• El Senado propone reformas a la Ley General de Víctimas para garantizar a las víctimas del delito y de violaciones graves a derechos humanos acceso efectivo a los recursos del fondo de ayuda y reparación integral.

Los senadores de la República atendieron de manera plural y sin ningún tinte político o partidista a los colectivos de víctimas, organizaciones no gubernamentales y a la ciudadanía para reformar la Ley General de Víctimas. Su objeto: mejorar su contenido y hacer una ley más eficiente. La reforma brinda una mayor certeza a las víctimas y a sus familiares para acceder a las medidas de apoyo económico y asesoría jurídica. Asimismo, crea mecanismos para una reparación integral inmediata, señalaron los presidentes de las Comisiones de Gobernación, Derechos Humanos, Justicia, Estudios Legislativos, Cristina Díaz Salazar, Angélica de la Peña, Fernando Yunes Márquez y Graciela Ortíz González, respectivamente.

Destacaron que esta reforma fue solicitada por los ciudadanos y, especialmente, por las víctimas, quienes demandaron una transformación institucional porque el organismo no atendía correctamente sus demandas. 

Indicaron que después de tres años de denuncias de un sinnúmero de fracasos en el diseño legal de sus procesos y mecanismos que obstruían la atención, reparación integral y protección de los derechos de las víctimas, se logró una importante reforma al modelo institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que facilitará el acceso a los recursos del fondo, a la ayuda inmediata y el aseguramiento de la debida reparación integral de las personas que la ley considere como víctimas.

Con las reformas aprobadas por el Senado de la República, las víctimas y sus familiares pueden acceder a un verdadero y eficiente apoyo por parte del Estado mexicano, resaltaron.

Las reformas atienden efectivamente la problemática de las víctimas, ya que se establece un organismo unipersonal, que evita el reparto de cuotas al interior de la CEAV y reduce procedimientos burocráticos innecesarios. 

Además, acotaron, se le dotó a la Comisión de una Junta de Gobierno con inclusión e intervención directa de los Colectivos de Víctimas, y una Asamblea Consultiva con facultades para intervenir en la determinación de la reparación integral. 

Este nuevo diseño, garantizará de mejor manera el derecho de acceso a la justicia, señalaron los Presidentes de las Comisiones del Senado.

Los legisladores puntualizaron, también que se establecieron reglas claras para una debida coordinación institucional entre la Comisión Ejecutiva y los estados. Particularmente, para el efecto de que las víctimas accedan a las medidas de apoyo y de reparación integral de acuerdo a una distribución de competencias bien establecidas entre la Federación y los estados. 

Se establece, además, la facultad para que la Comisión Ejecutiva otorgue subsidiariamente ayudas con cargo al fondo a través de los convenios que celebre con las entidades federativas.

Debemos ser claros –puntualizaron-, con esta reforma se está garantizando la obligación de las entidades federativas de crear fondos de ayuda específicos.

Inclusive, dijeron se blinda el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades en el ámbito de las entidades federativas, por si fuera el caso de que sean omisos en la creación de las Comisiones Ejecutivas. 

En este supuesto, serían sujetos a las sanciones que establece la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Además, en tanto que éstas no sean creadas, serán las secretarías generales de Gobierno quienes asumirán la responsabilidad de atención a las víctimas, a fin de no dejar desprotregidos sus derechos.

Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante. 

Además, con el nuevo instrumento jurídico se establece que, para hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima –en especial el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral–, podrá contar de manera inmediata y prioritaria con servicios de atención médica y psicológica, trabajo social y aquellas que se consideren necesarias. 

La reforma amplía los criterios de representación del asesor jurídico, quien tendrá la obligación de dar acompañamiento integral a las víctimas en cualquier procedimiento de carácter jurisdiccional o administrativo que derive de un hecho victimizante.

En el Senado de la República estamos comprometidos en garantizar la debida atención de las víctimas en todos los ámbitos, tanto en la Federación, como los estados. 

Esa es la naturaleza jurídica de una Ley General como ésta: distribuir competencias para garantizar el ejercicio pleno de un derecho humano. Estamos convencidos de que se está generando un nuevo instrumento jurídico que permitirá a las víctimas acceder de manera rápida y efectiva a las medidas de apoyo y de reparación integral, transformando a la CEAV en un organismo funcional para este fin, concluyeron los senadores.