Senadores del Partido Acción Nacional presentaron ante el pleno una iniciativa de reformas constitucionales para dotar de autonomía plena, eficaz y operativa a la nueva Fiscalía General de la República y establecer las características que deberá poseer quien ocupe su titularidad.
Al presentar la propuesta, el senador Héctor Flores Ávalos indicó que hace dos años se aprobó un primer esbozo de la nueva Fiscalía General, en un contexto político favorable para el Ejecutivo federal.
“En ese entonces, el partido en el gobierno ostentaba una condición, desde el punto de vista político y desde el punto de vista del respaldo de la ciudadanía, que pensamos que hoy no se tiene”, subrayó.
Recordó que tanto legisladores como sociedad señalaron deficiencias de ese diseño y su aprobación no dejó satisfechos a todos los actores.
No es posible transitar de una Procuraduría General de la República a una Fiscalía General de la República si no se agota previamente un proceso de legitimación claro y transparente, de cara a la ciudadanía, que deje satisfechos a todos: a la clase política y a los responsables de su aprobación en este Senado y en la Cámara de Diputados, pero sobre todo a la sociedad en su conjunto, afirmó.
Explicó que esta reforma introduce un artículo transitorio para que el Procurador que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía, quede designado titular de esta institución por un término que concluirá el 30 de noviembre de 2018, sin perjuicio de ser removido, si es el caso.
Para que la autonomía de la Fiscalía se ejerza a cabalidad y ésta cuente desde su creación con una amplia base de legitimidad, la iniciativa establece la necesidad de que el texto constitucional esboce las características del perfil idóneo para ocupar su Titularidad, de acuerdo con los siguientes elementos objetivos:
Ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener al menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar (con antigüedad mínima de diez años) con título profesional de Licenciado en Derecho; gozar de buena reputación, no haber sido candidato a ocupar un cargo de elección popular ni haber desempeñado un cargo de dirigencia o representación de cualquier partido político.
El propósito es evitar que en algún momento su proceso de designación se enturbie por la acción directa de alguna fuerza política, y que el compromiso político previo del o la Fiscal electos, implique que la Fiscalía pierda en los hechos su autonomía.
El Fiscal General de la República electo por las dos terceras partes del Senado de la República permanecerá en su cargo por siete años y los titulares de las fiscalías especializadas cinco años.
La iniciativa propone la incorporación de figuras que posibilitan la existencia de equilibrios democráticos que eviten la concentración excesiva de poderes en la persona del Fiscal General de la República, y le permitan de mejor manera -en un sano esquema de pesos y contrapesos-, conducir la política de persecución criminal en el ámbito federal.
Se propone la creación de la Inspectoría General, dependencia que además de fungir como órgano interno de control debe tener la capacidad de investigar las irregularidades cometidas por servidores públicos de la propia institución. La Inspectoría será un primer contrapeso de la autonomía de la propia Fiscalía.
También se propone la creación de un Consejo Consultivo, cuya labor será: opinar previamente a la emisión de los instrumentos normativos que regulen el funcionamiento de la Fiscalía General; proponer las políticas de profesionalización de sus servidores públicos y evaluación de su desempeño, y opinar previamente a los nombramientos de los funcionarios superiores y a la adscripción del personal de carrera.
Se crean fiscalías especializadas autónomas en materia de combate a la corrupción, de derechos humanos y de delitos electorales, donde se ejercerán controles parlamentarios a fin de blindar su autonomía y terminar con la impunidad en estas materias.
Respecto a la duración del nombramiento y la renovación de los nuevos cargos creados, los fiscales especializados, el Consejo Consultivo y la Inspectoría, se propone sean nombrados por cinco años improrrogables y sean nombrados y removidos igualmente por el Senado de la República.
El procedimiento de remoción, tanto del Fiscal General, como de los otros cargos, se iniciará a solicitud del 33 por ciento de los integrantes del Senado.
