*La credibilidad del INEGI está en duda: Ernesto Cordero.
*No existe evidencia plena de un esfuerzo coordinado y de comunicación entre el INEGI y el CONEVAL, asegura Juan Carlos Romero Hicks.
*La Junta de Gobierno del Instituto debe garantizar accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia de la información: Héctor Flores Ávalos.
La senadora panista Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, expresó su preocupación porque se altere la forma de medir la evolución de la pobreza en el país.
Sostuvo que “hay versiones que ven esta situación como una amenaza a la autonomía de acción de órganos tan importantes como el INEGI en el cumplimiento de su mandato constitucional; más grave aún, se ha sugerido que los datos han sido manipulados con fines políticos”.
En reunión de trabajo con Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y con el presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Julio Alfonso Santaella Castell, señaló que la confrontación entre ambas instituciones sobre los criterios y modificaciones a la metodología para medir la pobreza, no es ajena al Congreso de la Unión.
Esos cambios, acotó, representan una ruptura de la continuidad de las series de tiempo estadísticas.
Señaló que las dudas que han surgido son sumamente legítimas, ya que es difícil entender que las personas más pobres incrementaron sus ingresos en 33 por ciento sin explicación metodológica o económica creíble que justificara un cambio tan drástico, más aún cuando hace unos meses el número de personas en pobreza se incrementó en dos millones para llegar a los 55.2 millones de mexicanos en esta lamentable condición.
Lo menos que deseamos en el Poder Legislativo, añadió, es que haya un intento deliberado por alterar cifras tan relevantes que tienen que ver con el principal problema que enfrenta el país, que es el elevadísimo número de personas en pobreza, y también la marcada y lacerante desigualdad.
“Tampoco queremos que un hecho, que podemos suponer meramente técnico, vulnere la credibilidad y la confianza que han depositado millones de mexicanos en las instituciones”, dijo.
Gómez del Campo Gurza aseveró que lo que no se puede entender es que en un régimen democrático y de libertades haya deficiencias en materia de transparencia y de comunicación para hacer pública una decisión de esta naturaleza.
Por su parte, el senador panista Ernesto Cordero Arroyo hizo notar que cuando se hace un cambio en la captura de una encuesta, como lo hizo el INEGI, lo menos que se puede esperar es que se hayan realizado pruebas piloto y “esas pruebas piloto las debió de haber conocido Eduardo Sojo y usted” y debieron atajarlas correctamente.
Observó que otro problema central del Instituto es su credibilidad, porque ha navegado en este tema en medio de muchas presiones, que han sido públicas, del Gobierno y de algunos gobernadores para corregir los reportes.
“Me parece que la credibilidad de una institución tan importante como el INEGI está en duda”, subrayó el senador al dejar en claro que “no se debe pedir perdón pero sí se deben rendir cuentas.”, porque es “evidente que alguien en el Instituto se equivocó y debe asumir las consecuencias de sus actos”.
A su vez, el senador Juan Carlos Romero Hicks destacó que obtener nuevos métodos de recolección y procesamiento debe ser un proceso de mejora continua, sin embargo no existe evidencia plena de que de punta a punta se haya hecho un esfuerzo coordinado y de comunicación entre el INEGI y el CONEVAL.
El INEGI –dijo-- es de una primera generación de autonomía, donde el Ejecutivo federal nombró al actual Presidente Julio Santaella Castell, pero advirtió que ahora la segunda generación se tendrá que modificar. “Usted ya tiene su nombramiento; ojalá lo aprenda a ejercer con dignidad y con sentido de responsabilidad”, le dijo al titular del Instituto.
El legislador del PAN hizo votos porque el Congreso encuentre el camino para que el próximo presidente del INEGI “no sea un nombramiento del Ejecutivo federal”.
El senador Héctor Flores Ávalos lamentó que no haya habido una adecuada planeación y comunicación en la decisión tomada por el INEGI.
Consideró que la Junta de Gobierno del Instituto debe de garantizar la accesibilidad, la transparencia, la objetividad y la independencia de la información.
Por ello, cuestionó al Presidente del INEGI si la Junta de Gobierno intervino en la decisión de la modificación, y si no fue así ¿quién dentro del Instituto tomó la decisión? ¿Quién es el responsable de la modificación?
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