ANÁLISIS DE LA INICIATIVA PREFERENTE CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

AUDIENCIAS PÚBLICAS

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA: Buenos días, bienvenidos a esta audiencia. Y decirles a todos que la dinámica que hemos acordado para esta ocasión, es que va a participar cada uno de los ponentes por 20 minutos; tiene 20 minutos para su participación. Estará alguien de nuestros equipos pasando tarjetas dos minutos antes de que esté por terminar este tiempo, de modo que podamos estar muy organizados y poder tratar de ajustarnos al máximo al tiempo.

Bienvenidos todos al Senado de la República, de verdad es un gusto para nosotros poderlos atender en este mecanismo de escucha a la ciudadanía.

Estimada Isabel Crowley, gracias por estar en el Senado, gracias por acompañarnos en todo momento; y hoy tu voz es muy importante para nosotros, así es que tienes la palabra, con mucho gusto, hasta por 20 minutos. Bienvenida.

ISABEL CROWLEY, REPRESENTANTE EN MÉXICO DEL FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA: Muchísimas gracias y es un placer para mí poder estar aquí también, para poner la visión de Naciones Unidas, también de UNICEF.

Muy buenos días a todos y a todas. Saludo con especial aprecio a las presidentas y presidentes de las Comisiones Dictaminadoras de esta importante iniciativa. Por supuesto a la senadora Martha Elena García Gómez, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescencia; a la señora senadora Hilda Esthela Flores Escalera, presidenta de la Comisión de Derecho de Atención a Grupos Vulnerables; al señor senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación; y por supuesto al señor Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. Señoras y señores, medios de comunicación:

El mensaje que ahora dirigiré representa, en lo general, la postura de las agencias del sistema de Naciones Unidas, aquí presentes el día de hoy. Tras mi intervención, cada una de ellas se enfocará en los puntos específicos de su interés.

En primer lugar, quiero reconocer la importancia de la presentación de la iniciativa de Ley General para la Protección de los 40 millones de niños, niñas y adolescentes, como iniciativa preferente del Presidente de la República. Sin duda, este es un reflejo del lugar histórico y prioritario que debe ocupar la infancia y la adolescencia en el país.

Desde UNICEF reconocemos la disposición del Senado de la República y de las Comisiones Dictaminadoras, para llevar a cabo un proceso de consulta abierto y participativo que, aunque es breve, estamos convencidos será de gran importancia para el fortalecimiento de la iniciativa sometida a su consideración.

Entendemos que estamos frente a una oportunidad histórica de contar con una ley que pueda ser capaz de responder a los enormes desafíos que representa la efectiva protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de México.

Como sabemos, este año se celebran los 25 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes –en realidad–, y realmente 24 años que México la ratificó. Asimismo, México estará próximamente compareciendo ante el Comité sobre los Derechos de los Niños, en Ginebra, para presentar los avances y la situación del cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia del país.

Cabe señalar que precisamente, una de estas recomendaciones del Comité es la creación de un sistema integral de garantía de derechos. En ese sentido, sin duda lo que se decida aquí en los próximos días, será trascendental para el curso que tome la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes del país; y un referente para la región y el mundo.

Es una oportunidad, pero también es un momento de mucha responsabilidad. Como ustedes saben, uno de los principales objetivos de UNICEF en México ha sido establecido así en el Programa de Cooperación que tenemos con el Gobierno mexicano, es coadyuvar con los esfuerzos nacionales para alcanzar los más altos, los más altos estándares de protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

En ese sentido, en mi carácter de representante de UNICEF en México, aprecio enormemente el espacio y la oportunidad para expresar nuestras consideraciones, inquietudes y aportar desde nuestra experiencia, propuestas específicas con la finalidad de fortalecer la iniciativa en consideración.

Si bien reconocemos que la iniciativa contiene avances significativos y representa un esfuerzo importante para dar respuestas a una serie de situaciones que amenazan los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el país; no podemos dejar de señalar una serie de cuestiones que cuestiones que consideramos que merece una revisión integral.

La iniciativa ha avanzado en algunos aspectos que buscan incorporar el enfoque de derechos, sin embargo, aún mantiene elementos y disposiciones que responde a una lógica asistencialista.

En el cambio de paradigma más grande que introdujo la Convención sobre los Derechos de los Niños, es romper totalmente con la visión de los niños como objetos de protección, de asistencia, para considerarlos como titulares de derechos. Los niños son titulares de derechos.

Esta transformación en la visión de la infancia, sitúa también al Estado como el principal obligado frente a la garantía de estos derechos. En ese sentido, se observa que al proyecto de ley todavía en algunas de sus disposiciones muestra una tendencia a responsabilizar a los padres por encima de la responsabilidad del Estado que tiene que ser revisada.

Por otro lado, también es un gran avance que la ley rindiera cuestiones como la primacía familiar, el interés superior del niño, la internación como último recurso; pero hemos observado que cuando llega a puntos específicos no se logra responder plenamente a estos principios. Algunos ajustes se van a tener que hacer.

Así lo demuestra, por ejemplo, el capítulo relativo a los centros de asistencia social y el capítulo sobre asistencia de niños, niñas migrantes no acompañados. Yo creo que esto también ha sido bastante resaltado ayer y estamos de acuerdo con las observaciones que han hecho muchos de los ponentes de ayer.

La forma en que se regula la protección y asistencia en estos apartados, legitimisa para el primer caso, la institucionalización de los niños, niñas y adolescentes; y para el segundo régimen de privación de la libertad, ambos contrarios al sentido de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Es importante resaltar que el enfoque de derechos debe verse reflejado no sólo en la enumeración, sino en la manera general concreta en las respuestas que el Estado prevé para garantizarlos.

Por otro lado, el proyecto de decreto presenta posibilidades de mejora en aspectos que tiene a bien con su estructura. Por ejemplo, podría establecer con mayor claridad sus alcances, sus objetivos, dado el peso central al establecimiento y regulación del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Asimismo, se estima oportuno que al regular este Sistema Nacional de Protección Integral, se haga también una separación –muy importante– una separación y una diferenciación expresa entre el sistema y el sistema de protección especial de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, de que uno opera en un ámbito general de promoción y garantía de derechos, y el otro frente a los casos que amenaza la violación de los mismos.

Ahora bien, en relación con el Sistema Nacional de Protección Integral que se crea como iniciativa, se considera como un avance significativo en la prevención de un mecanismo de deliberación de alto nivel, con representación de los titulares de varias de las dependencias federales.

Sin embargo, se estima que aún es necesario definir con mayor claridad el órgano operativo capaz de hacer viable la articulación y coordinación necesaria entre las instituciones que integran el sistema y los diferentes órganos del gobierno. Yo creo que esto también ha sido bastante debatido ayer. El sistema, cómo funciona, cómo se articula, las relaciones entre las varias entidades. Yo creo que si tuviéramos bastante claridad en eso, nos va a facilitar mucho más la implementación del mismo.

Si bien la iniciativa crea una secretaría ejecutiva, no se concibe como un órgano técnico con capacidad institucional, estructura y patrimonio, para coordinar de una manera efectiva la institución de las amplias atribuciones y mandatos que se le asignan al sistema.

Asimismo, tiene que ser importante revisar la distribución de competencias, identificación de las instancias responsables de garantizar cada uno de los derechos que contempla la ley, identificando obligaciones concretas para las instituciones de los tres órdenes de gobierno. Es muy importante.

Claridad es lo que estamos realmente intentando tener con las observaciones que estamos dando. Esta clarificación de competencias es realmente fundamental para la implementación de la política que desarrollará adecuadamente la concurrencia que en materia de derechos de la infancia y la adolescencia establece la Constitución.

Por otro lado, se estima que esta ley presenta también una oportunidad de reconocer y fortalecer al Sistema Nacional DIF y, repito; la oportunidad de conocer y fortalecer el Sistema Nacional DIF y a los sistemas locales DIF, como una instancia del Sistema de Protección Especial de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, concebido como el sistema de atención y respuesta frente a los casos en que los derechos de la infancia y la adolescencia se encuentren amenazados o vulnerados, contando con las procuradurías de protección como brazo operativo, en ejecución de esta protección.

En ese sentido, el DIF desempeñará una doble función: como instancia encargada de proporcionar asistencia social, en coordinación con otras dependencias competentes, de acuerdo con la Ley de Asistencia Social y como instancia rectora y coordinadora de la protección especial.

Finalmente otro aspecto a tomar en cuenta es que el que tiene que ver con el presupuesto y esto también es un punto que todos han mencionado ayer, el presupuesto no se puede hacer si no hay presupuesto, que implica una ley de esta envergadura.

La Convención sobre los Derechos del Niño menciona en su artículo cuatro que los estados deberán asignar hacia el máximo de recursos humanos y económicos disponibles, para garantizar los derechos de la niñez y garantizar los derechos de la infancia, tiene implicaciones en la política económica y las decisiones presupuestarias del gobierno.

Sin embargo llama la atención que el dictamen presupuestario que acompañe a la iniciativa concluya que el anteproyecto no tiene impacto en el gasto de las dependencias y entidades involucradas, aun cuando la iniciativa cree instancias como la Procuraduría Federal de la Protección y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Integral de Protección, además, renueva la atribución del Sistema nacional DIF y los sistemas DIF locales, y a las procuradurías locales de protección, entre las que se destacan prestar asesoría y representación a niños, niñas y adolescentes, fungir como conciliadora en caso de conflictos familiares, denunciar violaciones, derechos y supervisar los centros de asistencia social.

Por otra parte, el dictamen presupuestario también señala que la aplicación de la ley está sujeta a la disponibilidad presupuestaria de cada dependencia o entidad competente. Esta situación es preocupante en el caso del DIF.

De acuerdo con lo que UNICEF ha hecho y está haciendo hace bastantes años, este sistema cuenta con menos de uno por ciento de los recursos identificados para la atención de la infancia, adolescencia, dentro del presupuesto federal.

En ese sentido, se estima indispensable que la iniciativa contemple un presupuesto adecuado, suficiente y sostenible para la implementación efectiva de los sistemas nacionales de protección integral y de protección especial y de sus respectivos mecanismos operativos.

Señoras y señores:

No es posible cumplir con las eficiencias de los nuevos mandatos y atribuciones sin dotar de los recursos presupuestarios y humanos y de capacitación necesarios.

Entendemos muy bien la complejidad del análisis y el trabajo arduo que tendrán que hacer las comisiones dictaminadoras para escuchar y recoger, dentro del proyecto de dictamen de la ley, todas las opiniones e inquietudes expresadas en el marco del proceso de consulta.

Por ello reitero una vez más mi reconocimiento a este ejercicio, el espacio abierto del Sistema de Naciones Unidas en México para contribuir al mismo.

Estoy segura que el resultado será muy positivo. Esperamos que el compromiso y la voluntad que existe tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo para lograr la mejor ley para el país, la tenemos.

Desde UNICEF y desde el Sistema de Naciones Unidas en México tenemos toda la disposición e interés de colaborar con las comisiones dictaminadoras, con propuestas concretas y viables respecto a los puntos aludidos que permitan fortalecer la ley en la forma y tiempo que se consideren convenientes.

En los próximos días haremos llegar por escrito, lo estamos terminando, a las y los presidentes de las comisiones aquí presentes, el detalle de las recomendaciones puntuales que desde UNICEF tenemos elaborada.

Mientras tanto queremos también entregarles un documento que recoge los elementos esenciales que debe incluir una legislación que da pie a la creación del sistema integral de garantía de derechos, según las recomendaciones del Comité de los Derechos de los Niños.

Yo creo que ese se lo van a distribuir a todos; lo tenemos para que siga un poco como una pauta y los elementos que tiene, que está en una ley, para que estemos orgullosos que México tiene la mejor ley para los niños de México, pero también la mejor ley para la región y para el mundo, que pueda ser un referente.

Las niñas y los niños de México realmente han esperado mucho tiempo por esta ley. Nos toca ahora a los adultos responder a esa expectativa porque ellos se lo merecen.

Muchísimas gracias.

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA: Muchas gracias.

Estimada Isabel Crowley, de verdad recogemos, los presidentes, presidentas, los integrantes de las diferentes Comisiones, de estas seis Comisiones Dictaminadoras, con mucha atención, tus comentarios.

Y estaremos muy atentos a recibir la propuesta específica sobre las observaciones que ustedes están haciendo para el enriquecimiento de esta Iniciativa Preferente que sin duda queremos transformarla y aportar a México la mejor ley en materia de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por tu tiempo, por tu acompañamiento, por tu asesoría muchas gracias, estimada Isabel.

Y en virtud de la agenda y para continuar con el orden del día, cedemos en este momento el uso de la voz al señor Javier Esteban Hernández Valencia, quien es representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Muy bienvenido. Está aquí ya con nosotros, desde temprano está aquí. Estará disponiendo, como el resto de los participantes, como ya lo habíamos dicho, de 20 minutos para poder darnos su opinión al respecto de esta Iniciativa.

Si es tan amable en pasar, por favor. Muy bienvenido.

Gracias, estimado maestro Hernández Valencia. Tiene usted el uso de la voz.

Muchísimas gracias.

JAVIER ESTEBAN HERNÁNDEZ VALENCIA, REPRESENTANTE EN MÉXICO DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS: Buenos días.

Señoras senadoras y senadores presidentes de las Comisiones Unidas.

Especial agradecimiento a la senadora Hilda Flores; senadora Martha Elena García; mi querida amiga, siempre atenta, senadora Angélica de la Peña; senador Juan Carlos Romero; senador Alejandro Encinas:

El sentido de mi intervención es, primero que nada, respaldar y fortalecer el mensaje brindado por la representante de UNICEF en México, fruto de un trabajo de Coordinación entre las agencias, en el que se ha determinado que el insumo que se presentará y que se sigue trabajando a consideración de ustedes, tenga, obviamente, todo el respaldo técnico de la experticia de la agencia líder del sistema de Naciones Unidas en este tema, pero también se halla abierto a las muy fructíferas relaciones que con varios y varias de ustedes las otras agencias de Naciones Unidas, y en particular la que yo represento, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos puedan aportar.

Mi primer punto de intervención es destacar algo que, como ustedes saben, hemos subrayado y cimentado con el apoyo de la Sexagésima Primera Legislatura y la Sexagésima Segunda Legislatura en diálogo sobre derechos humanos en el país y en la construcción y solidificación de una narrativa de los derechos humanos, en la cual todas las mexicanas y mexicanos nos sintamos comprometidos.

De hecho, entonces, la idea es que esta Iniciativa y su carácter preferente pueden y deben enmarcarse en ese curso abierto de la Reforma Constitucional del 2011 es central para nosotros.

Y si eso es así entonces la idea del cambio de paradigma que propuso y subrayó en su intervención Isabel, debe resonar, esperamos, en todos nosotros como la idea también, viva, vigente y urgente del cambio de paradigma nacional que la reforma constitucional y la legislación subsecuente debe seguir cimentando.

No habrá consolidación de ese nuevo paradigma mexicano de los derechos humanos, si es que no tomamos en cuenta ciertos elementos. Y el primero, para efectos de esta norma, es el rol y peso de los tratados internacionales.

Como ustedes saben, la propia reforma constitucional hace un señalamiento que cambia la historia de la interpretación jurídica mexicana y de su bagaje constitucional, con respecto en relación con los tratados. Y si bien es cierto esto tiene que ser morigerado por las Cámaras; es también cierto que ustedes han abierto ese camino y que esta es tal vez la mejor oportunidad para que ese camino sea lo más claramente posible establecido.

Nos alentaría el que esta norma incluyera referencias no sólo más amplias, sino específicas a otros instrumentos internacionales que no están siendo mencionados. En particular, uno de los dos protocolos facultativos de la Convención de Derechos del Niño, por ejemplo.

Pero sería ingenuo y sería corto de vista no ver la integralidad, no sólo de lo que nos ha animado siempre, que es el interés superior de la niñez; sino la integralidad de los diversos tratados de derechos humanos que pueden aportar al enriquecimiento de esta norma que, aunque se fija en niñez y adolescencia.

Sin embargo tiene también un diálogo: un diálogo escrito, un diálogo puntual con otros tratados y, por lo tanto, con recomendaciones –diría yo, comillas– “interpretación auténtica” de otros órganos de los tratados que también podrían ser útiles para expandir y consolidar este cambio de paradigma en el que México se ha embarcado.

Por lo tanto entonces, esa definición de tratados no se limita al tratado o la Convención Internacional de Protección de Derecho de la Niñez; y a las observaciones generales y recomendaciones específicas a México que ha hecho el Comité de la Niñez; sino que esa guía y hoja de ruta la podremos compartir en el documento que vamos a entregar conjuntamente, sino que –insisto– tiene diálogo e interacción con todos los demás tratados internacionales.

Diría, entonces, que ese interés superior de la niñez se consolida en la integralidad de los tratados y que por esa razón, el norte del debate que nosotros alentamos y sugerimos ustedes puedan llevar, y del análisis que sus equipos y ustedes mismos hagan de esta ley, es que el eje es el de las obligaciones del Estado.

Los tratados son, no sólo por la Constitución, sino por el compromiso internacional adquirido soberanamente por México, un marco de obligaciones.

¿Cómo explicitar esas obligaciones y hacerlas efectivas?

Es el reto que ustedes tienen por delante. La norma podría ser bastamente mejorada, si es que esa perspectiva y esa hoja de ruta se incorporan en los debates que ustedes vayan a llevar. Y si eso es así, entonces el tema de los tratados no se reduce a su contenido sustantivo; se extiende también a ese diálogo permanente que –insisto y subrayaba– emana de los órganos de los tratados, los comités; pero también de las relatorías y grupos de trabajo, los procedimientos especiales emanados del Consejo de Derechos Humanos que, en muchas ocasiones han dado cuenta de temas de niñez y producido recomendaciones en temas de niñez, que ojalá no sean perdidos de vista.

Y si para efectos sólo de ubicarnos y no entrar a artículos específicos la numeralia sirve, debo hacer notar que en una revisión muy inicial de las recomendaciones que México ha recibido, tanto de los comités como de los procedimientos especiales, hay 117 recomendaciones que podrían bastamente enriquecer nuestro debate.

Y con respecto a los comités, aunque es previsible y ciertamente real que el Comité de Derechos de los Niños ha hecho mucho trabajo en recomendaciones, también lo ha hecho el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la CEDAW.

Lo ha hecho también el Comité para la Protección delos Trabajadores Migrantes y sus Familias y se ha hecho también en el marco del examen periódico Universal al que México rindió informe en octubre del año pasado y al que México en marzo de este año también respondió aceptando la vasta mayoría de las recomendaciones.

Quiero demostrar con la numeralia que no se limita sólo el trabajo a lo que las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño intuitivamente nos llevan a buscar, sino que hay estos otros tres comités y el EPO. Pero además, las relatorías o procedimientos especiales del Consejo, que son pertinentes y que también pueden servir para vuestra ilustración, son las del relator especial sobre ventas de niños y niñas; el relator especial sobre desplazados; la relatoría especial sobre violencia contra las mujeres y la relatoría especial sobre independencia de la judicatura.

Desde esa perspectiva, mi alerta es a que por favor, ojalá podamos aprovechar este flujo y corrientes de diálogo sobre protección de la infancia que viene de la integralidad e interacción del sistema.

Quiero empezar a cerrar esta intervención diciendo que, si sus equipos nos lo permiten y nos dan lo que siempre nos han dado: el acceso a vuestros trabajos; las herramientas con las que contamos para facilitar este acceso han sido ya ampliamente conocidas por ustedes y sus equipos; particularmente aquella que, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el CIDE, hemos puesto a acceso público y que es el buscador de recomendaciones y la manera en la que podemos complementar cualquier debate y pregunta que ustedes se planteen a partir del acceso directo a este material.

Digo también entonces que esta interacción no es sólo una interacción documentalista. Es una interacción política.

México inició este año su turno, su elección, su representación en el Consejo de Derechos Humanos por dos años, y el Consejo de Derechos Humanos ha iniciado sesiones el lunes pasado. Y México entonces está en la tribuna de países del mundo que tiene esa capacidad de marcar un norte y, cómo lo dice la propia reforma constitucional en derechos humanos, hacer de los derechos también una prioridad y guía de la política exterior mexicana.

Estando en esa posición privilegiada, tanto por su constitución como por su rol hoy en el Consejo de Derechos Humanos –de hecho sesionando en este mismo momento– el Senado de la República y el Congreso de la Unión ciertamente deben poder respaldar y blindar ese rol y esa expectativa que se tiene frente a México a partir de las acciones concretas de protección e integración de normativa internacional que se haga localmente, porque es la única manera en la que daremos más peso internacional a México en su diálogo con otros países y en otras regiones.

Quiero terminar señalando que todo esto estaría incompleto si no volteáramos la mirada a algo que, al lado de la reforma constitucional, es central en el México del siglo XXI, que es: las resoluciones y sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en particular, la adopción de manera obligatoria, jurisprudencial de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte del acervo, no sólo interpretativo sino de implementación, tanto de los jueces y juezas de la República como de los órganos legislativos.

Y sobre esa materia existe una serie de sentencias de la Corte Interamericana que no tienen que referirse, y de hecho no se refieren a México, pero que desde octubre del año pasado son mandatarias para México, porque así lo ha dispuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sólo a guisa de ejemplo cito entonces las sentencias siguientes o los casos siguientes.

El caso Hitaimech versus Guatemala de 2010; el caso Instituto de Educación del Menor versus Paraguay, del 2004; el caso Átala Rifo versus Chile, del 2012; el caso Foruland versus Argentina, del 2012, en los cuales y el caso Fornerón versus Argentina, también del 2012.

En los cuales ustedes verán varios aspectos de la protección de menores que no parecen haber sido suficientemente explorados y en algunos casos ni siquiera mencionados en la actual propuesta legislativa, sobre todo -si me permiten- en relación a no sólo el interés preferente, sino también a la mirada específica sobre niños, niñas y adolescentes indígenas.

Ese tipo de protección que se ilustra también en las sentencias de la Corte Interamericana, serían –creo yo– sumamente útiles para no especular y no inventar, sino atenernos a lo que la Suprema Corte de Justicia ya nos ha puesto como no sólo refuerzo e invocación del cambio de paradigma en derechos humanos, sino también en los términos de la Corte, la aperturada décima época jurisprudencial.

Con esto nada más volver a agradecerles la generosidad de vuestra atención, el privilegio de compartir este trabajo y otros previos y futuros con ustedes.

Nuestro respaldo y reconocimiento al liderazgo de UNICEF en este diálogo, nuestra adhesión al documento que UNICEF sigue preparando y nuestra plena disposición para que el, uso de vuestros equipos del acceso a estas normas internacionales que he referido y el buscador informático que hemos elaborado y mantenemos al día con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el CIDE, pueda ser –ojalá– ampliamente explotado en vuestros trabajos.

Muchas gracias.

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA: Muchas gracias, estimado maestro Hernández Valencia, decirle a usted, como seguramente lo vamos a hacer, lo subrayo, con todas las participaciones, es muy interesante, es muy importante.

Por supuesto que le decimos “sí” al trabajo conjunto, por eso estamos hoy aquí, por eso estamos pidiéndoles a todos ustedes su participación y por supuesto siempre bienvenido.

Gracias, muy amable, muy buen día.

Continuando con la lista de participaciones, pedimos por favor al maestro Alfonso Sandoval Arriaga, representante adjunto del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, que sea tan amable de pasar con nosotros acá, al frente, para poder escuchar su participación, por favor.

Adelante maestro Sandoval Arriaga, muchas gracias por estar hoy aquí, con nosotros.

ALFONSO SANDOVAL ARRIAGA, REPRESENTANTE ADJUNTO DEL FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN MÉXICO: Muy buenos días a todos, a todas.

En primer lugar, en nombre del Fondo de Población de las Naciones Unidas, particularmente de nuestra representante titular, la señora Leonor Calderón, agradecemos muy sinceramente tanto la convocatoria, la invitación del Senado de la República, a participar en el análisis de esta importante Iniciativa de Ley y por supuesto a nuestra colega, la señora Isabel Crowley, representante de UNICEF, por justamente haber asumido el liderazgo, la coordinación entre las agencias del sistema para integrar las observaciones y propuestas que podamos hacer al respecto.

Quiero, también, saludar muy sinceramente la Iniciativa del Gobierno de México, del Congreso de la Unión, de abordar la necesidad de actualizar y fortalecer el Marco Legislativo en torno a los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Sin duda, consideramos que esta Iniciativa es extraordinariamente importante, valiosa, que sin duda el marco todavía vigente de la ley del año 2000, es importante que sea, como decíamos, fortalecido, actualizado en una serie de aspectos substanciales.

Desde el punto de vista del Fondo de Población de Naciones Unidas, ustedes saben, nuestro mandato es un tanto especializado: los temas de población, los temas de salud sexual y reproductiva.

En esa medida hay varios temas que sin ser totalmente ajenos, contenidos en la Ley, van sin duda también un poco más allá de lo que es el ámbito de nuestro mandato.

De ahí que mis comentarios iniciales, subrayo lo de iniciales porque realmente debemos reconocer que hemos tenido muy poco tempo, desde el día de ayer apenas, como para conocer y empezar el análisis de la Iniciativa de Ley, voy necesariamente a concentrarme en algunos de los temas más cercanamente vinculados con el mandato, con el ámbito de la cooperación técnica del Fondo de Población.

Y estos aspectos tienen que ver sobre todo con dos temas que se intersectan naturalmente con varios de los capítulos de la Iniciativa de Ley, uno de ellos tiene que ver con las y los adolescentes:

El ámbito de la población, los sujetos de derecho a los que está enfocada la Iniciativa son, como se aclara muy bien y se establecen rangos de edad claramente definidos, son niñas, niños y adolescentes.

Por nuestro mandato el Fondo de Población le está dando una gran importancia al trabajo en materia de adolescencia y juventud.

Y aquí hay naturalmente una intersección de grupos de edad que la población de 12 a 18 años, definida justamente en la Iniciativa de Ley como adolescente, forma parte también del grupo de juventud, con el cual estamos trabajando también activamente.

Sabemos de hecho que hay en curso una o más iniciativas de Ley en materia de juventud, y de hecho esa sería una de nuestras primeras observaciones.

Es importante que haya un buen encauce, un reforzamiento de lo que en su momento se vaya a plantear en la legislación en materia de desarrollo integral de la juventud, con lo que plantee esta Ley en lo que respecta a adolescencia, dado que obviamente coinciden en este importantísimo grupo de edad.

El otro tema de nuestro mandato que obviamente está reflejado en varios capítulos de la Iniciativa de Ley, es el relacionado con la salud sexual y reproductiva; con la salud sexual y reproductiva, la educación integral de la sexualidad y temas afines que obviamente son de la mayor importancia.

Haciendo esta delimitación inicial para estos primeros comentarios, quisiera entonces detenerme en algunas observaciones, señalamiento, como para iniciar este acercamiento y después obviamente en el marco de la integración de estas observaciones que a través de UNICEF habremos de entrar como sistema de Naciones Unidas, seguramente podremos entrar en mayores detalles.

El primero de estos señalamientos tiene que ver, y esto ya lo destacaron justamente tanto la representante de UNICEF como representante del Alto Comisionado, con la perspectiva de derechos. Sentimos que si bien está muy claramente enunciada; sería muy conveniente hacer una revisión integral de la manera como esta perspectiva, este enfoque de derechos esté muy claro, muy explicitado en todos los aspectos de esta iniciativa de ley.

Nos llama la atención –sabemos que hay razones detrás de ello, se enuncian de hecho en la exposición de motivos– que en la ley del año 2000, en su título mismo se mencionaban los derechos; en la de ahora no se mencionan: se menciona sólo la protección.

En la exposición de motivos se desarrollan –y eso nos llamó poderosamente la atención– el concepto de protección activa, como una protección activa de la niñez, de la infancia y la adolescencia; lo cual sin duda es muy interesante, pero valdría la pena –y aquí me por supuesto a los señalamientos que ha hecho el representante del Alto Comisionado– revisar cuidadosamente y minuciosamente todo el marco, tanto el marco constitucional, el marco de los tratados internacionales que tienen que ver con derechos concernientes justamente a la infancia y adolescencia, para fortalecerlos y articularlos de manera muy clara.

Coincidimos también con lo que señalaba justamente la señora Crowley, sobre la importancia –y esto fue destacado también por el representante del Alto Comisionado– central de la responsabilidad del Estado.

Tal vez, en una primera y rápida lectura, uno se queda con la impresión de que el texto de esta iniciativa de ley como está, concede tal vez incluso más importancia a los aspectos tutelares y de responsabilidad de los padres, de las familias, etcétera. Pensamos que en muchos aspectos, la responsabilidad del Estado y además la responsabilidad específica de determinados niveles y órganos del Estado, debe ser señalada con mayor especificidad. Voy a mencionar a continuación algunos de esos aspectos.

Uno encuentra frecuentemente, es una fraseología recurrente en el texto de la ley, que se alude a todos los niveles de gobierno, a todas las instituciones del Gobierno Federal, etcétera. Pero en ese señalamiento abarcativo, se pueden perder competencias y responsabilidades específicas para cada uno de los temas de la ley.

En ese sentido, me voy a referir y justamente por las limitaciones que comentaba de una primera lectura, algunos puntos relacionados con el capítulo 8º, el capítulo que tiene que ver con el derecho a la protección de la salud y a la seguridad social.

Por cierto, una primera observación que resalta al leer ese capítulo 8º, es que prácticamente todas sus disposiciones se refieren a la materia de salud, y muy poco a la de seguridad social. Sería interesante saber cuál era la intención, qué otros aspectos de seguridad social debían fortalecerse en este capítulo. Pero bueno, esa es una observación meramente marginal.

En los puntos sustantivos de ese capítulo, se apuntan conceptos sin duda fundamentales y que aplaudimos que estén reconocidos expresamente en la ley. Se habla, por ejemplo, sobre la necesidad de fortalecer la educación y servicios en materia de planificación de la familia, en el artículo 63; se habla también de establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos tempranos, esto sin duda concuerda con uno de los aspectos centrales que se han venido comentando tanto en el análisis con instituciones de gobierno responsables de estos temas, con la sociedad civil, con la academia y nos parece muy importante que estén reconocidos esos aspectos.

Sin embargo, si uno empieza a leer con atención esos puntos, empiezan a surgir algunas dudas que son parte de lo que pensamos, requeriría un mayor análisis.

Por ejemplo, ¿para quién son esos servicios en materia de planificación de la familia?

El texto de la fracción correspondiente, fracción II del artículo 63, es un tanto ambiguo en ese sentido; dado que la fracción II está referida a la orientación a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guardia y custodia de niñas niños, adolescentes, etcétera. Podría interpretarse que se trata de servicios de planificación de la familia dirigidos precisamente a los padres de familia, digamos, en términos genéricos. Pero también podría, y tal vez debería considerarse, hacia los propios adolescentes. Pero si es así –y esto es un aspecto señalado en todos los ámbitos, en foros internacionales, en foros de análisis sobre estos temas– hay que reconocer que la necesidad prioritaria en el caso de adolescentes, más que planificación de la familia es salud sexual y reproductiva.

Ciertamente también planificación de la familia y tiene que ver con el siguiente punto, el del inciso 3), que tiene que ver con medidas tendentes a prevenir embarazos tempranos. Qué bueno que se mencione.

Pero, ¿de qué medidas estamos hablando?

Aquí, sin duda, una perspectiva integral de atención al tema de los embarazos tempranos debe comprender no sólo medidas de salud o de atención y prevención en salud, sino también en el ámbito educativo y muy destacadamente, lo subrayo, en el ámbito del desarrollo social, dado que gran parte de la motivación detrás de la ocurrencia de embarazos tempranos tiene que ver con factores de exclusión, de falta de oportunidades de desarrollo, precisamente para los y las adolescentes.

Es un tema que muy probablemente podría fortalecerse y desarrollarse más en ese sentido.

Lo mismo podría observarse en otros aspectos. Nos parece muy importante la mención, por ejemplo, que se hace en el artículo 71 relativo a planes y programas de estudio. El último de sus incisos, el 8º, hace referencia a la educación sexual integral para su sano desarrollo y la promoción de su salud sexual y reproductiva. Absolutamente de acuerdo.

Aquí tal vez hay una cuestión de terminología. Generalmente, digamos, si el concepto internacionalmente aceptado ya desde hace varios años, desde que se estableció la declaratoria ministerial de la Conferencia Mundial de SIDA llevada aquí en México, es preferir la denominación de educación integral de la sexualidad, como término más educativo.

Pero bueno, fuera de la cuestión terminológica, nuevamente viene el tema. La educación integral de la sexualidad es, sin duda, una necesidad muy importante con especial relevancia para los adolescentes que debe iniciar desde la infancia pero que va más allá claramente de los planes y programas de estudio, que es el encabezado de este artículo 71, dado que concierne a todos los ámbitos educativos escolares y extraescolares, y se debe conectar también con lo reflejado en ámbitos de desarrollo social, salud y otros aspectos.

Insisto, estos son algunos, no todos. Por supuesto una lectura más detenida nos revelaría otros aspectos particulares que queremos mencionar dentro de esta mirada de un poco de mayor detenimiento sobre las características y necesidades específicas de la población adolescente. Porque es indudable que en una ley de en este tipo, y ante la existencia de una serie de problemas muy particulares que afectan principalmente a la infancia, se pueden diluir un poco; se pueden diluir un poco, insisto, las necesidades específicas de las y los adolescentes.

Pensamos que en esa materia, en puntos como los señalados, pero no sólo en ellos, podría verse con mayor detenimiento e identificar la posibilidad o la necesidad de fortalecer algunos conceptos en ese sentido.

Terminaría reiterando –como decía– nuestra plena disposición como fondo de población para participar en este proceso de manera coordinada a través del liderazgo de UNICEF, con los demás colegas del Sistema del Sistema de Naciones Unidas y en el ámbito de las actividades en que se considere pertinente nuestra participación y, nuevamente, muchas gracias.

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA: Estimado maestro Sandoval, de verdad para nosotros su presencia aquí, como la de todos –repito– es muy importante de verdad, que el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que usted representa, nos interesan mucho sus observaciones, sus sugerencias.

Ya lo comentaba que necesitarían entrar más a fondo en el análisis, por supuesto que estamos abiertos para esperar sus recomendaciones, sus aportaciones, su acompañamiento, así es que gracias por esa plena disposición, vamos a tomarle la palabra de estar atentos a lo que nos pueda seguir aportando para enriquecer este trabajo que, repito, queremos hacer de manera muy escrupulosa, pero sobre todo muy responsable.

Muchas gracias por su participación, muy buen día.

Continuamos en esta mañana en la que nos estamos encontrando con organismos internacionales que hoy están dando sus observaciones y sus comentarios en torno a la iniciativa preferente en materia de niñas, niños y adolescentes, que ha turnado a este Senado de la República el Ejecutivo Federal.

Ahora es el turno de escuchar a la maestra María de la Paz López Barajas. Ella es especialista técnica de la representación en México de ONU-Mujeres. Así es que a ella igualmente le damos la bienvenida y con mucha atención estaremos escuchando su mensaje.

Gracias.

Maestra López Barajas, tiene el uso de la palabra.

Muchas gracias.

MARÍA DE LA PAZ LÓPEZ BARAJAS, ESPECIALISTA TÉCNICA DE LA REPRESENTACIÓN EN MÉXICO DE ONU-MUJERES: Muy buenos días a todas y todos.

En especial agradecer al Senado de la República por esta oportunidad de participar en esta audiencia que sabemos es de la mayor importancia y relevancia, la consideramos como un parteaguas el tener una iniciativa de este tipo, que esperó tanto tiempo para venir por este recinto.

Un saludo de nuestra representante en México de ONU-Mujeres, la señora Ana Güezmes, y en especial agradecerle también a la señora Isabel Crowley el tomar este liderazgo para recoger de todas las agencias que tenemos algo que ver con este tema. Un piso común en términos de los derechos humanos que están involucrados en esta iniciativa.

Muchas gracias realmente a UNICEF por este liderazgo.

