La senadora panista Sylvia Leticia Martínez Elizondo hizo un llamado al Ejecutivo federal para que atienda los problemas de seguridad y violencia en la Sierra Tarahumara y, en su caso, establezca la coordinación necesaria con el gobierno de Chihuahua, a fin de privilegiar el respeto a los derechos ciudadanos y la promoción de la paz en la región.
Además, solicitó a la representación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que, en breve, dé una respuesta pronta y eficaz a la situación de inseguridad y violencia que se vive en la comunidad de Coloradas de la Virgen, realice una nueva evaluación de riesgo e informe al Senado sobre el avance y resultado de sus actuaciones.
En la tribuna del Senado, explicó que el Reporte de Incidencia Delictiva de Chihuahua de enero de este año, elaborado por el Observatorio Ciudadano Prevención, Seguridad y Justicia, destaca que en cuanto a homicidios dolosos la tasa anual por cada 100 mil habitantes en la media nacional reportada es de 14.1, mientras que para Chihuahua se eleva a 24.7.
En tanto, añadió, en los municipios serranos de Guadalupe y Calvo y Guachochi, la tasa aumenta exponencialmente: en el primero a 150.6 y en el segundo a 106.6.
Hay 9 municipios, continuó, cuyas tasas registraron un aumento con respecto al 2015, las poblaciones más afectadas fueron Balleza, Urique, Bocoyna.
Indicó que el 58 por ciento de los homicidios dolosos se concentra en los municipios de Juárez (30) y de Chihuahua (15), y el 71 por ciento en 5 municipios: Juárez, Chihuahua, Guadalupe y Calvo, Cuauhtémoc y Guachochi.
Para la legisladora del PAN un caso que llama la atención es el de la comunidad denominada Coloradas de la Virgen, donde según la Fiscalía General del estado del 1 de enero del 2000 al 31 de agosto del 2012 los homicidios dolosos fueron 955, en su mayoría cometidos con armas de fuego en donde hubo enfrentamientos, ejecuciones con tiro de gracia, acribillados con más de 50 balazos, degollados o decapitados, asfixiados y algunos fueron muertos a cuchilladas.
Martínez Elizondo dijo que aunque la autoridad tiene conocimiento de los homicidios las investigaciones judiciales, en buena medida, no han arrojado resultados.
“En la actualidad, dicho municipio es uno de los más violentos del país, cuenta con una población de 53 mil 499 habitantes, que representa el 1.57 por ciento de la población total del estado, y sólo en 2011 se presentaron 345 defunciones, y en 2013 el municipio de Guadalupe y Calvo concentró mayor tasa de homicidios dolosos que las ciudades de Chihuahua y Ciudad Juárez”, acotó.
Apuntó que diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC), han acompañado y brindado asesoría jurídica a las comunidades rarámuri de Coloradas de la Virgen y Choréachi (Pino Gordo) con acciones encaminadas al reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Subrayó que desde hace más de 30 años estas comunidades han promovido diversas acciones administrativas y legales ante las instituciones agrarias y ambientales, así como en tribunales en Chihuahua.
“Las acciones promovidas han tocado a quienes se sienten lastimados en su interés como en el caso lo son, en Coloradas de la Virgen, el ejido Coloradas, representado por Artemio Fontes y su familia. Los antes mencionados siempre han intentado dirimir las controversias legales con actos de intimidación hacia los dirigentes comunitarios, así como al personal de ASMAC, especialmente al equipo jurídico”, remarcó.
Expuso que la continua exigencia y resistencia por las y los defensores de derechos humanos ha conllevado importantes riesgos, pues de 2009 a la fecha las organizaciones de la sociedad civil han documentado 19 personas defensoras de derechos humanos asesinadas.
“Ello se suma a las amenazas, desapariciones, allanamiento de oficinas, amenazas veladas y/o explícitas, robo de información, agresión, daños y allanamiento a las instalaciones y agresiones físicas que han sufrido otros más. Varias familias completas relacionadas con defensores/as y periodistas se han visto obligadas a solicitar asilo político en otros países para salvar su vida y decenas de defensores y defensoras se encuentran desplazadas de sus comunidades por el riesgo en que se encuentran”, refirió.
La propuesta de la senadora de Acción Nacional, que también respaldaron los senadores Alejandro Encinas, del PRD, y Eviel Pérez Magaña, del PRI, se turnó a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis y dictaminación.
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