· Con la aprobación de esta reforma se corre el riesgo de violentar tratados internacionales de derechos humanos.
· Esta iniciativa se encamina a la misma estrategia emprendida hace 10 años de recurrir a las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado.
Derivado del aplazamiento para discutir la ley de Seguridad Interior, la senadora ciudadana, Martha Tagle Martínez mencionó que fue una decisión acertada debido a que a la ciudadanía no se le ha ofrecido información concreta y completa de lo que trata esta ley.
Recordó que previo a la discusión de esta iniciativa se había acordado realizar foros, debates y una consulta más abierta sobre el tema –cosa que no está sucediendo- señaló.
Del mismo modo indicó que diversas organizaciones de la sociedad civil han argumentado al respecto, que la ley que se pretende discutir y en su caso aprobar en el Congreso carece de las garantías mínimas en cuanto a derechos humanos.
La integrante de la comisión de Justicia en el Senado subrayó que de aprobarse esta ley en forma “fast track” se corre el riesgo de violentar tratados internacionales de derechos humanos y a su vez abonar a la descomposición del sistema constitucional que rige al país.
Señaló que “la ley de Seguridad Interior no resolverá la carencia de un marco legal que regule y limite la participación de las fuerzas armadas”.
Por otra parte, comentó que para hablar de políticas públicas en materia de seguridad es urgente discutir lo que esta pendiente referente a mando mixto o único y sobre el artículo 29 constitucional que tiene que ver con la suspensión de garantías.
La senadora por la Ciudad de México, dijo que esta ley se encamina a la misma estrategia emprendida hace 10 años de recurrir a las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado, y a la fecha no ha resultado efectiva en la reducción de la violencia en México, sino al contrario, ironizó.
Por último la legisladora se unió a las voces de la sociedad civil que exigen sean revisada la iniciativa presentada sobre Seguridad Interior ya que, no dispone de mecanismos de protección a los derechos humanos, lo cual acrecenta la grave crisis que permea en el país.
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