Me voy a referir con algunos comentarios que complementan lo expuesto ya aquí por mis colegas, creo que es muy importante destacar que para nosotras la integralidad de los derechos es algo fundamental, tenemos que mirarlos desde una lectura conjunta y en ese sentido reconocemos todo lo que nuestros colegas han mencionado ya aquí en este foro.

En primer lugar también querría destacar que esta iniciativa es una iniciativa que nos alienta, que nos resulta esperanzadora en términos de la igualdad entre niñas, niños, adolescentes y mujeres y hombres.

Es un parteaguas, un avance que sin duda se suma a otras iniciativas que han hecho avanzar formalmente los derechos de las mujeres y que esto no habría ocurrido sin el empuje, la decisión, el compromiso de legisladoras que lo están haciendo ahora, pero que también lo han hecho en pasadas legislaturas.

Para ONU-Mujeres la promoción y protección de los derechos de las niñas y la igualdad de género, entendida ésta como un derecho humano también, como lo contempla la Convención para la Erradicación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, la CEDAW –por sus siglas en inglés– son principios medulares de nuestro mandato.

Contribuir a la realización de los derechos de las mujeres y las niñas, abordando las causas que subyacen a la violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, las adolescentes, incluida la discriminación por el hecho de ser mujeres, constituye el aspecto central de nuestro trabajo y de ahí que reconocemos justamente el que esta Iniciativa contemple, como un asunto primordial, le dedique un capítulo aparte al tema de la igualdad de género.

Desde esta perspectiva, ONU-Mujeres, como una entidad abocada al logro de la igualdad entre hombres y mujeres y de lo que denominamos la igualdad sustantiva desde nuestro mandato, que es la igualdad en los resultados y no solamente de manera, en términos de la legislación, nos permitimos hacer estos comentarios y sugerencias que complementarán a lo ya aquí expuesto y hacerlo justamente iniciando por la exposición de motivos, en donde se enlistan justamente tratados internacionales que acompañan, o que le dan sustento a la Iniciativa y justamente una de las cosas que nos gustaría señalar es que hay una ausencia que nos resulta notable en ese listado inicial de la propia CEDAW, de la propia Convención y de otras, como la Convención Belem Do Para, y por supuesto los protocolos facultativos, en este caso de la propia CEDAW.

Esto es importante porque de alguna manera refuerza lo ya señalado aquí. Si bien hay una clara intención de darle a esta Iniciativa un respaldo en términos de los derechos que estén ahí colocados, en el caso de la igualdad de género merece una atención especial este apartad de igualdad de género, pero en el resto de la Iniciativa se desdibuja el concepto de igualdad que está claramente establecido en la Convención, para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

De hecho la Ley señala, esta Iniciativa, la obligación del Congreso de la Unión y de las legislaturas locales, de armonizar la legislación con los instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres y homologar también sus leyes con la constitución y derogar las normas discriminatorias de género y de edad, especialmente de la edad mínima al contraer el matrimonio.

Este enunciado, que es de la mayor relevancia, no traspasa por todo el articulado en donde las niñas y las adolescentes tendrían que ser partícipes de esta protección y de estos enunciados.

Desista adoptar disposiciones normativas para proteger jurídicamente y con acciones de gobierno, por ejemplo, el feminicidio, el trabajo infantil, la pornografía infantil, la violación, el abuso sexual, el turismo sexual, el lenocinio, la pederastia, los denominados embarazos prematuros, la deserción escolar o cualquier otra conducta o circunstancia que afecte su proyecto de vida.

Y en este tenor, si bien esto es absolutamente reconocible y loable, quedan dudas sobre la efectividad de este enunciado si no es insiste en el marco de derechos que debe envolver las disposiciones señaladas.

Un aspecto que conviene destacar, es el reconocimiento de la discriminación de género enunciado en el Listado de Violaciones de los Derechos.

Sin embargo, llama la atención que no se refiera específicamente a las niñas, las principales destinatarias de dichas violaciones.

Pareciera que hay una precaución tomada en la redacción, para no incurrir en discriminación contra los niños en relación con su sexo; cuando se trata justamente de un capítulo referido al principio de no discriminación por razones de género, y que sabemos que ahí las niñas y las adolescentes son las que mayoritariamente están expuestas a esta discriminación.

Me explico: si bien se espera que esta ley permita la remoción de los obstáculos y barreras que impiden a niños y niñas el ejercicio de su niñez y sus derechos; es preciso reconocer que la discriminación de género está orientada hoy por hoy, a quienes son víctimas principales de la discriminación basada en el sexo: las mujeres, las niñas, las adolescentes.

Hacerlo, poner este énfasis, significa nombrar los hechos que suelen afectar de manera abrumadora a las niñas, y no dejar pasar el aparente lenguaje neutro; que dicho sea de paso, en el mismo capítulo se señala como necesario el tener un lenguaje inclusivo y un lenguaje que no termine en esta neutralidad, desdibujando la condición de discriminación que sufren las niñas y las adolescentes.

La discriminación por razones de género no permea pues, como se esperaría, toda la iniciativa; tiene mérito considerarla como un apartado independiente. Esto es fundamental para clarificar la intención que tiene esta iniciativa de proteger los derechos de las niñas y las adolescentes, por el hecho de ser niñas y mujeres.

Pero ello no es suficiente, se requiere una revisión exhaustiva para identificar las ausencias en el resto de los capítulos y artículos. La propia exposición de motivos excluye, como decía, estos instrumentos de derechos humanos de las mujeres y eso permea algunos capítulos.

Y me quiero referir especialmente al capítulo 5º, que justamente se refiere a la no discriminación. Y en ese capítulo hay una ausencia importante de la discriminación por razones de género; más aun, el capítulo se denomina “De no discriminación”; pero desde la Convención para la Erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la diada no discriminación e igualdad de género, siempre tiene que ir acompañada. ¿Por qué?

Porque la igualdad de género, tal como lo establece la CEDAW, tiene este principio de acceso igual a oportunidades; acceso igual a trato; pero hace un énfasis especial en la igualdad en los resultados. La ley retoma parte de este principio, señalando en algunos de sus capítulos en la parte relativa al género, que hay acciones que el Estado debe llevar a cabo y que son medidas especiales las denominadas acciones afirmativas; están enunciadas. Pero están enunciadas de una manera que no se rescata en el resto de los artículos, porque ahí lo que necesitamos es que esas acciones afirmativas estén orientadas desde la perspectiva de la igualdad de género, hacia las niñas; y que no se les pretenda considerar como algo neutral.

Creo que esto es fundamental, es algo que seguramente será revisado porque justamente hay aspectos en todos los artículos que tienen que ver con esa discriminación histórica que han sufrido las mujeres; y nos podemos referir a la salud, a la educación y porque no decirlo también, al tema de la violencia de género, que también tiene que ser destacada.

La ausencia, esta ausencia notable que se aprecia en las disposiciones generales de la ley y que omite clarificar estas diferencias de género y/o sexo como causa de vulnerabilidad y discriminación contra las niñas y las mujeres jóvenes, es algo que preocupa.

Sabemos que estamos también tocando un tema de tránsito a la adultez de muchas adolescentes que están justo en el umbral del ejercicio de su derecho a la igualdad y no discriminación. Por eso la sugerencia de revisar estos enunciados de los capítulos e integrar lo que señala la propia convención.

La ley requiere, pues, una revisión exhaustiva de estas disposiciones, que dan por hecho que niños y niñas, adolescentes varones y adolescentes mujeres tienen esta misma condición social y ejercen sus derechos en las mismas condiciones. Nada más alejado de la realidad, las brechas de desigualdad aunadas a las violaciones reiteradas al derecho de las niñas y adolescentes mujeres a una vida libre de violencia tendría que ser visibilizada y reconocida.

No es suficiente con señalar que la obligación de los tres niveles de gobierno y autoridades administrativas debe hacer uso a través de programas, políticas y otros mecanismos de acciones afirmativas para eliminar los obstáculos que impiden a las niñas ser nombradas como sujeto de la discriminación.

A niños y niñas se les discrimina por su edad, pero también a las niñas se les discrimina además por ser niñas, lo que no ocurre con sus pares masculinos. Y esto de no visibilizar y nombrar la discriminación tiene importantes repercusiones que podríamos ir viendo una por una en los distintos apartados que tiene la iniciativa.

Por ejemplo, el que no se contemple en ocasiones que no basta con igualdad de oportunidades sino que es necesario dar más a las niñas para romper estos círculos perversos de discriminación ex-ante como ocurre con las oportunidades de asistencia escolar por la sobrecarga de trabajo doméstico o de cuidados que muchas veces tienen las niñas, o por el temor o riesgo de violencia de las mujeres que impide recorrer o transitar caminos difíciles que las exponen o ponen en riesgo de ser víctimas de violencia de género.

Notamos algunas omisiones a lo largo del texto de ley. Por ejemplo, en el capítulo sexto que contiene los principios rectores del Interés Superior de la Niñez, se enumeran estos principios ignorando la igualdad de género para niños, niñas y adolescentes.

En el capítulo quinto, como un capítulo independiente, como decía, creemos que es muy importante que este capítulo tenga relación estrecha y se complemente con el capítulo quinto. Y se esperaría que la iniciativa contemplara la eliminación de prácticas y costumbres discriminatorias y perjudiciales para las niñas, tal como lo señala la recomendación general de la CEDAW en su artículo 16 y el 12 en las recomendaciones generales, y en donde se hace referencia que los estados han de impedir el reconocimiento de los matrimonios tempranos que pueden mermar la salud, entorpecer las carreras educativas de las mujeres y esto tener serias consecuencias para las carreras laborales y la autonomía económica de las mujeres.

En efecto, la ley se refiere al matrimonio temprano y pretende incluir el término de la edad para esto, pero creemos que valdría la pena señalar que las más vulnerables y las más afectadas siguen siendo las niñas frente a este hecho.

El artículo 63, se refiere a los embarazos tempranos, pero no vincula a éstos con la violencia sexual hacia las niñas y adolescentes. Hecho que suele estar detrás precisamente de estos hechos abominables, y que sería fundamental que estuviera en el espectro de la normatividad referida de la protección del Interés Superior de la Niñez.

Las niñas y adolescentes en esta situación se enfrentan a la exclusión. Al estar embarazadas truncan sus carreras educativas. Y, si bien la iniciativa se refiere a la prevención del embarazo temprano, se omite especificar qué hacer cuando éste ya ha ocurrido y cuáles son las opciones que tienen las víctimas de violencia, que al final quedan embarazadas o con algún tipo de daño en su salud, tanto física como emocional.

Otros aspectos que quisiéramos destacar desde ONU-Mujeres es que efectivamente el diagnóstico que se presenta de alguna manera sobre la infancia y la adolescencia debería hacerse también desde la óptica de género y también quizá tomar las providencias necesarias para contemplar que la información estadística para hacer estos diagnósticos; y sobre todo para preparar informes y para hacer rendición de cuentas, debería también incluir algún tipo de llamado sobre la información que no tenemos disponible para efectivamente monitorear políticas públicas, para elaborar presupuestos que, dicho sea de paso, tienen un componente fundamente fundamental.

Aquí ya se mencionó el tema del presupuesto, en la ley se habla en distintos capítulos sobre esto, pero valdría la pena señalar que esos presupuestos también deberían contemplar la perspectiva de género.

Sin esta información es difícil pensar en que podemos tener un trabajo desde las acciones y políticas públicas que atiendan precisamente este reconocimiento de la desigualdad y la discriminación contra las niñas y las mujeres.

En ONU-Mujeres reconocemos el trabajo de las comisiones, en particular las comisiones que trabajan con los derechos de la infancia, por supuesto la Comisión de Igualdad de Género, sabemos que será una labor ardua y sabemos que será una labor ardua, pero necesaria, para integrar esta perspectiva de género de manera contundente.

A lo largo de toda la iniciativa un importante desafío será transversalizar este enfoque como el derecho a la igualdad de género y la no discriminación.

Desde ONU-Mujeres felicitamos, como decía al principio, con mucha esperanza esta iniciativa y nos sumamos al trabajo de nuestras agencias hermanas y por supuesto nos ponemos a disposición de senadoras y senadores para aportar ya más puntualmente algunas de las observaciones específicas que podríamos compartir.

Muchas gracias.

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA: Estimada maestra María de la Paz López, gracias de verdad por su presencia.

Le agradecemos a usted, representante de ONU-Mujeres, un saludo, por favor, para Ana Güezmes que también siempre ha estado, igual que todo el equipo, trabajando de la mano con este Senado de la República.

De verdad acogemos sus muy pertinentes observaciones y les pedimos, como al resto de los participantes que estemos juntos en este trabajo.

Muchas gracias, bienvenida.

Continuando con nuestro programa de audiencias, estamos entonces en tiempo de cederle el uso de la voz a la doctora Eva Reyes Ibáñez. Ella es experta de proyecto en la Unidad de Trata de Personas, Género y Niñez Migrante, de la Organización Internacional para las Migraciones en México.

Le damos la bienvenida a este encuentro que estamos teniendo las comisiones unidas que estamos en el análisis de esta iniciativa preferente en materia de niñas, niños y adolescentes.

Doctora Eva Reyes, bienvenida a este diálogo.

DOCTORA EVA REYES IBÁÑEZ, ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES EN MÉXICO: Agradecemos la invitación a nombre de nuestro jefe de misión, el doctor Christopher Gastón, que por razones de agenda no nos pudo acompañar el día de hoy; a su nombre leeré su discurso.

Senadora Martha Elena García Gómez; senadora Hilda Esther Flores Escalera, senador Diva; senador Juan Carlos Romero Hicks; senadora Angélica de la Peña: muchas gracias por la invitación.

También me permito saludar, por supuesto, a la señora Isabel Crowley, representante de UNICEF; a la doctora Leonor Cárdenas; al doctor Javier Esteban, y a la maestra Paz López Barajas.

Agradecemos en especial a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, a las instituciones de Gobierno y a la sociedad civil organizada, así como a las agencias hermanas de Naciones Unidas, reunidas el día de hoy, en especial a UNICEF por su liderazgo y por su gran interés en este tema.

Celebramos que la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes incluya un capítulo que expresamente regula el tema de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados.

El tema migratorio en México, es un tema prioritario al ser un país de origen, tránsito, destino y retorno que requiere sin duda un “abertage” interdisciplinario e integral.

En este contexto, hemos presenciado un aumento de las niñas, niños y adolescentes no acompañados en los flujos migratorios que independientemente que la razón que los impulsa, que tiene que ver con violencia intrafamiliar, reclutamiento forzado de partillas violentas, contextos generalizados de violencia que hacen de estos contextos las razones por las que los niños deciden muchas veces huir de su país de origen en condiciones mucho más precarias que los adultos.

Por ello, deben encontrar en México una debida protección y garantía de sus derechos humanos.

En la OIM reconocemos que en particular las niñas, niños y adolescentes migrantes, nacionales y extranjeros, se enfrentan a un panorama incierto, lleno de riesgos, de violencia, de discriminación, de falta de acceso a sus derechos humanos, de delitos, en especial el delito de la trata de personas, a la explotación laboral, la explotación sexual, a la utilización de personas, menores de 18 años, en actividades de delincuencia organizada, hechos que no son aislados en nuestro país sino que lamentablemente son generalizados.

Ante este escenario implica un desafío para el Estado Mexicano en la infraestructura, personal capacitado, sensibilizado, en la generación de leyes y procedimientos que permitan dar respuesta acorde a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes, independientemente de su nacionalidad y por supuesto de su calidad migratoria.

Por ello, estamos ciertos que iniciativas como las que hoy nos reúne, constituyen un espacio ideal para la reflexión, el intercambio y la construcción para dar viabilidad a la gestión migratoria desde otro enfoque: desde un enfoque de derechos humanos.

Ante este panorama la Iniciativa, esta Iniciativa, está llamada por el contexto histórico al que hoy nos enfrentamos a concretar los principios y los más altos estándares para la protección de las niñas, niños migrantes no acompañados.

Nos referimos especialmente a los principios de no detención de niñas, niños y migrantes por su condición migratoria irregular.

Esto quiere decir que entre el año 2008 nuestro país derogó la, o despenalizó la migración irregular, lo cual es sólo una falta administrativa, razón insuficiente para detener a los niños, niñas y por supuesto privarlos de la libertad.

Espacios de alojamientos adecuados y atención de puertas abiertas, formalización del proceso de la determinación del interés superior de la niñez y adolescencia, independientemente de su nacionalidad bajo el mismo procedimiento.

Mecanismos de tutela y representación legal para niños, niñas y adolescentes migrantes, en especial aquellos que son extranjeros.

Una visión de derechos humanos que deje atrás esta visión asistencialista. La visión de derechos humanos es un enfoque de clara protección y garantía de las cuales las instituciones están obligadas.

La revisión y la puntualización de las competencias, porque justamente como apuntaban otras agencias del sistema de Naciones Unidas, coincidimos que incluso también en el tema migratorio hay algunas confusiones en el tema de las competencias que pueden traer consecuencias posteriores.

Acuerdos: adecuada protección a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, víctimas de los delitos, en especial la trata de personas y por supuesto del tráfico de personas al que son objeto de manera generalizada.

Trato igualitario a nacionales y extranjeros, y por supuesto independientemente de su estatus migratorio, regular o no.

En este sentido, es particularmente relevante hacer hincapié en el fortalecimiento de la determinación del interés superior de la adolescencia migrante y la niñez. Debemos unir esfuerzos y acompañar a las instituciones para que se consoliden como las instituciones idóneas para velar por el interés superior de las niñas, niños, adolescentes migrantes no acompañados; independientemente de su nacionalidad y su estatus migratorio.

Cabe resaltar que el DIF Nacional y el Instituto Nacional de Migración, han dado muestra fehaciente de su gran compromiso al asumir cabalmente el reto que implica el cumplimiento de la reforma al artículo 112 de la Ley de Migración; lo cual, a la luz de la reforma constitucional y de la oportunidad que presenta esta iniciativa, debe implicar el cumplimiento de los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Este esfuerzo lo aplaudimos y nos congratulamos de apoyarse cercanamente.

Para concluir, celebramos la oportunidad de acompañar esta iniciativa. Por supuesto, haremos llegar nuestros comentarios mucho más puntuales y técnicos; y a nombre de la Organización Internacional para las Migraciones, ofrecemos todo el apoyo necesario y técnico a esta Comisión.

Muchísimas gracias, enhorabuena.

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA: Gracias.

Doctora Eva Reyes, muchas gracias por estar aquí. Un saludo afectuoso, por favor, al señor Christopher Gastón, representante en México de la Organización Internacional para las Migraciones. Por supuesto, bienvenido su acompañamiento, su asesoría permanente, para la construcción de este trabajo de perfeccionamiento de esta iniciativa preferente. Muchísimas gracias por su presencia, muy buen día.

Estimada audiencia, hemos concluido el apartado relacionado a la participación de organismos internacionales que nos han dado su opinión en torno a lo que es la iniciativa preferente en materia de niñas, niños y adolescentes, que hoy estamos aquí analizando en el Senado de la República.

Abrimos en este momento, un espacio para la participación de las senadoras y senadores integrantes de estas Comisiones o los aquí presentes, senadoras y senadores aquí presentes, para hacer uso de la palabra. Si alguien quisiera participar, le pido de manera respetuosa que levanten la mano para poder enlistarlos y otorgarles el uso de la palabra.

Senador Juan Carlos Romero Hicks, tiene usted el uso de la palabra, pero antes quisiera comentar que tenemos alrededor de 20 minutos para este espacio de diálogo. Así es que iniciamos con usted, adelante, estimado senador Romero Hicks.

SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Inicio por agradecer a todas las personas que nos han presentado el día de hoy una perspectiva muy amplia de organismos de Naciones Unidas.

En alguna conversación que algunos tuvimos, se mostraba la preocupación de un organismo nacional rector; y el día de hoy varios aludieron al diseño del sistema integral a nivel nacional. Me gustaría si pudieran elaborar un poco más sobre el punto de un organismo rector nacional que pudiera sistematizar los esfuerzos. Por favor.

Isabel y todos los que han presentado.

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA: Alguien de los que aquí participaron de organismos internacionales, que quisiera dar respuesta.

Si es tan amable, Isabel Crowley, representante de UNICEF en México.

ISABEL CROWLEY, REPRESENTANTE EN MÉXICO DEL FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA: No sé si queremos tener más preguntas y después responder.

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA: Me parece que es muy pertinente, sí. Es el único senador que ha pedido el uso de la palabra; no sé si alguien más quisiera participar:

Senador Daniel Amador, ¿alguien más que desee hacer uso de la palabra?; senador Raúl Morón, senador Alejandro Encinas, senadora Rosa Adriana Díaz, senadora Martha Elena García.

Me parece que pudiéramos participar los senadores y senadoras y al final de esta ronda de preguntas, les cedemos el uso de la voz a los representantes de organismos internacionales para dar respuesta.

Tiene ahora el uso de la voz el senador Daniel Amador.

SENADOR DANIEL AMADOR GAXIOLAL: Sin duda muy agradecidos con la presencia de cada uno de los participantes, cada una.

Me enriquece lo que estamos tratando de llegar a un dictamen, a una posibilidad de que en este tiempo que establece la Ley Preferente de 30 días, pues lógicamente que estamos prácticamente contra reloj y sin tener todas las cosas y que todo sea perfectible, sí preguntarles a cualquiera de los compañeros y compañeras que han participado, ¿en qué sienten que la iniciativa se queda corta, qué es lo que nos haría falta para poder reforzar algunos aspectos de la misma que pudieran enriquecer y que pudieran situarla, no sé si la palabra sea correcta, a la vanguardia de la protección de los niños, niñas y adolescentes en este país?

En ese sentido me gustaría mucho escuchar algunas observaciones al respecto.

Muchas gracias.

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA: Gracias senador Amador, muy amable.

Continuamos en el orden con el senador Raúl Morón. Tiene la palabra.

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO: Igual agradecer mucho la participación de los organismos internacionales.

Ayer me quedé con las ganas de participar, sobre todo de plantearles a los representantes jurídicos de la Presidencia de la República, varios preocupaciones que tenemos.

Me parece que esta ley planteada desde el enfoque de derechos tiene que ser garante de los mismos, porque los términos en que está redactada en lo general, son los mismos términos en que estaba redactada la ley federal.

De hecho todos los derechos que la ley federal contemplaba, que fue aprobada, entiendo, en el 2000, o sea, son los mismos derechos, adicionan tres de ellos nada más a esta iniciativa y creo que están tratados de manera muy superficial.

Creo que hay que ir a fondo, si efectivamente es la preocupación de que los niños, las niñas y los adolescentes tengan acceso a todos los derechos que consagra la Constitución y hacerlo realidad, sí tenemos que plantearnos cómo tenemos que hacer realidad estos derechos.

Y bueno, en ese sentido creo que el propio Presidente ha planteado que se ocupe un cambio cultural en este país y creo que es importante que ese cambio cultural lo empecemos a construir y hay que ver desde dónde lo empezamos a construir.

Por eso creo que la opinión de los organismos internacionales es muy importante, porque hay que ver si esa iniciativa garantiza a plenitud todos los derechos que a nivel internacional se vienen pactando, se vienen firmando por parte de nuestro país y si esto está garantizado en esta iniciativa o habría que profundiza más, porque escuché a dos de ustedes y creo que son extremadamente respetuosos con la iniciativa, le dan un muy buen trato y está bien que lo sean, pero a mí me parece que tenemos que profundizar todavía más.

A nosotros nos interesa esto que dice Daniel, nos interesa ver si las experiencias de otros países se quedan también en estos términos o van más a fondo, las experiencias de otros países.

A nosotros nos interesa que este enfoque de derechos prevalezca desde los niños, desde que nacen, hasta los adultos mayores, hasta que mueren, no es un asunto nada más de los niños y de las niñas, es de los jóvenes también, es de los adultos y de los adultos mayores.

El enfoque de derechos en este país debe el régimen, debe el gobierno o los niveles de gobierno de Estado ser garantista de los mismos.

Entonces, cómo podemos iniciar un proceso que inicie la construcción de una nueva cultura desde los niños, las niñas y los adolescentes y cómo podemos profundizar y dar certidumbre a la sociedad de que esto que estamos discutiendo realmente va a observarse de manera objetiva en la cotidianeidad de los mexicanos y las mexicanas.

Esa sería mi participación y mi pregunta, muchas gracias.

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA: Gracias senador Morón.

Senador Alejandro Encinas, tiene el uso de la palabra.

SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias senadora Presidenta.

Agradecer por supuesto la participación de quienes han hecho sus aportaciones esta mañana. Creo que nos ayuda mucho a acotar el ámbito del debate y los temas centrales de la discusión, en particular la intervención de Isabel Crowley, de UNICEF.

Y creo que nos estamos acotando básicamente a cuatro temas. Perdón por lo pragmático pero tenemos muy poco tiempo y es bueno ir sistematizando los asuntos.

Primero, lo planteaba muy bien Isabel; lo plantea porque la recomendación de darle una orientación y un enfoque distinto a esta Iniciativa en la que fundamentalmente prevalece, es un enfoque paternalista y asistencialista para hacer de esta Ley una Ley garante de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, a partir de concebirlos como sujetos de derechos y no como objetos, y donde debe quedar claramente delimitada la responsabilidad del Estado.

Un segundo tema, también validado con lo que les planteaba el doctor Javier Esteban, de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, en atender, pues solamente habló de 117 recomendaciones, es el tamaño de esa magnitud el reto que tenemos que atender estos días y ver de manera especial grupos específicos dentro de las niñas, los niños y los adolescentes en materia de migrantes, en materia de niñas y niños indígenas.

Basta ver la comparecencia ayer del Secretario de Gobernación para ver la magnitud de este problema.

Entonces, el cómo la ley debe abordar estas situaciones específicas, especiales, dentro de la problemática que enfrentan las niñas, los niños y los adolescentes.

El tercer tema es el del diseño institucional, donde efectivamente hay que definir con claridad los alcances, objetivos, definiciones dentro de la ley, separando lo que es el sistema garante del sistema de atención, o de protección especial y la forma que tendrá que operar no solamente DIF sino todo un sistema transversal en donde debe fortalecerse las atribuciones del DIF para que no se dedique ahí como Secretario Ejecutivo sino tenga los instrumentos técnicos, institucionales para garantizar la operación y funcionamiento del conjunto del sistema

Y el otro que está claramente planteado, es la necesidad de garantizar no solamente los recursos económicos sino los técnicos, los humanos, los de capacitación para el desarrollo.

Si esos son a grandes rasgos los cuatro temas que se han abordado y que debemos de poner especialmente atención, yo les preguntaría a todas y a nuestro participante:

¿Cuáles serían los temas irreductibles que no deberíamos dejar pasar por alto y que deben de atenderse y modificarse en la Iniciativa Preferente que estamos debatiendo?, a fin de que acotemos el ámbito de las preocupaciones y resolvamos lo fundamental, independientemente de que vayamos viendo, derivado de ello, ya ajustes más puntuales en el conjunto del articulado.

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA: Gracias, senador Encinas.

Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, tiene el uso de la palabra.

SENADORA ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA: Gracias. Buenos días a todas las organizaciones aquí presentes.

Yo coincido con UNICEF en el tema que la Iniciativa es asistencialista. Pero precisamente para eso estamos, para escucharles, para tomar sus opiniones, pero sobre todo para trabajarlas junto con las Comisiones unidas, que somos seis, y una para opinión, que es la de la Familia, trabajarlas, plasmarlas y aprobarlas.

Me parece éste un ejercicio no sólo que nos enriquece sino del cual sí nos vamos a llevar las propuestas de cada uno de ustedes y ese es el compromiso.

Por otra parte, me preocupa mucho, en el tema del diseño de la Ley, que no traiga un impacto presupuestal.

Creo que ha habido opiniones acá al respecto. No trae un impacto presupuestal, pero sí se crea, por ejemplo, la Procuraduría Federal de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes, se habla de personas capacitadas, preparadas, pero sí también siento que esto le cargaría aún más el trabajo al DIF, que aún con la limitación que hoy en día tiene en cuanto a recursos económicos.

Entonces, aquí la sugerencia para mis compañeros –y creo que lo llevaremos a la mesa–, es analizar si en realidad esto no causa un impacto presupuestal y ver cuáles son las deficiencias que tienen hoy en día nuestras dependencias que se harían cargo, precisamente, de llevar a cabo las acciones de protección a los niños.

Por otro lado, quisiera dejar sobre la mesa y consultar a las organizaciones, sus opiniones respecto a los niños, niñas migrantes no acompañados; sobre todo aquellos mexicanos que regresan, que son repatriados; conocer sus opiniones y a lo mejor con eso clarificar un poco más el articulado que la iniciativa trae respecto a niños migrantes.

Muchas gracias.

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA: Gracias, senadora Díaz Lizama.

Le cedemos ahora el uso de la voz a la senadora Martha Elena García.

SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: Muy buenos días. Bienvenidos a todos. Sé que esta ley está hecha con mucho cuidado.

Yo comentaba con la senadora Diva, en el sentido de que es muy lindo que sea una iniciativa preferente, pero como es tan extenso este tema; tenemos que poner mucho énfasis, tenemos que ponernos –como dicen por ahí– las pilas para que esta ley sea realmente lo que nuestros niños merecen.

Yo quisiera preguntarle a UNICEF, a mi querida amiga Isabel Crowley, la ley actual se encuentra bajo un enfoque asistencialista y de protección. Por lo anterior, quiero preguntarte, ¿qué disposiciones y mecanismos consideran ustedes se deben contemplar en esta nueva ley, para garantizar un reconocimiento activo de los derechos de la niñez, que nos permita cambiar el paradigma proteccionista actual?

También a la doctora Eva Reyes, preguntarle qué opina de que el proyecto de ley plantea un enfoque sectorizado y excluyente, en el que no se visibiliza a la niñez migrantes de nacionalidad mexicana, y de origen de tránsito.

Y por último, preguntarle al maestro Alfonso Sandoval, ¿qué mecanismo sugiere se señalen en la ley para la prevención del embarazo en adolescentes?

Gracias.

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA: Gracias, senadora Martha Elena.

Ahora tiene el uso de la palabra, la senadora Diva Gastélum.

SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM: Me gustaría mucho, buenos días a todas, a todos, que UNICEF nos pudiera clarificar qué piensa del DIF, qué va a pasar con el DIF.

Y por qué, en su intervención, me parece que plantea que el DIF tuviera dos responsabilidades, aunque no lo dice en su exposición, sí o no las puede cumplir, según el criterio de UNICEF. O cuál sería el choque para que cumpliera las dos responsabilidades.

Por su respuesta, muchas gracias.

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA: Gracias, senadora Diva Gastélum.

De esta forma concluimos con la participación de las senadoras y senadores, y ahora damos el uso de la palabra para las respuestas correspondientes, sin duda a la representante de UNICEF en México, Isabel Crowley, por favor.

Pero bueno, dentro de las intervenciones también han aludido a Eva Reyes, al maestro Sandoval, pero veo que ya no se encuentra aquí… ¡ah!, perdón, sí, discúlpeme, acá está. Muchas gracias.

Entonces, por supuesto también le cederemos el uso de la palabra al maestro Hernández Valencia.

Muchas gracias. Empezamos, si no tienen inconveniente, con UNICEF. Isabel Crowley, adelante.

ISABEL CROWLEY, REPRESENTANTE EN MÉXICO DEL FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA: Voy a pedir también respaldo de mis colegas para responder algunas de las preguntas que me han puesto.

Creo que hoy estamos aquí para hacer una ley, tenemos una oportunidad única, después de 24 años, después de tanto batallar para tener un enfoque de derechos para los niños; yo creo que lo que tenemos que hacer hoy y en los días siguientes hasta el día 30, cuando tenemos que tener todo listo, es que los niños realmente tengan la mejor ley posible; una ley que México pueda tener mucho orgullo y que lo pueda representar muy bien en la esfera internacional, como también lo ha dicho mi colega en derechos humanos.

Yo creo que tenemos esta oportunidad única, tenemos realmente y en muy poco tiempo aterrizar muchas cosas que no están aún muy aterrizadas. Porque realmente hemos tenido muchas discusiones, pero nunca hemos discutido, como ayer, por ejemplo, cuando el señor vino a explicarnos su visión, fue la primera vez que tenemos ese aproximado de ver cómo el gobierno de México realmente quiere plantear esta ley.

Por la parte de UNICEF, por eso estaba distribuyendo estos papeles que nos da toda la pauta de lo que tiene que tener una buena ley y en términos muy claros, muy sucintos.

Para mí, cuando miramos lo que se pasa en el país en términos de niños indígenas, tiene una voz; los indígenas tienen una voz; los discapacitados tienen una voz. Cuando estamos hablando de mujeres, tienen una voz. Cuando hablamos de niños, no hay nadie que hable por niños. Aquí está nuestra oportunidad de dar a los niños de México una voz.

Ahora, nos cabe a todos nosotros, UNICEF no tiene todas las respuestas, pero yo creo que lo tenemos que hacer. Tenemos mucho que aportar, pero lo queremos hacer en conjunto, cómo podremos realmente tener esta voz que, por ejemplo, –y aquí lo explicamos muy bien– la institucionalidad coordinadora es un órgano rector que tenga participación de más alto nivel de todos los órdenes de gobierno. Que presente al Presidente una vez al año cómo está la situación de infancia en el país para que las políticas públicas se puedan hacer y realmente para remediar algunos de los aspectos que siempre se pueden mejorar en la situación de la niñez en el país.

De lo que estamos hablando es que los niños tengan una voz, que los niños sean representados y que sean representados por un órgano rector que pueda coordinar las acciones de todos los que trabajan para la infancia en el país. Que son muchos.

Nosotros con UNICEF tenemos contacto con nueve secretarías de Estado, cuando queremos hablar de puntos y problemas de infancia.

Hay que haber un órgano rector, pero un órgano rector que tenga dientes, un órgano rector que tenga presupuesto, un órgano rector que puede realmente representar los 40 millones de niños que tenemos en nuestro país, que son 37,5 por ciento de la población.

Eso es lo que queremos y no vamos a debatir cómo lo vamos a hacer, pero esto es lo que queremos.

Aquí lo que decíamos es que tiene que ser el más alto nivel posible ante la administración pública, tiene un carácter deliberativo y decisorio y no consultivo. Sus decisiones tienen que ser vinculantes en relación con los diferentes sectores y órdenes de gobierno encargados de la ejecución del cumplimiento de los derechos de la infancia y de la adolescencia en este país.

Yo creo que con todos los que estamos aquí participando, podemos realmente definir si lo que está propuesto aquí tiene esas funciones, si realmente se puede articular mejor, por eso aquí estamos. Pero también es muy claro, y eso se pasa a todos los niveles dentro de empresariales como sociales. Las personas que hacen las leyes, las personas que implementan, las personas que monitorean y que hacen la valoración, no pueden ser la misma persona. Yo creo que eso tiene que estar muy claro.

Esto en términos de organismos rectores.

Si me pregunta cuáles son los puntos principales que tenemos que tener, yo quiero decir, lo ha visto muy bien, estamos hablando que los niños tienen que ser sujetos de derechos. Esto no es opcional, esto es un hecho y tiene que estar bien reflejado en todo lo estamos poniendo aquí.

Lo está, pero yo creo que con pequeños ajustes lo podremos realmente poner cómo tiene que estar, cómo se ha firmado México en toda la esfera internacional y también tener la seguridad que ha habido cumplimiento de todas las leyes internacionales, de todos los acuerdos que ha firmado México. Creo que ahí nos puede ayudar mucho nuestro colega de derechos humanos, porque es su atribución.

Creo que aquí se definió mucho cómo definir el interés superior del niño, el Comité de los Derechos del Niño lo tiene definido y creo que lo podemos ajustar y aterrizar, mexicanizar y tener también una parte que dice cómo va a venir el interés superior del niño, es muy claro.

Cuando estamos hablando de diseño institucional, de esto también es lo que estamos hablando, cuáles son las supervisiones del DIF, cuales las acciones de la Procuraduría, si eso va a funcionar bien o no, tenemos que tener la seguridad, porque no vamos a tener otra opción por muchos años después.

Entonces, no podemos darnos el lujo de no hacerlo bien, Creo que eso es un punto de mucho debate, pero creo que lo podemos aterrizar y tener realmente una institución coordinadora, las representaciones de todas las instituciones que entren en contacto con los niños.

