·     Se beneficia a becarios, refugiados, asilados, migrantes nacionales o que vienen de Centroamérica, Canadá o Estados Unidos, afirma

Con el voto a favor de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), el Senado de la República aprobó el dictamen de la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo federal en materia educativa, el cual busca eliminar la tramitología para otorgar revalidaciones y equivalencias educativas bajo los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad.

Al presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Educación, de la cual es presidente, el senador Juan Carlos Romero Hicks subrayó que el objetivo de estas reformas es crear un marco de cualificaciones para acreditación, revalidación y equivalencia de estudios cursados en el extranjero.

Romero Hicks indicó que la iniciativa beneficiará “a becarios, refugiados, asilados, migrantes nacionales y centroamericanos, a quienes vienen de Canadá y de Estados Unidos, y, sobre todo, a cualquier persona que encuentra en México su necesidad para revalidad estudios en el extranjero”.

El senador por Guanajuato explicó que los propósitos centrales de estas reformas a la Ley General de Educación:

 

1. La Secretaría de Educación Pública (SEP) deberá proponer un marco nacional de cualificaciones dirigido a facilitar la movilidad estudiantil del sistema educativo, tomando las recomendaciones de las mejores prácticas internacionales existentes en 154 países.
2. Se faculta a la SEP para establecer formas de control escolar, para diferentes momentos, como inscripción, promoción, regularización, acreditación y certificación.
3. La SEP podrá autorizar a instituciones públicas o particulares, con reconocimiento de validez oficial, a otorgar revalidaciones, o retirarlas si se hace un mal uso de las mismas.
4. Se faculta a la autoridad educativa a implementar acciones para atender de manera preferente a la población en condiciones de vulnerabilidad, ya sea por carácter económico, de identidad cultural, de origen étnico nacional, situación migratoria, entre otras.
5. Se obliga a las autoridades federal y locales a garantizar el acceso a la educación obligatoria de las personas que no cuenten con documentos académicos; no se les pedirán a las personas acta de nacimiento, apostille, traducción.
6. La autoridad educativa deberá reducir la tramitología y otorgar revalidaciones y equivalencias bajo los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad.
7. Se garantiza a toda persona que habita en el país, las mismas posibilidades de tránsito y movilidad.

Recordó que, para la construcción de este dictamen, se llevaron cinco audiencias públicas, con 42 proponentes, en total, en las cuales se recibieron las opines de los consulados, las embajadas, la autoridad federal, los secretarios estatales, los especialistas, organismos de la sociedad civil, rectores de universidades públicas y particulares, para poder enriquecer la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal.

Al hacer uso de la tribuna para hablar a favor del dictamen, la senadora Luisa María Calderón Hinojosa destacó que lo fundamental de este dictamen es que se basa en la confianza, ya que quita las barreras al aceptar a todos aquellos migrantes que regresan al país sin ningún tipo de documentos escolares o, incluso, de identificación.

La senadora por Michoacán destacó que con estas modificaciones a la Ley General de Educación miles de personas, sobre todo jóvenes, que han estudiado una carrera en Estados Unidos y que al llegar al país no pueden revalidar sus estudios, se verán beneficiadas al agilizarse el proceso de revalidación y certificación de estudios.  

El regreso de los migrantes, añadió, debe verse como una gran oportunidad, ya que lo hacen con competencias que aprendieron durante su estancia en Estados Unidos, como el idioma inglés, y que debemos aprovechar como comunidad.

Por su parte, la senadora Mariana Gómez del Campo resaltó que el dictamen presentado por las comisiones busca adecuar la Ley General de Educación a la realidad que vive nuestro país, con el propósito de atender, por igual, a connacionales o extranjeros que llegan a México. 

“Es obligación del Estado brindarles protección y asegurar el derecho humano a la educación que está establecido en el artículo 3° de nuestra Constitución”, indicó.

Con las adecuaciones, agregó, se elimina el gasto que conlleva el apostille de documentos, la traducción obligada, el proceso de revalidación y equivalencia de los documentos escolares, así como eliminar el requisito de presentar un documento para tener acceso al derecho a la educación.

Con ello, "el Poder Legislativo muestra sensibilidad ante una problemática que aqueja no sólo a connacionales, sino también a la población migrante, que por diferentes causas llega o cruza nuestro país, con la finalidad de buscar siempre mejores oportunidades”, indicó la Vicecoordinadora de la bancada panista. 

 

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