• Gobierno federal debería fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil y no ir contra su autonomía 
• Miscelánea fiscal 2017 desincentiva la participación ciudadana, un hecho grave en la realidad de México

La senadora Marcela Torres Peimbert señaló que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) demandan que el gobierno federal reconozca su autonomía, y que la Ley de Impuesto sobre la Renta respete su vida y patrimonio, lo cual no se refleja en la miscelánea fiscal 2017 que, además de carecer de contenidos, que las apoye las afecta en su operación.

 “La secretaría de Hacienda busca ‘apretar’ con esta ley aún más a las organizaciones sociales al endurecer sus políticas de deducibilidad, sin siquiera escuchar sus solicitudes, cuando éstas se dedican a construir bien público”, precisó la vicecoordinadora de Vinculación con la Sociedad.

“Uno de los pretextos del gobierno federal es la falta de recursos y cosas que no puede atender y se justifica quitando fondos a las OSC, que entre sus tareas tiene el atender a todas las víctimas que el mismo genera por el atropello que hace a los Derechos Humanos”, dijo la legisladora.

Torres Peimbert señaló que el sistema tributario no funciona, ya que en México solo tributa el 41% de la población económicamente activa, como las OSC, que si pagan impuestos.

“Hacienda decide imponerles a las organizaciones condiciones de operación que las afectan como una liquidación forzosa en caso de que sean revocadas como donatarias autorizadas”, ejemplificó.

Las propuestas de la sociedad civil para la Ley del Impuesto Sobre la Renta 2017 buscan revertir lo aprobado por la Cámara de Diputados.

Mariana Olvera de Alternativa y Capacidades AC, a nombre de las OSC, señaló su preocupación sobre la minuta de la Ley de Ingresos que fue aprobada en San Lázaro, que ya se encuentra en el Senado de la República para su aprobación, pues con esta se afecta a las donatarias autorizadas, además de considerar la desigualdad de los recursos fiscales.

Las OSC se pronunciaron por el no a la certificación de las donatarias autorizadas, ya que se incrementaría la desigualdad de los recursos fiscales y discriminaría su trabajo que responde a las necesidades locales que se trabajan.

Señalaron que la segunda propuesta refiere un proceso de transparencia, pero no desaparición por lo que la petición es que haya una auditoría por parte del SAT, en congruencia con el fomento de la transparencia del sector social.

En el tercer punto, las OSC demandan transparencia con respeto a la autonomía y que aquellas organizaciones con más de 100 millones de pesos de patrimonio, definan de manera autónoma a sus miembros y los identifique en el informe que se presenta ante el SAT, sin intromisión del Estado en su autonomía.

Sobre el cuarto punto las organizaciones se pronuncian en contra de que las dependencias gubernamentales las certifiquen ya que consideraron que se tiene que fomentar el desarrollo y crecimiento del sector social en lugar de desalentar su crecimiento de este.

En tanto, la senadora independiente, Martha Tagle, reconoció que el trabajo de las OSC es difícil luego de tener que sortear diversas trabas burocráticas y que ante las reformas planteadas en el Impuesto sobre la Renta, se abonan condiciones más difíciles para que puedan hacer el trabajo que el estado es incapaz de brindar a la población.

“Con este impuesto se busca privilegiar a aquellas fundaciones que tienen todas las posibilidades de contar con una amplia contabilidad, para nunca caer en los supuestos que están previstos en esta reforma a la Ley de Impuestos sobre la Renta”, concluyó la legisladora.

 

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