El DIF hace un trabajo extraordinario, yo he estado ya por casi todo el país y donde voy siempre hay un DIF, donde voy es una cara que está siempre dando para mirar los problemas, no sólo de la infancia, pero en este caso estamos hablando de la infancia, y lo hacen muy bien.

Pero no tiene recursos y el año pasado no se le han dado al DIF más recursos. Si le damos atribuciones, a quien sea, le tenemos que dar recursos, eso es fundamental y creo que eso también tenemos que hablarlo todos para ver cuáles son las atribuciones, que es lo necesario para que los niños realmente tengan lo que es necesario para desempeñar todas sus funciones y que los niños tengan realmente la protección que merecen.

Otro punto también muy importante es el aspecto asistencialista, eso sí también se tiene que ajustar en todo el texto que tenemos.

También y eso lo pregunta, creo que cuando nos sentamos para realmente revisar punto por punto, es bastante fácil hacerlo, pero esas son cosas chiquitas, ajustes pequeños, pero que tienen mucha importancia en términos de cómo lo utilizamos.

Hablando de mecanismos, las dos responsabilidades del DIF, creo que el DIF generalmente lo que pasa es que el DIF se toma contrario a los niños cuando ellos tienen un problema o entran en contacto con la ley y qué pasa con los otros niños, quién responde por los otros niños, cuál es la voz de los otros niños.

Porque el DIF tiene la atribución de los niños, de todos, de la familia, entonces es un ámbito muy grande y se tiene que definir al final cuales son realmente las atribuciones que tienen que hacer, para que esté claro y que podamos realmente avanzar con una claridad y con una ley de la que todos vamos a estar muy orgullosos.

Otro punto también que hay es el de los adolescentes, no resalta mucho el aspecto de los adolescentes. Ya hemos hablado con nuestros colegas ayer, creo que también se puede reforzar mucho.

También se tiene que ordenar un poco a la forma cómo la ley está puesta, algunos artículos primero que otros, pero eso también es cosa de terminología.

De momento es todo.

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA: Gracias, Isabel Crowley, por tus respuestas.

Ahora le cedemos el uso de la voz al maestro Alfonso Sandoval, para quien también fue dirigida una de las preguntas y en lo general para los planteamientos que han hecho las senadoras y los senadores, por favor, del Fondo de Población de Naciones Unidas.

MAESTRO ALFONSO SANDOVAL, DEL FONDO DE POBLACIÓN DE NACIONES UNIDAS: Muchas gracias.

En verdad agradezco mucho la pregunta de la senadora Martha Elena García, que también me da la oportunidad de ampliar unos poquitos algunos aspectos sobre este tema tan importante del embarazo en la adolescencia.

Sobre su pregunta, senadora, en cuanto a qué tipo de mecanismo, de entrada lo que nosotros recomendaríamos es un mecanismo fundamentalmente intersectorial.

En ese sentido, y como ustedes saben, vemos muy interesante la Iniciativa que ya ha tomado el Gobierno de la República al crear justamente una Comisión Intersectorial presidida por el Secretario de Gobernación para coordinar los esfuerzos de toda la Administración Pública Federal en torno al tema de prevención del embarazo temprano.

Nos parece que esa es sin duda la perspectiva adecuada que dentro de ello hay que distinguir y fortalecer muy claramente las acciones, como decía, en los distintos ámbitos desde los aspectos estrictamente de protección, que son muy importantes, sobre todo en el extremo más temprano de estos embarazos.

Los embarazos producidos al inicio de la adolescencia están en la inmensa mayoría de los casos asociados a situaciones de abuso y violencia y obviamente deben ser enfrentados como tales. Esto lo destacaba mi colega precisamente hace un momento, mi colega Paz, y eso es muy importante.

Pero a medida que avanza uno en el espectro de edad del grupo hacia la adolescencia digamos más avanzada, ya apuntando hacia la edad adulta en los 18 años, la situación es diferente, la situación ya entra también en los términos de la elección de las personas, tanto de las mujeres como de los hombres adolescentes.

Entonces hay que abarcar todo el espectro, desde las medidas estrictamente de protección, con mayor relevancia en el caso de la niñez inclusive y adolescencia temprana cuando se producen este tipo de embarazos y los que tienen que ver ya más con una elección obviamente con aspectos de apuntalamiento en programas sociales, en servicios de salud, particularmente salud reproductiva, de igualdad de género, en fin.

Entonces esa sería sin duda, pensamos, la perspectiva adecuada. Sabemos que existe ya esta Comisión, creo que es muy importante apuntalar los trabajos de esa Comisión, tanto desde el ámbito legislativo y obviamente en nuestro ámbito de la cooperación técnica para el desarrollo igualmente estamos muy dispuestos para ello.

Quisiera agregar una pequeña observación sobre el tema porque se ha hecho notar en diferentes ocasiones que una disposición legislativa que pudiera contribuir a esta prevención de embarazos tempranos, sería la modificación de la edad legal al matrimonio, en el sentido de que se establezca muy claramente que el matrimonio sólo es legal a partir de los 18 años.

Sin duda, nosotros vemos como positiva una reforma en ese sentido, sobre todo como apuntalamiento de los derechos particularmente de las mujeres, pero de todas las personas.

Sin embargo, sí debemos tener en cuenta que el eventual impacto de una medida legislativa de ese tipo en términos de incidencia del embarazo en la adolescencia es muy discutible

Si nosotros vemos las estadísticas al respecto, vemos muy claramente que la inmensa mayoría de los embarazos en la adolescencia se producen en el seno de uniones consensuales, de uniones libres, no de matrimonios establecidos, de manera que ahí el enfoque tiene que ser distinto, mucho más integral, mucho más una perspectiva de educación, de cultura, de apuntalamiento en ese sentido de las y los adolescentes.

Gracias.

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA: Muchísimas gracias, maestro Sandoval.

Tiene ahora el uso de la palabra la doctora Eva Reyes, de OIM.

DOCTORA EVA REYES, DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES: Muchas gracias, sobre todo por el interés en el tema migratorio. Lo agradecemos de antemano.

Estamos en presencia en el tema de niñez migrante en un reto para toda la región en América Latina.

Actualmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos está discutiendo cuál debe ser el tratamiento que tienen que tener los niños, niñas y adolescentes.

La tendencia por supuesto es muy clara a su no detención y a su no privación de la libertad.

Consideramos que estos dos principios sumamente importantes y trascendentales no se ven claramente protegidos en la Iniciativa de Ley y consideramos que incluso en la redacción puede ser muy riesgoso abrir la puerta a que cualquier autoridad pueda tener y poner a disposición del Instituto Nacional de Migración, a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.

Nos parece que la reforma al artículo 112 fue un gran esfuerzo y vanguardia en el tema del Estado mexicano, porque establece que los niños ya no estarán alojados en estaciones migratorias, donde se priva de su libertad; sino se canalizarán al DIF, lo cual nos parece un avance muy grande.

Sin embargo, mientras exista una reglamentación a la excepción que permita en momentos excepcionales sigan canalizando a las estaciones migratorias, estamos ante la presencia de un avance que nunca va a llegar.

Por eso la necesidad, y vemos que la ley específica de protección a la niñez, en general, es esta la oportunidad de tener mucha claridad en que estos principios se lleven a la práctica por todas las autoridades: estatales, municipales y, por supuesto federales. En ese sentido, consideramos que hay que volver tal vez a redactar un poco este apartado, este capítulo, para que quede muy claro.

Estamos justamente en un momento muy importante en el que México puede ser el ejemplo para toda la región, y quien por supuesto abandere los derechos de los niños migrantes extranjeros.

En el tema de los niños migrantes mexicanos, lamentablemente su condición regular como mexicanos no los está excluyendo de todos los riesgos y violencia que sufren los extranjeros. Estamos ante la presencia de la misma violencia y discriminación que se sufren por igual. Es decir, el componente es que justamente son niñas, niños y adolescentes.

Por eso consideramos que debemos homologar el trato, independientemente de su nacionalidad; debe ser la misma autoridad que determina el interés superior, la misma autoridad que proteja y, esa autoridad por supuesto, es el órgano rector del que nos hablaba por supuesto UNICEF.

En ese sentido, consideramos que tenemos que armar a la autoridad que proteja a los niños, niñas y adolescentes, que esté obligado a la garantía de sus derechos humanos, porque en la práctica nos estamos enfrentando a contextos muy graves de violencia, de delincuencia organizada, en los cuales por supuesto en la experiencia de OIM, cuando un niño es víctima de un delito, cuando es obligado a actuar para la delincuencia organizada, la participación de la familia por lo regular está presente.

Por lo tanto, necesitamos instituciones fuertemente capaces de determinar el interés superior y no priorizar la reunificación familiar. Lo que se tiene que priorizar es el interés superior de los niños, y si eso implica la reunificación familiar, pues esa será la opción; pero si implica o apuntarle a otro lado, tenemos que modificarlo.

Lo anterior si nos lo tomamos con seriedad, por supuesto implica ampliar la protección internacional para que los niños, niñas y adolescentes extranjeros que estén en riesgo sus vidas de regresar a su país de origen, por supuesto no sean enviados a estos contexto donde ponemos en peligro sus vidas.

Por eso hablamos que es necesario garantizar, y esta es una oportunidad histórica de garantizar el igual trato a los niños, niñas y adolescentes, independientemente de su nacionalidad y, por supuesto, como lo hemos reiterado, de su estatus migratorio.

No sé si con esto queden contestadas las dudas. Muchísimas gracias.

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA: Muchas gracias, doctora Eva Reyes.

Le cedemos ahora el uso de la voz, por favor, al maestro Hernández Valencia, si es tan amable.

JAVIER HERNÁNDEZ VALENCIA, REPRESENTANTE EN MÉXICO DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS: Muchísimas gracias, senadora Flores.

Quiero tomar la pregunta específica que hizo el senador Morón, para articularla a un aterrizaje muy concreto –si me permiten el atrevimiento–, en un ejercicio relámpago de cómo traducir esto que parece inasible –principios, interés superior del niño, titularidad de los derechos del niño–, en cosas muy concretas en la norma, con cargo a que obviamente el documento que entregaremos por escrito, abundará en el ejercicio.

En la página 4 de la iniciativa, revisarán ustedes que –por ejemplo– se dice, cito: “La iniciativa prevé tres conceptos que representarán una parte fundamental del mecanismo jurídico que permitirá una protección activa de las autoridades a favor de la ley”.

Y luego, las desarrolla diciendo: “la representación originaria, la representación coadyuvante, la representación en suplencia”.

Y eso es correcto. Pero luego nosotros empezamos a decir cosas como que “esto tiene una visión asistencialista, debe tener una visión desde la titularidad de los derechos del niño, etcétera”. ¿A qué nos referimos en concreto?

Pongo el ejemplo, y lo voy a poner a partir de dos elementos que están escritos tal cual, no hay que desorientarse mucho.

El Comité de Derechos del Niño, en el ejercicio del examen de los informes presentados por México en el 2006, en la recomendación del párrafo 28-B dice explícitamente, cito: “Se recomienda al Estado Mexicano enmiende los códigos de procedimientos civiles para asegurar que los niños sean escuchados en las actuaciones judiciales que los afectan”.

Primero, yo traté en mi exposición de decir: Creo que México ha hecho una apuesta por un siglo XXI de derechos a partir de una reforma constitucional; una reforma constitucional que da cabida a los tratados internacionales.

Y he dicho luego: Los tratados tienen, obviamente, el contenido sustantivo de los textos, pero tienen su interpretación a lo largo del tiempo, que es un diálogo con el Estado, en el cual las recomendaciones de los comités son una hoja de ruta válida para implementar eso que México aceptó soberanamente incluir en su normativa interna.

Si hay una recomendación específica, como se viene con procedimientos civiles para asegurar que los niños sean escuchados en las actuaciones judiciales, la idea presentada en la iniciativa de ley sobre los tres conceptos de representación, no parecería atender de manera específica si es que estamos sólo blindando la representación, la idea de titularidad de derechos de los niños y niñas, si es que no añadimos que aparte de la representación y al lado de la representación aseguramos su derecho a ser escuchados, porque así la recomendación lo establece.

Ahora, ciertamente muchos de ustedes son juristas. Si la recomendación fuera “Base insuficiente para tomar ese paso”, quiero llamar la atención a lo que también subrayé en mi intervención general a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado con respecto al carácter no referencial sino mandatorio de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Y para este punto, en el caso Atala-Riffo versus Chile, la Corte Interamericana dijo de manera específica, la corte resala, cito: “Que los niños y las niñas son titulares de los derechos establecidos en la Convención Americana, además de contar con las medidas especiales de protección contempladas en el artículo 19 de la convención. Las cuales deben ser definidas según las circunstancias particulares en cada caso”.

En el presente caso, el Tribunal observa que el artículo 8-1 de la Convención Americana consagra el derecho a ser oído, que ostentan todas las personas, incluidos los niños y las niñas en los procesos en que se determinó sus derechos.

Si esto es así, entonces la hoja de ruta es muy precisa. Es, obviamente, lo que la iniciativa añade sobre representación y obviamente respondiendo a la idea de una visión asistencialista, debe complementarse, corregirse, reencausarse a una visión de derechos con la titularidad de los niños basado, uno, en la recomendación y, dos, en la sentencia de la corte, en la que dice de manera específica: “Los niños y las niñas deben tener garantizado el derecho a ser oídos en las audiencias en las cuales son parte”. En eso no hay mucha magia.

Uno distinto y segundo, es el del enfoque diferenciado de derechos con respecto a la multiculturalidad. La iniciativa hace un énfasis correcto en discernir categorías específicas de niños con vulnerabilidad –se habla de los niños migrantes, se habla de los niños con discapacidad– pero omite, no lo menciona, no aparece, el tema de los niños indígenas.

Al respecto, vuelvo a hacer el ejercicio de cómo estas herramientas que nosotros hemos venido dialogando y trabajando con ustedes, pueden o no serles útiles en la consideración de cada uno de los temas del articulado.

En el caso Chitay Nech versus Guatemala, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2010, dice: “La Corte estima importante señalar medidas especiales de protección que deben adoptar los estados a favor de los niños indígenas”, y entonces luego desarrolla cuáles.

Entonces, la hoja de ruta está muy marcada, sobren la base de lo que yo asumo es una decisión política ya tomada de manera previa y como base de todo este ejercicio por ustedes, no sólo el cuerpo legislativo, sino por el Estado Mexicano que es la reforma constitucional, el rol de los instrumentos internacionales y el diálogo con las recomendaciones y las sentencias de la Corte Interamericana.

Gracias por vuestra atención.

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA: Al contrario, muchísimas gracias, muy amable maestro Hernández Valencia, por sus respuestas, por sus aportaciones.

De esta forma, estimada audiencia le damos fin a la participación, este diálogo que hemos tenido con organismos internacionales para el análisis de esta iniciativa preferente.

Les damos a todas y a todos las gracias, y queda por supuesto de manifiesto el hecho de que todos los que estamos aquí estamos buscando un mejor presente y por supuesto un mejor futuro para las niñas, niños y adolescentes.

Les tomaremos la palabra de estar en este trabajo de manera permanente, acompañados por ustedes, requerimos tenerlos cerca. De verdad han sido muy valiosas sus aportaciones.

Muchísimas gracias a todas y a todos.

Concluimos esta parte que ha estado dispuesta en el programa y pasaremos ahora a la fase en la que estaremos escuchando la participación de diferentes organismos de la sociedad civil, que estarán participando.

Para ello conducirá estos trabajos, de acuerdo a lo que ya hemos establecido las comisiones unidas, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo.

Así es que yo les agradezco a todos por esta fase con organismos internacionales.

Con su permiso.

SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: Buenas tardes.

Me da mucho gusto poderlos saludar, a todas, a todos, a las y los integrantes de estas seis comisiones que dictaminaremos esta iniciativa preferente y vamos a empezar a desahogar la audiencia número tres, que tiene que ver con la participación de la sociedad civil.

Queremos hacer un comentario: nos hemos excedido en el tiempo, siempre pasa regularmente esto, pedimos su comprensión y si es posible que en el término pudiera reducir un poco más y en sus intervenciones, porque jugamos también con el tiempo de los demás.

Por favor, iniciamos con Juan Martínez Pérez, Director Ejecutivo de la Red para los derechos de la Infancia en México, REDIM.

LICENCIADO JUAN MARTÍNEZ PÉREZ, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RED PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE LA INFANCIA EN MÉXICO: Muy buenos días a todas y todos ustedes, muchísimas gracias al Senado de la República por abrir este espacio, esta audiencia pública para escuchar también la voz de las organizaciones sociales.

Como saben ustedes, pues hace ya varios años hemos estado trabajando literalmente codo a codo con ustedes, los últimos dos años reflexionando sobre la necesidad de tener una ley de altura hacia la realidad que viven niños y niñas en este país.

Quisiera destacar y felicitar que se está trabajando distinto a lo que ha sido este proyecto enviado del Ejecutivo que, lamentablemente hay que decirlo, fue construido sin la participación de las organizaciones de la sociedad civil, pese a que de manera reiterada hicimos oficios, búsquedas y presiones para poder dialogar y creo que esto sí tiene que quedar claramente reflejado como una expresión de protesta de parte de las organizaciones.

Y marco la diferencia con el Senado, porque creo que precisamente es el Estado Democrático donde los poderes pueden hacer contrapesos.

Quiero compartirles que tenemos confianza en que este Senado de la República, como máxima instancia del Poder Legislativo, tiene la posibilidad de poner de pie este proyecto que ha llegado de cabeza.

Y quisiera puntualizar algunos temas que seguramente las otras organizaciones van a venir a reforzar.

Una de las más preocupantes para nosotros es que este proyecto de Ley no tiene enfoque de derechos humanos, y este país ya no puede permitirse el lujo después de todo el trayecto que tenemos, de aceptar que un Proyecto de Ley no tenga este paradigma.

Preocupante es y seguramente ustedes lo tendrán ya visto, la página 3, párrafo cuarto, donde se plantea que esta Ley no protege derechos sino protege niños.

Esta autodeclaración da un paso atrás, 24 años, y creo que es algo que se tiene que corregir porque sobre ese prisma todo lo que encontramos en el Proyecto de Ley se ve claramente reflejado en esa perspectiva.

Un segundo elemento que nos preocupa, es que lamentablemente cuando México tiene la oportunidad histórica en este momento de hacer un salto importante, venimos de un recorrido de reformas estructurales, menciono la Reforma Energética, Reforma de Telecomunicaciones. Y parafraseando a un consejero de nuestra red: la verdadera reforma estructural está en nuestra infancia. El petróleo se nos acaba en 30 años; la infancia no.

Y por ello la importancia de que el Estado Mexicano se atreva a hacer política de Estado y precisamente este es el marco de oportunidad que tenemos con esta Ley.

Preocupación especial reviste el que este proyecto presentado mantiene la cultura y la visión tutelar asistencialista que ha caracterizado a las acciones del Estado Mexicano en los últimos años y que más allá de si nos gusta o no nos gusta, los resultados son concretos: 53 por ciento de niñas y niños en este país viven en pobreza, casi 22 millones de ellos; 4.7 millones de ellos están en pobreza extrema. Es decir, al menos una vez al día tienen dificultades para comer; 3 millones de niños trabajando.

Es decir, estos son resultados concretos de la política que hasta ahora se ha seguido y que nos da cuenta que así como lo hemos hecho ya no podemos seguir. Necesitamos hacer cambios estructurales.

Y entro a los planteamientos: desde hace ya varios años hemos venido insistiendo en la necesidad de que México cumpla con la observación general número 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño, denominada Medidas General de Aplicación.

¿Qué establece lo que nosotros coloquialmente hemos llamado como Sistema Nacional de Garantía de Derechos?

Y permítanme la caricatura que voy a hacer, espero no, digamos, al extremo de la superficialidad. Pero cuando hablamos de un sistema, estamos pensando precisamente en algo vivo, en algo que se mueve, que se retroalimenta.

Y me permitiría poner el ejemplo de un cuerpo humano. Necesitamos un cerebro, un mecanismo de coordinación de alto nivel que articule los demás actores del sistema; necesitamos ojos para mirar.

Y ahí por supuesto están los funcionarios y funcionarias públicas, pero también están las organizaciones sociales.

Siete de cada 10 albergues y programas particularmente para infancia altamente vulnerable, lo realizan sociedad civil.

Por ello es que no se puede pensar en ningún país en América Latina, que existen sistemas de garantías o de protección, la sociedad civil está ausente, y aquí nos inquieta que esto no está reflejado.

Se hace un enunciado en el que puede ser invitada sociedad civil, organismos públicos autónomos, incluso niños y niñas de acuerdo a los temas y con voz, pero sin voto.

Esto por supuesto que cuestiona nuestra calidad democrática de país y de instituciones y, reitero nuevamente, no podemos permitirlo en un momento histórico como el que México está viviendo.

En este ejemplo del sistema, necesitamos también una mano, que sería el sistema de información único; no tenemos sistema de información único.

Necesitamos también otra mano, que sería una defensoría, que haga el contrapeso a los servicios del Estado.

El caso de Ismael, el pequeño que nos ha mencionado su padre, que compartimos el dolor, nos da cuenta precisamente que aún con recomendaciones, que aun con denuncias públicas, la desesperación es tal que hay que buscar cualquier rincón para señalar que no hay contrapesos, y los necesitamos.

Necesitamos un pie también, que es la asistencia. Y que ahí hay que destacar el trabajo heroico de muchas personas y funcionarios, funcionarios de los sistemas DIF que a nivel municipal, a nivel estatal hacen cosas impresionantes con pocos recursos; y que siguiendo esta paradoja o este ejemplo, hemos estado como país cojeando: vamos caminando sobre un solo pie. Necesitamos el otro, que es la garantía universal de derechos.

Y ese otro ya está, ¿eh?, no tenemos que buscar ninguna inserción. Está ahí con la articulación necesaria al sistema de salud, al sistema educativo, al Poder Judicial.

Regreso a esta idea de sistema, porque en el proyecto de ley lamentablemente se queda corto y no se entiende que estamos hablando de una política de Estado. Que cuando se habla de la Convención sobre Mecanismos de Coordinación, no se refiere a acciones de gobierno, de Estado: preocupa que no se encuentre en este llamado sistema, que en realidad es una comisión interdependencial o pequeño gabinete social; no está el Poder Judicial, no está el Poder Legislativo, y me pregunto: aquél esfuerzo que ha hecho el Poder Legislativo en las últimas legislaturas para tener comisiones de derechos de la niñez ordinarias, y aquí en este Senado el pasado 30 de abril se logró tenerla como ordinaria, si no van a ser consideradas en el diseño de política pública.

Regreso nuevamente a esta idea de sistema. Necesitamos realmente hacer el cambio y poder caminar, y ojalá muy pronto correr; pero eso va a ser sólo posible si organizamos lo que ahora se ha presentado.

Destacaría algunos puntos, tratando de atender la invitación que nos hacen a ser precisos y a cuidar el tiempo de todas y de todos.

Participación infantil. El proyecto tiene un retroceso impresionante, y les invito a que puedan mirar el capítulo de Asociación, donde en su articulado establece que para asociarse, los niños requieren la autorización de los tutores.

La mayoría de los aquí presentes tenemos hijos e hijas; eso significa, si se hace una interpretación inapropiada de esta ley, que para que mi hija de 11 años se pueda inscribir en un club deportivo tendrá que participar o tendré que ir yo a hacer esta inscripción. Y la lógica diría: ¿por qué no lo podrá hacer?

La pregunta es al revés: ¿por qué los niños y las niñas no podrían asociarse en espacios saludables para su desarrollo, sin la participación de los adultos?

Hemos venido avanzando, afortunadamente la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ya tiene en su normativa interna aceptar quejas de los niños y niñas, sin la participación de un tutor.

Y esto creo que esto es muy importante, y les invitaría a que lo consideremos, porque precisamente cuando hablamos de la visión tutelar asistencial, es de pensar a los niños y a las niñas sólo desde la familia. Hagamos la analogía brevemente, por qué las mujeres no tiene que pedir permiso a su esposo: porque estamos hablando de derechos humanos de las mujeres; ¿por qué no hablamos de los derechos humanos de niños y niñas? Y particularmente pongo este ejemplo, con las y los adolescentes.

Los aquí presentes podrán coincidir conmigo que los adolescentes no nos preguntan mucho de los espacios donde se asocian: esto significa que están violentando la ley, y nosotros padres de familia irresponsables en esta mirada tutelar asistencialista, estaremos en falta con la ley.

Estoy ironizando, porque creo que en muchos momentos observo que quien escribió este texto, obviamente sin la experiencia en el tema de enfoque de derechos de infancia, sin recurrir a las 307 recomendaciones que México tiene de distintos organismos internacionales en materia de infancia, que les vamos a compartir el cuadro analítico para que pueda ser más fácil considerado.

Muchas de ellas, por cierto, hay que destacar, están en medidas generales de aplicación: en la descoordinación, fragmentación que tenemos.

Entro en el tema grave de las agendas emergentes de infancia. Tenemos un actor ya, que llegó para quedarse, lamentablemente, esperemos que algún día lo logremos sacar de este país; y me refiero al crimen organizado trasnacional.

Esto, asociado con la fragilidad institucional para cumplir las leyes en nuestro país; asociado con la corrupción y con la impunidad, se convierte en el caldo de cultivo perfecto para que cientos, si no es que miles de niños y niñas, particularmente adolescentes, sean víctimas indefensas frente a un Estado que no logra protegerlas.

Y esto puede sonar escandaloso, pero los datos nos van dando cuenta de que el Estado cada vez tiene más dificultades para poder proteger a sus niños y sus niñas.

La encuesta sobre inseguridad que hace el INEGI –que seguramente todos ustedes conocen– refiere que 7 de cada 10 adultos en este país ya no dejan salir a sus niños a la calle. Esto nos trae dos lecturas. Una inmediata es que no hay confianza en las autoridades para garantizarnos la seguridad en el espacio público para niños y niñas. Pero tiene otra implicación, y es que las familias están asumiendo el rol que le corresponde al Estado de garantizar la seguridad y la integridad de nuestros niños.

Esto trae temas asociados, más horas en pantalla, estamos asustados porque los niños ven mucho tiempo la televisión o están en el teléfono y si los tenemos encerrados obviamente más horas de pantalla son automáticas. Vida sedentaria, alimentos poco apropiados, obesidad, 3 de cada 10 niños en este país tienen obesidad.

Es decir, una decisión aparentemente positiva puede revertir o puede traducirse en daños importantes para niños y niñas.

Voy cerrando con dos temas puntuales.

Si nosotros no asumimos que este proyecto es la base para poder construir algo que pueda realmente transformar al país, lo único que tendremos será más de lo mismo, y lo único que tendremos va a ser a organizaciones, como las que estamos aquí, de diversas que somos, recordándole al Estado sus obligaciones, y tendremos a los organismos internacionales recordando lo que nos hemos comprometido y no hemos cumplido.

Quizá ustedes lo saben, seguramente, que el próximo 20 de noviembre en Nueva York, el Estado Mexicano junto con Suiza y otros países está organizando la celebración magna por los 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Ojalá lleguemos a ese evento a presumir un sistema nacional de garantías, una ley de enfoque de derechos. Y lo digo con todo respeto para este Senado, porque creo que puede cambiar la realidad, y no lleguemos a hacer el ridículo teniendo una ley tutelar asistencialista contraria al enfoque de derechos humanos y a la propia Convención sobre los Derechos del Niño.

Y el último punto. Creo que es muy oportuno y central entender que estamos en otro momento histórico. Ya no podemos pensar que la voz del Ejecutivo es la única ni la que va a definir el rumbo de este país. No solamente porque no es real, sino porque no lo vamos a aceptar.

La sociedad mexicana, niños y niñas no son los del siglo pasado. Estamos en otro momento donde ellos nos enseñan cómo quitarle el control parental al control de la televisión; donde nos enseñan a usar nuestros teléfonos celulares.

No podemos pensar en una ley del pasado con niños y niñas que han evolucionado y están en otro momento histórico. Ese es el desafío que tiene el Senado de la República.

El índice de medición que aplicamos con el instrumento que está disponible de manera pública de la Red por los Derechos de la Infancia tratando de hacer una homologación de lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño y especialmente la observación general número cinco, comparándolo con este proyecto al Senado de la República le llega un proyecto que alcanza tres puntos de 10. Nos encantaría que el Senado logre alcanzar el 10, sería fantástico. Podríamos celebrar este próximo 25 aniversario de una manera distinta.

Ahí es donde cuenten con nosotros. Somos parte de este esfuerzo, como lo señalaba –y reitero el agradecimiento– hemos sido parte de esta casa estos años y de verdad agradezco mucho la sensibilidad que han tenido en nosotros y cuenten con toda la disposición para correr el lápiz con todos ustedes y allá los técnicos que son los que les va a tocar batallar estos días, saben que cuentan, está todo sistematizado.

UNICEF ya ha planteado los temas básicos. La verdad es que no hay mucho de qué romperse la cabeza. Hay que retomar lo que ya se ha establecido, traducirlo, reorganizar y dar un salto cualitativo.

Me encantaría que la próxima sesión que tengamos en este Senado sea para celebrar juntos que logramos alcanzar 10 puntos y estar a la altura de los desafíos que representa la infancia en este país.

Nuevamente, muchísimas gracias por el espacio.

SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: Licenciado Martín, realmente datos muy importantes nos has aportado y queremos, como tú lo dijiste, el acompañamiento que es muy necesario. Muchas gracias.

Tiene la palabra Alfonso Poiré Castañeda, representante del Save the Children en México. Si puede hacer uso de la palabra.

ALFONSO POIRÉ CASTAÑEDA REPRESENTANTE DE SAVE THE CHILDREN EN MÉXICO: Gracias.

Creo que la reflexión que hace nuestro colega Martín Pérez nos ubica en un contexto que probablemente habrá que redondear en términos de la problemática que viven niñas, niños y adolescentes en este país.

Aporto algunas cifras adicionales, porque creo que este contexto no es un contexto en el que podamos sentirnos confortables o en el que podamos sentirnos satisfechos de avances o de logros como sociedad y como gobierno.

Vivimos lo que llamo prácticas intolerables en contra de la infancia., Estamos hablando de una situación en donde se generan una serie de fenómenos que eran inéditos en este país hasta hace unas décadas y que son embargo hoy se expresan de una manera dramática, terrible, más allá de lo que en realidad estamos conscientes como sociedad; 70 mil víctimas de la trata en México.

Muchas de estas cifras que voy a mencionar ni siquiera están perfectamente validadas y en todo caso son conservadoras, porque pensamos que puede ser más grave la situación de lo que se plantea y lo que se ha detectado.

Entre 25 mil y 35 mil niños en el crimen organizado, jugando papeles de todo tipo. Aproximadamente 700 mil niños en albergues, la mayor parte de estos niños están en albergues que son de sociedad civil, que son privados.

El DIF tiene una cobertura apenas de 30 mil niños y niñas en los albergues. Ya lo mencionaba Martín, más de 3 millones de niños trabajando, no sabemos las cifras, por ejemplo, de los niños que se encuentran en unidades económicas familiares, en lugares alejados, etcétera, sobre los cuales no tenemos mayor información de las condiciones en que desarrollan sus actividades, pero se ha vuelto una estrategia de sobrevivencia nacional que niñas y niños desarrollan actividades económicas, la mayor parte de las veces con el costo de que renuncian al ejercicio de sus derechos en educación, en salud, al juego, al descanso, etcétera.

Noventa y cinco mil niños en situación de calle, más del 60 por ciento de niños son víctimas o sufren violencia o maltrato; 30 mil niños, esto me parece particularmente grave, mueren por enfermedades prevenibles antes de los 12 meses.

En ese contexto, me parece que el esfuerzo que tiene que hacer el país para atender esta problemática, para enfrentar estas prácticas intolerables tiene que ser mucho mayor al que se está planteando con la presentación de la iniciativa.

Creo que la iniciativa puede convertirse en ese sentido en un momento que permita efectivamente entrar en un proceso social de comprensión cabal de la escala del problema que estamos enfrentando en materia de infancia en México.

Y puede abrir un proceso para que efectivamente transitemos como sociedad hacia la construcción de una respuesta social distinta a la que le hemos dado a los problemas.

Yo creo que esa respuesta distinta a la que podemos aspirar y que me parece que es urgente, porque estas cifras, a pesar de que son frías, reflejan una enorme cantidad de sufrimiento humano, que no podemos aceptar, esa respuesta me parece que tiene que darse sobre ciertas premisas, principios y propósitos que no podemos olvidar.

Se han mencionado algunos de ellos, pero yo quisiera enfatizar: en primer lugar en que es responsabilidad del Estado garantizar los derechos humanos de la infancia.

El Estado es el garante de estas obligaciones que tenemos para niñas, niños y adolescentes y por más que asignemos responsabilidades y por más que busquemos generar los apoyos necesarios para que otros sectores y otros actores de la sociedad, la escuela, la comunidad, desde luego la familia, puedan efectivamente contribuir a hacer realidad los derechos de las niñas y de los niños. La responsabilidad del Estado es ineludible.

Y me parece que en este momento el país no cuenta, digamos, con esa certeza de un Estado que efectivamente es capaz de responsabilizarse de los derechos humanos de la infancia.

Creo que otra premisa que tenemos que atender para generar y construir una respuesta social diferente, es que tiene que existir un modo coordinado y sostenible de proteger a niños y niñas.

Ya lo comentaba Martín. O sea, el accionar de los actores es fundamental. No sé si retomamos, por ejemplo, el caso de los niños en albergues.

Estamos viendo claramente que hay esfuerzos de la sociedad que van mucho más allá de la respuesta institucional que le estamos dando a los problemas.

Y entonces, sin embargo, no todos los albergues funcionan, ni siquiera son una solución deseable para la atención de niñas y niños que se encuentran en situación de abandono, porque hay otras fórmulas que también tendrían que buscarse establecer para poder resolver ese problema.

Y sin embargo se desconoce mucho de lo que sucede en estas instancias y desde luego no existe una política clara ni a nivel federal, ni a nivel de los estados para, digamos, lograr que los albergues cumplan con una serie de funciones y de formas de atención a las niñas y niños.

Otra premisa que parece que tenemos que empezar a considerar para construir esta respuesta, es la idea de la gobernanza centrada en la infancia.

Si efectivamente le damos centralidad a la infancia como un problema no sólo de carácter social, no sólo de carácter asistencial, sino como un problema de carácter económico fundamental para las posibilidades de desarrollo del país, creo que podríamos avanzar hacia una visión de la acción de gobierno totalmente distinta.

Insisto: creo que esta idea de la gobernanza centrada en la infancia nos ayuda a reordenar, digamos, el conjunto de los problemas que existen a nivel nacional, si efectivamente buscamos garantizar que las niñas y niños tengan acceso al desarrollo, eso va a significar políticas de carácter económico diferentes, por ejemplo, en materia de empleo, o en materia de desarrollo económico.

Y entonces la infancia nos permite como reordenar la agenda de la acción pública y de la acción nacional.

Finalmente, en términos de estas premisas, yo diría que no podemos perder de vista la necesidad de garantizar el ejercicio, exigibilidad y justiciabilidad de todos y cada uno de los derechos de los niños y adolescentes.

Lo que sucede normalmente cuando se trata de disposiciones jurídicas que tienen que ver con derechos humanos, con sectores vulnerables de la población, etcétera, es que logramos darle contenidos conceptuales a los instrumentos jurídicos más que suficientes.

Pero en el momento de instrumentar esos contenidos, en el momento de darle forma a los mecanismos, a los dispositivos jurídicos que se requieren desde el punto de vista institucional, presupuestal, de responsabilidades de las personas, de los servidores públicos, etcétera, etcétera, que están involucrados con los problemas, ahí nos quedamos siempre en fórmulas en el mejor de los casos declarativas.

Y eso me parece que se encuentra presente en muchos sentidos en la propia Iniciativa. Creo que la Iniciativa no es lo suficientemente puntual en términos de desarrollar la juridicidad, entendida como las condiciones para la exigibilidad de los contenidos y por lo tanto tendríamos que hacer un esfuerzo muy significativo de ajuste a esos planteamientos.