La propuesta del GPPAN prevén reformas a la fracción XIII del artículo 76; los párrafos segundo, tercero, las fracciones IV y V, los párrafos quinto, sexto y séptimo del Apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Reforma del Estado, Estudios Legislativos, Primera y de Estudios Legislativos Segunda.
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30 de noviembre de 2016
* Versión de la intervención en tribuna del senador Héctor David Flores Ávalos, al presentar, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a la Fiscalía General de la República
Gracias, Presidente.
Compañeras y compañeros senadores.
Durante los últimos años el fantasma de la impunidad no sólo no ha desaparecido, sino ha incrementado la zozobra que permea en nuestra sociedad, atemoriza a los ciudadanos y, peor aún, alienta a los delincuentes a seguir quebrantando el Estado de derecho.
Hemos visto, inclusive, ya algunas expresiones preocupantes que respaldan a quienes han pretendido tomar en sus manos el ejercicio de la justicia.
Este diagnóstico desolador nos da cuenta de que el diseño de la actual Procuraduría General de la República ya no es funcional. No lo digo yo, lo demuestran las cifras, quisiera referirme a algunas.
El Índice Global de Impunidad, en ese índice México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en impunidad, alcanzando una cifra de 75.7 puntos porcentuales, tan sólo por debajo de Filipinas, lo cual resulta no solamente preocupante, sino inaceptable; además de ser el segundo país más violento, sólo por debajo de Venezuela.
La Procuraduría General de la República como fue diseñada, y la reforma constitucional de 2014, mediante la cual se creó la Fiscalía General de la República, hoy, antes de entrar en vigor, ya presenta algunas controvertidas o algunos problemas, digamos, controvertidos.
El manejo selectivo de la procuración de justicia, los altos índices de impunidad, la desconfianza de la sociedad nos dice que estas instituciones no solamente no están funcionando, o no han funcionado a la altura de las exigencias de la ciudadanía, sino que nos enfrentamos a un reto, frente a una institución que todavía no ve la luz y ya presenta serios cuestionamientos sobre su legitimidad.
El sistema democrático, creemos, atraviesa una crisis innegable. Y en mucho, la atraviesa porque no ha logrado satisfacer las más elementales demandas de la ciudadanía. Y una de ellas, quizá la más sentida, es la administración y procuración de justicia.
¿Qué es un Estado que resulta incapaz de procurar justicia a sus ciudadanos? ¿De qué sirven las leyes o las instituciones en un entorno donde la corrupción no tiene castigo? ¿Qué percepción de la democracia queremos que tengan los ciudadanos ante la corrupción, ante la impunidad, que en realidad no son más que otras formas o formas alternas de injusticia?
El proyecto de reforma que hoy presento en nombre del Grupo Parlamentario del PAN tiene como fin precisamente apuntar a la solución de este tipo de problemas, es posible construir una nación con Estado de derecho.
Hace dos años, en el marco de la reforma político- electoral, en un contexto de aprobación mucho más favorable para el Ejecutivo federal, se hizo un primer esbozo de la nueva Fiscalía General de la República.
Tanto en la sociedad civil como en el recinto de este Senado de la República hubieron voces que señalaron las deficiencias de ese diseño que nunca satisfizo del todo a esta soberanía. En ese entonces, el partido en el gobierno ostentaba una condición, desde el punto de vista político y desde el punto de vista del respaldo de la ciudadanía, que pensamos que hoy no se tiene.
Es momento de reflexionar, las circunstancias han cambiado, la diluida legitimidad de algunas instituciones y la opinión de la sociedad civil han presionado para aceptar que no es posible transitar de una Procuraduría General de la República a una Fiscalía General de la República si no agotamos previamente un proceso de legitimación claro y transparente, de cara a la ciudadanía, que nos deje satisfechos a todos: a la clase política, desde luego; a los responsables de su aprobación en este Senado y en la Cámara de Diputados; pero también a la sociedad en su conjunto.
