·  El objetivo debe ser que las víctimas accedan al Fondo de Ayuda de manera pronta y expedita, aseguró la senadora Marcela Torres Peimbert

Las reformas a la Ley General de Víctimas permitirán que los familiares de las víctimas, o éstas, puedan acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de manera pronta y sin burocracia, aseguró la senadora Marcela Torres Peimbert.

Durante la discusión en la reunión Extraordinaria de Trabajo de las comisiones unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia, y de Estudios Legislativos para analizar el Proyecto de Dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, la legisladora panista manifestó su voto en favor de la iniciativa.

El sentido de las reformas, agregó, es que “las víctimas puedan acceder a ese fondo que en algo pueda reparar, ese fondo que ha estado intocado y que sí tiene recursos, pero al que las víctimas no han podido acceder”.

Las víctimas se revictimizan por una burocracia, por una victimización burocrática que les ha impedido llegar a ese resarcimiento, señaló Torres Peimbert.

La legisladora manifestó su deseo de que con el nuevo diseño de la Ley de Víctimas sea más sencillo para un padre, para una madre de familia, para una joven que, además de tener circunstancias tan vulnerables en cuanto a falta de recursos económicos, falta de recursos educativos, pueda acceder a los recursos del Fondo de forma pronta y expedita.

De acuerdo con el dictamen, la Ley General de Víctimas, a tres años de su publicación, presenta disposiciones que hacen ineficiente y retrasan la operación de los órganos ejecutivos que atienden directamente a las víctimas.

Con la reforma avalada en comisiones se proponen establecer diversos ejes para que las víctimas tengan mejor acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

En ese sentido, se propuso flexibilizar los mecanismos de acceso al Fondo, así como fortalecer el otorgamiento de medidas de ayuda, ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación que son necesarias y urgentes para subsanar las necesidades diarias de las víctimas y que hoy se encuentran sujetos a mecanismo burocráticos; para lo cual la presente iniciativa se han definido como recursos de ayuda diversos gastos, como alimentación, hospedaje, trasportación, entre otros, que deben ser concebidos como gastos operativos ordinarios, que les permita a las víctimas obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva.

Asimismo, se modificó la facultad de atracción, ya que es imperativo y urgente establecer directrices puntuales a fin de que la Comisión Ejecutiva pueda determinar su intervención en la atención y en su caso, reparación de las víctimas en casos del fuero local, para lo cual fijan los supuestos en los cuales la Comisión podrá atraer un asunto.

También se propone que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) deje de ser un órgano colegiado y que la responsabilidad esté a cargo de un Comisionado Ejecutivo con amplio reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos, quien designará a las personas responsables del Fondo, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas.

Ese funcionario será nombrado por el Presidente de la Republica, previa consulta pública entre colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención a víctimas y, además, ratificado por el voto de las dos terceras partes del Senado de la República.

Además, se busca garantizar una participación real, en donde sean las víctimas y la sociedad civil quienes participen con poder de decisión en el ciclo completo de las políticas públicas.

A la reunión asistieron las senadoras Pilar Ortega Martínez, Mariana Gómez del campo Gurza y Silvia Garza Galván, y los senadores Fernando Yunes Márquez, Héctor Larios Córdova y Héctor Flores Ávalos.

 

---000---

 

25 de octubre de 2016

 

* Versión de la intervención de la senadora Marcela Torres Peimbert durante la reunión extraordinaria de las comisiones unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia, y de Estudios Legislativos para analizar el proyecto de dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas

Muchas gracias, Presidenta.

Yo antes que nada, quisiera hacer un reconocimiento a la Presidenta de mi Comisión, que es la Comisión de Derechos Humanos, a mi amiga y además una persona que admiro y quiero y que me consta que ha hecho todo el esfuerzo que puede hacer para sacar la mejor ley posible en esta circunstancia del país que tenemos y es la senadora Angélica de la Peña.

También quiero reconocer el trabajo de la senadora Cristina Díaz y, desde luego, el trabajo siempre profesional y cercano del presidente Fernando Yunes.

Quisiera recordar un poco que en este Senado se discutió la Ley de Transparencia y que recientemente esa ley fue nominada a nivel mundial como la mejor Ley de Transparencia en el mundo y la hizo esta Legislatura esta Ley de Transparencia.