Para terminar mi exposición, voy a hacer una propuesta en términos de lo que pudiera ser una agenda para la atención de la problemática nacional que estamos viviendo en materia de la infancia:

Independientemente del proceso que siga la ley, yo creo que esta agenda sigue siendo ineludible y vamos a tener que enfrentarla y espero que la ley en ese sentido, o este proceso que estamos siguiendo en términos de la Iniciativa puedan contribuir, digamos, a esta agenda.

Pero creo que no podemos ya posponer y soslayar la necesidad de un acuerdo nacional, para ser realidad y aplicar el interés superior de la niñez: este es un mandato constitucional y nos marca derroteros muy claros del esfuerzo que tenemos que hacer en todos los niveles de la sociedad, desde el Gobierno hasta las familias.

Creo que este esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo por plantear una iniciativa, podría desembocar en la idea de un acuerdo nacional, en donde pudiéramos poner finalmente como debe de ser, el tema de la infancia en la prioridad que se requiere.

Otro tema u otro punto, otro momento de esta agenda sería que trabajáramos seriamente en términos del desarrollo de la información, el acopio, el análisis de la información que tiene que ver con niñas, niños y adolescentes en México.

Desconocemos en realidad la escala del problema. O sea, estas cifras aparecen en medios, las desarrollan las organizaciones de sociedad civil a partir de esfuerzos, de investigación, se contemplan en algunos componentes de la información pública; pero no sabemos realmente hasta dónde llega la problemática de la infancia, y creo que podemos rápidamente desarrollar una acción significativa en términos de información que nos involucre a todos los actores y dentro del marco de este proceso que se inicia con la iniciativa.

Creo que también estamos en condiciones de hacer un ejercicio de prospectiva del marco legal que se requiere en materia de infancia a nivel general, federal, estatal y municipal. O sea, el problema de niñas, niños y adolescentes no se va a resolver con un instrumento legal: se requiere de un marco legal mucho más amplio y en todos esos niveles.

Es un marco legal que debe abordar problemas de derecho público, pero también de derecho privado, pero también de derecho económico y administrativo. No se entiende, por ejemplo, que no estén presentes dentro de las consideraciones de un marco legal o de una iniciativa legal la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente; que tienen responsabilidades muy claras y cuyas decisiones afectan o pueden afectar de una manera central la situación o las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes.

Y lo mismo sucede en el ámbito estatal. O sea, ya mencionaba Martín que no hay una consideración, por ejemplo, en términos de las posibilidades que tienen los poderes legislativo y judicial también para atender esta urgente transformación de la realidad nacional.

Y finalmente, dentro de esta agenda propongo que se abra un espacio para el diseño participativo, colectivo de los instrumentos legales pertinentes; pero también de las políticas públicas, programas acciones y procesos que se necesitan en el contexto de la situación de la infancia en México.

No podemos seguir posponiendo la atención de una serie de problemas y hay bases jurídicas suficientes, me parece, independientemente de la aprobación de esta ley, para que podamos desarrollar políticas de Estado, programas y para sobre todo, hacer un ejercicio de canalización de los fondos y de los recursos sociales que se requieren para atender este problema.

Muchas veces, sin la necesidad de todo un andamiaje legal, una decisión de política financiera como es aumentar significativamente el gasto destinado a la infancia, podría ser una diferencia muy importante en la atención de estos problemas que hemos mencionado, y creo que son decisiones que no tenemos que posponer, que no tenemos que discutir mucho y que podemos implementar, desde luego.

Muchas gracias.

SIGUE SEGUNDA PARTE

INICIA SEGUNDA PARTE
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM: Muchas gracias, Alfonso.
Realmente la propuesta es muy, muy importante. Me parece que rebasa hasta lo que tenemos en la mesa; lo tomamos con mucha simpatía y lo revisamos; y por supuesto la compañía de ustedes va a ser muy, muy importante.
Muchas gracias.
Y llamamos a la maestra Gabriela Escobar del Razo, de la Alianza para la Infancia y sus Familias, AIFAM. ¿Está por aquí? Muy bien.
Buenos días. Tiene la palabra.
MAESTRA GABRIELA ESCOBAR DEL RAZO, ALIANZA PARA LA INFANCIA Y SUS FAMILIAS: Saludo con total respeto a esta Soberanía deliberativa en representación de las senadoras y senadores aquí presentes.
Pues, la Alianza por la Infancia y sus Familias está compuesta por 73 organizaciones de la Sociedad Civil que venimos trabajando en cuatro estados de la República: Puebla, Guanajuato, Veracruz y el Distrito Federal, con la intención de visibilizar la importancia de la atención de la infancia en entornos seguros. De tal suerte que en el análisis de esta ley abordaremos temas muy específicos, como es el derecho a vivir en familia, como es de la guarda y custodia y de los centros asistenciales.
De tal suerte que me voy a permitir leer el documento elaborado por todo el equipo que trabajamos en el análisis de la ley y que seguimos trabajando en ello en los diferentes estados de la república.
Inicio con hacer referencia a la jurisprudencia a la Corte Internacional de Derechos Humanos que alude al derecho que tiene todo ser humano, especialmente los niños, a tener un plan de vida.
Todo niño tiene derecho a alentar un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado por los poderes públicos para que se desarrolle su beneficio y en la sociedad a la que pertenece.
De tal suerte que analizando el instrumento que manda el Ejecutivo y escuchando las observaciones, más bien el compartir del abogado por parte de la judicatura, perdón, el abogado que ayer presentó la ley, decía nuevamente, y como se ha referido aquí, que el Interés Superior del Niño multicitado en la ley tiene ambigüedades, condiciones de percepción y tal.
Creo que ya no estamos a la altura en las organizaciones civiles de seguir cuestionando y dándole la falta al concepto del interés del niño. Lo hemos abordado en diferentes escenarios, espacios, en documentos, en propuestas. Aquí mismo en el Senado se analizó a profundidad la aplicación del concepto del Interés Superior del Niño y creemos que tenemos que observarlo en la definición, en las dos definiciones que marca.
Es un criterio de ponderación que ordena priorizar el derecho del niño sobre el adulto, en los casos en que así se justifique. Es un mandato dirigido a todas las autoridades y en esto queremos hacer mucho énfasis: es un mandato dirigido a todas las autoridades y a la sociedad en general sobre la consideración de los derechos de los niños y las niñas en las decisiones administrativas, judiciales y legislativas.
Y entonces consideramos que está ya muy claro, que no tenemos que estarle dando mucha vuelta o justificando la ambigüedad del término o la subjetividad del término.
Por consiguiente, una definición en la ley que aborde estos dos elementos es necesaria para que las autoridades de los tres niveles de gobierno, los integrantes de los poderes legislativos y judiciales, así como la sociedad en general, entiendan con claridad lo que significa el Interés Superior del Niño y lo puedan llevar consigo día a día.
En materia de violencia familiar, observamos que no se llega a la causa. La violencia familiar se toca de soslayo. La violencia familiar no se aborda como una problemática que viven niños y niñas en el seno del hogar, donde deberíamos considerar que es el entorno más seguro, es ahí donde se vulneran mayormente sus derechos.
El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el deber del Estado de prevenir las violaciones a los derechos fundamentales. La prevención son las acciones u omisiones a que está obligado el estado, por la vía de los tres poderes, con miras a garantizar el pleno y efectivo de los derechos, aún y cuando no exista peligro de una potencial afectación o inclusivo cuando el derecho humano de algún sujeto sea ya visto trasgredido.
El proyecto, al abordar el tema de la violencia familiar, establece un régimen sancionador, punitivo, que castiga a los que violenten a niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, no establece mecanismos que ayuden a prevenir la violencia, lo da por entendido.
Y el día de ayer justamente en el análisis, ante el representante de la Consejería, hubo senadoras que cuestionaban el tema de las causas y no hubo respuesta a ello.
Por eso debemos seguirlo señalando, esta no es una ley antibullying, ésta debe ser una ley general de protección de derecho de niños, niñas y adolescentes y es preocupante que ante los medios de comunicación se esté manejando como una ley antibullying, cuando el bullying, si bien no es la única causa la violencia familiar, es un factor fundamental que genera o que repercute en las conductas de acoso escolar.

De tal suerte que consideramos que debe ser visibilizado, este concepto, y además atendido desde la óptica de la prevención. El proyecto judicializa la violencia familiar, aborda la problemática desde la perspectiva, cuando ya existe la violencia, lo cual si bien es necesario, no es suficiente para erradicarla.

Por tanto la ley deberá establecer mecanismos de prevención de la violencia que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de los niños.
En el título segundo, de las obligaciones de quienes ejercen patria potestad, tutela, guarda o custodia de niños, niñas y adolescentes, quisiéramos hacer un resumen para decir que en este apartado no se plantean mecanismos de apoyo para quienes ejerzan la guardia y custodia que puedan garantizar los derechos.
Refuerza la obligatoriedad que se tiene de cubrir todas las necesidades de niños, niñas y adolescentes, pero tampoco establece mecanismos para apoyar a aquellos que están limitados para resolver las necesidades y salvaguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Cuando dice se establece que la Federación, las entidades federativas, etcétera dispondrán lo necesario para quienes ejerzan la patria potestad, guarda y custodia, cuiden, atiendan y protejan, nos cuestionamos y decíamos: y dispondrán verdaderamente de lo necesario, ¿hasta dónde es lo necesario? Y hablamos de entidades federativas y yo pienso en los municipios y en aquellos que están más alejados de al menos el menor centro de atención o apoyo.
Es una sentencia demasiado vaga, bien podría decir que serán responsables de establecer una política pública de apoyo integral a las familias, con especial énfasis a aquellas que enfrentan pobreza y exclusión y no solamente dejarlo en “dispondrán de lo necesario”.
No se promueve el desarrollo de niñas, niños y adolescentes en entornos seguros y este tema lo vamos a analizar más a fondo cuando hablemos de otras formas de violencia y justamente cuando hablemos del derecho a vivir en familia.
Pero la ley menciona: evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia o rechazo en las relaciones entre niños, niñas y adolescentes y de esto con quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como con los demás miembros de su familia.
Y llama poderosamente a nosotros la atención cuál es el concepto de familia a que alude la ley y nuevamente tenemos que subrayar que nos está hablando de un modelo de familia único, tutelar, en donde niños y niñas harán lo que el adulto diga o quien tiene la guarda y custodia y entonces será “no se peleen, no friten no sean niños”.
De tal suerte que tenemos que analizar muy bien en el concierto internacional de lo que ostros instrumentos nos dicen en cuanto a la diversidad familiar y en cuanto a las relaciones interpersonales que se deben generar de manera armoniosa y que debemos consultar disciplinas como la psicología, que plantea la disciplina positiva, formas de crianza, formas de establecer entornos seguros y no solamente sentenciar que haya buenas relaciones y ya y que es responsabilidad de quienes tienen la tutela.
Es qué herramientas les está dando el Estado a las familias para que tenga buenas relaciones en la familia, y ejerza de manera adecuada la tutela o la guarda y custodia.
Y en guarda y custodia ahí tendría que entrar al tema de los centros de asistencia social.
Son dos capítulos que deberían de ir concatenados o muy vinculados y los vemos uno aparte del otro, como si hablar de guarda y custodia estuvieras hablando de papá y mamá y hablar de centros de asistencia social de todo lo que quieras, imagines que va a dar asistencia a niños.
Nos mete en una bolsa a todos sin identificar modalidades de atención, formas de atención, si es temporal, si es permanente, y qué tipo de servicios brinda y ofrece y si además es el único recurso para atender a niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad.
Vemos que esta parte nos deja fuera, por ejemplo, a los albergues de sistema educativo, a los albergues indígenas de la SEP, ni siquiera pasan de lado por acá.
No pasan de lado los campamentos infantiles, no pasan estos centros de educación, como el CONAFE, o sea, no se ve.
De tal suerte que de entrada quisiéramos que el término de Centros de Asistencia Social ya cambiara. Sabemos que nos regula la Ley Federal de Asistencia Social, pero no podemos seguirnos llamando Centros de Asistencia Social solamente.
La propuesta es que tendríamos que ser y que esto también emanaría de un amplio consenso, pero sí tendríamos que ser Centros de Protección y Atención a los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, de tal suerte de no quedarnos solamente en el término asistencialista.
Vemos en este apartado que se contrapone calidad contra asistencia. O sea, qué buscamos: ¿asistir a los niños o de verdad servicios y atención de calidad?
El Centro de Asistencia Social no es el término más adecuado, ya lo decía. Algunos apartados son vagos, por ejemplo el sexto, en el que dice: “Alojar y agrupar a niños, niñas y adolescentes de acuerdo a su edad y sexo en las áreas de dormitorio sin que por ningún motivo éstos puedan ser acompañados por adultos”.
En ningún apartado se hace referencia de una responsabilidad compartida Estado-Sociedad Civil respecto a cómo funcionan o deben funcionar estos Centros.
No se habla de profesionalización obligada, progresiva, ni de los mecanismos de supervisión y apoyo o incentivos para lograr servicios que cubran los estándares mínimos de calidad de Centros de Atención y Estancia Infantil.
El espíritu de la Ley no contempla la reintegración familiar como una de las principales tareas de dichos centros, a través de un trabajo sistémico para restaurar el ambiente familiar, ofreciendo todos los apoyos necesarios.
Y aquí tenemos la aportación de la experiencia donde nos dice que hay niños que llegan a los 3 años y tienen que partir a los 18, carentes de toda herramienta para enfrentar la vida.
Y ahí, o sea, el remedio fue el Centro de Asistencia Social, sea público o privado, o bien de una fundación, de una organización y ese ser humano ahí se quedó y cuando sale, no sale dotado de las herramientas, no sale con un proyecto de vida, no sale haber sido fortalecido en sus potencialidades y capacidades.
De tal suerte que sí vemos que la Ley queda corta en este sentido y sesgada.
También ejemplificamos algunos prejuicios, por ejemplo: prejuicios establecidos en la ley no nutren el marco jurídico.
Por ejemplo: los responsables de los Centros de Asistencia Social evitarán que personal que realice actividades diversas al cuidado de niños, niñas y adolescentes tengan contacto con éstos.
Un apartado como este fomenta el aislamiento de niños, niñas y adolescentes antes que promover el respeto en todos los contextos.
Esto es, presupone que todo el personal que no esté en actividades de cuidado, como puede ser personal de apoyo, de cocina, administrativo, seguramente los va a violar o va a atentar contra su integridad. Por eso no deben de tener contacto.
Consideramos que son prejuicios ante la ley y que no debe de llegar a ese nivel un documento de la importancia y relevancia que tiene.
Más bien tendríamos que estar fomentando entornos seguros, profesionalización, capacitación y alentar a que cualquier adulto pueda tener contacto con cualquier niño o niña de manera respetuosa y sana.
La Ley también aborda aspectos de operación de centros de asistencia social como por ejemplo, debe haber una persona a cargo por cada cuatro niños menores de un año y una persona por cada ocho niños mayores de un año.
No se establece un número ideal límite de niños, niñas, adolescentes por albergue. La Ley sólo abarca, marca que el personal especializado en atender a niños, niñas y adolescentes, estará en razón de los recursos disponibles y en el número de niños, niñas, viviendo en la casa de asistencia.
La institucionalización masiva no se descarta y debería promoverse que los centros albergaran un número limitado de niños, niñas y adolescentes.
Y aquí es algo muy importante y además tal vez contradictorio: partimos del interés superior del niño, partimos de que el Estado debe disponer lo necesario, pero también decimos que entonces el Centro de Asistencia, pues con lo que cuente, atenderá; con lo que cuente.
Entonces volvemos a llamar la atención en dónde está esa corresponsabilidad, si 7 de cada 10 Centros de Atención Infantil que alberga a niños los administra la sociedad civil, cómo le va a hacer la sociedad civil para tener todos los recursos necesarios y el número de personal que está marcando la Ley de tajo.
Consideramos que la proporción numérica entre adultos y niños varía según las características y necesidades de los niños, si tienen discapacidad, si han sido víctimas de violencia, si vienen de zonas indígenas, si han sido vulnerados sus derechos de otras maneras y que no es, o sea, no es cuestión numérica sino más bien la profesionalización, capacitación y atención que se deba dar a los niños de manera, como dicen las directrices de cuidados alternativos, caso por caso, niño a niño y en la mejor condición,.
De tal suerte que dentro de las acciones de transversalidad que seguramente se emitirán en el ajuste de la Ley, estamos proponiendo esquemas de coinversión para el fortalecimiento de Centros de Protección y Atención a Niños, Niñas y Adolescentes.
Hasta ahorita los programas de coinversión no consideran programas directos, focalizados a la atención de infancia y que puedan ser proyectos promovidos por las organizaciones de la sociedad civil.
Ha sido multicitada la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la cual manifiesta que no existe un concepto tradicional o limitado de familia, ya que ello interferiría en el derecho a la vida privada de las personas y además se entiende que en la sociedad actual existen diversas modalidades de vínculos de carácter familiar.
Y aquí quiero entrar al Capítulo Cuarto del Derecho a Vivir en Familia, en donde no vemos reflejadas, o que haya sido leído al menos el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que realmente es muy interesante y nos da todo un escaparate de análisis de cuál es la situación que vive en México y en otros países, cómo se vive el derecho a vivir en familia.
También no vemos, por ningún lado, que se haya mencionado, se estén observando las directrices emanadas de Naciones Unidas, para las diversas modalidades de cuidados alternativos.
De tal suerte que tendríamos que profundizar en el Artículo 36, que hay que especificar que la falta de recursos no sólo es económicos y materiales, porque también hay falta de recursos simbólicos y afectivos y que pueden constituir una causa justificada de separación.
Dice: que no se separe a los niños y niñas de su familia por condiciones de pobreza, pero no solamente, o sea, esa es la única falta de recursos que se tendría que observar. También habría que observar estos recursos significativos en niños, niñas y adolescentes.
Quiero comentarles que miembros de la IFAM forman parte del Consejo de la RELAF, que es la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar y circulamos la Iniciativa de Ley reunimos también sus aportaciones y las haremos llegar a esta superioridad para que también la tengan en cuenta.
Ya estamos en tiempo, pero quiero tomar los dos minutos que no tomaron mis compañeros, con su venia.
Y queremos hablar que en este apartado del derecho a vivir en familia, todo lo que tiene que ver con acogimiento familiar y cuidados alternativos debe ser objeto de otro instrumento, y tiene que ser abordado con amplitud, y tiene que establecer las directrices, observar las directrices, pero también establecer las normas aplicables, porque en este apartado queda muy corto en el derecho a vivir en familia.
Por tanto, sí estamos proponiendo que de este instrumento se derive otro particular para tener una ley específica para la ejecución de las distintas modalidades de cuidados alternativos.
Como consideraciones finales, la Iniciativa no establece un mecanismo para obligar a las autoridades a expedir el programa local o federal, en caso de que el órgano funcionario competente omita hacerlo.
Y hemos tenido experiencias. Dicen: “la burra no era arisca”. Yo nada más quiero poner a su consideración que la Ley General de Prevención de la Violencia establece y mandata que en cada entidad federativa se constituya un Consejo Estatal de Prevención de la Violencia Familiar y quiero saber cuántos Consejos, cuándos CEPAVIS funcionan.
Y si vamos a ir a una ley que nos conforme nuevamente un Consejo Interinstitucional, sin la participación –más preocupante todavía–, sin el voz y el voto de lo sociedad civil en estos consejos, pues también corremos el riesgo de caer en letra muerta, en buena intención y que ahí quede y que además no se establezcan en la ley los mecanismos que al menos apremien a los funcionarios que no cumplan con el mandato de la ley. Aquí no lo vemos.
Y decíamos, bueno, yo cierro con esto, y que sí es importante que lo chequemos porque si estamos hablando de innovar, de acrecentar la competencia, de tener cada día mejores ciudadanos que aporten al país, creo que sí tenemos que profundizar en el derecho a reconocer que todo niño tiene derecho a tener un plan de vida y cómo lo estamos generando si no le estamos dando las herramientas para que enfrente la vida de manera libre de violencia, de manera armónica y en desarrollo pleno de sus capacidades.
Es cuánto. Muchísimas gracias.
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: Muchas gracias Gabriela por tu aportación, en lo que tiene que ver el derecho a vivir en familia y todas estas importantes sugerencias que nos haces para esta Iniciativa que tenemos en análisis.
Quiero llamar a la doctora Nashieli Ramírez Hernández. Ella es representante de las Redes Alianza MX, del Colectivo contra la Trata de Personas en México, Espacio Social para el Diálogo Estratégico y Mesa Social contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes.
Y quiero llamar la atención que hay un reloj a las orillas, de tal manera para poder llevar el tiempo, de acuerdo a lo planeado. Muy bienvenida.
DOCTORA NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ, REDES ALIANZA MX: Claro que sí senadora, con mucho gusto. Muchísimas gracias.
Celebramos la invitación y la apertura a estas Audiencias Públicas.
Acompañamos desde estos colectivos que agrupan alrededor de más de 150 organizaciones y personas.
Primero, lo que señalaba ya Juan Martín, de la Red por los Derechos de la Infancia, y es que las organizaciones que nos dedicamos a la materia, tenemos desde el 2011 trabajando en espacios con ustedes y con oros que les antecedieron, haciendo congresos, haciendo foros, haciendo seminarios y haciendo.
La intencionalidad es tener una ley adecuada, exactamente a partir de los cambios constitucionales, no nada más es el Artículo Cuarto, no nada más es el Artículo 73, sino primordialmente es el Artículo Primero, que coloca este gran desafío que ahora ustedes tienen en sus manos.
Entonces naturalmente acompañamos con estas organizaciones el extrañamiento de entrada a los pocos procesos de consulta, o esta consulta que describía ayer el Consejero Jurídico como a tercera instancia.
Lo que tenemos aquí surge de muchísimas cosas que de repente parece que sí estaban, parece ser que sí nos consultaron, pero el producto final, es un producto básicamente que tiene mucha ausencia de participación de muchos sectores que hemos venido trabajando por una ley y por un sistema diferente.
Lo otro tiene que ver también con un acompañamiento de la mayoría de las participaciones desde el día de ayer y las de la mañana, y las que me antecedieron, en términos de señalar que hay una ausencia del enfoque de derechos en la estructura de la ley. Hay una visión que marca paradójicamente muchos retrocesos en términos de lo que tendríamos que estar hablando en aplicación; no nada más es en términos nominativos, básicamente es deliberadamente no hay una posición de entrada de reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho.
Yo quisiera compartir con ustedes, de entrada, estamos estas organizaciones elaborando un documento que les voy a entregar ahora, que trae específicamente cuestiones muy precisas, artículo por artículo. Les voy a entregar esto, junto a todos igual, a disposición de todos, aunque estamos todavía ahora en la mañana y en la tarde recibiendo más aportaciones; pero les voy a dar la parte inicial para que vean por dónde vamos a ir trabajando.
Lo segundo es, de entrada, compartir con ustedes básicamente un primer planteamiento que tiene tres momentos de análisis: lo primero, y es importante decirlo, es cerrar los ojos y pensar que esta ley no va a tener ninguna modificación; tal cual está, así, no analicémosla, un primer momento sin análisis de contenido; y lo primero a lo que nos enfrentamos es a dos cosas que han venido señalándose y que yo creo que tienen que tomarse en cuenta para esta ley:
Uno, es la falta de competencias y de establecimiento de competencias para desarrollar esto o cualquier otra cosa. En todos momentos está deliberado, y a pesar de que como la estructura –como nos explicaban ayer de la Ley General– tiene que ver exactamente con competencias y concurrencias, la ley así como está lo que tiene un primer defecto, y el defecto es que no establece competencias claramente: ¿Qué le toca a la Federación? ¿Qué le toca a los municipios? ¿Qué le toca a los estados? ¿Qué le toca a los diferentes órganos de gobierno en cada una de las cuestiones?
Eso es básico, porque si no es una ley inoperable, estaríamos viéndonos no nada más si es mala, buena o regular: no va a operar.
Lo segundo, que se ha venido reiterando el día de ayer y el día de hoy, tiene que ver con el presupuesto. Es decir, esta ley plantea un presupuesto para las procuradurías, que supuestamente podrían o no aprobarse en este Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015; pero no es cierto que solamente sea eso.
Y déjenme compartirles dos –nada más– detalles: uno ya lo dijo Isabel en la mañana, que tiene que ver con lo poco que invertimos en exactamente lo que enfoca esta ley, que es protección; es el 1 por ciento.
Y eso, ¿qué creen?, en un análisis que nosotros hicimos hace cinco años, valorábamos que en estos aspectos de protección y de protección especial, sobre todo, teníamos una pirámide. En esta pirámide el 40 por ciento de los programas que se dedican a protección especial, lo hacen los municipios. El 35 por ciento lo hacen los estados. Y solamente el 25 por ciento lo hace la Federación.
Y cuando se habla de recursos en esta pirámide, es inversa, la Federación tiene muchísimo más asegurados recursos que los municipios. Y no nada más tenemos que valorar que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 para el DIF fue de 24.2 millones, y que la propuesta que está en el anteproyecto actual del 2015, es de 33.9 millones.
No nada más es eso, es: cómo hacemos y cómo vemos el presupuesto, para que llegue a quien sabemos que básicamente en protección es quien atiende. Y aquí lo decían, por ejemplo una senadora ayer –ya no me acuerdo quién–, decía, dos o tres, de la nobleza que tiene –por ejemplo– el DIF en términos de su posicionamiento en cada municipio, 2 mil 500 municipios: hay un DIF, en todos los estados hay.
Pero lo hacen sin recursos, y entonces estamos aplicando y estamos queriendo hacer una ley, ya avanzada, donde no está… porque discúlpenme, el Fondo de Aportaciones Múltiples en su parte de asistencia social –ustedes lo saben– tiene 88 mil millones, los tuvo el año pasado y los va a tener este año y, ¿qué creen? Ese, el 90 por ciento se va a ir a la estrategia de alimentación. No es cierto que se va a todo lo que supuestamente tendría que crear un sistema.
Entonces, básicamente –con eso concluyo esta primera parte de la intervención– es: cuidado, esta ley sin hablar de calidad, sin hablar de nada, si no contempla la distribución de competencias y si no contempla seriamente el presupuesto, es una ley de simulación, porque podrá ser bonita, muy buena, lo que sea, mejor o no, no va a operar; y creo que esa es una responsabilidad que tenemos todos de empujar.
No se trata, y ahí con todo respeto, se equivoca el consejero jurídico: una cosa es la protección integral y las políticas universales que se transversalizan; y otra cosa es la protección especial, este tipo de protección, que tiene que tener focalizado recursos.
Y eso sí implica impacto presupuestal y entonces hablemos claro, ¿cuánto le vamos a apostar? No a lo declarativo, sino verdaderamente a una apuesta hacia adelante.
Lo otro tiene que ver con algo que ya apuntaba –y sobre esa lógica voy a ir– Isabel en la mañana, y es tener muy claro que la ley trae una confusión o no delimita bien dos conceptos que son básicos de comprender: Uno es la protección especial y otro es la protección integral.
Ambos están contemplados dentro de los mecanismos para hacer ejercibles y justiciables y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Pero tienen diferentes ámbitos de acción.
Y entonces, lo que está planteado ahí en términos, por ejemplo, de lo que fortalece al DIF en términos de asistencia social y protección especial, que necesita recursos –ya no lo voy a repetir, pero nada más para puntualizarlo–, esa es protección especial. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de las organizaciones, consideramos que está bien porque es fortalecerlo, es establecer un arreglo institucional diferente; es decir, se puede poner igual en transitorios, esto requiere de arreglos institucionales diferentes más allá de las procuradurías.
Pero básicamente, tenemos que entender que es protección especial, porque la protección integral tiene que ver con educación, tiene que ver con salud, tiene que ver con todos los otros niños que no requieren básicamente, más que en emergencias la asistencia social, requieren el desarrollo social, requieren la apuesta a un desarrollo económico, requieren la visión de un país que lo que haga; más que aquí decir que si los padres van a tener la culpa o no de no sé qué cosas, el decir que necesitamos fortalecer a las familias para que cumplan sus obligaciones con los niños, y no nada más de un lado.
Entonces, en esta visión naturalmente acompañamos que necesitamos de alguna manera que la ley lo tenga muy claro, que lo delimite y que aparte apueste a un sistema integral que asegure la protección integral, que asegure no nada más la protección especial.
Y ahí sí acompañar lo que tendría que ser una discusión de cómo hacemos que esto tenga –como decía Martín– patitas, manitas, cerebros y todo lo demás. Y creo que por ahí tendríamos que estar trabajándolo.
Y voy a finalizar con cosas de detalle, nada más, estoy en tiempo. A ver, y en esta parte la discusión va sobre la misma lógica de lo que tenemos que establecer como piso mínimo: a ver, cuando nosotros decimos que vamos poner pisos, podemos decir que hay piso y hay piso de tierra; pero nosotros sabemos que ese piso de tierra provoca enfermedades, que provoca un montón de cosas para quien vive en piso de tierra.
Entonces, creo que la apuesta aquí es que tengamos un piso, sí un piso, mínimo, como lo establece una ley general; pero un piso por lo menos de loseta. Y después decimos: “lo podemos cambiar”, porque las leyes tampoco son permanentes, podemos ir diciendo: “aquí llegamos. Después llegamos a lo otro”; pero el piso mínimo no puede ser de tierra, y eso requiere una discusión de esta institucionalidad y este arreglo institucional que les estoy diciendo.
Y déjenme nada más, para finalizar, dos cosas: uno, hacer también reconocimientos. Hay avances en la adopción. Hay avances en la protección de la intimidad con respecto a los medios de comunicación. Hay avances, por ejemplo, las organizaciones de discapacidad están muy contentas por la incorporación de la no esterilización a niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Hay avances en la edad mínima para contraer matrimonio. Hay avances en cuando por lo menos, se señalan alternativas a la institucionalización, que era algo que está en las directrices de la ONU de cuidados alternativos.
También hay contradicciones, ya puntualmente, que tenemos que cuidar porque el lenguaje sí habla. Por ejemplo, la exposición de motivos y también abajo, en trata, se habla de prostitución infantil: no hay tal; los niños son explotados sexualmente, no hay prostitución infantil.
Se habla también, por ejemplo en la parte de discriminación, de color y raza: esos términos no se usan ya, son términos del siglo XIX, de la esclavitud.
Se desconoce, y ahí muchas de ustedes y muchos senadores también que traen la agenda de género, hay que cuidar ahí cosas y meterle al género.
También ya lo mencionaron en la mañana, la diferenciación de la progresividad de la edad. Hay muchos artículos que consideran que los niños son iguales si tienen 5 que si tienen 15; entonces ahí hay un problema con cómo estamos focalizando la adolescencia y la progresividad en términos de la edad.
Tenemos problemas en lo de educación. Básicamente nosotros decimos, de entrada, que no puedes poner en un artículo que tu estándar de calidad es la normalidad mínima; tú estándar de calidad es el 3º constitucional; y por ejemplo, esas cosas hay que cuidarlas porque son de detalle, pero hay que modificarlas.
En la parte de migración. No voy a hablar de migración porque nosotros, todo el colectivo, todos estos colectivos acompañamos lo que posteriormente quien me va a seguir en la palabra va a plantear, acompañamos ese posicionamiento, y que es un posicionamiento muy concordante con lo que estableció la Organización Internacional de Migraciones, con lo que la senadora Gabriela dijo ayer también, en términos de qué está pasando con esta misión.
Pero queremos agregar algo más, y lo que queremos agregar es que si vas a hablar de migraciones, no puedes nada más hablar de migrantes extranjeros; pero tampoco puedes nada más hablar de migración externa: hay que hablar de los jornaleros agrícolas, hay que hablar de los niños indígenas que están poblando nuestras ciudades medias. Y creo que aquí redondearíamos un poco más parte de las ausencias.
Nuestra propuesta también es que de la parte educativa, se quede la parte educativa, y todo lo que tenga que ver con violencia no nada más sea acoso escolar y bullying; sino que haya un capítulo completo. En ese viene la violencia al interior de las familias, donde ustedes saben que más de la mitad de las familias hay violencia al interior; está la violencia institucional.
Sí tendríamos que tener un capítulo completo, por lo menos que señale este tipo de violencia, que articule algunos mecanismos y, sobre todo además, ahí si ya vamos en avanzada con algunos de estos artículos, pues pongámonos bien monos y planteemos la prohibición del castigo corporal en todas las instituciones, familias, etcétera, etcétera.
Me restan dos minutos y voy a finalizar con algo que me preocupa, y que de hecho no he oído, por lo menos en lo que he estado atenta, porque voy a estar todos los días con ustedes, todo el tiempo hasta que acabe: que es el artículo 2º de lo que nos presenta como preferente el Ejecutivo.
En el artículo 2º lo que están planteando es reformar un artículo de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral de la Familia. Básicamente, lo que quieren hacer y lo que nos están planteando es que el DIF asuma la presidencia de lo que es este consejo.
A ver, de entrada, nuestra posición de entre los colectivos es que esto se rechace. Y los argumentos son los siguientes: inicialmente, plantémonos en el país en que estamos; un organismo que tiene el nivel jerárquico en la burocracia y en la administración pública que tiene el DIF, no puede coordinar un consejo convocando secretarios, convocando… básicamente ese es el nivel.
Yo les quiero decir una cosa, nosotros estuvimos aquí en el Senado discutiendo esa ley. Esa ley que además, yo creo que sería el siguiente, después de que pasen estas, metámonos a esa ley, que hay que meterle cosas de concordancia, de amarrar y de poder seguir avanzando por el cumplimiento de los más pequeños, de los de 0 a 6.
Creo que tendríamos que analizarlo en su conjunto y no nada más en este arreglo institucional que, además, con todo respeto yo no sé mucho de técnica legislativa y eso, sabemos cada quién de qué; pero yo no le veo encuadre de cómo este es un artículo 2º en lo que está planteando la primera ley; porque ni siquiera como autoridad el DIF…
A ver, la crianza, el apoyo a la crianza, el apoyo a la primera infancia es transversal, es protección integral, no es protección especial.
Entonces, por ejemplo, la discusión aquí en el Senado hace cuatro años con esta ley era si quedaba educación, quedaba desarrollo social o quedaba salud, nunca el DIF, porque nosotros, es decir, planteábamos con los senadores y con los asesores que esto tendría que tener una fuerza y el problema que, en lo personal, vemos aquí es que no hay la fuerza; es decir, si están señaladas las instituciones y le van a mandar directores generales, le van a mandar directores generales a nuestra primera infancia. Discúlpenme, no; necesitamos secretarios. Y eso lo tiene que coordinar un jerárquico igual en este país.
Estaríamos mandándoles lo que falta, la letra está muy chiquita, muy chiquita. Era como el ejemplo de lo que estamos haciendo. Estamos ya recibiendo más de las aportaciones y lo que ustedes ven es una aportación de todas las organizaciones de las que humildemente soy vocera.
Muchísimas gracias.
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: Muchas gracias, Nashieli Ramírez. Ha sido espléndida su participación. Y además de hacernos entrega del documento, el compromiso que nos lo mande en electrónico, que ha sido muy bueno.
Igual, pedimos para el resto de los participantes, porque algunos tenían documento, otros no. Ojalá nos lo puedan hacer llegar.
Y continuamos con María del Rocío Medrano, activista social, Especialista en Derechos de la Niñez.
MARÍA DEL ROCÍO MEDRANO, ACTIVISTA SOCIAL: A las Comisiones Unidas de Educación, de Derechos Humanos, de Grupos Vulnerables, de Igualdad de Género y de Niñez y Adolescencia. A todas las personas que nos acompañan, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí.
Con objeto de la presentación de la iniciativa preferente de la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que el Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, presentó el pasado 1º de septiembre, respetuosamente manifestamos nuestro beneplácito en el carácter de la iniciativa como preferente por parte del Ejecutivo Federal, ya que podemos observar que estos temas han escalado a la agenda nacional, estando dirigida a la protección que cubre la tercera parte de la población del país, 39.2 millones de menores, que yo creo que en ese aspecto empezaría por recalcar que necesitamos tomar conciencia de este rubro de población con la división que cada sector necesita.
La vulnerabilidad de este sector ante problemas relativos a los que ya se han mencionado; sin embargo, vuelvo a mencionar desde nuestro punto de vista, la migración, violencia escolar, bullying, trabajo infantil, salud, trata de personas, destacando en este punto, y siendo de manera muy enfática, la pornografía infantil que tenemos que ponerle un alto en todos sus sentidos.
Albergues y adopciones. El compromiso como ciudadana, como profesional del tema y como madre de familia, es hacer una revisión responsable y cuidadosa de la mayor importancia.
Agradecemos de antemano el ser tomados en cuenta para participar en el análisis, enriquecimiento y sugerencias, ya que el hecho de llevar más de 20 años apegados al desarrollo de los diferentes sectores de la población menor de edad nos ha dado la experiencia en la orientación, la prevención, así como el contacto de las aristas judiciales por las que se atraviesa en estos casos, destacando que tristemente las grandes tragedias relacionadas con menores de edad han sido, no casos fortuitos y de fuerza mayor, sino en su mayoría de negligencia, de falta de cuidado y de falta de previsión; por lo que hacer mención de las sanciones en que se incurre, cuando habiéndose podido impedir el hecho no se haga, serán mayores. Creo que esto es un adelanto en la ley.
Por otro lado, sin lugar a duda, los cambios generados en los últimos años, tanto en materia de derechos humanos, así como el mandato constitucional de velar por el interés superior de niñas, niños y adolescentes, está marcando un paradigma, así como los tratados internacionales relativos a los derechos de la niñez y las recomendaciones hechas por parte del Comité de los Derechos del Niño.
La participación y la experiencia de la sociedad civil ha contribuido a que se generen, aunado a los esfuerzos que haga el Gobierno Federal, en la transversalización de los múltiples programas hoy en curso, como la Cruzada Nacional contra el Hambre y muchos otros.
Es decir, en todo momento la manifestación de los menores de edad va a aparejada del trabajo que necesitamos hacer en su conjunto el gobierno federal junto con las organizaciones de la sociedad civil.
La presentación de las grandes reformas constitucionales recientemente aprobadas, si bien son un adelanto, también nos han dejado ver el que las estructuras económicas, políticas y sociales, nos rebasaron como Nación, y desafortunadamente el sector más vulnerable, como son los menores de edad, no escaparon a la falta de capacidad para velar por cada uno de ellos por parte de los adultos, quienes tenemos el deber de procurarles el cuidado y ejercicio pleno de sus derechos, tomando en consideración que la negligencia es causante de responsabilidad a nivel jurídico desde el ámbito administrativo hasta el ámbito penal y debe ser sancionada y castigada.
Es importante mencionar que esta ley nos permitirá transitar de un esquema tutelar y asistencialista a la posibilidad de coadyuvar a un marco jurídico garante y de derechos, por lo que su publicación, desde nuestro punto de vista, es fundamental.
Consideramos un adelanto el homologar los ordenamientos jurídicos y poner el piso mínimo de derechos de las niñas, niños y adolescentes en las políticas públicas.
En cuanto a la ley, hacemos un énfasis en que el lenguaje debe de estar también homologado en el sentido de que si se habla de niñas, niños y adolescentes debe de ser en toda la ley en todo momento.
Por ahí hay algunas partes en donde de repente se menciona niñez, y de repente es niñas, niños y adolescentes. Yo creo que es importante, porque en muchos momentos podemos caer en niñez, considerando de los 12 años, bueno, de los bebés para abajo, y hay un sector de los 12 a los 18 años que es muy importante, que no se nos puede olvidar, que son los adolescentes.
En este sentido, también en cuanto al lenguaje, hay una parte por ahí que se menciona “escuelas públicas”. Yo quisiera que se considerara en todo momento escuelas públicas y privadas.
Por otro lado, reconocer sus derechos en el ordenamiento general como derecho de conocer su origen, acciones necesarias para conocer su identidad con claridad en cuanto a la paternidad, maternidad en su estado de nacimiento, el vivir en familia, derecho a la no discriminación, derecho a la salud.
En este sentido, desde luego hacemos votos por que estos sean con los estándares más altos posibles.
Apoyos a menores de edad con discapacidad, como son: estimulación, rehabilitación, esparcimiento, derecho a la educación, entre muchos otros, y considerar nuevamente que en el rango de adolescentes hay muchos ámbitos relacionados con la sexualidad, que en muchos momentos los adolescentes no acuden a la familia, acuden pidiendo una asistencia o una orientación a las instituciones de salud, por lo que debe de haber esa orientación familiar específicamente en los ámbitos como es: sexualidad, consumo de drogas, entre muchos otros, contagio de enfermedades venéreas, en fin.
Por lo que sí reiteramos que los protocolos de actuación serán de la mayor importancia en todas las materias, destacando, desde luego, nuevamente para nosotros, cuatro puntos esenciales: salud, educación, justicia y derecho a la no discriminación.
En un cuestionamiento que nos hacemos, ayer se habló mucho del acceso a Internet y, desde luego, es una parte que nosotros nos cuestionamos, puesto que el derecho al acceso a Internet y tecnologías de la información, si bien son bases muy sólidas de acceso y su tutela por el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresarse en las distintas formas, es necesario generar conciencia que no puede ser así para todas las edades.
Ya se ha mencionado y también quiero mencionar que la navegación en las redes de menores de 13 años, incluso Facebook lo marca como un mínimo. Yo creo que la supervisión del adulto para que no se acceda a las redes sociales de menores de esa edad sin la supervisión del adulto debemos de hacer un énfasis.
¿Por qué razón? Nosotros desde el ámbito profesional en otras áreas hemos visto que se puede evitar el delito de trata de personas.
Se considera un adelanto en la ley las distintas modalidades de representación. Se mencionó ampliamente el ordenamiento jurídico, en el cual me gustaría mencionar que se habla del derecho para ser representado con el fundamento de la supremacía de la infancia.
Y yo quisiera mencionar que ayer se dio ampliamente el marco jurídico y que, en este sentido, la aportación que yo quiero hacer es que en el título segundo de las obligaciones, capítulo primero, en cuanto al ejercicio de la potestad, tutela, guardo o custodia de niñas, niños y adolescentes, me gustaría que se marcara, como desde el inicio de la ley, que, con base en el Interés Superior de la Niñez y Adolescencia desde su artículo 13, porque este ordenamiento lo va a marcar hasta el artículo, me parece que es el 17, sí, nuevamente cuando únicamente se habla de la representación.
Yo aquí quisiera transmitirles que, en cuanto a este apartado, si bien hay un derecho al ejercicio de la patria potestad, si bien hay un derecho de los menores de edad a ser dignamente cuidados por quien en su momento está, ya sea está ejerciendo la patria potestad, la tutela, o bien, quién los cuide en las instituciones públicas y privadas, academias o albergues, se vaya mirándola negligencia en su cuidado, porque en muchas ocasiones lo que se ha visto es que estas personas carecen de la autoridad y de la competencia para el cuidado de los menores, y desafortunadamente esa negligencia en muchas ocasiones queda sin ningún tipo de sanción judicial, y yo creo que, en este sentido, debe de haberla en todos los órdenes, tanto públicos como privados.
Por último, concluyo nuestra participación siendo muy puntuales en la necesidad ética, moral e institucional y judicial del replanteamiento al que da pie esta iniciativa preferente del Ejecutivo Federal, ya que como sociedad debemos a todas y a todos nuestros niños, niñas y adolescentes a la dignidad de sus personas, a todos y cada uno de sus derechos, de tal modo que la publicación de este ordenamiento genere, no nada más un marco regulador sino una toma de conciencia de que los menores de edad son nuestro presente y que nuestro compromiso para con ellas y ellos es el formar a ciudadanas y ciudadanos que sabrá convivir de manera pacífica, respetuosa y apegada a los derechos humanos de todas las personas.
Con esto concluyo y muchas gracias por la invitación, por la participación y, desde luego, creo que el trabajo es en muy breve tiempo y apenas estamos empezando.
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: Muchas gracias, Rocío. Importante aportación.
Damos paso a la doctora Gretchen Kuhner, que es la Directora del Instituto para las Mujeres en la Migración. Bienvenida.
DOCTORA GRETCHEN KUHNER, DIRECTORA DEL INSTITUTO PARA LAS MUJERES EN LA MIGRACIÓN: Bueno, nosotros también agradecemos el espacio, el tiempo. Ha sido una mañana muy larga. También agradecemos el hecho de que hayan tomado en cuenta el tema de la migración en esta consideración del decreto.
Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, nosotros colaboramos con organizaciones, redes, incluyendo el Grupo de Trabajo en Política Migratoria, el Colectivo para las Migraciones en las Américas y también el Foro Migraciones. Estos comentarios son una compilación de varias redes y otras organizaciones.
Quisiéramos decir, para no repetir, que estamos de acuerdo con los comentarios que han hecho el REDIM, que hizo Nashieli, Rocío, etcétera, y también los organismos internacionales esta mañana en cuanto a la propuesta de ley, la iniciativa, en cuanto al sujeto de derecho, el hecho de que tenemos que meter más el enfoque de género, transversalizarlo, que necesitamos órgano rector y también que tenemos que incluir al voz de las niñas, los niños y los adolescentes.
Nos vamos a enfocar en los comentarios específicamente en el capítulo 17 de la iniciativa, porque es el capítulo que hacía referencia a la niñez migrante no acompañada.
En ese sentido, en la primera sesión alguien tuvo una pregunta sobre si deberíamos de incluir a la niñez migrante en toda una ley de niños en general, o si deberíamos tener apartados especiales para grupos especiales.
Nosotros, el punto general que quisiéramos llevar hoy a la mesa o nuestro objetivo es que todas las niñas, los niños y los adolescentes deberían de ser parte del mecanismo de protección, lo que sea, independientemente de su situación migratoria o su nacionalidad.
En cuanto al capítulo 17 de la iniciativa, que está relacionado con la niñez migrante no acompañada, quisiéramos abrirlo obviamente a otras poblaciones, porque en el contexto mexicano estamos hablando de la movilidad humana de muchas formas. Como menciona Nayhelli tenemos que tomar en cuenta los niños y niñas refugiados, los trabajadores agrícolas, los que están de forma interna y los mexicanos y las mexicanas y también lo que hemos visto de los centroamericanos.
En ese sentido usamos una definición de la OIM, de la movilidad humana, que es la movilización de personas de un lugar a otro, en ejercicio de su derecho a la libre circulación.
Es un proceso complejo y motivado por diversas razones voluntarias o forzadas, que se realiza con la intencionalidad de permanecer en el lugar de destino por periodos cortos o largos o incluso para desarrollar una movilidad circular. Ese proceso implica el cruce de los límites de una división geográfica o política dentro de un país o hacia el exterior.
En este contexto que viven miles de niñas y niños en el país y millones de niñas y niños hijos de padres o madres mexicanas nacidos y viviendo en Estados Unidos o también la población de retorno a México.
En ese sentido, en esa población de retorno de la niñez, queríamos destacar la importancia en el capítulo sobre educación de la iniciativa y la posibilidad de incluir el acceso a la educación para esta población de retorno, creemos que son más de 300 mil niños y niñas nacidos en Estados Unidos, que están viviendo en México, que están teniendo muchas dificultades de acceso a la educación y pensamos que una adecuación a la ley podría resolver esa situación.
Pensamos que la niñez es el recurso más importante de cualquier país, que su protección merece un debate amplio y plural y que deberíamos también tomar en cuenta las iniciativas, tanto del Senado, que se han presentado, creo que se presentó una esta mañana también, entonces traemos una propuesta para incluir artículos de otras iniciativas de ley que pensamos podrían aportar a esta iniciativa.
También trajimos una tabla técnica que le voy a entregar para que la puedan trabajar las personas que están en el trabajo técnico.
El segundo punto que queríamos destacar es que las niñas y niños migrantes son, antes que nada, niñas y niños con derechos y sus necesidades se deberían determinar dentro del mismo mecanismo de protección de cualquier otra niña o niño, sin discriminar por su nacionalidad, situación migratoria.
En ese sentido, la segunda parte del artículo 101 de la iniciativa habla del hecho de que cualquier autoridad, toda autoridad que tenga conocimiento de que una niña o niño a adolescente es migrante extranjero no acompañado, deberá informar de inmediato al Instituto Nacional de Migración para determinar su situación migratoria.
Esta parte del artículo pensamos que lo deberíamos de sacar de la iniciativa, porque va en contra de la misma ley de migración y además es un principio que se cambió con la ley de migración, porque veíamos que el resultado de impacto es mucha discriminación y también pone el enfoque o la condición del niña o niño migrante y no ven la necesidad de protección que tiene.

