 65 por ciento de la población sin discapacidad”, agregó.
De ahí la importancia de legislar, dijo, en pro de una plena integración de las personas con discapacidad como una cuestión de derechos y no como un privilegio, y pese a que se han hecho esfuerzos para garantizar los derechos de estas personas aún falta mucho por hacer.
“Cabe resaltar que entre las ligas de acción contempladas en el objetivo tercero del Programa Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, se busca no sólo asegurar su inclusión en la administración pública en los tres órdenes de gobierno, sino además el garantizar el tres por ciento de las vacantes laborales existentes en la administración pública que sean destinadas a la contratación de personas con discapacidad”, sostuvo.
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