Si revisamos cómo fue discutida esa ley, y muchas aquí recuerdan, muchos también lo recuerdan, aquí está Raúl Cervantes que fue también parte de este proceso, se hizo con una consulta enorme a académicos, a expertos nacionales e internacionales y con un amplio diálogo con la sociedad civil.

Adelanté que mi posicionamiento iba a ser a favor y así será. Sin embargo, me quedan muchas dudas y cuestionamientos, sobre todo por el proceso, me hubiera gustado mucho más que en un tema tan doloroso para muchas madres de familia que han perdido hijas e hijos, en un tema tan terrible de enfrentar a un Estado, en los estados y a nivel federal, no tiene que ver con partidos, porque los estados los gobernamos PAN, PRI, PRD, no podemos como Senado dar una respuesta más cercana, más sensible, más abierta, sin miedo a discutir de frente este dolor humano.

Entonces, creo que a esta conclusión que estamos tomando le faltó a los expertos. Tenemos aquí las disposiciones de París, no están hechas en México ni siquiera, son disposiciones internacionales que dicen, que marcan que el cuerpo ejecutivo, esta Junta de Gobierno tiene que tener dos principios básicos: independencia del gobierno en turno y autonomía de gestión.

Entonces, ya lo está diciendo Angélica, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, hay cuatro funcionarios públicos, hay cuatro ciudadanos o ciudadanas. Voy a poner como reserva que estos cuatro ciudadanos puedan ser nombrados por lo menos por el Senado, que no sean designados por el Ejecutivo. Esa será una reserva.

Estos nueve tiene a cuatro, pero la asamblea consultiva la nombra la Junta de Gobierno, los cuatro de la gente del gobierno, yo lo que propongo es que los nombre el Senado, por lo menos, para que pueda haber esta plática, esta consulta pública, creo que nosotros sólo somos representantes, ahorita en este caso de Estado, pero de los ciudadanos y ciudadanas, deberíamos estar más abiertos a que estos cuatro pudieran venir, a que pudiéramos hablar, a que pudiéramos seleccionar, a ver perfiles, que participaran diversos grupos que están representando a las víctimas.

Creo que el corazón de la situación que estamos viviendo, la modificación que estamos tratando de hacer tiene un solo sentido, y por eso es que voy a votar a favor.

El sentido es que las víctimas, estas personas que han sufrido desapariciones, que tiene que moverse, los desplazados internos, tiene que moverse, ejemplo Michoacán, ejemplo Guerrero, que son zonas completamente sin Estado, sin gobierno, que están a merced de narcotraficantes y que tiene que moverse de lugar, Sinaloa, claro, sí Diva, porque no pueden vivir donde están porque corren riesgos sus vidas.

El único sentido que tiene esto es que puedan acceder a ese fondo, ese fondo que en algo pueda reparar, ese fondo que ha estado intocado y que tiene sí recursos, pero que no han podido acceder a él.

Las víctimas se revictimizan por una burocracia, por una victimización burocrática que les ha impedido llegar a ese resarcimiento.

Yo hago votos, espero que este nuevo diseño que estamos logrando evite esa burocratización, que sea más sencillo para un padre de familia, para una madre de familia, para una joven que encima de que tiene circunstancias tan vulnerables en cuanto a falta de recursos económicos, falta de recursos educativos, sea un Estado sensible que lo haga o la haga llegar a esos recursos de forma más pronta y expedita.

Hago votos por que esto sea así. Tengo dos reservas que hacer, una es esta a la que me referí, este grupo de cuatro ciudadanos que pueda realmente ser un contrapeso del gobierno, no negarnos la función básica que tenemos, compañeras y compañeros, de control parlamentario, de contrapeso al Ejecutivo y que podamos nombrarlas y nombrarlos aquí, será una reserva que propondré en el pleno.

Y otra que propondré también es este transitorio de los tres años. A mí me parece que si estamos pensando que lo ideal es que el Ejecutivo mande una terna y que seamos aquí quienes nombremos de esa terna, pues que lo hagamos desde ahora, no veo por qué esperar tres años más.

Es cuanto; votaré a favor, espero y hago votos porque este sistema realmente funcione mejor para las y los mexicanos que tanto sufren.

 

---000---