Les doy un ejemplo, un agente migratorio me dijo hace varios años que él estaba en la delegación migratoria y que un policía municipal trajo un niño muy enfermo, pero muy enfermo, que necesitaba ir al hospital y que le dijo: le entrego este niño, porque es un niño extranjero. El agente migratorio dijo, pero por qué me lo trae a mí, porque es extranjero, entonces el agente migratorio lo tuvo que llevar al hospital.
Estamos realmente hablando aquí de un cambio de paradigma, en que la protección de los niños y niñas es primero, independientemente de dónde vienen, su nacionalidad y su situación migratoria y también para que todos los niños y niñas de cualquier nacionalidad puedan sentirse en confianza de acercarse a las autoridades y pedir ayuda y no tener miedo de que lo van a entregar al Instituto Nacional de Migración.
En esta misma línea de ideas nos preocupa el artículo 102, que establece que el Instituto Nacional de Migración determina que el niño o niña irregular entra a un proceso migratorio administrativo que se denomina presentación.
En ese proceso migratorio del Instituto Nacional de Migración, esta agencia determina qué hacer con el niño o la niña o el adolescente migrante y en la mayoría de los casos, como se expresó Eva Reyes de la OIM, están alojados o detenidos en estaciones migratorias y ese es el tercer principio:
Ningún niño o niña migrante debería estar privado de su libertad en una estación migratoria.
El artículo 103 de esta iniciativa explica que las autoridades migratorias deberían de proveer asistencia legal y médica, así como tres comidas al día. Pero esta lista, que era corta, de lo que prevé la misma Ley de Migración, que establece que en la última instancia las niñas y niños migrantes deberían de estar en una estación migratoria.
Entonces, aquí también la importancia de la no detención. Creemos que con esta iniciativa es una buena oportunidad de poner ya en la ley, porque como dijo Eva Reyes, ahorita con la reforma del artículo 112 de la Ley de Migración, todo niño o niña migrante debería ser canalizado al DIF, pero en muchos casos el DIF no tiene la capacidad de aceptarlos y eso no es aceptable.
Entonces, veamos las recomendaciones que el relator de la Comisión Interamericana dice que el Estado debe adoptar medidas legislativas, que es lo que van a hacer ustedes, que garanticen que las niñas, niños y adolescentes, independientemente de que estén acompañados o no acompañados, so estén puestos bajo detención migratoria.
Asimismo recomienda establecer mecanismo de coordinación y canalización entre las autoridades y organizaciones de la sociedad civil, de forma que se facilite la implementación de medidas alternativas a la detención.
Basta recordar las imágenes de las niñas y niños que este verano estamos viendo siempre en los periódicos de la niñez detenida en las estaciones migratorias en Estados Unidos o pensar en nuestras propias hijas, hijo, sobrinos, hermanos, atrás de rejas y pensar que esto no es lo que nosotros quisiéramos, si algún día estas personas, nuestros hijos tuvieren que irse a otro país.
Recuerdo a una niña en una de las estaciones migratorias de Estados Unidos dijo con mucha elocuencia que me dicen que no tengo papeles, pero tengo mi acta de nacimiento y quiero ver a mi mamá. Entonces, en ese sentido esperemos que con esta iniciativa se pueda eliminar la detención de la niñez migrante.
El cuarto principio es que el Instituto Nacional de Migración no debe realizar la evaluación y determinación del interés superior de la infancia. Creo que es muy claro, de todos los comentarios que han realizado esta mañana, que el interés superior de la niñez es un conjunto de entrevistas con especialistas, incluyendo a la niña o al niño y cómo está elaborada actualmente la iniciativa pone a esta valoración en las manos del Instituto Nacional de Migración.
Entonces, recomendamos que también esté en la parte técnica que estamos entregando, que el Instituto Nacional de Migración en algún momento podría ser un auxiliar para apoyar con la regularización de la estancia del niño o la niña.
Y finalmente, para terminar, el último principio que quería hablar es la inversión en la niñez como la mejor inversión que podemos hacer como país y en ese sentido también lo menciona Nayhelli en cuanto al presupuesto que tengo entendido que al Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha determinado que la promulgación de esta iniciativa no tiene ninguna implicación presupuestal.
En ese sentido, en el tema de la niñez migrante, de ser así, sabemos que el DIF no cuenta con las instalaciones adecuadas para dar asistencia a todos los niños y niñas migrantes, pero también sabemos que este es un tema de voluntad política, no es solamente un tema de presupuesto.
Ayer estuvimos en el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración y con mucho entusiasmo nos estaban enseñando la presentación de todas las adecuaciones que están haciendo a las estaciones migratorias en todo el país para detener a las niñas y niños y yo me preguntaba si este dinero no se podría utilizar de otra forma y pasarlo a otra instancia que está encargada de la protección de la niñez y no en la detención de las personas migrantes.
Entonces, hoy estamos entregando estos comentarios específicos y estamos también dispuestos a trabajar sobre este tema, que a lo mejor no es un tema tan conocido en materia de niñez, con ustedes o con las personas que están trabajando la parte técnica y tenemos la esperanza que se pueda incluir en esta iniciativa el tema de la movilidad humana de forma mucho más amplia de lo que está actualmente.

Muchas gracias.
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: Muchas gracias.
Ha sido una etapa de las audiencias con demasiados datos, muy interesantes, que estamos recogiendo y que hoy entramos a la etapa de que si hubiera alguna pregunta a las y los ponentes, estamos a sus órdenes.
La senadora Angélica de la Peña a REDIM, la senadora Lizbeth; Mariana Gómez del Campo, Flores, ahí estamos cuatro, Martha.
Muy bien, tiene la palabra la senadora Angélica de la Peña.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Gracias, Presidenta. Todas las intervenciones señalan la importancia que el DIF de una u otra manera se fortalezca. No hay señalamientos respecto de que cuestionen la importancia que tiene en la atención de la niñez que se encuentra en situación de vulnerabilidad, distintas vulnerabilidades.
Yo quiero hacer la pregunta concreta a Juan Martín Pérez de REDIM, que tocó en este ejemplo del cuerpo humano, que me gustó mucho, me parece que es muy didáctico, ¿cómo está pensando REDIM en la otra pierna que le falta a este cuerpo? Es decir, la del desarrollo, la de la plena vigencia de todos los derechos humanos de niñas y niños. Por favor.
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: Tiene la palabra REDIM.
JUAN MARTÍN PÉREZ, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RED POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN MÉXICO: Hola. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad de seguir conversando con ustedes.
Regresando un poco a este ejemplo, reitero la disculpa si es demasiado caricaturesco o básico, pero creo que a veces lo simple nos ayuda para entender lo complejo.
Actualmente el DIF tiene un rol importante en la asistencia, forma parte de la asistencia de este país. Como sabemos depende de la Secretaría de Salud, pero podría transformarse en este rediseño institucional, en un actor clave para la protección especial, el subsistema de protección especial. Es decir, todo aquello que requiere esfuerzos focalizados.
Como ustedes saben, en la teoría política básica, el Estado se integra por diversos actores. Uno de ellos son los gobiernos: el gobierno federal, estatal, municipal. Cuando hablamos de políticas de Estado, en este cerebro al que he hecho alusión, donde tenía que estar el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, aquí presente, van a coordinar y van a ayudar a que este programa, o a este subsistema de protección especial, se articule.
Porque lo que ahora mismo tenemos, lamentablemente, son muchos temas: infancia migrante, jornada agrícola, infancia callejera, niños y cosas parentales y los que se acumulen en la semana. Lo que necesitamos es tener un subsistema que esté en sinergia.
Y les pongo un ejemplo, me parece, nuevamente tratando de facilitar la complejidad en lo cotidiano, una adolescente embarazada. Esta adolescente es atendida en el sistema de salud estatal, pensemos en el estado de Oaxaca, pero eso no está articulado con la Secretaria de Educación. Nueve de cada 10 adolescentes embarazadas está fuera de la escuela. Tampoco sabemos si fue resultado de una violación o está en el Poder Judicial en una pensión alimentaria. Es posible que haya sido un matrimonio eximido por el presidente municipal con un adulto. Es decir, todo esto nos va a devolver información, articulación y le tocará una parte al DIF, otra parte al sistema de salud, otro al de educación, pero tendría que estar precisamente en un marco de política pública y legislación. No puede ser por voluntad, no puede ser por buena intención; tiene que estar establecido.
Ahora, las políticas universales tendrían que tener, perdón, regreso, el Sistema de Protección Especial tendría que tener el objetivo de regresar lo antes posible a esta adolescente al Sistema Universal. Si va a estar en un albergue, que sea como lo establece la convención, por el menor tiempo posible en espacio supervisado y como última opción para que rápido regrese a su familia y a su comunidad, y que no tengamos que cargar el sistema con costos muy altos.
Creo que cuando hablo de estos dos pies, se trata de que el subsistema de protección especial donde, reitero, el DIF puede tener un liderazgo muy importante, debería de ayudar a que rápidamente niños y niñas que pasan por ese camino regresen a la garantía universal.
Y cierro el comentario invitándoles a pensar en sus hijos, en sus hijas, en sus adolescentes, en sus nietos, quienes ya sean abuelos o abuelas. Esta ley les es útil para ellos, lo ven. No necesitamos una ley para los niños y niñas vulnerados; necesitamos una ley para todas y todos los niños de este país, entre los cuales están sus hijos, sus nietos, sus nietas. Es ahí donde tenemos que poner el contraste y espero haber atendido la interrogante, senadora Angélica.
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: Tiene la palabra la senadora Lisbeth, ¿dirigida a quién?
SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA: A la maestra Gabriela Escobar. Muy buenas tardes a todos. Agradezco la participación de cada una de las asociaciones civiles por su participación en este ejercicio público que lleva a cabo el Senado de la República.
Me llama mucho la atención el tema que planteó la maestra Gabriela Escobar en cuanto a que la ley en cuestión señala que no debería ser motivo de separación familiar la falta de recursos. Coincido en que debemos ir más allá de las múltiples causas que motivan la desintegración familiar. Considero que esta iniciativa debe contemplar la parte preventiva para detener las altas cifras de desintegración familiar.
En este sentido, me gustaría conocer más profundamente cuáles serían sus aportaciones u opiniones de la maestra Escobar en cuanto a las políticas públicas que se deben realizar para evitar la desintegración familiar.
Actualmente funjo como Secretaría de la Comisión de la Familia y es un tema que, lejos de preocuparnos, nos ocupa. Y creo que es de real importancia este capítulo cuarto del derecho a vivir en familia de los niños, niñas y adolescentes.
Por su respuesta, muchas gracias.
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: Adelante.
MAESTRA GABRIELA ESCOBAR DEL RAZO, ALIANZA POR LA INFANCIA Y SUS FAMILIAS: Gracias.
Pues bien, tendríamos que entrar nuevamente al tema de que este instrumento nos está planteando un modelo de familia tradicional; y en el modelo de familia tradicional, entonces también tendríamos que aludir a los conceptos de desintegración, unificación o reintegración familiar.
Si entendemos la desintegración familiar como la separación de niños y niñas de los cuidados parentales, creo que tendríamos que tener un abordaje mayor; o sea, ¿qué estamos entendiendo como desintegración familiar?
Una familia puede estar compuesta de mamá y su hija; de mamá y su hijo. En el momento en que se separa, entonces tendríamos que establecer las causas de la separación. O sea, no podemos abordar este tema desde el modelo tradicional de familia: mamá, papá, hijitos.
Entonces, por esto es que para nosotros el derecho a vivir en familia debe de ser analizado a la luz de las recomendaciones que ha hecho la ONU con respecto a las diferentes formas de convivencia y de coexistencia familiar; y que bien niños y niñas pueden estar al cuidado de la familia extensa cuando padres o tutores o quienes tienen la patria potestad, no pudieran ejercer la misma.
Es importante hablar de que la violencia familiar es un factor que vulnera las relaciones familiares, que también hay otros elementos que tendríamos que analizar, como los bienes materiales, los recursos económicos, la condición socio-cultural en que se encuentran las familias y por qué estas familias llegan a separarse.
Y ahí es un tema que necesita un abordaje muy profundo en cuanto a cuál es la situación de la familia actual en México, y que ya no hablamos de la familia, sino que debemos incorporar en nuestro mapa mental las familias en México.
De tal suerte que la respuesta la encaminaría yo en ese sentido, a que tenemos justamente que definir los conceptos de “familias” en este propio instrumento, para entonces, desde ahí salvaguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes que forman parte de estas familias y, sobre todo, velar porque la separación familiar sea el último recurso y que cuando ésta se dé, se dé bajo las directrices de las diferentes modalidades de cuidados alternativos.
Espero que haya respondido a su pregunta.
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM: Muchas gracias.
Una solicitud muy atenta, pregunta precisa, respuesta precisa, porque a las 16:00 horas tenemos que regresar y hay bastante gente también de la sociedad civil que regresaría, y queremos hacer una invitación: se ha creado un micrositio para propósito de estas audiencias públicas y desahogar la iniciativa presentada.
Muchas de las organizaciones de la sociedad civil que están aquí no alcanzarán a participar, queremos que el viernes, tenemos de plazo hasta el viernes a las 20:00 horas para recepcionar todas sus inquietudes, sugerencias, crítica a la esta iniciativa preferente; y nos va a encantar poder recibir todas estas propuestas por correo electrónico.
Tiene la palabra la senadora Mariana Gómez del Campo.
SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA: Muchas gracias, senadora.
Primero, qué bueno que estemos aquí con la organizaciones de la sociedad civil. Me parecería muy importante que pudiésemos tener de cada una de ellas sus irreductibles, para que pudiéramos ir construyendo de cara a la dictaminación, pues cuáles son los irreductibles de la sociedad civil. Creo que cada grupo parlamentario está haciendo su trabajo, pero será muy importante escuchar los de ustedes.
Quisiera preguntarle a REDIM, esta iniciativa preferente no está previendo mecanismos eficaces que promuevan la participación de las niñas, niños y adolescentes, que sus opiniones puedan ser tomadas en cuenta o escuchadas durante los procesos administrativos; ¿cómo podemos hacerle para que su voz sea escuchada? ¿Qué figura encontrarían ustedes posible en esta iniciativa preferente, para poderle dar el impulso necesario?
Muchas gracias.
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM: Tiene la palabra REDIM.
JUAN MARTÍN PÉREZ, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RED POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN MÉXICO: Muchas gracias. Gracias, senadora Mariana.
Invitaría a partir de que el derecho a la participación no tiene que ser considerado como una concesión adulta: es un derecho y niños y niñas, al ser sujetos de derecho, tendrían que tener acceso pleno a ella.
Aquí agregaría el concepto necesario para entender las diferentes formas de participación, que es la autonomía progresiva. Es decir, no son las mismas metodologías de participación de un niño pequeño, que de un adolescente, pero eso no signifique que neguemos o coartemos el derecho a la participación.
Me permito invitarles a que podamos mirarlo realmente como la oportunidad de construir ciudadanía.
Nos quejamos en este país, mucho, de la escasa participación ciudadana. Estamos muy próximos a un proceso electoral y repetiremos la historia de cada, digamos, elección intermedia del 40 ó 50 por ciento de la población que no vota.
Y tiene una explicación desde la infancia: los niños y las niñas no están siendo partícipes, ni involucrados en los temas que les afectan, como la política; también tienen una opinión y tienen una posición.
Hago alusión a ello porque creo que la medida en que lo veamos como un elemento de reconocimiento de ciudadanía –y que eso quede explícito en la ley– vamos a poder construir entonces los mecanismos de participación.
Un adulto en este país tiene un mecanismo de participación, varios, entre ellos poder votar. Los niños y las niñas no tienen ningún mecanismo de participación.
Por ello la oportunidad de cuando se habla de participación en esta autonomía progresiva, no lo atoremos o no lo bloqueemos con una tutela innecesaria.
Esta tutela o este acompañamiento, puede ser pertinente en ciertas edades, en ciertas actividades, pero no en todos.
Hay un elemento central que en el debate de derechos humanos se conoce como derechos llave.
La participación infantil es un derecho llave porque es un conjunto de derechos a los que se tiene acceso.
Alguien que participa tiene acceso a información, la busca, genera un juicio propio, tiene libertad para expresarse o debe de tenerla y eso le permite tener la necesidad de ser protegido en su intimidad y no ser de alguna forma coartado por sus opiniones diversas.
De tal suerte que si nosotros creamos mecanismos en todos los espacios donde niños y niñas participan, vamos a tener no solamente ciudadanos mucho más plenos y que aporten, sino sobre todo la oportunidad de que ellos tengan una experiencia demencial distinta.
Y les pongo algunos ejemplos: en el ámbito de los juicios de lo familiar se ha venido avanzando y ahora los jueces, afortunadamente, con mayor frecuencia consultan a los niños y niñas sobre problemas de separación familiar. Eso es fantástico, pero tenemos que institucionalizarlo. No tiene que ser por voluntad de un juez, sino todo el sistema judicial.
Un detalle puntual: el sistema de salud. Cuando vamos al pediatra, llevamos a nuestros hijos pequeños o adolescentes, el pediatra se dirige a nosotros. No se dirige a él o a ella para decirle qué le duele o qué le pasa, tampoco participa en la decisión si le tocan pastillas o inyecciones.
Eso cotidiano, es participación. No tenemos que esperar necesariamente a grandes consultas o grandes inversiones. Tenemos que revisar.
Y cierro con el último comentario: me parece que hay muchas experiencias de participación infantil que pueden ser muy buenas para niños y niñas en la medida en que ellos sean partícipes en el diseño y no sean modelos adultos a los cuales les invitamos con traje y corbata a aparentemente participar.
El desafío creo que es posible y esta Ley podría ser un marco para cambiar y hacer diferencia.
Gracias nuevamente por esta oportunidad.
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: Muchas gracias. Senador Flores.
SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ: Yo más que una pregunta, quiero hacer un comentario, creo que usted se adelantó un poco a lo que yo le iba a solicitar, que es justamente la necesidad de que las contribuciones, o ponencias de los que han estado, por ejemplo, el día de hoy, estén un micro sitio.
Pero yo no sólo pediría que estén las presentaciones o sus contribuciones por escrito, sino también la Versión Estenográfica de lo que dijeron hoy porque muchas veces no está con el detalle que lo hicieron en su ponencia aquí en vivo.
Entonces me parece que la cantidad de temas que hoy hemos escuchado de las innumerables áreas de oportunidad de mejora que tiene esta Iniciativa, me parece que hace necesario que no sólo podamos contar con lo que habían preparado para entregar, sino también con la Versión Estenográfica de lo que aquí se dijo.
Sería todo.
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: Debo de advertir que desde el día de ayer hemos solicitado la Versión Estenográfica, de tal manera de tener puntual la información que aquí se ha vertido.
La tenemos lista, además es obligatorio que en cada una de estas audiencias se elabore la Minuta correspondiente, que va a tener este elemento tan importante como es la Versión Estenográfica.
Quiero hacer una pregunta: Han pedido la palabra Martha Elena, Marcela y Pilar.
Porque estábamos viendo como si iba dirigida a una de las organizaciones de la sociedad civil, a cuál de ellas, para que de una vez contestaran las preguntas.
Entonces Martha Elena y Pilar, de REDIN, de una vez, que hagan su pregunta para que en un solo evento pueda hacer la contestación.
SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: Muy buenas tardes. Yo pregunto a REDIM: ¿Desde su perspectiva, cómo tiene que ser el modelo del Sistema Nacional y cómo debe ser la participación de la sociedad civil?
Ustedes han hecho ejercicios de participación infantil. Nos interesa saber la visión que tienen las niñas, niños y adolescentes. ¿Podrían hacernos llegar los resolutivos que han tenido?
Gracias.
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: Pilar.
SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Gracias.
Aprovechando también darles la bienvenida a todas las organizaciones que hoy nos acompañan
Creo que con la participación de todos va a ser fundamental para que las Comisiones Dictaminadoras podamos sacar el mejor producto posible.
Y lo que yo quiero preguntarle a REDIM, de alguna manera varias organizaciones han tocado el tema del Instituto Nacional de Migración en concreto:
Esta propuesta que tare la iniciativa de que sea el INAMI, el Instituto Nacional de Migración la autoridad que determine el interés superior del niño, cuál es su postura acerca de esto y por supuesto también nos preocupa que la niñez migrante quede en manos del Instituto Nacional de Migración, es decir, que los niños migrantes en estado de indefensión, que pueden quedar los niños en estado de indefensión al privárseles de su libertad, dejándolos en las estaciones migratorias.
Si en su opinión creo que ya la postura ha sido clara, pero me gustaría que se hiciera más énfasis en este tema, creo que esto es fundamental, la naturaleza y el carácter que va a tener el Instituto Nacional de Migración.
LICENCIADO JUAN MARTÍN PÉREZ, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RED POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN MÉXICO: Gracias, senadora, voy a tratar de ser muy puntual para no abusar de la palabra y agradezco mucho las interrogantes, inicio por la parte de migración.
Ya nuestras y nuestros colegas han planteado los temas centrales, hay que buscar que no sea el tema de detención el criterio, sino partir, como ya lo han definido tanto OACNUDH como la OIM, en términos de buscar otras alternativas de cuidado y protección a niñas y niños migrantes no acompañados, porque la situación migratoria no tendría que ser un argumento para la privación de libertad.
Ahora mismo lo que sucede es que los chicos mayores de 13 años de edad se quedan en las estaciones migratorias, los de menos de 12 años son canalizados a instituciones generalmente de sociedad civil y el DIF no tiene capacidad instalada por ahora para poder hacerlo.
Creo que es muy importante que el Instituto Nacional de Migración haga su tarea en lo que le corresponde, pero no tendría las facultades para poder determinar el interés superior de la niñez, porque es juez y parte.
Los invito a que piensen un momento en este funcionario con uniforme, con un mandato de hacer valer las leyes migratorias y tiene a un niño frente a él, que le duele el corazón, pero al mismo tiempo tiene que generar la acción para la deportación.
Entonces creo que no es apropiada esta figura, ya se ha señalado por diversos mecanismos y organismos internacionales y hay propuestas muy concretas para buscar alternativas, que además ya son exitosas en otros espacios.
Pensando en el modelo, creo que les invitaría nuevamente, perdón pero el ejemplo tan trivial del cuerpo humano, pero reitero que lo básico siempre nos ayuda a entender lo complejo, ahí es donde creo que podría estar y en este ejemplo del cuerpo humano hacía referencia a los ojos.
Espero que aquí no se me vayan encima mis colegas de las organizaciones sociales, pero nosotros hacemos de alguna manera consultoría gratuita. Es decir, todas estas valoraciones críticas que hacemos desde la sociedad civil ustedes las van a mandar contratar por unos cuantos miles o millones de pesos y les van a decir exactamente lo mismo que nosotros.
Así que la valoración crítica es positiva y quisiera poner sólo como ejemplo la experiencia brasileña: el CONALDA, el Consejo Nacional para los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, creado hace 24 años, tiene el 50 por ciento de su integración para la definición de política pública y presupuesto a sociedad civil y el otro 50 por ciento funcionarios de gobierno.
La presidencia es rotativa, cambia año con año y la experiencia ha sido muy positiva porque tiene expresión federal, estatal y municipal. Creo que podríamos estimular mucho más la participación e sociedad civil si involucramos, porque lo hacemos todos los días, a la sociedad civil en el rediseño de la política y por supuesto también cómo podemos hacer más eficiente al Estado Mexicano.
Estamos apostando a fortalecer al Estado. Eso no significa legitimar gobiernos, no importan los colores. Estamos buscando que tengamos un Estado fuerte para que niños y niñas puedan tener la garantía de sus derechos y reitero y felicito nuevamente al Senado por esta apertura y esta disposición para mejorar y hacer realmente de este proyecto preferente una oportunidad para cambiar a niños y niñas en la vida cotidiana ahora.
Gracias.
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: Marcela.
SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO: Muchas gracias. En primera, decir que el día de hoy creo que ha sido un ejercicio sumamente valioso. Ahora lo mencionaba Juan Martín, pero toda esta asesoría, toda esta visión de cada una y cada uno de ustedes que están aquí y muchos que no han podido participar pero que están allá arriba. Yo tengo allá dos o tres paisanas queretanas que tienen casa hogar allá y que trabajan día con día atendiendo niñas y niños que les pasa el DIF y les pasa el DIF, y que agradezco su presencia, aquí están.
Esta asesoría creo que debe ser tomada en cuenta, porque si hay algún riesgo que yo visualizo en la ley es que vuelva a ser una ley de membrete, que vuelva a quedar como un buen intento, algo que diste, es un tema muy noble la infancia y los niños, que muchas veces es utilizado en favor de una imagen, que viste mucho al Ejecutivo, que es quien la lanza como preferente, pero que realmente no tenga sustancia.
Si estamos aquí para escuchar no es sólo para escuchar, debe ser para tomar en cuenta todas las participaciones de las expertas y los expertos que están el día de hoy aquí.
En ese sentido, que creo que ese es el riesgo más grande, quisiera yo formular dos preguntas. Una, a Isabel Crowley, que ella hablaba muy bien y decía que hay un diagnóstico cada dos años que realiza UNICEF y CONEVAL, y que nos da una fotografía muy clara de la infancia en México, y que ha sido poco tocada el día de hoy aquí.
Yo quisiera, Isabel, si en pocos minutos que tenemos, pudieras hacernos el enorme favor y la asesoría, aunque no la estemos pagando, de compartirnos de esta fotografía cuáles serían los rasgos más importantes que desde tu criterio ves.
Y la segunda pregunta iría para Alfonso Puaré, y va en este sentido. Ayer se lo plantee al consejero Castillejos, que hizo favor de visitarnos aquí, pero lo vuelvo a plantear. La ley no está acompañada por ningún incentivo fiscal o ningún incentivo en cuestión de bolsa económica en apoyo a todos ustedes, a las organizaciones ciudadanas, a las voluntarias y voluntarios que se rifan diariamente, y lo vuelvo a repetir, trabajando con niñas o niños migrantes, con adolescentes que tienen problemas, con familias que tienen problemas de violencia, con niñas y niños que han sido violentados y que además tienen que conseguir el dinero para hacerlo.
En mucho hacen la labor que le toca al Estado, pero en esta ley no hay una sola mención en cuestión fiscal. Si se les va a ampliar la posibilidad de que tengan más donativos; si se les va a dar la posibilidad de que se financien con un objeto distinto a su objeto de trabajo, ¿verdad?, que ahí está tazado; si se les van a condonar algunos impuestos, en fin.
¿Qué incentivos se les dan para las muchas responsabilidades que tienen y más que tendrán?
Se me contestó, y de una vez lo adelanto, por parte del consejero, que no era materia de la ley porque era un asunto fiscal, y que se tenía que atender en otro lugar.
Difiero. Y si la ley no tiene un acompañamiento con una parte económica, tanto al DIF como a los voluntarios, a las OECCS, es una ley vacía porque no se puede trabajar, nadie está obligado a lo imposible, no se pude trabajar sin recursos.
ISABEL CROWLEY, REPRESENTANTE EN MÉXICO DEL FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA: Muchas gracias por la pregunta.
En realidad, UNICEF con CONEVAL todos cada dos años estamos haciendo básicamente le llamamos el análisis, la situación de la infancia enfocado a sus derechos. Porque generalmente cuando se enfoca a ver el estado de pobreza, se lleva siempre todos los datos financieros.
Nosotros estamos hablando de las carencias de sus derechos y el acceso a sus derechos. Entonces, tenemos seis derechos que estamos mirando: vivienda, educación, salud, acceso a Seguro Social y protección; y hacemos un diagnóstico de lo que pasa en todo el país, y es muy claro que los más desfavorecidos, mismo cuando comparamos adultos con niños, los niños son más pobres que los adultos, eso primero.
Segundo, nos dicen que tenemos 40 millones de niños, de los cuales más del 50 por ciento, 21 millones, viven en pobreza, y de los cuales 4.6 millones viven en pobreza extrema.
También nos dice muy claramente que las niñas, más que los niños, tienen muchas carencias.
También nos dice que los más desfavorecidos son los pueblos indígenas, como lo han mencionado también ya aquí; son los discapacitados, son los que tienen problemas de acceso a educación y a salud, que no lo tienen muchos de los otros.
Nos dice también que al 16 por ciento de todos los niños en el país no tienen ninguna carencia, el 16 por ciento tiene todos sus derechos cubiertos. Todos los otros sufren de una o de dos o de tres o cuatro carencias.
Pero también nos dice que la pobreza de los niños en una situación urbana, es más pobre que una situación de pobreza rural. Y ahora como estamos viendo también, hay un movimiento de muchas familias viniendo a las ciudades, y cada vez más eso, de acuerdo con Hábitat y otras organizaciones internacionales, se ve que es donde están viniendo muchas familias pobres a las ciudades.
Entonces vamos a tener niños pobres, pero más porque están en las ciudades. Yo creo que eso es muy importante. Nosotros también hacemos análisis de situación de estados, estado por estado.
El año pasado hemos hecho de Yucatán, Zacatecas, Chiapas y Oaxaca, los más pobres del sur sureste. Este año estamos haciendo D. F., Estado de México, Hidalgo, Jalisco, y vamos lanzarlos a final del año.
Yo creo que REDIM también hace un gran compositorio de estadísticas y nos coordinamos para que lo que hagan ellos nosotros no lo duplicamos, para que realmente tengamos la mayor información.
Pero la información que ponemos nosotros, es la información que está accesible en muchos y también nosotros tenemos un sitio que es Infoniñez, donde toda la información que existe de niñez lo ponemos ahí también.
Pero sí que sería bien de tener un diagnóstico. Yo creo que una de las cosas que estamos realmente imposicionando es que el órgano rector cómo lo vamos a definir aquí, que sea un órgano rector que pueda llamar a todas las instancias de gobierno, que al final de cada año presente al Presidente de los Estados Mexicanos cuál es la situación de la infancia en este país y cuáles son las carencias que los niños tienen para que se formen políticas públicas adecuadas, para que tengamos realmente los niños que queremos tener, los niños felices, para que puedan desarrollar su pleno potencial.
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: Muchas gracias. Hemos concluido esta…
INTERVENCIÓN: …perdón, salvo que me censure, senadora. Rápidamente:
Yo creo que se toma un tema clave senadora, en el sentido de la posición que guarda el Estado Mexicano con respecto de las organizaciones de la sociedad civil.
Yo creo que hay un doble rasero en términos de la política de Estado que existe con respecto, por ejemplo, de las empresas y de las organizaciones de la sociedad civil.
Las organizaciones prestan servicios, inclusive producen bienes socialmente necesarios y lo hacen con mucha frecuencia, a costos menores, con mayor calidad, con mayor calidez, con mayor capacidad de respuesta y adaptación a la realidad.
Y sin embargo no existen, a pesar de lo que establece la Ley Federal de Fomento a las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil, no existen en la práctica verdaderos incentivos para que, primero, existan las organizaciones y, segundo, puedan realizar su trabajo en las mejores condiciones posibles.
La Ley de Fomento establece como derechos de las organizaciones, ya no siquiera como posibilidades sino como derechos de las organizaciones, el acceso a recursos públicos, el otorgamiento de incentivos fiscales y administrativos, la posibilidad de participación en el diseño, en la ejecución, en la evaluación de las políticas públicas y sin embargo se aplica poco la ley.
O sea, se ha transformado, digamos, el apoyo a las organizaciones, o se ha manejado el apoyo a las organizaciones a través de los fondos de coinversión social que en realidad no permiten que las organizaciones se fortalezcan y presten los servicios que realizan de una manera adecuada.
Entonces, creo que esta ley, la iniciativa de ley de protección debiera desde luego considerar, sería una obligación, dado lo que establece la Ley de Fomento, sea una obligación que considerara los mecanismos para la participación de las organizaciones de la sociedad civil y yo creo que hay mucho qué hacer en ese sentido.
Se pueden establecer mecanismos de subrogación, por ejemplo, en la prestación de ciertos servicios, con mecanismos transparentes y claros de asignación de recursos públicos para la prestación de estos servicios.

