* Durante la reunión de las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y Derechos Humanos, la senadora destaca que la ley privilegia el cumplimiento de la pena en prisión sobre la base de los principios, garantías y derechos humanos.

Luego de más de dos años de intenso trabajo y análisis, México contará con una  Ley Nacional de Ejecución Penal que modifica sustancialmente el régimen penitenciario actual y ya no será más un centro de convivencia y desarrollo de la delincuencia, ni “escuela del crimen”, sino espacios que aseguren el cumplimiento de la pena de prisión sin menoscabo a la dignidad y desarrollo de las personas, sobre la base de los principios, garantías y derechos Humanos, destacó la presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República, Cristina Díaz Salazar.

Durante la reunión de las comisiones unidas de Justicia, de Gobernación y de Derechos Humanos, donde se aprobó por unanimidad el dictamen de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la senadora por Nuevo León dijo que en el Senado de la República estamos cerrando una etapa de historia muy difícil en nuestro país y demos paso a otra que será mejor para todos. 

Asimismo, la legisladora priista remarcó que con la Ley se podrán evitar problemas que “hemos visto tantas veces en entidades federativas, incluyendo Nuevo León, para lograr tener un verdadero sistema de readaptación, un verdadero sistema de reinserción social, lejos del actual que prácticamente es profesionalización de delincuentes; da pena decirlo pero hay que señalarlo”, acotó.

La senadora Cristina Díaz explicó que la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene por objeto establecer las normas que habrán de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial condenatoria.

Los aspectos más relevantes para generar el cambio de paradigma en el sistema penitenciario –acotó- está en el reconocimiento de la persona privada de la libertad como sujeto de derechos, y ya no como reo o prisionero, concepto ya superado así en la norma constitucional. También los niños llamados “invisibles”,  tendrán atención en esta ley.

Especificó que la ley establece cinco ejes de reinserción social: respeto a los derechos humanos;  trabajo y capacitación para el mismo; educación, salud y deporte; para que la persona privada de la libertad, no sienta una merma mayor en su desarrollo que aquella que deriva estrictamente de la sanción punitiva. Ello permitirá un equilibrio entre la sanción y el restablecimiento de una vida plena al cumplir la pena impuesta. 

Además se establece la existencia de un plan de actividades, que será diseñado con plena participación de la persona sentenciada, en el que el trabajo ya no será el único incentivo que tenga para lograr su desarrollo o la obtención de beneficios, y éste estará diseñado de acuerdo con su condición.

La senadora del PRI dijo que en la Ley Nacional de Ejecución Penal se reconocen nuevas modalidades del empleo para que la persona privada de la libertad tenga la posibilidad de desempeñar una actividad productiva a través del autoempleo, a cuenta de terceros por contratación o bien a través de actividades productivas para fines del sistema de reinserción.

“Uno de los puntos más sobresalientes de la ley, es el apartado relativo a la Justicia Terapéutica, el cual representa un beneficio de la sustitución de la ejecución de la pena que determina el Juez de Ejecución, y tendrá como finalidad propiciar la rehabilitación e integración de las personas sentenciadas relacionadas con el consumo de sustancias, bajo supervisión”, indicó.

Luego de reconocer que desde marzo de 2013, en el proyecto de dictamen de la Ley Nacional de Ejecución, hubo una gran participación de senadores y senadores; organizaciones de la sociedad civil, representantes del Gobierno federal, Cristina Díaz resaltó que a partir del nuevo instrumento jurídico se impulsará la reinserción social, aunado de la aceptación del externado. 

Precisó que existirá coordinación entre la Federación y las entidades federativas para el óptimo cumplimiento de los objetivos de la reinserción.

Cristina Díaz precisó que en México hay 418 centros penitenciarios, los cuales se dividen en 11 centros que dependen del Gobierno Federal, 306 de los gobiernos estatales; 10 centros del Gobierno de la Ciudad de México y 91 centros que están en manos de los gobiernos municipales, los cuales a partir de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal estarán regidos por un nuevo sistema nacional penitenciario, con cual se dará un paso histórico, señaló.

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