Intervención de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández en el panel "Reformas estructurales en transparencia y combate a la corrupción en México" realizado en el marco de la VI Conferencia de los Estados parte de la Convención Anticorrupción de las Naciones Unidas.

Muy buenas tardes a todos. Gracias al Secretario Virgilio Andrade por invitarme a este panel para hablar a nombre del Senado mexicano. En esta mesa estamos dos de las legisladoras (Pilar Ortega y yo), que junto con compañeros de otras fuerzas políticas, hemos tenido el privilegio de trabajar en esta importante agenda de transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas como autoras y promotoras de estas reformas. Hablaré sobre el proceso de aprobación.

La primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue aprobada en México en el año 2002 y en una década de desarrollo del derecho hemos avanzado considerablemente. De tener prácticamente un sólo sujeto obligado: el poder ejecutivo federal, hoy no hay ningún ente público o privado, servidores públicos o particulares que manejen dinero público que estén exentos de los altos estándares establecidos en la Ley General de Transparencia aprobada el año pasado. Pero más allá de los recursos esta Ley busca garantizar el ejercicio pleno de un derecho humano, el derecho a saber, no sólo el uso y destino de los recursos materiales sino los procesos de la toma de decisiones que le afectan.
Me gusta hablar del contenido de esta Ley que ya expuso el Secretario Andrade pero más me gusta hablar de su proceso de creación porque fue tan abierto como queremos que se abran sus sujetos obligados y representa un verdadero ejemplo de parlamento abierto. Para trabajar en la iniciativa se conformó un grupo multipartidista de senadores quienes invitamos a un grupo de expertos, académicos y activistas a redactarla junto con nosotros. Esto trajo por un lado un texto que resolvía las principales demandas de los peticionarios frecuentes de información estableciendo altos estandares para el ejercicio del derecho, y una red de apoyo a la iniciativa tan fuerte como fuertes fueron las resistencias de muchos para que se aprobara.
La Ley General de Transparencia es una ley que ésta basada en el precepto de que la información no pertenece al funcionario que la genera o la administra sino que es de los ciudadanos. Esta sencilla frase implica un cambio profundo en la cultura de la administración pública y de los administradores públicos, para que los trabajos derivados de su cumplimiento dejen de verse como una pesada y caprichosa carga de trabajo y se entiendan como un esfuerzo necesario para incrementar la calidad de nuestra democracia. Sin duda, la implementación implicará enormes esfuerzos y retos a los que me voy a referir.
En primer lugar, habrá que desarrollar capacidades institucionales de más de 3000 sujetos obligados incluidos los 2400 municipios, 32 congresos locales, 32 poderes judiciales locales, partidos políticos y sindicatos locales y nacionales. A cuyos funcionarios desde una secretaria hasta el funcionario de más alto rango habrá que capacitar en la generación de la información, archivarla y gestionarla para que esté disponible y publicable; y a los funcionarios responsables, para que realicen de manera correcta la clasificación de la información aplicando la prueba de daño (harm test). Para todo esto es necesario garantizar presupuesto lo cual en un escenario de austeridad como el que ahora afrontamos no será sencillo. Todo lo anterior debe propiciar la transición hacia un gobierno abierto.
Después de haber aprobado la reforma constitucional y la Ley General de Transparencia, nos encontramos ahora en la etapa de armonización de la Ley Federal y de las Leyes Locales con ésta, y en el proceso de aprobar una Ley General de Protección de Datos Personales y Archivos. Junto con el derecho a saber, tenemos que garantizar el derecho a la privacidad y el derecho a la verdad.
Esta reforma y la reforma para combatir la corrupción son reformas hermanas y se complementan. Sobre anticorrupción, algunas palabras. Después de estudiar varios modelos institucionales en el mundo, consideramos que poner los huevos en una sola canasta no era lo mejor para nosotros, y en vez de apostar por una sola institución o funcionario a quien encargarle esta tarea, decidimos fortalecer las instituciones existentes, vincularlas a través de un sistema, generar equilibrios entre ellas, y ponerles un contrapeso y vigilancia ciudadana. Nuestro diseño institucional corresponde al proceso de combate a la corrupción: prevención, detección, investigación, sanción y evaluación como un ciclo cuyas partes son atendidas cada una por una institución distinta concatenada a la otra.
Lo que buscamos resolver fue la fragmentación de la acción de las instituciones existentes; la falta de independencia de los responsables de la investigación y sanción con respecto a sus superiores y colegas; la falta de incentivos poderosos para hacer lo correcto en la función pública; la falta de eficacia de la fiscalización para atajar malos ejercicios del presupuesto, corregirlos, sancionarlos y prevenirlos, así como la impunidad.
Este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción establecido en la Constitución tiene que materializarse a través de leyes específicas que estamos por discutir. Entre otros, tenemos que definir las herramientas con las que éste operará como una Secretaría Ejecutiva; una Plataforma Digital que centralice información de los sujetos obligados de los ámbitos local y nacional sobre declaraciones patrimoniales y de intereses, compras públicas, lista negra de servidores públicos sancionados y las observaciones de las auditorías.

Habrá que desarrollar también los mecanismos de protección a denunciantes (whistle blowers) y de certificación de los contralores y auditores, así como un catálogo de responsabilidades acordes a los nuevas realidades de la corrupción, y los medios de participación ciudadana que generen verdaderos contrapesos y vigilancia al propio Sistema.
Confiamos en que puesto en marcha todo esto, abonará a la disminución del combate a la corrupción y en recobrar la confianza en las instituciones y en la democracia. El secretario Andrade mencionó datos globales y yo quiero terminar mi participación con datos regionales. De entre todos los ciudadanos del mundo, según la última encuesta de Latinobarómetro, los latinoamericanos somos los menos satisfechos con la democracia pero los mexicanos somos los insatisfechos de entre los insatisfechos. Con sólo 29% de opiniones favorables, México se encuentra en el último lugar de la región; solo 21% cree que quienes gobiernan lo hacen para el bien del pueblo; apenas un 17% se siente representado por el Congreso; un escaso 26% piensa que el gobierno es transparente, y ni qué decir del lastimoso 22% de mexicanos encuestados que cree que se ha progresado algo en reducir la corrupción en las instituciones del Estado. De esto todos somos responsables y hay mucho por hacer.

Muchas gracias.

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