Es necesario que en la elaboración del presupuesto 2017 la Cámara de Diputados tome en cuenta los recursos necesarios para los fondos de ayuda a víctimas del delito y los distintos programas en materia de derechos humanos, señaló la senadora panista Adriana Dávila Fernández, Presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas.

A través de un punto de acuerdo, resaltó la importancia “de las partidas relativas a la promoción, protección y respeto de los derechos humanos”, con el objetivo de cumplir “con las obligaciones legales para el funcionamiento de los fondos destinado a la atención de las víctimas del delito, principalmente en materia de trata de personas y explotación”.

Es evidente, destacó, que el proyecto de presupuesto del año 2017 deja fuera aspectos medulares relativos a la atención a los derechos humanos y las violaciones a éstos, pues no prevé ni programáticamente la creación de rubros preponderantes.

La legisladora por Tlaxcala aseveró que la administración del Presidente Enrique Peña Nieto ha sido omisa en la propuesta del gasto relativo a la atención a las víctimas de los delitos.

“Un caso en particular es el Fondo de atención a las víctimas del delito de trata y explotación, previsto en el artículo 81 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que mandata al Ejecutivo federal la creación de un fondo de protección y asistencia a las víctimas”, expuso.

Por eso, acotó, se conmina a la Cámara de Diputados para que dicho gasto sea previsto y debidamente “etiquetado”, y de esa manera se cumpla con la obligación prevista de destinar fondos a la atención y asistencia de víctimas del delito de trata de personas.

También exhortó a la Colegisladora a que realice un análisis exhaustivo de las partidas propuestas en los distintos anexos relativos a derechos humanos, pues “existe un recorte considerable, recorte que no es acorde con los requerimientos y las necesidades que surgen con motivo de las obligaciones previstas en el artículo 1 constitucional”.

Dávila Fernández lamentó que el Ejecutivo federal estableció una reducción a rubros sensibles que buscan proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

Es el caso, detalló, del anexo 13, donde el gasto previsto para el programa de derechos humanos es reducido a casi la mitad y, en el mismo anexo, en el gasto destinado a promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, se plantea un recorte de casi 25 por ciento.

Precisó que en el ramo 17 el Gobierno federal propuso “recortar las erogaciones para la atención a las víctimas a cerca de 381 mil 582 pesos, presupuesto de por sí ya risible, si se toma en cuenta que dicho rubro es de tan sólo 4 millones de pesos actualmente”.

Además, en su punto de acuerdo, la senadora de Acción Nacional lamentó que México haya sido exhibido reiteradamente, a través de distintos foros internacionales, como un Estado en el cual no se respetan los derechos humanos.

“Diversas organizaciones y organismos internacionales han alertado sobre el alto índice de violaciones a derechos humanos en México, a pesar de que la Constitución de nuestro país establece ciertas obligaciones y mandatos en materia de respeto a las garantías individuales”, subrayó.

La propuesta de Dávila Fernández se turnó a la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación.