·         Jurídicamente no hay reconocimiento del crimen de odio por homofobia.

·         Urge instaurar y difundir una campaña nacional basada en el respeto como valor elemental de toda sociedad.

La legisladora independiente Martha Tagle Martínez inscribió un punto de acuerdo que exhorta a los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) a diseñar políticas públicas que garanticen la integridad, respeto y protección a los derechos humanos de las personas LGBTTTI (lésbico, gay, tansexual, travesti, transgénero e intersexual), todo ello derivado de la ola de violencia y crímenes de odio que se han presentado en el país.

Señala que en México, 75% de los hombres homosexuales, 50% de las mujeres homosexuales y 66% de individuos “trans” sufrieron algún tipo de “bullying” homofóbico en la escuela (tanto pública como privada).

La violencia por intolerancia a la diversidad sexual ha permanecido invisible por cuestiones morales, prejuicios. “El derecho a la diferencia debe de tomar un papel fundamental en la agenda de nuestro país, educar de acuerdo a parámetros de respeto y tolerancia, sin prejuicios a la diferencia desde temprana edad, hará de nuestra sociedad un México mejor”, asegura.

Establece que en la última década la comunidad LGBTTTI  ha logrado obtener el reconocimiento de sus derechos, pero la ignorancia y los estereotipos que persisten en la sociedad, los hacen un grupo vulnerable ante la discriminación y violencia.

Atendiendo al hecho de que los derechos humanos son valores universales e inherentes a toda persona, sin importar la orientación/preferencia sexual o identidad de género, es menester diseñar e implementar políticas públicas que erradiquen la violencia contra la comunidad LGBTTTI.

Los crímenes de odio por homofobia se ubican precisamente en este eje de prácticas nocivas que deben evitarse, puesto que además de involucrar una afectación directa a los derechos individuales de la víctima, tienen como trasfondo un perverso mensaje para los pares de ésta, que se nutre de la discriminación y el repudio basado en la intolerancia y los prejuicios. Así la manifestación más violenta, es el homicidio; sin embargo jurídicamente no hay reconocimiento del crimen de odio por homofobia, lo que implica no contar con una cifra oficial sobre el número de homicidios ocurridos.

Tagle Martínez indica que el problema de la mayoría de los crímenes en contra de la comunidad LGBTTTI  es que no se denuncian, sin embargo; cuando se realiza, son catalogados como “crímenes pasionales”, práctica arcaica al interior del Ministerio Público, que únicamente revictimizan.

Ante esta situación resalta que las entidades con mayor número de homicidios por homofobia  son Ciudad de México con 164, Estado de México con 78, Nuevo León con 64 y Michoacán y Jalisco con 54 homicidios.

La legisladora hace un llamado urgente para que se establezcan protocolos de seguridad y prevención que garanticen los derechos humanos de toda la población. Así mismo instaurar y difundir una campaña nacional basada en el respeto como valor elemental de toda sociedad; con la finalidad de erradicar los crímenes de odio respecto a la comunidad LGTTTBI.

 

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