La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna presentó un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de la Uniónexija a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que en un plazo no mayor de quince días naturales remita el informe completo del avance de la liquidación de Ferrocarriles Nacionales correspondiente al primer semestre de 2016.

“La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación que inicie una auditoría a la administración de Ferrocarriles Nacionales en Liquidación”, agregó.

En el documento se plantea que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicite al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública una revisión de la clasificación de la información realizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por un plazo de 10 años y, de resultar una violación al derecho a la información, se inicien los procedimientos administrativos a que haya lugar.

Así mismo solicita que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe detallado sobre las donaciones realizadas con fundamento en las Reglas para la donación de activos remanentes propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación.

Padierna Luna recordó que la transparencia es uno de los mayores problemas del actual Gobierno Federal. En diferentes ocasiones, ha utilizado mecanismos para evadir sus obligaciones en la materia y practica de forma reiterada, la reserva de información que pueda demostrar malos manejos de los recursos públicos.

Uno de los ejemplos más claros, dijo la legisladora, es el caso de la liquidación de Ferrocarriles Nacionales. El pasado 3 de agosto, el Subsecretario de Gobernación remitió a la Comisión Permanente el informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, correspondiente al primer semestre de 2016, en cumplimiento al artículo 2°, fracción IX del "Decreto por el que se Extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica”. Sin embargo, como en los pasados dos informes, la información fue clasificada por 10 años en términos del artículo 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Lo mismo ocurrió con el informe enviado al Congreso el pasado 4 de febrero de 2016.

Explicó que la causa a que alude la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sugiere que la información del proceso de liquidación de FERRONALES se trata de “expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado”. No obstante, esta clasificación fue realizada con base en una ley abrogada, toda vez que el 10 de mayo de este año entró en vigor la nueva Ley Federal de Transparencia y cuyo aspecto quedó pendiente de entrar en vigor fue lo relativo a las obligaciones específicas de transparencia y no así al resto de la ley.

A consideración de la senadora no debe pasar por alto que, desde hace seis años, la liquidación de la empresa ha estado en el centro de un escándalo cuando se divulgó en diversos medios de comunicación un desfalco por parte del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, encabezado por Víctor Flores, por el cobro de cuotas por cerca de 37 millones de pesos cada año por la representación de los trabajadores, aún y cuando se había extinguido ya la relación laboral y les eran retenidas a las personas jubiladas.

El monto total de cuotas dadas al Sindicato suma más de 600 millones de pesos. De esto puedo pensarse que nos encontramos ante un hecho que potencialmente vulnera los derechos de las personas jubiladas de FERRONALES por parte de la autoridad liquidadora, el SAE en favor de un sindicato. En este caso, es claro que existe una violación grave de derechos humanos laborales que no permiten ninguna reserva de información pública.

Recordó que el 24 de julio de 2015, el titular de la SCT publicó las Reglas para la donación de activos remanentes propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, con el objeto de donar las Casas habitación y Terrenos propiedad de FNML, en Posesión Legítima de Jubilados y Pensionados del organismo o, en su caso, de los sucesores de éstos, así como donar los Activos Remanentes propiedad de FNML a favor de Instituciones Públicas y Asociaciones e Instituciones Privadas que no persigan fines de lucro, sobre los que no se haya celebrado algún acto jurídico que pudiera impedir su donación, a fin de que sean utilizados para un Beneficio Social.

“Por si fuera poco, al tratarse de una afectación del patrimonio del Estado, es indispensable que exista una mayor transparencia de la información involucrada que permita conocer con puntualidad el destino de estos recursos”, concluyó.