El actual diseño institucional de la Fiscalía General de la República plasmado en la Constitución Política, como lo dije hace un momento, no parece ser capaz de procurar la ansiada justicia por los mexicanos.
Quisiera resaltar brevemente algunos de los aspectos que contiene esta iniciativa y que le dan materia a lo que hace un momento comentaba.
Primero, respecto al nombramiento del Fiscal General se establecen nuevos requisitos. Uno de ellos es que el Fiscal General de la República no haya desempeñado cargos de dirección o representación en algún partido político por lo menos durante seis años anteriores a su designación. Es indispensable generar confianza y credibilidad en los ciudadanos.
Sobre la duración y la remoción del cargo, se establece que el Fiscal General deba cubrir su encargo hasta por siete años improrrogables. Los senadores promoventes sabemos que la duración promedio de un Procurador General de la República hasta el día de hoy lamentablemente no ha rebasado el año y medio. Sin embargo, también pensamos que la institución, el compromiso que demanda esa institución, parece hacer inviable contar con un Fiscal de nueve años.
Se establecen igualmente candados a la remoción del Fiscal, consideramos que si el nombramiento se hace a través de un ejercicio de colaboración entre Poderes, la remoción debe hacerse de esa misma forma. Se señala como plazo 10 días para que el Senado resuelva o de lo contrario se entiende aceptada la solicitud de remoción que haga el Ejecutivo, que es consistente con el proceso de nombramiento.
Las fiscalías especializadas, la Inspectoría General y el Consejo Consultivo son otros elementos novedosos.
Respecto de las fiscalías especializadas, incluimos la de derechos humanos, además de la electoral y desde luego de la Fiscalía Anticorrupción.
En este sentido, vale destacar nuestra preocupación porque las tres fiscalías especializadas tengan el mismo rango jerárquico que el Fiscal General. No hay razón para no considerarlo así.
La generalidad del Fiscal está en función de su capacidad, de su competencia para conocer cualquier materia. La generalidad no es un tema de rango, es un tema de competencia.
La especialidad de la materia por parte de estas fiscalías lo que hace es que genera una competencia que es exclusiva y excluyente de la Fiscalía General.
También se prevé la figura de la Inspectoría General, la cual funcionará como un órgano interno de control y se encargará de perseguir los delitos que cometan los servidores públicos adscritos a la Fiscalía.
Asimismo se establece la existencia de un Consejo Consultivo formado por cinco consejeros, el cual tendrá la facultad de opinar sobre la emisión de instrumentos normativos que regulen el funcionamiento de la Fiscalía General, revisar o incluso proponer las políticas de profesionalización de los servidores públicos adscritos a esta Fiscalía.
Respecto a la duración del nombramiento y la renovación de los nuevos cargos creados en el diseño institucional, los fiscales especializados se propone sean nombrados por cinco años improrrogables y sean nombrados y removidos igualmente por el Senado de la República.
El procedimiento de remoción se iniciará a solicitud del 33 por ciento de los integrantes del Senado.
Estas reformas a la Fiscalía General de la República son una oportunidad histórica. Ante un México que lamentablemente ve cómo se levantan algunas voces en favor de justicieros o de personas que al margen de la ley pretenden tomar la impartición de justicia en sus manos, es indispensable que el Estado mexicano tenga una respuesta clara y contundente que parta de la idea de darle una autonomía eficaz, operativa a la Fiscalía General de la República, pero también a las fiscalías especializadas.
El Estado mexicano y la percepción de la ciudadanía, en opinión del Grupo Parlamentario del PAN, sólo podrá cambiar y transformarse en la medida en la que devolvamos esa confianza a través del ejercicio y de la procuración de justicia en manos de una Fiscalía lo suficientemente autónoma.
Finalmente, compañeras y compañeros senadores, me parece importante mandar un mensaje a la ciudadanía: debemos ser empáticos con nuestros connacionales que demandan, que claman un alto a la corrupción y hay que mandar una clara señal de que en México las instituciones efectivamente pueden funcionar.
Muchas gracias, Presidente.
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