Pongo el caso, por ejemplo, de los centros de desarrollo infantil comunitarios. Son esfuerzos que llevan a cabo las madres de niñas y niños en colonias populares, por ejemplo, en donde ellas se capacitan como educadoras y prestan los servicios de educación inicial que el Estado no tiene condiciones de prestar y que no garantiza en términos de una oferta pública.
Actualmente hay un déficit muy importante de acceso a la educación inicial, porque no existen los mecanismos de educación pública que los preste y estos centros cubren esos espacios.
Estos centros funcionan de alguna manera como organizaciones de la sociedad civil… Children, por ejemplo, apoya la capacitación a estos centros, otorga becas, etcétera, pero lo que sucede con estos centros es que tienden a ser vistos como problemas para la propia administración.
O sea, en el caso del Estado de México, por ejemplo, ya se estableció un tipo penal que los afecta, por ejemplo, cuando en realidad lo que debiera suceder es exactamente lo contrario, que se reconozca el esfuerzo popular, la acción voluntaria de muchas personas por atender los problemas sociales.
Lo mismo sucede con las organizaciones de la sociedad civil, se cubre un amplio espectro de necesidades de los grupos sociales, creo que el tema de infancia es el que mayor número de organizaciones de la sociedad civil genera en nuestro país, a pesar del déficit de persecución que existe, las organizaciones de la sociedad civil y específicamente las de infancia, no tienen realmente estímulos ni sentidos para el desarrollo de su trabajo y creo que sería indispensable que eso lo cambiáramos para que efectivamente pudiéramos mantener un nivel de cobertura básico en relación a niñas, niños y adolescentes.
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: Muchas gracias.

Hemos concluido esta etapa de audiencias, ha sido muy benéfica para el propósito que tenemos. Les agradecemos mucho su presencia. Hay un receso, regresamos a las cuatro de la tarde con especialistas.
Muy buenas tardes.

                                                 (R E C E S O)

INICIA TERCERA PARTE

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas de nueva cuenta a esta segunda parte de la segunda audiencia pública que en materia del análisis de la iniciativa preferente con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, estamos llevando a cabo las seis Comisiones Unidas del Senado de la República, previa elaboración, discusión y votación del dictamen.
Vamos a proceder a la cuarta audiencia del día de hoy, en donde hemos invitado a distintos especialistas en la materia. En esta sesión vespertina contaremos con la participación de Luis Alberto Barquera Medina, presidente de la Organización para el Desarrollo Social y la Educación para Todos.
Participará también la doctora Minverva Gómez Plata, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. La licenciada Katia D’Artigues, activista social, vieja conocida de este Senado en las discusiones que tuvimos en temas de telecomunicaciones, que le fue bastante bien. La licenciada Margarita Griesbach Guizar, directora de la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, Asociación Civil. Y finalmente, la doctora Mónica González Contró, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. A todas, y a nuestro invitado, les damos la bienvenida.
A nombre de las Comisiones Unidas, agradecemos que hayan aceptado la invitación a participar en estas audiencias y estamos convencidos de que sus aportaciones van a ser muy importantes, como lo han sido las sesiones que hemos tenido tanto el día de ayer como a lo largo de la mañana del día de hoy.
Entonces, sin más preámbulo, quisiéramos pedirle a Luis Alberto Barquera Medina, presidente de la Organización para el Desarrollo Social y la Educación para Todos, haga el favor de dirigirnos su mensaje. Bienvenido.
LUIS ALBERTO BARQUERA MEDINA, PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA EDUCACIÓN PARA TODOS: Buenas tardes, estimados senadores y senadoras, amigos y amigas.
Es un gusto para mí estar aquí y antes que nada, quisiera decir que aprecio la invitación de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara, para estar aquí y compartir mis puntos de vista sobre la iniciativa preferente del presidente Peña Nieto en materia de infancia y adolescencia. Muchas gracias.
Estoy aquí porque creo en el debate y que la discusión pública es necesaria para mejorar las leyes, y mejorar la política pública que afecta a niños, niñas y adolescentes.
Con esta convicción y buen ánimo, expondré que tenemos en la Constitución, en los artículos 1º, 4º y 3º constitucionales, la orientación necesaria para mejorarla. Luego ofreceré algunos ejemplos de la problemática a la que tendría que obedecer una ley general para, finalmente, presentar algunas conclusiones.
La primera idea es que el constitucionalismo de los derechos también es para los niños, las niñas y los adolescentes. La reforma al artículo 1º constitucional abría una nueva etapa en la vida política de México, en la medida en que se reconoce una simetría central para la vida democrática.
Existen titulares de derechos, que somos los ciudadanos, y obligaciones de los titulares de deberes, que corresponden al Estado y sus funcionarios y autoridades, de acuerdo con una normativa global.
El párrafo segundo señala que los derechos deben interpretarse de acuerdo con lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales. Ese es el llamado bloque de constitucionalidad, del que forma parte –por ejemplo– la Convención de los Derechos del Niño; de forma tal que el ciudadano goce de la protección más amplia posible.
En el párrafo tercero se apunta que las autoridades del Estado mexicano tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos, de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; por lo tanto, es responsabilidad del Estado, de acuerdo con lo que establezca la ley, prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
Con la reforma al párrafo quinto, queda prohibida toda forma de discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Ahora son los derechos fundamentales lo que da sustento a la legitimidad del Estado y cobra carta de ciudadanía, la idea de que el nivel de garantía de los derechos es lo que hace a una sociedad merecedora del calificativo de civilizada y democrática.
Con el establecimiento de la responsabilidad del Estado en la protección y garantía de los derechos, la posibilidad de acogernos al derecho internacional y la prohibición expresa de la discriminación, aparecen como antídoto contra la simulación la letra muerta y los derechos de papel; porque el parámetro para medirnos como sociedad es la efectiva garantía de los derechos.
En términos prácticos, como señalan Salazar y Carbonell, lo que importa es determinar cuántos y cuáles de esos derechos son efectivamente respetados, protegidos y satisfechos por las instituciones; cuando las personas son efectivamente libres, conviven en condiciones de igualdad, ejercen su autonomía política y tienen sus necesidades básicas satisfechas. Entonces, el constitucionalismo de los derechos será una realidad práctica.
En cambio, en una sociedad en la que los derechos son reconocidos normativamente, pero en los hechos son menospreciados y violados; la realidad será autoritaria, inequívoca, opresora.
Este es nuestro punto de partida para establecer la calidad de la iniciativa preferente que el presidente Peña nos propone. A este esquema tendría que acogerse en su formulación, la iniciativa del Presidente de la República, pero no es así.
La iniciativa del Presidente Peña, en la medida en que privilegia una lógica declarativa, desdibuja las obligaciones que el Estado mexicano tiene para con los niños, las niñas y los adolescentes de México, de acuerdo con el artículo 1º constitucional.
También en esa medida deja en un segundo plano la efectividad, cosa que a fin de cuentas es lo que hace real en la práctica, el constitucionalismo de los derechos.
No hay un diagnóstico en el que se determine cuántos y cuáles de esos derechos son efectivamente respetados, protegidos y satisfechos por las instituciones; al que se ajuste la propuesta de ley, junto con responsabilidades claramente establecidas.
Aunque menciona abundantemente los instrumentos internacionales que nuestro país ha firmado, no genera las condiciones necesarias para lograr efectividad en el ejercicio de los derechos. En pocas palabras, pensamos que falta compromiso para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.
En cuanto al interés superior del niño. La falta de compromiso de los derechos, se subraya con el hecho de que la iniciativa no privilegia el interés superior del niño, al dar la espalda a la posibilidad de ser una verdadera guía para el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez y adolescencia, como dice el artículo 4º constitucional.
La impresión que queda es que el propósito de la oficina de la Presidencia, además de mantenerse en la lógica de enunciar o declarar derechos; es mantener el marco institucional actual, en particular sostener un enfoque de política claramente asistencialista y no tocar al DIF, en lugar de aprovechar la oportunidad de repensarlo y relanzarlo, en lugar de privilegiar el interés superior del niño.
La concepción de los centros de asistencia social y la atención de niños, niñas y adolescentes no acompañados, es un buen ejemplo de esta visión asistencialista. Durante años, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, una institución fundada en 1977 durante la administración del presidente José López Portillo, se transformó más en el discurso que en la práctica, en cuanto a la dirección y operación que marcan los instrumentos firmados por México.
No queremos una ley que sólo signifique, en realidad, una permanencia conceptual, política e institucional anclada en lo que ya tenemos y que comprobadamente es insuficiente.
Los niños y las niñas de México no requieren dádivas ni un trato de menorcitos; sino una política de infancia que reconozca su interés superior y los asuma de una vez por todas, como sujetos de derecho.
El tercer ámbito de este trabajo. La iniciativa preferente está lejos del espíritu y el mandato del artículo 73, así como del dictamen que le dio origen: definir la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativa y el Distrito Federal, y los municipios; y superar la articulación y contradicciones de los diversos ordenamientos legales referidos a la niñez en los distintos ámbitos.
La Ley General de Educación es un buen ejemplo de lo que quiero decir. En su artículo 12, señala con toda claridad que corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal, establecer para toda la República los planes y programas de estudio para la educación Preescolar, la Primaria, la Secundaria, la Normal y demás, para la formación de maestros de educación básica. Eso dice el artículo 12.
En el artículo 13 se definen las competencias que corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales.
No existe ningún párrafo similar a los anteriores, en la iniciativa preferente. Lo mejor que se pensó en esa oficina de la Presidencia, fue repetir incansablemente la maravillosa frase: “En el ámbito de sus respectiva competencias”, aunque nunca se hubieran definido; y afianzar la permanencia de la falta de armonización y de dientes en las leyes de los estados.
El hecho es que los derechos enunciados en la Ley del 2000 y en todas las leyes de infancia promulgadas en los estados, no se han reflejado en una nueva institucionalidad acorde con la obligación del Estado, de garantizar la efectividad de todos los derechos para todos los niños y las niñas de México.
¿La iniciativa del Presidente nos va a ayudar a superar el déficit de la institucionalidad actual, el desorden en la política de infancia y la adolescencia, y a orientar una armonización legislativa acorde con la garantía efectiva de los derechos en las leyes locales?
Una mala ley general sólo reproducirá el atraso legislativo, los estados de la República no van a mejorar si no hay una ley general que los obligue a transformar sus legislaciones de infancia, para garantizar coordinación y el cumplimiento de objetivos precisos.
En la medida en que la indefinición de competencias permanece, no se alcanza el objetivo que dio lugar a la reforma constitucional al 73, de acuerdo con el dictamen que le dio origen. Con ellas, el establecimiento de una política integral en materia de derechos de la niñez, que permita una acción efectiva y coordinada del Estado mexicano para velar por el interés superior de los mismos, cumpliendo con los tratados internacionales, de lo que México es parte.
De acuerdo con el informe, sistemas nacionales de protección integral de la infancia, fundamentos jurídicos y estado de aplicación en América Latina y el Caribe, requerimos un sistema de protección fundamentada en una ley que defina una instancia con autoridad y competencia suficientes, que incluyan la capacidad de coordinar efectivamente el sistema de protección integral; así como que articule otros sistemas como el de protección social, el de salud, el judicial, entre otros, que son muy relevantes para la promoción y protección de los derechos de toda la infancia y la adolescencia.
La pregunta es, ¿esta iniciativa de ley y el sistema que se propone, cumple realmente con las características que Alejandro Morlachetti señala; más allá de que se diga que inspira la construcción de esta iniciativa de ley preferente?
La iniciativa del Ejecutivo, como la Ley de Protección, del año 2000, carece de mecanismos para asegurar la efectividad de sus disposiciones y la adecuada coordinación entre diferentes sectores y niveles de gobierno, responsables de garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia.
El sistema que se propone, tal como está, se parece y se parecerá si no se modifica, mucho a los conocidos consejos que inundan la Administración Pública y que no funcionan. Y me pregunto, ¿es constitucional, de acuerdo con todo lo anterior, esta iniciativa de ley?
Pero bueno, ¿a qué tendría que responder una ley general?
Por ejemplo, el INE ha señalado en “El derecho a una educación de calidad. Informe 2014”, que muchos de los problemas que causan la inequidad en educación no son educativos ni dependen de las políticas del sector; por lo que el combate a la inequidad educativa requiere de políticas intersectoriales capaces de atender al menos aquellas consecuencias de la pobreza, que afectan de manera directa la escolaridad de la población.
En México, 2.5 millones de niños y adolescentes trabajan. Pese a las dimensiones del problema, el Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia del Sistema Nacional DIF en 2012, apenas entregó 5 mil 185 becas; o sea, 2.5 millones de niños trabajadores, 5 mil 185 becas académicas y 348 de capacitación a niños trabajadores, en las 28 entidades federativas donde opera.
En 2012, el DIF transfirió este programa que, además del trabajo infantil atiende temáticas como la explotación sexual infantil, migración, situación de calle, embarazo adolescente, adicciones y de función de sus derechos, en promedio 1.6 millones de pesos a cada entidad federativa. En ese año, el presupuesto dedicado al trabajo infantil comprendió 24 por ciento del total, lo que significa un promedio de 384 mil pesos por estado de la República.
En Ciudad Juárez, un muchacho puede matar por mil pesos, ¿por qué?, el periodista Ioan Grillo documenta que los sicarios adolescentes son fruto de la marginación sistemática de los últimos 20 años.
Una trabajadora social entrevistada por él, dice: “El gobierno no ofrece nada, ni siquiera puede ofrecer mil pesos. La mafia es la única que se acerca a esos muchachos y les ofrece algo: les ofrece dinero, teléfonos móviles y pistolas para que se defiendan. ¿Cree que esos muchachos se van a negar? No tienen nada que perder, sólo ven el día a día; saben que se pueden morir y lo dicen, pero no les importa, porque siempre han vivido así”.
Estamos hablando de un mundo asociado a la exclusión, al cierre social, la discriminación y que ocultan los promedios.
Por ejemplo, el Municipio de Juárez ocupa el lunes 263 de entre 2 mil 446 municipios en el país, de acuerdo con el ranking del semáforo municipal de los derechos de la infancia, pero es uno de los más violentos del mundo y de los más crueles con los jóvenes.
Entre 2010 y 2012 la tasa de homicidios para la población total se redujo 1.3, pero en el caso de la población de 15 a 17 años creció en 13.2 por ciento, y todavía más grave para la población de 0 a 17 años el crecimiento fue de 14.3 por ciento.
Sólo 16 por ciento de los niños y las niñas de México, de acuerdo con UNICEF, ejercen todos sus derechos.
¿La iniciativa del Presidente Peña realmente está dando lugar a una nueva mirada y a las políticas intersectoriales que necesitamos para garantizar el derecho a la educación de los niños, las niñas y los adolescentes trabajadores migrantes, indígenas y de localidades rurales?
¿Cómo se plantea garantizar la protección de niños y niñas frente a la violencia en todas las clases sociales?
¿Se está pensando en los homicidios de adolescentes y las desapariciones forzadas?
¿Ustedes creen que estas situaciones se superan con la visión asistencialista que ha prevalecido?
Otra vez pregunto, ¿esta iniciativa, a diferencia de la Ley de Protección del año 2000, cuenta con los mecanismos para asegurar la efectividad de sus disposiciones y la adecuada coordinación entre diferentes sectores y niveles de gobierno responsables de garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia?
En conclusión, pienso que tenemos que hacer un gran esfuerzo para poner a la altura de la Constitución la iniciativa preferente del Presidente Peña Nieto.
No podemos desaprovechar la oportunidad que cedió el Congreso de transformar a fondo la política de infancia con la modificación del artículo 73 constitucional.
Nosotros trataremos de contribuir con todo lo que esté de nuestra aparte en el mejoramiento de esta iniciativa preferente con datos, con argumentos y con una enorme disposición al diálogo, como siempre. Pero al final los senadores y los diputados van a votar.
Los invito a definir su voto luego de estar seguros de que la ley general que propone el Presidente Peña para todos los estados del país y las diversas problemáticas de niños, niñas y adolescentes, realmente nos ayuda a fortalecer tres cosas:
Primero, la identificación de las demandas de los titulares de derechos, es decir, los niños, las niñas y los adolescentes, y las correspondientes obligaciones de los titulares de deberes. Todas las secretarías y funcionarios de gobierno relacionados con el tema.
La identificación, en segundo lugar, de las causas de no cumplimiento de estos derechos.
Y, en tercer lugar, la orientación de recursos humanos, financieros, jurídicos e institucionales para revertir dicha situación de incumplimiento y orientar cursos de acción adecuados para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos.
En suma, los invito a evaluar con todo rigor si es una ley que nos pone en el camino de la efectividad, no otra que nos coloca en la pena de seguir viendo cómo se coloca el tambache de leyes de papel.
Ojalá la ley que se apruebe sea un verdadero paso adelante, aunque sea uno. Lo que pasa porque éste impulse una política nacional que permee los tres órdenes de gobierno definiendo competencias y responsabilidades y posibilitando el cambio institucional que necesitamos.
El Congreso puede lograrlo si mira lo que nos ordenan los artículos 1º, 4º y 73 de la Constitución y se detiene a revisar la problemática que viven hoy los niños, las niñas y los adolescentes de México.
Ojalá el Congreso nos dé esta reforma estructural que necesitamos urgentemente. De otro modo, los niños, las niñas y los adolescentes, y México en su conjunto, seguirá pagando muy caro mantenernos en el rezago legislativo actual; cosa absolutamente evitable.
Muchas gracias.
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Bien. Le agradecemos al maestro Barquera Medina su participación. La dinámica que hemos seguido es hacer en conjunto las presentaciones, al final las senadoras, los senadores y, si nos acompañan, las diputadas y diputados que invitamos a hacer una ronda de preguntas para que se vayan respondiendo por parte de cada uno de los ponentes.
Vamos a hacer el relevo para que pueda hacer el uso de la palabra la doctora Minerva Gómez Plata, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, agradeciéndole por supuesto a Alberto Barquera Medina su presentación.
DOCTORA MINERVA GÓMEZ PLATA, INVESTIGADORA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA: Buenas tardes a todas y todos los asistentes a esta audiencia pública organizada por el Senado de la República, en el marco de la dictaminación del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
En principio, quisiera agradecer a las senadoras y senadores, presidentas y presidentes de las Comisiones de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, de Atención a Grupos Vulnerables, de Educación para la Igualdad de Género, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos por abrir este espacio a la libre manifestación de ideas, al debate sustancial y, sobre todo, a la posibilidad de enriquecer y enmendar la propuesta en beneficio de niñas, niños y adolescentes.
También agradecer a las diversas organizaciones de la sociedad civil que han colocado de manera puntual los enormes retos que enfrentamos en nuestro país en materia de derechos humanos.
Gracias también a REDIM por el diálogo y las acciones compartidas en la defensa de los derechos de la infancia.
Desde el Programa Infancia de la UAM, el Departamento de Educación y Comunicación y el Área de Investigación, Subjetividad y Procesos Sociales, hemos realizado diversos esfuerzos de formación, servicio e investigación sobre distintas problemáticas que afectan a la población de niñas, niños y adolescentes, a sus familias, su comunidad y su entorno.
Estas reflexiones tienen el antecedente de una investigación que iniciamos en el 2005, en el posgrado de Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con el tema del desamparo y los modelos de intervención. Pero también tienen como referente las reflexiones de la psicología social.
Señalo esto pensando que el diálogo con el ámbito jurídico es un primer compromiso de muchas áreas de conocimiento; algo que antes no era tan sencillo, digamos. Pero también es un compromiso de los ámbitos de esta materia dialogar con distintas miradas y distintos referentes para que la conformación de la norma y los marcos legales pueda responder a las realidades que actualmente enfrentamos para concretar la puesta en marcha de los derechos a los que todos los ciudadanos tenemos que acceder.
Algunas de las impresiones generales que surgen a después de la lectura del proyecto de ley, es que no podemos concretar las transformaciones necesarias para garantizar los derechos de la infancia y adolescencia de nuestro país si seguimos realizando las mismas prácticas de siempre.
Se leen las mismas prácticas asistencialistas, tutelares, de disciplinamiento y sesgadas que no logran una política nacional a favor de la niñez, adolescencia y juventud mexicana. Centran el modelo de atención residencial como una forma de rescatar a los niños en riesgo o en vulnerabilidad desde la primera parte del documento de ley y hasta el capítulo cuarto del derecho a vivir en familia se plantea la importancia de este derecho y la atención a no separar a los niños de sus familias y comunidades; un elemento que tendría que ser alguno de los puntos iniciales de esta ley para restituir el medio familiar a miles de niños, niñas y adolescentes que han perdido la posibilidad de mantener el vínculo con un medio familiar consanguíneo o no.
Sin duda, hay diversos temas que se inscriben retomando los marcos internacionales, pero las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños están ausentes.
Se presenta necesario darle a la ley un marco referencial que esboce una concepción y un objetivo a nivel nacional de la necesidad de garantizar los derechos de la niñez y adolescencia; que establezca el espíritu de la ley y genere la construcción de una política pública nacional para garantizar sus derechos. Sobre todo, que apunte a la transformación de la relación entre los adultos y los niños.
No sólo se trata de programas de intervención, sino de generar una cultura de respeto y democracia entre los distintos grupos de edad, de generar prevención y de resolver los conflictos que obstaculizan el bienestar y la dignidad de las niñas, niños y adolescentes, sus familias y su comunidad.
Es generar una visión integral de los problemas de la población, retomando a Bustelo, si mantenemos la concepción asistencialista, no promoveremos una cultura basada en la emancipación de las personas de las condiciones materiales que no les permiten vivir con dignidad y de solidaridad y reciprocidad basada en derechos y no en caridad.
Otro aspecto es el engrosamiento de la burocracia sin la transformación de estas prácticas ancestrales, lo que pone en riesgo la implementación y efectividad de un sistema de garantía de derechos de la infancia y la adolescencia.
La mirada tutelar desde la dirección de procuradurías de protección, colocan nuevamente la preocupación de la criminalización y la tipificación de delitos en los conflictos de la infancia y de sus familias, sin lograr arribar a una visión compleja de debate, de investigación y análisis profundo de todas y cada una de las problemáticas que aquejan e imbrican los derechos de niñas, niños y adolescentes tutelando los derechos y no a los sujetos.
Sin duda, el objeto de esta ley es de suma relevancia y consideramos que requiere de mayor discusión y acuerdos de diversos actores y sectores.
Sobre la estructura del documento de ley, es necesario que las piezas que la componen tengan otra organización de los temas desarrollados y coherencia con los retos que enfrentamos. Es muy importante, así también, que se consideren otros rostros de la infancia y adolescencia presentes en el territorio nacional.
Sobre aspectos puntuales, parece central redefinir, primero, el ámbito de las respectivas competencias de las instancias y entidades en todos sus niveles, con la finalidad de concretar la transversalidad y/o articulación de las competencias para romperá la dinámica del aislamiento, duplicación o traslapamiento de acciones o programas.
Dos. El documento señala que se tomaron en cuenta las opiniones de organizaciones de la sociedad civil, pero es necesario establecer mecanismos de diálogo, intercambio y análisis con diversos actores, redes, organizaciones y universidades, que se han especializado en los problemas acuciantes de la población.
Es necesario revisar puntualmente la iniciativa y consensar las visiones y planteamientos de diversos temas en ella presentados. Siguen sin quedar claros los mecanismos jurídicos para que las autoridades verifiquen y garanticen la prevalencia de los derechos.
En materia de asistencia social, es necesario establecer de forma clara, y como eje de la atención, modalidades alternativas de atención comunitarias, psicosociales, con una mirada sistémica que descentre el esquema silar (sic) como preponderante de la asistencia.
No podemos ignorar, retomando nuevamente a Bustelo, desde una política social, la idea de los derechos sociales y la construcción de ciudadanía.
Respecto al tema de representación de niñas, niños y adolescentes, la ley habla de sujeto de protección. Esta noción tendría que replantearse porque suspende la restitución de sus derechos por la captación del sujeto. Es necesario transformar esa concepción y las prácticas que derivan de su detención en los servicios de los órganos jurisdiccionales.
En relación al apartado de las obligaciones para quienes ejercen la patria potestad, tutela o guardia y custodia y de los centros asistenciales, resulta insuficiente. En realidad, requerimos un marco explicativo amplio y profundo sobre la situación de crianza y cuidados de quienes ejerzan estas obligaciones, pero también tenemos que focalizar o centrar el tema de la diversidad de familias.
Las obligaciones del Estado en esta materia tendían que explicitarse, sobre todo en la labor de revertir el mayor flagelo para la garantía de los derechos de los niños, familias y comunidades, la pobreza y la injusticia, causas constantes de la separación familiar.
La narrativa de este apartado se centra en el tema de la asistencia social para aquellos que no cuentan con la presencia de sus familias hablando de instalaciones idóneas de acuerdo a la edad, sexo, condición física, etcétera.
Los centros asistenciales no serán espacios idóneos para el desarrollo de los niños. Se sugiere colocar otros principios rectores en la mirada de atención, considerando las directrices sobre modalidades alternativas de cuidado.
El derecho a vivir en familia tendría que ser un punto inicial que paute las atribuciones del Estado en relación al apoyo de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia.
La ley menciona que en las sesiones de consejo del Sistema Nacional de Protección Integral, que seguirá de alguna manera articulado al DIF nacional, habrá representación permanente de instituciones y organizaciones de los sectores social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes, quienes participarán con voz, pero sin voto.
Esto, me parece, sería un ejemplo de la inconsistencia en el enfoque de derechos, pues sería importante considerar para la construcción de ciudadanía que la participación de los niños tuviera peso sobre las decisiones que se toman respecto a sus circunstancias. Así también, la participación de la sociedad civil.
En el apartado de las infracciones y delitos, hace referencia a los concesionarios de radio y televisión y a la transmisión de información nociva o perturbadora para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.
Parece muy importante definir los parámetros que puedan afectar a la población, así como la utilización de la información que llega a la ciudadanía, pero sin afectar el derecho a la libertad de expresión. Se requiere mayor discusión sobre esos temas.
En el apartado de los centros de asistencia social, es necesario señalar que deben ser de estancia corta y cuando no pueda brindarse otra medida de cuidados. Los niños de 0 a 5 años de edad no deben ser atendidos en estos esquemas de atención. Claro que se debe contar con un registro, una base nacional sobre la población atendida, pero no puede quedar ahí.
Es necesario establecer una ruta crítica de atención y seguimiento de las niñas, niños y adolescentes que son atendidos por cualquier instancia pública y privada, así como un programa y proyecto específico para las circunstancias de cada caso.
Revisar el artículo 86, que establece que no se considerará violación a lo dispuesto por el párrafo anterior, la supervisión o restricción que realicen quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda y custodia, a las conductas y hábitos de los niños, siempre que atiendan el interés superior.
Es un párrafo ambiguo en el que hay que apuntar y/o definir los actos de supervisión o restricción.
Si queremos ir en el rumbo de los derechos, este enunciado resulta discrecional, podría interpretar que: ¿quitar la cena, o dejarlos encerrados en sus cuartos es una forma educativa que conlleva algo de restricción? No sé. Habría que reflexionar sobre todas esas circunstancias.
Estos son apenas algunos de los puntos de discusión y revisión de la Iniciativa. Hay otros que fui puntuando pero que me parece como muy extenso.
Pero creo que hay muchos otros temas que merecen atención y discusión.
Por ejemplo, no se habla de la importancia de instancias de queja y denuncia para los niños, donde puedan expresar cómo viven, la atención de los diversos programas o instituciones, como la familia, la escuela, hospitales, casas hogar, albergues, agencias de ministerio público o juzgados.
Para terminar, es de suma relevancia transformar y construir los marcos desde los que se den respuesta a las adversidades que enfrenta la mayor población de nuestro país.
Por ello, necesitamos que se genere una ley que sea ad hoc a nuestro tiempo y circunstancias como Nación.
Esta propuesta merece cambios, ajustes, marcos conceptuales, tiempo de análisis y tiempo de reflexión para que se alcancen los objetivos de un sistema que garantice los derechos de nuestra población, de niños y jóvenes.
Por lo tanto, que coadyuvemos a la formación de una ciudadanía plena, consciente y participativa de sus derechos.
Al decir de Bustelo, para cerrar: la infancia como otro comienzo, es la cuestión mayor y crucial a resolver por un proyecto abierto al futuro, que comienza por anunciar la libertad desde el nacimiento, el principio y la iniciación de la vida.
En este alumbramiento, la primera señal es que la vida representa una ruptura y también la posibilidad de una discontinuidad radical con lo existente.
Si esta significación de la infancia puede ser sostenida políticamente, ello implica pensar en el recreo –recreo de la infancia– esto es la infancia en su dimensión creadora.
Trabajemos por ello. Gracias.
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, doctora Minerva Gómez Plata.
Ahora le pedimos a la licenciada Katia D’Artigues Beauregar, por favor, haga uso de la palabra.
LICENCIADA KATIA D’ARTIGUES BEAUREGAR, ACTIVISTA SOCIAL: Muy buenas tardes a todos y a todas.
Antes que nada quiero expresar mi agradecimiento para los Presidentes de estas Comisiones, que me invitar a hablar del tema de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en esta Iniciativa.
Les quiero agradecer lo mucho que me han puesto a estudiar y lo mucho que me falta por aprender, bajo el cobijo de otros colegas que veo aquí, como por supuesto a la Directora de UNICEF, de Juan Martín, en fin, de muchas personas.
Yo como soy periodista y activista, ya soy formal miembro de la Sociedad Civil vía una que se llama Comunicación para la Inclusión.
Les quiero contar una historia hoy:
Hay una niña en México –hay muchas niñas como ella, pero bueno–. A ésta, bauticémosla como Sofía, para preservar su identidad y contar su historia.
Tiene un año y 6 meses, y nació en el tristemente criminal albergue de Mamá Rosa, donde ya lo sabemos muchos de sus derechos fueron violados. Esta niña existe. Su madre, una joven que ya vive ahí tenía además otra hija.
Sofía es una niña que además de ser víctima desde que nació, tiene una discapacidad intelectual: nació con síndrome de Down, mi discapacidad favorita, como todo mundo sabe.
A la fecha, pese a los esfuerzos de la organización Y Quién Habla por Mí, no se ha podido lograr que esta chiquita acceda a controles básicos de salud que todo niño o niña con esta condición de vida deben tener como examen del corazón, en fin. Y que ya está protocolizado y ya se sabe, etcétera.
Ya ni hablamos de rehabilitación, por supuesto, que debió haber comenzado al mes de nacida.
A esto se suma que después de que su madre salió del albergue –entre comillas– de esta “gran familia, la gran familia” abandonó a Sofía.
¿Qué es de ella? No lo sabemos con certeza. Sí que está en el DIF de Morelia, pero casi a regañadientes.
En el proceso esta organización se topó con un gran descubrimiento que ya mereció una queja ante CONAPRED, ante la Secretaría de Salud y otras instancias.
La Norma Oficial Mexicana que regula estos albergues públicos y privados –la 32– emitida apenas en el 2011 por la Secretaría de Salud, que regula el funcionamiento de estos albergues, dice que no aceptan niños con discapacidad –entre comillas– “dependiente”. Así lo dice la Norma Oficial Mexicana.
¿Qué es dependiente? ¿Quién lo certifica? La Norma anterior llegaba al grado de exigir un grado de coeficiente intelectual para aceptar o no un niño o niña.
¿Qué nos dice esto de las instancias que deben salvaguardar los derechos de las niñas y niños en una situación más vulnerable?
Claro que hay lugares o instituciones donde se atienden a niños y niñas con discapacidad, pero la mayoría son privadas, existen albergues del DIF que sí tienen niños con discapacidad, pero depende de la buena voluntad de por lo general el encargado municipal, estatal o nacional.
Por lo general una mujer que quizá no tiene la preparación adecuada para estar en el cargo, con claras excepciones y que llega él por algo no necesariamente meritocrático, ser la esposa del gobernante electo.
Volvamos a Sofía: No llega a 2 años y ya fue etiquetada, discriminada, niña con discapacidad dependiente.
Es una niña con discapacidad y por ello merece que el Estado haga un esfuerzo redoblado para sacarle adelante su propia condición de vida, pero ya está casi determinada.
No accedió a su derecho a la salud, hasta ahora seguimos contando la historia de Sofía y a la rehabilitación.
Si Sofía fuera muy, muy suertuda, podría ir al Teletón, que atiende solamente 31 mil niños con discapacidad de un universo de 4 millones y aun así por las características del Teletón mismo que se centra en niños con discapacidad neuromúsculo esquelética, solamente accedería a una rehabilitación parcial, básicamente motriz.
Si no interviene alguien en la vida de Sofía, por lo general un particular o alguien del Estado, con una sensibilidad de derecho, que no de asistencialismo que pernea, como ya ha dicho todo mundo esta Iniciativa.
Ahorita le decía a Luis que era un poco en broma pero un poco en serio que estas audiencias son muy poco plurales hasta el momento nadie ha hablado bien de la Iniciativa.
Me atrevo a trazar lo que podría ser su vida basada en muy pocas estadísticas, que esa es otra. Muy pocas estadísticas para niños y niñas con discapacidad en particular. Si hay pocos para niños y niñas y que se comuniquen, para niños con discapacidad estamos hablando de un hoyo negro.
Estará Sofía en una institución donde la atiendan, donde quizá sólo conviva con niños y niñas con discapacidad, donde de hecho estará excluida.
En México sí seguimos creando guetos para niños y niñas con discapacidad.
Es muy poco probable que la adopten porque existen muy pocos, por no decir ningún esfuerzo institucional en el tema.
Si accede a la educación, porque la tasa de acceso es 5 veces menor de niños y niñas con discapacidad y mucho menor la permanencia, lo más seguro es que vaya a una escuela de educación especial, donde su desarrollo será limitado, de acuerdo a sus muchos potenciales, muchos.
De paso, al tener a Sofía en una escuela de educación especial, seguiremos enseñando a los demás niños, sin discapacidad, que sólo hay niños sin discapacidad en el mundo.
La recién promulgada Reforma Educativa privilegia la educación especial y no determina apoyos, ajustes razonables para lograr que la educación para todos sea en el mismo salón y enseñemos que la sociedad es plural.
Ayer escuchaba decir a Humberto Castillejos que no todo puede estar en esta Iniciativa.
Sí. Pero hay que revisar muchas más Iniciativas para garantizar también los derechos de los y las niñas con discapacidad, y adolescentes.
La materia de educación especial además sigue siendo opcional en las Normales del país; fíjense: opcional.
Y actualmente tenemos un presupuesto que no rebasa los 300 millones de pesos para la capacitación de todos los maestros en el país, algo así como 20 pesos por cabeza.
Si llegara a estar en una escuela de niñas y niños también sin discapacidad, como es su derecho, el esfuerzo de sus maestras, tutores, contaría con muy poco apoyo del Estado y sería casi heroico.
En México, paradójicamente desde hace 10 años, existe un concurso de educación incluyente organizado por la SEP, el CONAPRED, entre otras instancias.
Diez años de experiencias que no han sido sistematizados ni compartidos con otras escuelas para avanzar.
El problema, claro, se va agravar en la educación media y media superior, donde se le van a acabar a Sofía casi todas las opciones para seguir estudiando, como es su derecho, que no digan acceder al trabajo, después capacitación, vida independiente.
Se le va a negar el derecho a la educación de calidad, también a vivir en sociedad, a los demás niños a vivir en sociedad con los niños con discapacidad.
No va a haber un esfuerzo por lograr que su derecho a vivir en familia, en sociedad sea respetado.
Ojala, ojala no se integre a la lista, a la estadística de niños y niñas con discapacidad sobre todo intelectual que viven con violencia.
Es 5 veces más frecuente, sobre todo en niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual, pero también con todas las demás discapacidades.
Es muy probable que no reciba información sobre cómo ejercer su sexualidad, porque se piensa que son asexuados. Si la educación sexual es un tabú aún en México, la educación sexual para todo tipo de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, más. El derecho a vivir una vida sin violencia, ¡ja!, ¡ja!
Una niña con discapacidad como Sofía hoy en México es poco probable que pueda ejercer su derecho a expresarse, y no porque no pueda sino porque no hay esfuerzos para hacer ajustes razonables e implementar apoyos tecnológicos que ya existen en este mundo para realmente escucharla, como mecanismos de lectura fácil, o si fuera ciega en Braille, o si fuera sorda en lengua señas mexicana, que por cierto qué bueno que tenemos una intérprete en lengua señas mexicana, ni comunicación aumentativa.
No se podría comunicar ni en la escuela ni en ningún otro lado, como tampoco lo hacemos con otros niños con discapacidad, ya no se diga una discapacidad múltiple o psicosocial, un niño sordo, ciego, con autismo, con parálisis cerebral, o niños que además de tener una discapacidad son migrantes e indígenas.
Ejemplo de ello es esta ley. Como decía Mireya, estamos hablando de hacer una nueva Ley para niños, niñas y adolescentes con y sin discapacidad, sin tomarlos en cuenta a ellos, y ni siquiera a las organizaciones que trabajan con y para ellos.
Una propuesta que en serio quisiera ser inclusiva los escucharía a ellos también, como marca la Convención por los Derechos del Niño, que sólo va a cumplir 25 años, y la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo lema es: Nada de Nosotros sin Nosotros.
Esta última Convención, por cierto, no está ni contemplada en la exposición de razones de la Iniciativa Presidencial Preferente, así como no están tampoco otras de género.
Cuando Sofía deje de ser adolescente, lo más seguro es que la declaren en estado de interdicción, incapaz para decir cualquier cosa de su vida, negando su derecho a la capacidad jurídica también.
Esa sociedad y esta ley, la va a declarar niña de por vida. Quizá muchos dirán que así debe de ser porque es un angelito que hay que eternamente proteger, cuando en realidad lo que estaremos haciendo, lo que estarán haciendo estos senadores, senadoras y luego los diputados y diputadas, será negarle su derecho a esta niña y a muchos otros más con discapacidad, a convertirse en mujeres y hombres con plenos derechos. Una ciudadana, Sofía, sí, con síndrome de Down, una eterna niña.
Senadores, senadoras:
Esta es la realidad donde crecen y se desarrollan 4 millones de niñas y niños con discapacidad en el país.
¿Esta Ley contempla los derechos de las niñas y niños con discapacidad más allá de lo enunciado, más allá del capítulo, que hay que fortalecerlo muchísimo? ¡No!
¿Se trata de un sistema de apoyo para lograr que salgan de su condición de discriminación, de invisibilidad? ¡No!
¿Se tienen contempladas acciones afirmativas o de equiparación de oportunidades para lograr una igualdad real y material? ¡No!
Qué hace; bueno, se logra esta inclusión cuando no se contemplan ni accesibilidad en los centros de asistencia. No está contemplada como un requisito en esta ley.
Cuando no se toma en cuenta la exposición de razones de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que México además promovió ante el mundo gracias a Gilberto Rincón Gallardo, cómo es posible.
Es importante subrayar y volver a subrayar la importancia de esta Convención, porque contempla una definición, un nuevo paradigma para ver a las personas con discapacidad que no está en esta ley, y no está en muchas leyes de este país.
La discapacidad es de la sociedad, del Estado, que en este caso no ve a todos y todas y traza las medidas necesarias para la igualdad de oportunidades.
La discapacidad no es del niño o de la niña con discapacidad.
¿Cómo hacerlo cuando se crea un sistema, o una Comisión Intersecretarial en la realidad?, que no contempla un Consejo Nacional para la Inclusión de las personas con discapacidad, por ejemplo.
Que además, bueno, yo creo que aquí ya se ha dicho muchísimo, pero yo también lo reitero: esto no es un sistema, es una Comisión Intersecretarial.
¿Queremos ser realmente serios, senadores, senadoras? Tenemos que repensar el DIF, o fortalecerlo en el sentido de dejar que ellos se hagan cargo de la asistencia, pero contemplar todo un nuevo mecanismo de protección a niños, niñas y sobre todo a los niños, niñas que no están en situación de vulnerabilidad.
O sea, yo vengo a hablar de niños y niñas con discapacidad que pueden estar en situación de vulnerabilidad, pero también pueden salir de ella si les damos todos los ejemplos adecuados.
¿Quién habla de los niños y niñas, como yo digo, estándar? Porque qué es normal, díganme ustedes. Nadie está hablando de ellos.
Y, bueno, es una Comisión que no contempla la sociedad civil, que ya lo han dicho muchas veces.
Esta Iniciativa menciona el término discapacidad 25 veces. Niñas y niños, 400 más o menos, sui tiene y aún así le falta perspectiva de género, pero no tienen de discapacidad; no tiene.
Aunque les parece excesivo, no lo es. Una redacción incluyente debería decir: niños, niñas y adolescentes, con y sin discapacidad. Desde ahí deberíamos empezar.
Con el apoyo de dos muy preparados abogados, quienes además viven con una discapacidad: Agustín de Pavia Frías y Carlos Ríos Espinosa, me di a la tarea de revisar punto por punto esta ley y hacer sugerencias de cambio.
La terminamos hace apenas unas horas. Como es Iniciativa Preferente, ¿verdad?, todo es rápido. Pero se las haremos llegar.
Tienen en sus manos, senadores, senadores, con y sin discapacidad, aunque veo que todos aquí no tienen discapacidad. No vino Barbosa.
Corregir un tremendo error y una injusticia para 4 millones de niñas y niños de México y para la infancia general de México que al insistir en no ver a sus pares con discapacidad podrían seguir pensando que el mundo es sólo de los muy mal llamados normales, calificativo que por cierto solamente acepto como una definición estadística.
Muchas gracias.
Ah, y otra cosa, si van a hacer una redacción que ojalá, porque estaba yo hablando, sé que Mariana Gómez del Campo va a hacer otra propuesta de iniciativa, etcétera, la que quieran, la revisamos y le ponemos perspectiva de discapacidad.
Por nosotros no queda.
SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchísimas gracias, Katia, te agradecemos sinceramente tu participación.
Toca el turno a licenciada Margarita Griesbach Guizar, Directora de la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, Asociación Civil.
Ni ha llegado.
Vamos a continuar y vamos a pedirle a la doctora Mónica González Contró, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídica de nuestra máxima casa de estudios, haga por favor uso de la palabra.

