- La presidenta de la Comisión de Gobernación destaca que el objetivo de esta ley es fortalecer la transparencia y acceso a la información
La iniciativa de la Ley General de Archivos (LGA) que se construyó durante dos años en conjunto con la sociedad civil, tiene el objetivo de fortalecer la transparencia y acceso a la información para que los ciudadanos cuenten con herramientas jurídicas para ser un vigilante eficaz en el ejercicio del gobierno, señaló la presidenta de la Comisión de Gobernación, senadora Cristina Díaz Salazar.
En conferencia de prensa, luego de que se presentó ante el pleno del Senado un proyecto de decreto para expedir la Ley General de Archivos, la legisladora priista informó que a partir del próximo 28 de noviembre iniciarán las audiencias públicas entorno a la iniciativa de ley, la cual tiene un amplio consenso entre los legisladores del PRI, PAN y PRD.
La LGA es el único ordenamiento que la falta modernizarse dentro del Sistema Nacional de Transparencia, acotó.
Cristina Díaz externó su confianza de que en el periodo legislativo en curso sea aprobada la LGA, lo que permitirá establecer la organización y administración homogénea de los archivos en los diversos órdenes de gobierno, así como determinar las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.
“Estamos convencidos que la transparencia y el acceso a la información son pilares de la democracia, por ello debemos construir las herramientas juridicas para fomentar un gobierno abierto y cercano la gente, así como cultivar una sociedad más informada, más críitica y más participativa”, dijo.
La senadora por Nuevo León indicó que será el Archivo General de la Nación el ente rector del patrimonio documental y será el encargado de realizar investigaciones, custodiarlo y promoverlo en aras de la cultura archivística de México.
Especificó que esta iniciativa de ley se integra por 117 artículos, organizados en tres libros; y 15 artículos transitorios; teniendo por objeto establecer la organización, administración homogénea de archivos de los diversos órdenes de gobierno; así como de los tres poderes y determina bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.
Además, determina criterios, procedimientos relacionados con la consulta de archivos.; establece los instrumentos de control archivístico; la creación de órganos de control y comités generales que norman su reglamentación.
Destacó que a quienes sustraigan, oculten, alteren, mutilen, destruyan o inutilicen, total o parcialmente sin causa justificada, información y documentos de los archivos que se encuentre bajo su resguardo; transferir la propiedad o posesión, transporte o reproduzca, sin el permiso correspondiente, un documento considerado patrimonio documental de la Nación, se les aplicarán sanciones penales que pueden llegar hasta la privación de la libertad, lo cual representa una novedad en las leyes de archivos en nuestro país.
Las sanciones también se podrán aplicar a quienes trasladen fuera del territorio nacional documentos considerados patrimonio documental de la Nación, sin autorización del Archivo General; destruya documentos considerados patrimonio documental de la Nación, y mantenga fuera del territorio nacional, documentos considerados patrimonio documental de la Nación, una vez fenecido el plazo por el que el Archivo General le autorizó la salida del territorio nacional, entre otros.
La senadora Cristina Díaz señaló que la LGA permitirá avanzar hacia un modelo de gestión documental que otorgue a los ciudadanos herramientas de utilidad para la toma de decisiones.