La senadora panista Laura Rojas Hernández presentó, a nombre propio y de un grupo plural de legisladores, la Ley General de Archivos, último de los tres ordenamientos secundarios en materia de transparencia.
Al presentar la iniciativa en tribuna, aseguró que esta nueva ley ayudará a los servidores públicos a desempeñar mejor su labor, a través de una gestión documental de su administración, así como a conformar una participación ciudadana informada, pieza fundamental para el funcionamiento de los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción, dijo.
La también secretaria de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana explicó que la nueva ley busca integra un Sistema Nacional de Archivos en todos los órdenes de gobierno, conformado por un Consejo Nacional.
“Se contará con un área coordinadora de archivos, que vinculará las áreas de correspondencia, es decir, quienes reciben la información, el archivo de trámite de cada área administrativa, el archivo de concentración y, en su caso, el histórico”, asentó.
“Los archivos son información pública y los archivos históricos podrán consultarse, sin que puedan testarse los datos personales”, dijo.
Solamente se protegerá la confidencialidad de los datos sensibles, señaló la panista, y únicamente podrán reservarse los documentos por razones de seguridad nacional o de interés público, que se encuentren en archivos de trámite o de concentración.
Además, agregó, la clasificación conforme a las leyes de transparencia y acceso a la información no aplicará para los archivos históricos, los cuales serán valorados como tales por un grupo interdisciplinario que vigile que ya no hay valores vigentes que puedan afectar a las personas.
Rojas Hernández destacó que al igual que las anteriores leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, fue elaborada bajo el proceso de co-creación, característica del parlamento abierto, y es presentada por senadores de tres grupos parlamentarios en donde participaron la priista Cristina Díaz, el panista Héctor Larios, y los perredistas Zoé Robledo y Alejandro Encinas, actualmente senador con licencia.
Además, añadió, participaron el Archivo General de la Nación, la Red por la Rendición de Cuentas, Artículo XIX, el Colegio de México, la Escuela Mexicana de Archivos y la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privadas.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Primera, para su análisis y dictaminación.
---000---
17 de noviembre de 2016
* Versión de la intervención en tribuna de la senadora Laura Rojas Hernández, al presentar a nombre propio y de diversos senadores de otros grupos parlamentarios, la iniciativa por la que se expide la Ley General de Archivos
Muchas gracias, Presidente.
El día de hoy, a nombre de los senadores Cristina Díaz, Héctor Larios, Zoé Robledo y el senador Alejandro Encinas, que está de licencia, pero es justo reconocer que él fue el que empezó este trabajo para la iniciación de una iniciativa de consenso, para generar la Ley General de Archivos.
Como recordarán, esta la Ley General de Archivos es uno de los tres pilares que se derivaron de la reforma constitucional en materia de transparencia.
Esta reforma que fortaleció al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y que lo convirtió en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, la misma reforma que generó la Ley General de Protección de Datos Personales y ahora cumplimos con el mandato constitucional de presentar una iniciativa de Ley General de Archivos.
Esta iniciativa se construyó, igual que las otras dos iniciativas, bajo un mecanismo de consenso entre las tres principales fuerzas políticas representadas en este Senado: el PRI, el PRD y el PAN.
Quiero agradecer también la participación, el apoyo que nos brindaron instituciones tan importantes como el propio Archivo General de la Nación, representado por la Doctora Mercedes de Vega, Claudia López, Israel Urástegui, Alejandra Trejo; la directora ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas, la Doctora Lourdes Morales, Aurora Gómez Galvarriato, que fue también directora de la GN y ahora investigadora del Colmex, David Mora, de Artículo XIX, el director general de la Escuela Mexicana de Archivos, el Maestro Ramón Aguilera Murguía; el Doctor Alfredo Ávila Rueda; la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privadas a través del Maestro Enrique Chmelnik Lubinsky y Alejandra Gómez Morin Fuentes, así como el secretario técnico de la Comisión de Gobernación, el Doctor Publio Rivera y los asesores legislativos que estuvieron trabajando en la elaboración de esta ley, Aleida Tovar, Edith e Ivonne Saviñon.
Insisto, esta iniciativa tomó en cuanta los distintos puntos de vista tanto del Gobierno federal representado en este caso por el Archivo General de la Nación y la propia Secretaría de Gobernación, los partidos políticos y todas estas personalidades que son expertos, académicos, historiadores especializados en el tema de archivos.
Como toda iniciativa plural, habrá posiciones que se debatirán en el proceso de dictaminación y aprobación, sobre todo las relacionadas con la estructura política institucional del Consejo Nacional de Archivos.
No obstante, quisiera enfocar estos minutos a enfatizar que en lo que corresponde al enfoque técnico de la iniciativa cuyo objetivo es claro: los archivos son información pública y los archivos históricos podrán consultarse por el público, sin que puedan testarse los datos personales.
Esto es una preocupación sobre todo de la comunidad de historiadores.
La iniciativa que presentamos el día de hoy deja claro que los archivos históricos no están sujetos ni a la Ley de Acceso a la Información Pública, ni a la Ley de Protección de Datos Personales, sino que serán de consulta irrestricta.
Es cierto que actualmente la protección de datos personales se ha llevado a absurdos como clasificar documentos históricos de siglos atrás. Tengo, por ejemplo, un documento testado por el archivo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Administración General de Tabacos de Querétaro de 1847. Sin embargo, esta iniciativa se encarga de que ello no vuelva a ocurrir.