SIGUE CUARTA PARTE

INICIA CUARTA PARTE

DOCTORA MÓNICA GONZÁLEZ CONTRÓ, INVESTIGADORA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO: Muy buenas tardes a todas y a todos.
Me sumo a los agradecimientos que se han expresado públicamente por estas audiencias y esta oportunidad de participar, que me parece es la única vía para la construcción de leyes, en un país democrático y en una sociedad plural como es la mexicana.
Quisiera empezar, antes de entrar propiamente al análisis de la ley, con una reflexión que me parece que es pertinente y que toca dos grandes rubros.
Uno es y quiero decírselos a las senadoras y senadores presentes, que nos preguntemos cuál es el costo de no aprobar una ley y cuál sería el costo de no tener una ley general hoy.
Y me parece que es pertinente porque hemos vivido durante el último año, a partir de la reforma al artículo 73, diversos debates, puntos de encuentro, que me parece que nos entramparon en cuestiones técnicas, en la falta de acuerdos y que nos han llevado a que el día de hoy no tengamos una ley y estemos discutiendo una iniciativa preferente.
Pero también quiero tratar de traer a la mesa algo que me parece que es importante y que debemos aprender, para recuperar y para preguntarnos cuál sería enmarcar esto y qué es lo que pasó con el Sistema de Justicia para Adolescentes y la senadora de la peña, que fue la gran impulsora de la reforma constitucional, podrá contar mucho mejor que yo la historia.
Pero la construcción de este sistema nos debería llevar a reflexionar sobre le gran costo que tiene cuando hay una omisión, cuando en el momento nos entrampamos en estas cuestiones y la ley no se aprueba.
Y la realidad de lo que pasó en el sistema de justicia para adolescentes es que a 9 años de la aprobación de la reforma constitucional, habiendo en el momento de la aprobación de la reforma cuatro iniciativas de ley apenas entrará en vigor la ley federal y una ley que, por cierto, no es mejor que la que había y que tanto criticábamos.

Me parece que es importante porque no es tener un espíritu pragmático, pero es también hacernos muy conscientes y en este sentido quisiera llamar a la responsabilidad, de que también tiene costos el entramparnos en discusiones, pretendiendo hacer perfecto algo que quizá no están dadas las condiciones.
Y en esto también quisiera traer a la mesa esta segunda parte de la reflexión, que es también aprender de la historia y de los procesos de México, son procesos muy lentos
Las instituciones en este país, de las cuales tanto nos enorgullecemos hoy, no han surgido ni con las mejores leyes ni con la mejor institucionalidad, díganme cualquiera, las comisiones de derechos humanos, el ahora INE, el IFAI, todos surgieron en un contexto de poca independencia, con leyes malas y poco a poco los temas han ido posicionándose y han ido adquiriendo la relevancia que tienen, partiendo de una base que no fue la mejor.
Y no es que yo quisiera esto para las niñas y los niños, pero tenemos que reconocer que hay un contexto, que hoy tenemos una coyuntura y que estas son las reflexiones que tienen que acompañar precisamente o ser el contexto para estas reflexiones.
Y para mí la pregunta que haría en relación con esto es: la ley puede ser una herramienta útil para garantizar los derechos de niñas y adolescentes, no si es la mejor, si cumple con la deuda histórica, que eso me parece que es una aspiración, si puede constituir una herramienta útil y en este sentido haré algunas reflexiones.
Me parece que tendremos que ser muy claros aquí, en algunos puntos de la ley que son constitutivos de los derechos humanos, es decir, aquello que podría ser o debería ser no negociable y aquello que después puede irse perfeccionando, pues además lo hemos visto con las leyes generales recientes, la de víctimas, la de trata, bueno, la aprobamos y luego se han promovido reformas y debemos entender que este es el inicio de un proceso, que no es un resultado definitivo y hacia allá orientar las reflexiones.
Quiero decir que, como bien decía Katia, me sumo a esa poca pluralidad, no me gusta, quisiera otro tipo de ley, pero me parece que si esto es lo que tenemos, podemos empezar a discutir.
Y para mí hay algunos puntos, seguramente en las discusiones podremos identificar estos que son los mínimos, los no negociables y en que los que tendríamos que focalizar nuestra atención.
Para mí hay dos que son fundamentales, uno es el tema presupuestal, que me parece que ha sido muy repetido, porque no hay garantía de derechos humanos sin presupuesto y esto hablando de cualquier tipo de derechos.
Otro es precisamente el tema de las competencias, que me parece que Luis Barquera fue muy claro con esto, si no tenemos definidas las competencias, entonces la ley no nos es útil, en este enfoque que estoy planteando.
Si no hay competencias definitivas no es útil, entre otras cosas y de manera muy importante, porque entonces va a ser muy difícil promover amparos para la justiciabilidad de los derechos, porque entonces tenemos una ley vaga y en eso es en lo que tenemos que estar pensando.
Y por otro lado también el tema de la distinción, que ya también abordaba Katia, entre lo que es la protección integral y la protección especial.
La protección integral de derechos es aquellos que son para todas las niñas y niños, independientemente de su condición, es un como titulares de derechos humanos como personas y la protección especial que es aquella debe entrar el Estado con particular fuerza, para crear un sistema que garantice los derechos de los más vulnerados o de los que están en una condición, precisamente por la sociedad, por la estructura social, las creencias, la cultura de la sociedad mexicana.
Y desde luego yo colocaría esto como algo que no podemos dejar de lado, que no podría, sería imprescindible para tener un piso mínimo y desde luego que habría otras cuestiones que también son muy importantes, no quiero decir que no sean sustantivas, que no sean también de una gran relevancia, pero que en este sentido podrían ser reformados posteriormente y me voy a referir en algunos aspectos muy generales, por cuestiones de tiempo.
Hay una situación en la exposición de motivos, bueno, hay muchas cuestiones que quedan de manifiesto en la exposición de motivos y en el mismo nombre de la ley. La Ley refleja un enfoque que me parece que es y quizá sonará un poco fuerte, pero inconstitucional, porque no refleja el espíritu de las reformas de 2011 al primero constitucional, en el sentido de la titularidad de derechos humanos.
Entonces sería muy importante introducir el concepto de derechos en el nombre mismo de la ley.
En la exposición de motivos queda reflejada también esta visión y a mí me llama particularmente la atención que se necesitan algunos tratados internacionales que no se sabe muy bien precisamente con qué criterios se eligieron algunos especializados en materia de infancia, pero en general faltan muchos tratados que constituyen para mí la materia prima para enriquecer la ley.
Es decir, qué es lo que tendríamos que hacer, pues ir a estos tratados, generales y específicos, y ver la ley a la luz de estos tratados. De entre los más relevantes que faltan y que faltan al contenido de la ley, son el protocolo facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía.

