• Buscan salvaguardar el derecho a la educación de calidad de todos los jóvenes y niños de México y terminar con las presiones y chantajes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Los senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada, y Marcela Torres Peimbert, presentaron hoy una iniciativa de reformas a la Ley General de Educación, cuyo propósito es obligar al gobierno a entregar recursos económicos a las familias cuando incumpla su obligación de prestarles los servicios educativos establecidos en la Constitución.

 

De esta manera, cuando el Estado no pueda garantizar la prestación de los servicios educativos, deberá entregar los recursos necesarios mediante un vale educativo que permita al alumno una educación de calidad en condiciones de equidad.

En la exposición de motivos de esta iniciativa, los senadores señalan que “en fechas recientes se ha agravado la crisis político social, por las exigencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); las consecuencias empezaron a ser evidentes con la afectación económica de las regiones en donde se ha intensificado la protesta, pero el día en que oficialmente la plantilla escolar regresó a clases, muchos alumnos se quedaron sin clases por la actuación pasiva del gobierno”,

Esta iniciativa, señalan, busca salvaguardar el derecho a la educación de calidad de todos los jóvenes y niños de México y terminar con las presiones y chantajes de la CNTE.

 

Se buscan “soluciones que permitan financiar directamente a las familias, cuando el Estado incumpla con su obligación de garantizar el derecho a la educación. Esto sería mediante un vale educativo, directo a las familias, para que sean los padres quienes elijan el lugar, la escuela y la forma de la educación de sus hijos”, explicó el senador Francisco Búrquez, y añadió, “de lo contrario corremos el riesgo de seguir condenando a las futuras generaciones a la ignorancia y a la pobreza”.

 

"Las familias de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y otros estados no tienen porqué ver violentados sus derechos. Cada familia es la que debe tener la posibilidad de procurar la mejor educación para sus hijos, especialmente cuando el Gobierno se preocupa más de contentar a las mafias sindicales que de garantizar este derecho."

 

Esta reforma a la Ley General de Educación hace hincapié en el derecho que tienen los padres, para decidir la educación de sus hijos, consagrado en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

 

El senador Francisco Búrquez señaló que “en México es de suma relevancia apostar por un modelo centrado en el alumno, que se adapte al estudiante y no que se centra en la escuela”.

 

“La crisis que está viviendo la educación muestra que el modelo educativo mexicano debe ser replanteado. El problema radica en el modelo de control político que salvaguarda intereses sindicales; un modelo donde el gobierno lo decide todo y deja a los padres como meros espectadores”, acusó el también coordinador de política económica del grupo parlamentario del PAN.

 

“Sistemas similares ya se aplican de manera generalizada en países como Finlandia, Holanda, Bélgica, Reino Unido o Australia. Donde son los alumnos y sus padres quienes deciden a qué escuela ir y donde los profesores y sindicatos ya no pueden usarlos como rehenes.”