El proceso es el siguiente: solamente se protegerá la confidencialidad de los datos sensibles y únicamente podrán reservarse los documentos por razones de seguridad nacional o de interés público, que se encuentren en archivos de trámite o de concentración.
La clasificación conforme a las leyes de transparencia y acceso a la información no aplica –como ya lo mencioné anteriormente-- para archivos históricos. Solamente procede testar los datos personales sensibles cuando se ha hecho una solicitud de información. Al solicitante se le entrega una copia de la información y el sujeto obligado deberá conservar el original, mismo que será enviado al archivo histórico sin borrar los datos personales.
Los archivos históricos serán valorados como tales por un grupo interdisciplinario que vigile que ya no hay valores vigentes que puedan afectar a las personas.
Esta iniciativa ayudará a los servidores públicos a desempeñar mejor su labor, a través de una gestión documental de su administración.
Y, asimismo, ayudará a conformar una participación ciudadana informada y es pieza fundamental para el funcionamiento de los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción.
También es importante destacar esta iniciativa que tiene como enfoque principal el fortalecimiento del Archivo General de la Nación, a un mediano y largo plazo.
Un tema que se discutió muchísimo en esta iniciativa fue precisamente la figura jurídica del archivo.
Si bien, algunas visiones que yo en lo personal comparto, consideran que el Archivo General de la Nación debería ser un organismo no centralizado, desectorizado de la Secretaría de Gobernación, estamos conscientes de que por el momento es necesaria una etapa de transición en el que el Archivo General de la Nación sigue estado sectorizado a Gobernación, a fin de fortalecer no sólo el archivo sino también al resto de los archivos en el país: en los 32 estados, en los más de dos mil 400 municipios; también al interior de los órganos constitucionales autónomos, en fin.
La verdad es que el tema de la gestión documental en México es uno de los temas más rezagados que tenemos hoy en día y es por eso tan importante que hay este periodo de transición para fortalecerlos.
Es así que la iniciativa propone un Consejo Nacional de Archivos en el que estén representados funcionarios del más alto nivel, a fin de que estos entiendan la importancia de la gestión documental y que se entienda del derecho de acceso a la información pública, además de que generara los documentos bien manejados, con un mucho mejor orden en la administración pública federal, así es como entendimos los promoventes de esta iniciativa, la construcción de este diseño institucional, insisto, como un periodo de transición en el que tenemos que llegar después de unos años, a tener un archivo general autónomo, independiente totalmente del Gobierno federal.
Sin embargo, en este momento consideramos que es mejor que permanezca como está, a fin de que sea fortalecido previamente.
Esperamos y hacemos un llamado respetuoso al secretario de Gobernación, para que efectivamente, una vez que esté aprobada esta ley de una manera mucho más visible, mucho más eficaz al Archivo General de la Nación y se logre el fortalecimiento que todos estamos esperando.
Finalmente, un tema que será de discusión durante la dictaminación de esta iniciativa, es la parte de la (inaudible) de los lineamientos para la gestión documental, estos al final en la ley tiene que quedar claramente blindados de una intervención política.
Los lineamientos técnicos tienen que estar separados de la perspectiva política de los altos funcionarios que estarán representados en el Consejo, para eso seguramente habrá una discusión importante que yo espero que enriquezca el proyecto de iniciativa.
Quiero, finalmente destacar algunas otras disposiciones de la iniciativa, por ejemplo, las disposiciones generales que establecen el objeto de la ley, el ámbito de aplicación, las definiciones de documentación y archivos, las disposiciones relacionadas a la organización y conservación de archivos en posesión de los tres poderes y los tres ámbitos de gobierno, así como de los organismos constitucionales autónomos.
En segundo lugar, la ley establece mecanismos de coordinación y de concertación entre los sujetos obligados en materia de archivos, con la finalidad de la conservación, resguardo, difusión y acceso de archivos que generen las dependencias.
Tercero, norma criterios uniformes que permitan sistematizar la información de los archivos, estableciendo los métodos y técnicas para localización y consulta.
Cuarto, establece lineamientos específicos para clasificación de la documentación.
Quinto, establece mecanismos homologados para localizar y clasificar los diversos tipos de archivos que generan las dependencias y organismos obligados con la finalidad de contar con un catálogo uniforme, para una adecuada consulta y organización homogénea.
Sexto, determina los criterios y procedimientos relacionados con la consulta de archivos, garantizando la debida accesibilidad, disponibilidad y cuidando la integridad de estos.
Séptimo, establece los instrumentos de control archivistico, así como el cuadro general de clasificación y catálogos de disposiciones documentales e inventarios generales de archivos.
Octavo, crea los órganos de control y los comités generales que normen reglamentariamente sus determinaciones respecto a criterios archivisticos de los tres niveles de gobierno.
Noveno, establece medidas de apremio y sanciones.
Décimo, se garantiza la participación de los expertos, académicos y expertos y sociedad civil en el consejo nacional, así como en el Consejo Técnico y Científico Archivistico.
Estos son los principales puntos de esta iniciativa, esperamos que a partir de ésta empiece un debate amplio, un debate en el que todos los actores interesados puedan participar, para tener la Ley General de Archivos que necesita y merece nuestro país.
Muchísimas gracias.
---000---