También la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores, las reglas de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, las directrices de modalidades alternativas del cuidado de los niños, como ya decía Minerva, en ese mismo sentido también indispensable el Informe Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el derecho del Niño y la Niña a la Familia, cuidado alternativo, poniendo fin a la institucionalización en las Américas, que es la hoja de ruta en la materia.
Y ya como se ha dicho también, la Convención para las Personas con Discapacidad, la CEDAW, los convenios de la OIT, por lo menos la edad mínima para admisión al empleo y de las peores formas de trabajo infantil y esto se refleja en una definición de los derechos por lo menos inadecuada.
Otros aspectos críticos en relación con la ley que habría que enriquecer precisamente con miras a la justiciabilidad, al diseño de políticas de Estado dirigidas a la niñez y a la eventual justiciabilidad de los derechos.
El concepto, por ejemplo, de interés superior de la niñez, es un concepto que no está de acuerdo con lo que ha desarrollado la doctrina y la jurisprudencia internacional en los últimos años.
Y hay fuentes riquísimas, está la observación general número 14 del Comité de los Derechos del Niño, pero también la jurisprudencia de la Corte Interamericana, las observaciones que ha hecho el Comité de los Derechos del Niño a México.
Otra cuestión sustantiva que tendría que mejorarse es el tema del derecho del niño y la niña a ser escuchados. No aparece en la lista, pero además también tenemos aquí un catálogo muy importante, que es la observación general número 12, en donde se desarrolla con gran precisión cuáles son los pasos que hay que seguir para escuchar a las niñas y niños en todo procedimiento.
Entonces también este tendría que ser un derecho transversal presente en toda la ley; el tema de niñas y niños institucionalizados, que ya trató Minerva ampliamente, pero que es muy importante, porque constituye uno de los puntos críticos de vulneración de derechos humanos de niñas y niños en México y esto se lo ha dicho el Comité de Derechos del Niño al Estado Mexicano, además de todas las tragedias que hemos tenido en los últimos años, que es La Gran Familia, pero Casitas del Sur, y los niños anónimos que no sabemos en qué condiciones viven, que además supone un reto fuerte también en cuanto a la percepción de estas instituciones.
Aquí, por ejemplo, desde mi perspectiva no tendría que haber un capítulo de niños de instituciones de cuidado. Tendría que haber un derecho del niño a vivir en familia y dentro de esto contemplar como último recurso, tal como señalan las directrices del informe, el acogimiento residencial, pero es una visión completamente distinta.
En el Distrito Federal, varios de los que estamos aquí presentes, participamos en un proceso de construcción de una ley de modalidades alternativas de cuidado, que me parece que es muy valioso, porque precisamente me parece que tiene este enfoque que busca, desde una visión de derechos humanos, garantizar este derecho.
Otra ausencia importante es que no hay una suficiente protección o garantía de derechos frente a particulares, más allá de los padres o de los responsables en los centros de acogida.
También aquí tenemos una observación general del Comité de los Derechos del Niño sobre el impacto del sector empresarial en los derechos de niñas y niños, y esto se ve reflejado también, por ejemplo, en dos cosas muy concretas: en la protección en internet o la protección contra la publicidad que la ley es muy débil en ese sentido y que impacta precisamente en esta misma lógica de la protección frente a particulares.
Lo mismo en relación con el derecho a la intimidad, por ejemplo, hay también algunas lagunas, porque aquí se ve claramente esta visión de que los niños son propiedad de los padres, porque si ellos dan la autorización los derechos de los niños, los datos de las niñas y los niños se pueden revelar y esto tenemos que superarlo.
Estamos como país muy atrasados en este sentido. También me parece positivo de la ley el capítulo de infracciones y sanciones, porque da una señal clara de que ahí está la voluntad de sancionar, pero tendríamos también que pensar no solamente en los mecanismos para sancionar cuando los derechos ya han sido vulnerados, sino cómo los vamos a hacer exigibles antes de que sean vulnerados, que esto sería lo más importante.
El Sistema Nacional de Protección Integral, el tema del diseño del mecanismo de protección es muy importante. Me parece que en este sentido es muy discutible una cosa que me parece un buen mensaje, no necesariamente la operación, es que la Presidencia de este sistema integral esté en la Secretaría de Gobernación.
Me parece un buen mensaje porque ubica el tema de los derechos humanos de los niños como un tema de gobernabilidad política y no como un tema de asistencia.
Sin embargo nos encontramos con este mismo problema de que la operatividad se vuele especialmente compleja y de que si no hay presupuesto se vuelve también muy inocuo o se vuelve una ley meramente declarativa.
Otro aspecto que me preocupa mucho es el tema de la inclusión de la sociedad civil y de las niñas y niños, y me preocupa no solamente porque tienen voz y no voto; sino porque establece que habrá una representación, pero no se dice cómo se dará esta representación y a mí eso me parece muy delicado porque entonces podemos convertir esto en un mero mecanismo de simulación.
Más allá que ni siquiera tienen voto, entonces estas prácticas comunes en el país de traer un par de niños para que estén ahí, sacándolos de una escuela, porque no se establece. O sea, no puede haber representación sin mecanismos de esta representación, es decir, cómo se elegiría; entonces, en este sentido también es importante.
Hay otros detalles que serían susceptibles de analizar y de mejorar en la ley; me parece que estos son sustanciales, y me parece que muchas de las cosas ya se han dicho también. Pero quisiera yo concluir con una reflexión, precisamente, en relación con esta visión de los derechos humanos: los derechos humanos, pese a que ya están reconocidos en la Constitución en el artículo 1º constitucional de una manera que igual, tomó un largo proceso llegar a esta formulación del 1º constitucional, declara la universalidad de los derechos.
Sin embargo, no podemos dejar de lado que el punto de partida y el inicio en el reconocimiento y el ejercicio de estos derechos, es muy dispar. Los varones adultos, propietarios, llevan 200 años siendo titulares de derechos, tienen un recorrido de 200 años, una experiencia acumulada de 200 años. Las mujeres tenemos menos de 100, entonces claro, por eso hace falta las medidas afirmativas, las cuotas de género, todo esto.
Las niñas y los niños, podemos decir que en el mejor de los casos, tendrán 25 con la Convención sobre los Derechos del Niño; pero aun así podríamos decir que esta Convención ni siquiera ha sido completamente asimilada.
Entonces, quisiera llamar la atención aquí sobre la importancia, de verdad, de tomarnos este debate muy en serio, de ubicarlo desde la perspectiva de los derechos humanos y desde la visión de las niñas y niños como seres humanos con dignidad y titulares de derechos humanos.
Y precisamente esto conllevaría a hacerlos presentes y a tomar con total responsabilidad, ubicando también estos contextos y estas realidades que conforman este país y que nos hacen distinto de cualquier otro, para generar la mejor ley posible con estos pisos mínimos.
Y tener muy en cuenta que este es un punto de partida, que no podemos aspirar a que será el punto de llegada; y me parece que el compromiso de muchas y muchos de los que estamos aquí es que seguiremos dando lata; que está bien que se apruebe la ley general, pero que tenemos que ir avanzando y que las leyes precisamente, son instrumentos y en esa medida tenemos que tomar con responsabilidad este momento histórico y esta coyuntura que estamos viviendo.
Muchas gracias.
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias a la doctora Mónica González.
Vamos a pasar a la siguiente etapa de esta audiencia, donde vamos a abrir la participación de las senadoras y senadores integrantes de las Comisiones Unidas para abordar lo planteado aquí por los ponentes, que indudablemente algunas de las participaciones animan no solamente a la pregunta, sino al debate.
Y quisiera yo partir por la preocupación que señalaba la doctora Mónica González, respecto al costo de no tener una nueva ley. Creo que eso sí ya no está a discusión, va a haber ley porque, tratándose de una iniciativa preferente, no solamente estamos obligados a dictaminar en el término de 30 días; sino que en caso de que no se dictamine se aplica una afirmativa ficta y se manda a la Cámara de Diputados para que se resuelva.
Entonces, ese costo no lo vamos a pagar, pero podemos pagar el costo de tener una ley –por decir al menos– insuficiente, que es lo que anima justamente estas audiencias: identificar los temas, Mónica incluso habló de los irreductibles, aquí lo hemos planteado en algunas otras intervenciones; de los temas nodales para que sea una ley que asuma a las niñas, niños y adolescentes como titulares sujetos de derecho, y el Estado asuma plenamente su responsabilidad de garantizar sus derechos, que ya la Constitución de nuestro país les otorga.
Pero como yo vengo aquí a moderar y no a debatir, vamos a abrir –es que luego me ganan las ganas– la lista: está apuntada la senadora Angélica de la Peña, el senador Fidel Demédicis, Mariana Gómez del Campo y Pilar Ortega; ¿alguien más?, Morón. Ahí la dejamos, ya al rato se va a apuntar seguramente, alguna otra compañera o compañero.
Entonces, la senadora Angélica de la Peña, por favor, tiene el uso de la palabra.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias, Presidente.
Me parece que sigo totalmente convencida en el sentido de que las audiencias que fueron un propósito unánime de todos los grupos parlamentarios en el Senado de la República en su programación, siguen siendo un éxito. Y lo es, porque estamos dando el primer paso, que es escuchar a las organizaciones, a las y los defensores de derechos humanos de la niñez; a las y los especialistas, a quienes tienen que venir a darnos toda su expertise para que podamos cumplir con nuestra responsabilidad.
Y por supuesto, ya en la mañana la senadora Diva Hadamira Gastélum mencionó que las otras organizaciones que, por el tiempo que tenemos que cumplir para poder sentarnos a dictaminar a más tardar el último día de este mes, tenemos que estar mandando minuta a la Cámara de Diputados el dictamen de esta iniciativa, nos obliga a no abrir más tiempo para las audiencias.
Y dimos un tiempo que pareciera que es poco, pero lo tratamos de acortar lo menos posible, de no recortarlo mucho, sino para que tuvieran el mínimo posible para poderles escuchar de manera pertinente a quienes fueron convocados.
Creo que Mónica tocó un tema muy importante que estoy obligada, porque también está un poco en el contexto: ella conoce muy bien desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas hay un trabajo muy importante. Me parece que fue junto con la UAM, la primera universidad que de manera puntual empezó a trabajar de manera docta sobre el derecho al debido proceso de adolescente que infringen las leyes penales, y claro, además ella tiene también un libro muy importante, que es riguroso estudiarlo quienes somos defensores de los derechos de la niñez.
Y le tengo que decir que ese es otro proceso. Si ella se acordará, la iniciativa del 18 constitucional fue acompañada con la iniciativa al 73; que justo en el Senado de la República no quisieron dictaminar porque decían que estábamos invadiendo al ámbito de las entidades federativas; y solamente quedó inscrito en el 18 constitucional.
Después de más de seis, ocho años, se ve la necesidad de hacer un sistema nacional, como entonces lo decíamos. Entonces, el proceso de reforma al 73 ya está prácticamente con todos consensos y, por supuesto, estamos trabajando en el diseño de la ley general, y esta ley general unificará a todo el país.
Y por supuesto, al igual que tú y muchas de las organizaciones, cuando entre en vigor esa ley federal de la que tú hablabas y que todo mundo decimos “no, por favor”, que vuelve al sistema mixto, pues no podrá aplicarse, afortunadamente.
Pero, a ver, yo lo que quiero preguntarles a los cuatro, a las chicas y a Luis, cómo ven ustedes desde la perspectiva de su quehacer, porque cada quien tiene una parte muy importante que es como un rompecabezas lo que estamos haciendo y, cada una de las piezas que ustedes representan, están configurando la construcción de lo que tiene que ser el dictamen; ratificando –y miren que se los digo yo– que yo sigo reiterando que hay voluntad política para dictaminar correctamente la ley.
No hay nada que indique que no va a ser así; la disposición ayer del consejero jurídico de la Presidencia quedó más que constatada, de que hay voluntad para eso.
Creo que lo que mencionó en la mañana Javier Hernández respecto de los compromisos que tiene México, avalando lo que Isabel de UNICEF nos planteaba de manera objetiva, el objetivo a lograr; pues obviamente queda muy claro que México no puede seguir siendo en la víspera de conmemoraciones y, por supuesto, formar parte del Consejo de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, seguir siendo el candil de la calle y oscuridad de la casa, como lo ha venido haciendo.
En función de eso, cómo ustedes avizoran la integración de la sociedad civil en esta estructura institucional del sistema nacional, sobre todo tomando consideración del espectro nacional, del espectro estatal y claro, sin lugar a dudas les pido que reflexionen con mayor énfasis en el espectro municipal.
Muchas gracias a ustedes por su respuesta.
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: El senador Fidel Demédicis, por favor.
SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecerles profundamente a las compañeras ponentes que nos han venido a ilustrar. Es verdaderamente grato ver la disposición de personas como las que nos acaban de hacer la exposición aquí, para participar en la construcción de las leyes.
Efectivamente, hemos insistido desde que somos legisladores, que no se pueden construir, no se pueden hacer leyes si no se dialoga con los especialistas. Pero un diálogo sincero, un diálogo de a de veras, un diálogo solamente para –como se dice coloquialmente– tapar el ojo al macho. Creo que eso no sirve.
Hemos abordado ya reformas estructurales que el Gobierno consideraba necesarias para el despegue del país, y hemos visto cómo una tras otra, no han querido que se les modifique ni una coma, así textual, ni una coma, porque hay intereses, evidentemente.
Es un tema de voluntad política, sí, yo quisiera estar optimista como mi compañera Angélica, de que hay voluntad política, que la exposición del representante del Gobierno que estuvo aquí con nosotros ayer, no se veía otra cosa. Bueno, revisamos la reforma educativa y decían lo mismo; yo fui al tema de “yo soy educador, soy profe”, fuimos a la reforma educativa con un gran optimismo, en donde pensábamos que por fin desde el Senado de la República podía salir un proyecto alternativo que sacara de la crisis gravísima en que está el sistema educativo nacional, y que por fin iniciaríamos la ruta de encontrar el ciudadano que este país requiere para resolver sus males. No ha sido así.
Luego fuimos a todas las demás que ustedes ya conocen, la última, la energética, tenemos desastres gravísimos, como el de Sonora. Y el tema de la regulación, por ejemplo, dijimos que así no, que si no se atacaban aspectos fundamentales como el poner en riesgo el ingreso de las trasnacionales cuando hicieran perjuicios aquí en México, entonces se iban a pitorrear de las leyes de este país. Pero bueno, ya están ahí los desastres y se los dijimos, se los dijimos, ha sido nuestro: “se los dijimos”.
Este tema es importantísimo por lo que representa, casi nada: el activo más importante que tiene un país para desarrollarse en el futuro, que son sus niños, sus niñas y sus adolescentes. Coincidimos con el planteamiento de que es inconstitucional, no sólo tiene visos, porque con la ley reglamentaria de la Constitución debe de traducir el cómo de manera muy particular, de manera muy explícita, para poder aterrizar en la práctica lo que el espíritu de la Constitución dice.
Aquí no se manifiesta eso, y coincidimos plenamente con lo que aquí han planteado. Ojalá y la voluntad política se refleje a la hora de arrastrar el lápiz y redactar, y que no nos digan los compañeros senadores –lo digo con mucho respeto del partido oficial o los que se alían a veces con ellos– que no nos alcanza el tiempo y hay que sacarla como sea.
Ahí pudiera usted tener razón en parte de que hay que tener un punto de partida, pues ya está la ley, y con el tiempo hay que ver cómo la perfeccionamos. Solamente que los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, esos no pueden esperar ni un minuto más, ni un minuto más.
Tenemos un problema grave: México suscribe compromisos, todos los que ustedes quieran; pero no los cumple, es una realidad contundente. Acabo de estar en la Organización de las Naciones Unidas, en el mes de diciembre, porque el 2014 fue señalado como el año de la agricultura familiar como una alternativa para abatir el hambre en el mundo.
México lo suscribió, lo suscribió pero no ha cumplido uno solo de los aspectos que ahí suscribió, y el hambre sigue cabalgando sin control a lo largo y ancho de este país. Y uno de los principales derechos que se viola de los niños, las niñas y los adolescentes, es su derecho a la alimentación: 10 millones de niños están en condiciones de pobreza alimentaria, y es una situación que, efectivamente, no se va a resolver si no se atacan los aspectos que aquí se han planteado.
Y coincido plenamente, el tema presupuestal. Decía un político por ahí que amistad que no se refleja en el presupuesto, es demagogia, esa no es amistad. Y entonces, ayer que vino el ciudadano representante del Gobierno, le decíamos: “explíquennos de manera muy concreta cuánto hay de presupuesto, para atender todo lo que aquí se está planteando”; si no, como decía el compañero, esta ley va a pasar a ser parte del tambache que aquí tenemos de leyes que no operan.
El tema presupuestal es un aspecto central. No puede haber garantía de derechos humanos –y coincidimos– si no hay dinero para atender los aspectos que previenen esto.
La definición es importantísima. Aquí se hacen muchas ambigüedades, se plantean muchas ambigüedades en unas leyes y entonces, cuando el gobernable se enfrenta a ellas y luego va con la autoridad, la autoridad dice: “es que no tengo claro”. La interpretación no, es que no debe haber un asunto de interpretación, la ley debe de ser tan contundente en sus definiciones, que no admita duda de lo que quisieron decir o cuál era el espíritu de los legisladores.
Definición entre protección integral y especial, creo que eso es también fundamental. Coincido con la compañera que plantea que hay que ponerle ahí, si no, compañeros, como Barbosa, tiene razón Barbosa, un entrañable compañero, pero hoy si no se pusiera esto, compañeros, como él estarían, desplazados de este asunto.
En Morelos, yo soy de Morelos. Vivimos un tema muy dramático, del Mochis, el niño sicario, 13 años, 13 mil pesos le pagaban por ejecución. Cuando me preguntaron, yo era en ese entonces el Presidente de la Comisión de Justicia de Derechos Humanos del Congreso de Morelos, me preguntaron que qué opinaba, pues ¿qué opino?, que es un fracaso del Estado Mexicano para atender los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Ese es un fracaso, es un fracaso del sistema educativo nacional, es un fracaso pedagógico.
Y al “Monchis” no hay que darle 80 años de cárcel, porque saldría de 93, no, hay que ver cómo corregimos todas las desviaciones que tiene el sistema educativo nacional para que podamos meterlo en una situación de pulirle todas las deficiencias que tiene y poder llevarlo hacia el ciudadano o hacia el perfil que requiere sus estudiantes.
El asistencialismo no promueve la emancipación. Eso se los hemos dicho hasta el cansancio, hasta el cansancio, por eso hablamos de voluntad política.
Ojalá, y con esto concluyo, que el gobierno, porque se trata de eso, aquí desafortunadamente es con votos cómo resolvemos estas cuestiones, es con votos; si fuera de otra manera, créanme que aquí haríamos nuestro esfuerzo máximo. Y lo hacemos para convencer a los compañeros que no han logrado entender que no es un tema que tiene que ver exclusivamente como senadores de uno u otro partido; esto no debe tener colores, para empezar, sino que es un asunto que puede coadyuvar a que este país sea diferente y que le presumamos al mundo que aquí también podemos; hoy no lo podemos hacer.
Si revisamos cualquier área de la vida nacional, vamos a ver que estamos en condiciones que avergüenzan al país en todos lados.
Y agradecer nuevamente su participación. Créannos que todos los argumentos que aquí han puesto sobre la mesa los van a escuchar en la tribuna del Senado de la República para tratar de convencer que no debe ser como dice el Presidente, que debe ser como dice la Constitución y debe ser como lo requiere el pueblo.
Por su atención, muchas gracias.
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Mariana Gómez del Campo.
SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA: Muchas gracias, senador. Primero, nuevamente agradecer que puedan estar aquí la sociedad civil organizada. Me parece muy valioso, llevamos ya dos días escuchando sus posiciones y dejar claro que desde hace ya mucho tiempo veníamos trabajando con muchos de ustedes diferentes propuestas que fueron incluidas de alguna manera en esta iniciativa preferente, desde mi punto de vista solamente una embarradita de lo mucho que hemos ido construyendo, me atrevería a decir, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República.
De hecho, Katia, el día de hoy, efectivamente, presentamos un grupo de legisladores de manera plural una iniciativa que, creemos, es importante tener una alternativa a lo presentado por el Presidente. Aquí no estamos tratando de pelear en lo absoluto con la iniciativa del Presidente, sino que estamos tratando de enriquecer la iniciativa del Presidente para que sea realmente una iniciativa factible y que sirva, porque de nada nos sirve que se convierta en un gran monstruo.
Y yo sí coincido con el senador, es importante también pensar, ayer que el consejero jurídico decía que cero presupuesto porque no se requería para este tema de los niños, yo soy una convencida de que se requiere mucho presupuesto si queremos cambiar las cosas. Si no queremos cambiar las cosas se va a requerir de cero presupuesto; pero si realmente queremos entrarle a fondo al tema y a las instituciones y sacudirlas, necesitamos presupuesto a fuerza.
Yo no vería la forma en que no fuera contemplado presupuesto para esta iniciativa preferente, y si no, pues será una iniciativa más, probablemente una ley más que quedará en la congeladora.
Yo les pediría a ustedes, me parece importante, como lo hice esta mañana, que nos pudieran compartir sus irreductibles. Yo sé que aquí se pueden exponer muchos puntos, pero que pudieran concretar en cinco o diez puntos sus irreductibles para que nosotros también a la hora de la negociación, a la hora de la dictaminación, podamos contar con mucha más información.
Les quiero compartir dos puntos importantes de la iniciativa presentada. Primero, no solamente estamos reconociendo a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, sino que también estamos impulsando su participación e incorporamos su voz en las decisiones.
Estamos buscando que se eleve el órgano rector a nivel presidencial. Lo dotamos de presupuesto propio y lo denominamos “Defensoría para la Protección y Restitución de Derechos”. Un órgano que sea realmente capaz para determinar el interés superior de cada niña, niño, y adolescente y que sea un órgano desconcertado.
Ya basta, insisto, de que este tema permanezca relegado y que se le busque dar una solución cosmética implementando un área dentro de una institución que puede o no puede tener recursos para ello.
Hay muchos otros temas, que no quiero abusar del micrófono, y yo solamente, y seguramente mañana les seguiré compartiendo un poco más de información con respecto a esta iniciativa, y a mí me gustaría hacerle una pregunta, bueno, dos preguntas a Katia.
Primero, ¿cuáles podrían ser, desde tu punto de vista, las acciones afirmativas o qué mínimo se requieren en materia de discapacidad?
Y, ¿cómo desarrollar el tema de tutela para las niñas, niños y adolescentes con discapacidad?
Creo que hace falta entrarle de fondo al tema y me parece que no podemos dejar este capítulo fuera, ni tampoco podemos dejar este capítulo con la embarradita que viene hoy en la iniciativa preferente.
Muchas gracias.
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Gracias, senadora.
Toca el turno al senador Raúl Morón.
SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO: Gracias, Presidente, Presidentas. Igual, agradecerles con mucho aprecio a las compañeras y compañeros que nos han compartido en el transcurso del día y en esta última sesión sus comentarios.
¿Hasta dónde vamos a llegar? Esa es la pregunta.
¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los legisladores o hasta donde estamos dispuestos a llegar los legisladores?
Nosotros en el PRD estamos dispuestos a llegar a fondo y ojalá que pudiéramos nosotros contemplar de manera integral esta idea de enfoque de derechos que está plasmada en la ley y que, a juicio mío, a juicio de varios, están tocados de manera extremadamente superficial. Digo, extremadamente superficial, porque lo que está plasmado no tiene cómo aterrizar. No tiene cómo llevarse a la práctica.
Aquí Mónica, sobre todo, ha abordado –y varias han abordado– cómo podemos nosotros avanzar si no están distribuidas las competencias y no está planteado el presupuesto.
¿Cómo va a hacerse viable la aplicación de cualquier ley o cualquier política pública si faltan estos dos elementos sustantivos, que faltan en muchos?
Cuando digo “¿hasta dónde vamos a llegar…?” pregunto no tanto a las especialistas; pregunto a mis compañeros legisladores, porque es real. El pasado proceso de reformas que el año pasado vivimos de manera muy intensa, obviamente hubo planteamientos muy de fondo en prácticamente todas las iniciativas.
Yo también recuerdo educación, como el senador Fidel Demédicis, cuando nos llegaron los dictámenes un día ya muy tarde, muy noche, y empezamos a discutirlos, y en la Comisión los legisladores estábamos de acuerdo en que había errores, había muchas cosas que había que contemplar, pero finalmente –como ha dicho el senador– no se movió nada. No tanto porque los legisladores no estuvieran conscientes de que eso faltaba y falta todavía en la reforma educativa, sino porque hubo una disposición de no avanzar.
Ojalá que el representante jurídico de la Presidencia de la República –como dice nuestra compañera– tenga esa sensibilidad. Y que esta iniciativa que la senadora Mariana, nuestra compañera Mariana, está signando, nosotros estamos revisándola. Seguramente también lo vamos a hacer, porque tiene el afán de fortalecer, de enriquecer esta iniciativa preferente del Presidente de la República.
Yo me quedo con esa reflexión, porque yo digo que los que aquí estamos, los que hemos estado compartiendo esta experiencia tan importante con ustedes, nos damos cuenta de las limitaciones que tiene esta iniciativa y de lo que tenemos que trabajar para hacer que ésta aborde de fondo los problemas que se presentan en la preservación, la realmente puesta en práctica de los derechos de las niñas y de los niños y de las firmas de los convenios que con instituciones internacionales ha tenido nuestro país. Que están ausentes muchas de ellas en la orientación de esta iniciativa.
A mí me ha conmovido mucho la exposición de Katia. Yo soy de Michoacán, senador por Michoacán, conocí esa casa hogar, así se llamaba, o albergue de mamá Rosa hace muchos años, cuando fui dirigente sindical, y entiendo que en ese tiempo no había dificultades porque estuvimos ahí compartiendo con ella y con su gente cómo estaban llevando a cabo esa labor tan importante. Pero posteriormente se fue complicando cada vez más e historias como esta están ahí, derivadas de esta casa hogar, pero historias como estas están presentes en muchas familias en la cotidianidad de gente que no visibiliza a los hijos que tiene con alguna discapacidad y con capacidades diferentes y que no están en albergues, que no tienen ninguna atención, que no tienen acceso prácticamente a ningún derecho.
Todo eso entiendo que puede abordarse si hacemos un buen trabajo con esta ley, pero la pregunta es para el Ejecutivo. Seguramente están siguiendo aquí estas reflexiones que estamos haciendo para mis compañeros legisladores, ¿hasta dónde vamos a llegar?
Muchas gracias por su atención.
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, senador Morón.
Y, finalmente, tenemos la intervención –hasta ahora, si no salen más que deseen hacer uso de la palabra– de la senadora Martha Elena García.
Por favor, Martha Elena.
SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ: Gracias. Buenas tardes. Sin duda, este es un tema en el que hemos estado trabajando desde el inicio de esta Legislatura.
La Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Infancia, entonces especial, impulsó la firma de un acuerdo legislativo rumbo a una legislación integral que promueva, proteja y garantice los derechos de la niñez y la adolescencia, el cual fue aprobado por el Pleno del Senado en marzo del 2013.
Desde entonces, nosotros hemos estado realizando foros de mesas, trabajos, conferencias rumbo a esta ley. Muchos de los invitados que están hoy aquí en esta audiencia han estado participando y acompañando este proceso que hoy nos permite tener más claridad de los pisos mínimos que requiere esta ley.
La Comisión siempre ha tenido la apertura de escuchar y enriquecer los trabajos.
Agradezco la participación de todos y mi primera pregunta es para la maestra Minerva:
¿Considera que esta ley debe de contemplar los perfiles de las familias de acogida y familias de pre-adopción?
Y la segunda pregunta es para la maestra Mónica:
¿Considera necesaria la inclusión en la ley de los temas, como niños migrantes no acompañados, acoso escolar, etcétera, o cree que puede incluirse en un tema de protección especial?
Y sobre la figura de acogimiento, ¿qué mecanismos se recomienda establecer en esta ley?
Gracias.
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: ¿Hay alguna otra senadora o senador que quiera hacer uso de la palabra?
Si no es así, vamos a pasar a la respuesta de nuestras invitadas y nuestro invitado. Lo vamos a hacer en el sentido inverso al que se hicieron las presentaciones.
Empezaremos con la doctora Mónica González y, para ejercer nuestro derecho de minoría, cerrará el licenciado Barquera.
Por favor, Mónica.
DOCTORA MÓNICA GONZÁLEZ CONTRÓ, INVESTIGADORA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO: Muy bien. Muchísimas gracias por los comentarios y las preguntas.
En relación con la primera pregunta que es, ¿cómo se podría integrar a la sociedad civil en la estructura institucional? Me parece que podemos aprender de otras experiencias, de otros órganos de gobierno, tanto a nivel federal como local, en donde efectivamente hay inclusión de representación de la sociedad civil mediante las figuras de las asambleas consultivas o consejos consultivos que tienen atribuciones muy concretas, que no significa la creación de burocracias, sino que tienen mecanismos de consulta.
Y algunos, incluso, algunas facultades para aprobar, de decisión en algunos aspectos, y me parece que esto podría ser un mecanismo muy importante, porque tienen todo el proceso para la selección, para que efectivamente haya representatividad y para que pueda funcionar de una manera adecuada.
En el tema de las niñas y los niños es mucho más complejo, porque eso sí efectivamente no existe. Y otra de las preocupaciones de la ley es que no se ponen tampoco los mecanismos en que van a participar niñas y niños, y yo inmediatamente me imaginé a las niñas y niños sentados ahí en una reunión como esta, es morir de aburrimiento, no es adecuado.
No basta con poner los mecanismos de representación en el caso de niñas y niños, porque esto es una tarea pendiente que hay experiencias desde las organizaciones de sociedad civil, precisamente estos mecanismos de participación que habría que retomar para incluirlos en el debate público.
En cuanto a la pregunta de la senadora Mariana Gómez del Campo, ¿cuáles son los irreductibles? Bueno, para mí serían, los digo, 10 irreductibles.
El tema, desde luego, del presupuesto. Que eso me parece importantísimo. El tema de la definición de competencias, porque esto es constitutivo de la ley. También lo que había mencionado de esta distinción entre protección general y protección especial, porque supone toda la incorporación del enfoque de derechos humanos a la ley.
El órgano operativo, es decir, el diseño del órgano operativo. Quién se va a encargar de dar seguimiento y de operar la ley, que quede perfectamente bien diseñado, que tenga su presupuesto y que además también –como había mencionado en la exposición– que sea operativo.
Otro aspecto fundamental es la armonización con los tratados internacionales, que esto es un ejercicio de meternos a estos tratados, a las observaciones generales del Comité, a lo que el Comité también le ha dicho al Estado Mexicano para definir de manera mucho más precisa los derechos. Esto nos ayudaría a afinar y a definir mejor los derechos y los haría mucho más claro, pero además también repito, mucho más justiciables.
El tema de los niños institucionalizados es un tema que ha sido reiteradamente señalado al Estado Mexicano como una de las vulneraciones más graves y en este sentido quisiera simplemente mencionar, es muy dramático cómo en este caso de la Gran Familia el debate en los medios de comunicación se centró en si mamá Rosa era buena o mala. No, no, el tema no es ese. El tema es que no es aceptable que el bienestar de los niños dependa de mamá Rosa. El bienestar de los niños es obligación del Estado Mexicano.
Los niños en condición de abandono son responsabilidad del Estado Mexicano y no tienen que estar a la buena de una persona que puede ser buena o mala, pero no es un asunto de caridad sino de derechos humanos. Y por eso es que es importante ubicarlo dentro del derecho del niño a tener una familia, como lo hacen los tratados internacionales y otros instrumentos de derecho internacional que ubican el acogimiento residencial –que así se llama– es decir, una residencia con características muy específicas que no contiene la ley. Por ejemplo, cantidad máxima de niños.
Es inadmisible, por ejemplo, estas instituciones que tienen 100 niños o instituciones que son torales, que ahí se les da educación, escuela. Ubicar el derecho del niño a vivir en familia y a tener procesos de socialización, como los demás niños. Esto también sería muy importante.
También, el tema de la protección contra particulares, porque me parece que, como refería yo en estos dos ejemplos muy concretos, estamos viviendo en una condición también de, o poniendo a los niños en una condición de vulnerabilidad extrema.
El tema tan debatido, por ejemplo, de la publicidad de alimentos y bebidas en niños es un ejemplo muy claro de cómo se deja a esta supuesta libre albedrío a las fuerzas del mercado un tema que es fundamental, que es el tema del derecho a la salud, a la supervivencia del niño y a la alimentación, a muchos otros bajo un supuesto tema de libertad y que se trate de temas de particulares cuando el derecho internacional ve a otro sentido.
Y, para no alargarme, también me parece importante la definición del principio del interés superior del niño y no es porque sea un principio más importante que los otros.
Esto es un error que hemos cometido en México pero precisamente porque es un principio que ha sido el principio más utilizado, es el único que está incorporado constitucionalmente pero además es el que más se ha definido en la jurisprudencia mexicana y más se ha utilizado en cualquier tipo de resolución.
Y la definición que hay aquí es una definición que no va de acuerdo con el desarrollo de los últimos años y que habría que enriquecer en ese sentido. Básicamente sería esto.
¿Es necesaria la inclusión de los temas específicos?
Me parece que sí, pero desde una visión precisamente de un piso general de derechos humanos y posteriormente esta idea de que hay ciertas personas menores de edad, ciertas niñas y niños, que tienen todos los derechos humanos pero que están en condiciones especialmente complejas pero que la realidad, la situación los pone en condición de vulnerabilidad y por tanto se requiere de una protección especial.
Y aquí ciertamente sería todo un debate qué tan amplia tendría que ser esta garantía en estas leyes, pero eso sería, digamos, otro debate que tendríamos que dar también con especialistas, con materias específicas, porque implica un montón de temas que se cruzan por ahí.
Y el tema en concreto, por ejemplo, de la violencia escolar.
Ahora, también con motivo de estos sucesos donde han estado vinculadas niñas y niños en relación con los temas del acoso escolar, ha provocado mucha alarma social.
Me parece que tendríamos que tener una visión mucho más integral y ubicarlo como un tema de violencia. Niñas y niños frente a la violencia y cuál es la responsabilidad del Estado frente a la violencia.
Y finalmente, el tema del acogimiento:
Me parece que habría que ubicarlo, al igual que éstos, todo lo que está en los centros de asistencia y la adopción, como un mecanismo para garantizar el derecho del niño y la niña a vivir en familia.
Y en este sentido las directrices de Naciones Unidas sobre modalidades alternativas de cuidado y el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para poner fin a la institucionalización en Las Américas, lo marcan de manera muy clara.
Hay tres tipos básicamente de acogimiento, que es el acogimiento en familia extensa, el acogimiento en familia ajena y el acogimiento residencial como medida de último recurso.
Pero hay toda una serie de principios que se deben respetar como el trabajar con la familia de origen hasta que no se pueda rescatar a esta familia, la consideración del interés superior del niño. En fin.
Me parece que el informe marca como una hoja de ruta y definitivamente aquí también habría que ser muy claros que también hay que hacer una distinción entre edades, porque la institucionalización en niñas y niños menores de 3 años es algo que debe ser erradicado por completo.
Es algo inadmisible porque en estos casos la institucionalización genera consecuencias muy graves a largo plazo en niñas y niños y esto también forma parte de estos criterios internacionales.
Gracias.
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias doctora González. Por favor, Katia D’Artigues.
KATIA D’ARTIGUES, ACTIVISTA SOCIAL: Angélica: Yo creo que con respecto a tu pregunta, algo que yo creo que ha funcionado muy bien y que incluso tú lo referiste ayer cuando estaba aquí Humberto Castillejos, es el ejemplo de la Asamblea Consultiva y Junta de Gobierno de CONAPRED.
Parte de la Asamblea Consultiva es votada para pertenecer a la Junta de Gobierno. Eso yo creo es algo que ha funcionado bien y debería ser un Consejo; más bien, una Asamblea Consultiva Perteneciente al Consejo, institución, comisión, instituto o como se quiera llamar, al que sea un honor pertenecer y que quizá debería ponerse algunos perfiles en la misma ley.
Eso yo creo que, al respecto que un órgano nacional que creo que se podría replicar a nivel estatal, municipal, la verdad confieso que debo pensarlo más pero regresaré con una respuesta consultada, además no solamente conmigo sino me asumo vocera de muchas organizaciones que trabajan con y para personas con discapacidad y nada de lo que he dicho aquí, ni de las propuestas que tengo son exclusivamente mías.
Los irreductibles, Mariana. ¡Híjole!, pues pregunta de los 64 mil.
Primero, como decía Mónica, la armonización de las Convenciones, sobre todo la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Esta nueva forma de ver a las personas con discapacidad, que no es la discapacidad de una sola persona sino de la sociedad, la responsabilidad del Estado de lo que tiene que hacer.
Yo también pediría que además se copiara el concepto de ajustes razonables, planteada en la Convención, que además ya está en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, como un concepto dentro de esta Ley que además fuera sancionable.
La negación de ajustes racionales sea sancionable ya sea como un acto de discriminación o una sanción peor.
Metería la accesibilidad obligatoria en todo y por supuesto el presupuesto para hacerlo porque si no como bien dice el senador Demédicis, pues es pura demagogia, aunque sea de manera paulatina, pero que sea una obligación establecida en la Ley.
El esfuerzo por hacer una educación inclusiva es básico por el acceso de los mismos niños y niñas con discapacidad y el ejemplo que se le pone además a los demás niños.
Aquí hay que hablar también de ajustes razonables, que es algo que se puede retomar tanto a nivel jurídico como de educación.
También hablar de capacitación a maestros, sin duda.
Quizá hablar, nos é si en esta Ley o en otra, porque además ya que está aquí el senador Romero Hicks, le quiero sacar el compromiso de que revisemos la Ley General de Educación desde la perspectiva de discapacidad. Ya que me invitaron aprovechamos el viaje.
Aprovechando el viaje: la Ley General de Educación; capacitación a maestros. Es muy importante la capacitación a los maestros. Se debe de hacer esto.
Yo estoy segura que no es de un día a otro que se puede hacer esto. Como sí se hizo en Italia, por cierto, yo creo que deberíamos ir más por un modelo español de primero.
Quizá en algunas escuelas de calidad crear focos, sistematizar la información que ya se tiene, pero crear un verdadero movimiento de inclusión apoyado en la ley y de manera institucional para lograr que esto sea una realidad y no una quimera.
Otro irreductible son, por supuesto, las bases de datos.
No podemos trazar políticas públicas reales si no sabemos ni siquiera cuántos niños con discapacidad hay en este país y qué tipo de discapacidad tienen.
Les pongo un ejemplo: Aún a pesar de la Reforma de Derechos Humanos del 2011, aún a pesar de que este, por ejemplo, Gobierno tiene el discurso de la inclusión del derecho de todos.
Por ejemplo, hacen un censo para niños; más bien, para estudiantes y maestros y no contemplan todos los apoyos para niñas y niños con discapacidad.
No contemplaron apoyos para niños y niñas con discapacidad intelectual yo creo que porque de entrada pensaron que ellos van directo a la educación especial.
Se necesita profesionalizar el tema, pero el tema de las bases de datos, que además se puedan comunicar, como ya se ha dicho mucho aquí, es básico para trazar una política pública adecuada para niños y niñas con discapacidad.
Tendríamos que hablar también de revisar la rehabilitación.
En este sentido quiero citar nada más, pero también se los va a mandar, Fernando Landeros, del Teletón, hizo un documento de sus irreductibles, precisamente. Y se los va a mandar a todos.
Yo solamente cito, rapidísimo, lo que dice: Cuántas niñas, niños y adolescentes con discapacidad en México, lo mismo que dije de base de datos; no sabemos, cómo es posible, pues cómo vamos a trazar.
La rehabilitación, que es el punto de partida para una inclusión social, es cierto y además hay que asumir el compromiso que implica rehabilitar a alguien, a un niño o niña.
Cuando tú rehabilitas un niño o niña, estás diciendo te quiero, en la sociedad. Entonces hay que planear los pasos después para eso.
La educación, la capacitación para el trabajo, los trabajos mismos y todos, por supuesto los demás derechos.
El tercero del Teletón, por supuesto hacer un esfuerzo en la prevención de futuras discapacidades.
Como ya aquí ayer decía, no me acuerdo qué senadora, discúlpeme senador, que no cito.
Bueno, la educación inclusiva por supuesto y la capacitación laboral. Esos son los reductibles del Teletón. Sin embargo, les van a hacer llegar la propuesta.
La institucionalización, coincido con Mónica, y es un tema de muchísimas preocupaciones, incluso de denuncias internacionales en el tema, particularmente de personas con discapacidad, de niños y niñas con discapacidad psicosocial.
Es un horror lo que está pasando ahí todos los días. Es un horror que hay que erradicar y también documentar.
Por supuesto que deben vivir en familia.
Hay una parte también muy preocupante que hay que quitar de la Ley, donde se quede muy claro que, por ejemplo, a las personas con discapacidad que quieran ser familias de adopción no se les discrimine, que no está precisado, que no se separe por causa de discapacidad a los niños de sus padres, que tampoco está especificado.
Yo hablaría también de otra cosa que va muy en parejo con la pregunta que después me hizo Mariana, que es la adopción de estas nuevas formas de comunicación con las personas con discapacidad, que sirve para la educación y sirve también para el ámbito jurídico.
Cómo puede un niño o niña con discapacidad, en situación de un problema jurídico decir qué pasó si no somos capaces de darle algo en Braille, de proporcionarle un intérprete en lengua de señas o de hacerle llegar un formato accesible, accesible en lectura sencilla, igual para niños sin discapacidad.
Porque de nuevo aquí la accesibilidad es maravillosa, nos sirve a todos. Entre más fácil hagamos algo, el acceso ya sea físico o algún derecho, va a ser más fácil que todos los demás niños y niñas accedan a ello.
Entonces debemos pensar en la medida de los niños y niñas con discapacidad para que también todos los demás puedan acceder a ello. Esa debe ser la medida.
Aquí no hay piso máximo, digamos piso mínimo de sensibilidad y de sencillez. Claro, sin tirarlos de a tontos y menorcitos, como aquí decía nuestro compañero.
Creo que eso serían los irreductibles.
Mariana: Con respecto a acciones afirmativas.
Sería fantástico, quizá un sueño, pero sí tener un porcentaje mínimo de escuelas con educación excluyente, por ejemplo. Hay muchísimas acciones afirmativas que se pueden hacer.
Y, sobre todo, una que no es acción afirmativa sino contemplar, como les decía, a lo largo de toda la ley a niños, niñas y adolescentes con y sin discapacidad, no perder ese punto de vista.
Y sobre el sistema de tutela, es súper interesante, es algo que se está apenas planteando en el mundo, el respeto al Artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también aplica a niños, es un debate que se está dando y que ya hay muchas cosas que se están dando en México.
Si ustedes recuerdan, la Convención tenía en un principio una Declaración interpretativa. Es decir, una reserva que la sociedad civil logró quitar el sexenio pasado, de la Convención, precisamente con respecto a la capacidad jurídica.
Lo que queremos nosotros es eliminar la interdicción y crear un sistema de apoyos para la toma de decisiones.
¿Qué es lo que se está discutiendo a nivel mundial? ¿Cómo hacerlo? Pues hay ejemplos ahorita desarrollándose. En Canadá, me parece; en Colombia, que ya lo van a hacer.
Pero es algo sí nuevo que hay que discutir, que ya se creó aquí en México, en el Distrito Federal, y sería padrísimo que se retomara a nivel nacional, un grupo de trabajo de parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que está trabajando en una Iniciativa para plantearlo en la Asamblea Capitalina, con trabajo, obvio, de la sociedad civil que conoce a las personas con discapacidad y sobre todo las personas con discapacidad intelectual que con apoyos sí pueden tomar decisiones de sus vidas.
Creo que lo que pasó en la Suprema Corte de Justicia el año pasado, con el tema de Ricardo Adair Coronel Robles, este joven con Asperger que se quitó la interdicción, es un paso.
Pero si queremos verlo a futuro, yo sé que es un tema polémico pero tenemos que ir a ello, es debatir que la interdicción es inconstitucional también y que hay que crear un sistema de apoyos para la toma de decisiones.
Y con muchísimo gusto te acerco a estas personas que, por ejemplo Cofe, que está muy metido en el tema, que es una organización que trabaja con personas de la sociedad civil, sobre todo con discapacidad intelectual.
Y al grupo que está con la CNDH; más bien, no, la CNDH no hace nada; digo, perdón, la CDH D.F., que están trabajando en esto.
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias Katia. Estoy seguro que el senador Romero Hicks y los integrantes de la Comisión de Educación retomarán esas propuestas en torno a la Ley de Educación, que se obliga adecuarse tras la Reforma Constitucional, incluso de otras Reformas, Telecomunicaciones y Radiodifusión, por ejemplo, que obliga también incorporar otro tipo de prácticas dentro del sistema educativo.
Toca el turno a la doctora Minerva Gómez Plata, de la UAM. Por favor.
DOCTORA MINERVA GÓMEZ PLATA, INVESTIGADORA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA: Gracias. Con respecto a la primera pregunta de la integración de la sociedad civil en la estructura nacional y después en el tema municipal, creo que es un elemento muy importante por varios aspectos:
Uno que tiene que ver con la cuestión, digamos, de un equilibrio, de un consenso en cuanto a las perspectivas, digamos, de las problemáticas; en cuanto al ejercicio de la toma de decisiones.
O sea, yo creo que es un elemento muy importante porque en relación a cuando se hace este adelgazamiento del Estado y las organizaciones de la sociedad civil retoman en sus acciones una gran cantidad de problemáticas, pues bueno, creo que tienen ya una generación de conocimiento fundamental que tiene que ser retomado, digamos, para la construcción de este sistema.
Y, bueno, creo que también en la parte municipal es fundamental porque tenemos un país muy diverso, muy complejo y las realidades de los distintos municipios tienen que estar presentes y también van trabajando, digamos, de acuerdo a las problemáticas que van presentándose en sus territorios, en sus municipios.
Me parece que la integración de la sociedad civil es un elemento presente ya en muchos sistemas, digamos, a nivel mundial y que creo que ahí tenemos que ensayar y ejercitar, digamos, este diálogo y este intercambio, y estos conocimientos, y estos aprendizajes de los distintos sectores de la sociedad.
Con respecto a los irreductibles.
Creo que es muy importante construir marcos conceptuales y referenciales que estén retomando los distintos Tratados Internacionales.
Coincido con Mónica, que faltan en este listado que está en la Ley, retomar muchos de estos Tratados.
También me parece que es muy importante señalar el tema de la garantía de los derechos y no centrar el tema de la protección en el control de los sujetos. Entonces ahí tenemos que dar un giro muy importante.
Otro es el tema de la defensoría. Creo que es muy importante que los niños puedan contar con una instancia, además autónoma, que pueda acompañarlos y solucionar sus conflictos con la familia, con la comunidad o con el Estado.
El tema de los censos, el poder ubicar a nivel de diagnóstico cuáles son las situaciones de las distintas problemáticas de la infancia. Creo que eso es emergente, porque si no, no se pueden tomar decisiones. Entonces, el tema de los censos, de la estadística y de la concepción situacional de todas las entidades del país, creo que es fundamental.
Otro es el tema de la participación infantil, no generar procesos de expresión y también que en México sigamos ensayando el que la voz de los niños puede un elemento fundamental de la decisión para muchas de las políticas que se construyan.
O sea, los niños, si realmente se consideran como sujetos de derechos, también pueden tomar decisiones y pueden participar en aquello que les concierne.
Quizá por deformación profesional y viniendo del ámbito de la educación superior, creo que también es muy importante retomar el tema de la formación, el tema de cómo construir una cultura de derechos dentro de la ciudadanía, de la población en general.
Necesitamos que las personas pierdan estos como estereotipos imaginarios o mitos sobre el hecho de que los niños tengan derechos. Creo que es importante construir una cultura de respeto entre adultos y niños.
El tema de la diversidad familiar, por supuesto el tema que ha sido como uno de los tremas para mí den mayor interés, que es el tema de los cuidados alternativos, poder erradicar en nuestro país estas concepciones de institucionalización de los niños cuando se encuentran en situaciones de vulneración.
Eso es creo que algo que daría un giro muy importante a nuestro país y me sumo a lo que han señalado mis compañeros, el tema del presupuesto y el tema del esclarecimiento de las competencias, es decir, cómo articular las acciones de los distintos sectores.
Cómo deben considerarse los perfiles de las familias de acogimiento y el tema de la pre adopción, creo que ese es un tema bastante álgido en nuestro país, porque también tenemos así como en el tema de los albergues, las casas hogar, el ABC, el tema de adopción también es un tema que tenemos que debatir y creo que también ya se han hecho experiencias en muchos otros países para poder invitar a familias a que puedan sumarse a una labor de cuidados y de atención de los niños, que no son nada más estos niños estándar que decía Karina, sino también de familias que pueden adoptar niños con discapacidad.
Creo que tenemos que retomar esas experiencias, tenemos que construir en México estos parámetros primero para sensibilizar a las familias de que todos podemos participar en garantizar los derechos de muchos niños, porque el tema de los niños es un tema que nos concierne a todos como país.
Creo que ahí hay un tema importante. Me acordé mucho de alguna vez, platicando con Mónica el tema del perfil de las competencias de las familias, creo que es algo a lo que tenemos que ponerle mucha atención para no caer en temas de discriminación.

Por ejemplo, con el DIF del Distrito Federal ya se han dado temas de adopción en parejas homosexuales, que es un tema que también hay que colocar, que está en relación con el tema de la diversidad familiar y cómo también el tema de las pread opciones o las adopciones o las familias que pueden ser sustitutas o que pueden ser de acogimiento pre adoptivo, por ejemplo.
Requerimos también ahí formar, sensibilizar, dialogar con esta perspectiva o este imaginario de que adoptar es solamente adoptar un niño pequeñito, un lactante y creo que tenemos que generar muchos procesos de difusión y de sensibilización, para construir redes comunitarias y sociales que permitan concretar estas propuestas de las familias de acogimiento, de las familias sustitutas y entonces en algún congreso, por ejemplo Guanajuato, uno oye las experiencias de personas que están trabajando tanto desde el sector público como desde la sociedad civil diciendo, yo me anoté a ser una familia sustituta, una familia de acogimiento.
Entonces, tenemos que promover esas posibilidades también para abrir nuevos rumbos en la atención y en la restitución de los derechos de muchos niños, niñas y adolescentes.
SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchísimas gracias, doctora Gómez Plata.
Por favor, el maestro Luis Alberto Barquera Medina.
MAESTRO LUIS ALBERTO BARQUERA MEDINA: Voy a tratar de hacer una reflexión en la que recorra las inquietudes de la senadora de la Peña y otros comentarios que ha habido en este último rato.
Creo en la importancia del enfoque de derechos, porque es el único método que conocemos para acercar las soluciones a los problemas. No veo otra manera mejor de entender que hay obligados, que son las autoridades, hay titulares de derechos, que en este caso son los niños y que tenemos que arreglar las cosas, para que esos problemas se solucionen.
Creo que eso es en un esquema sencillo, la mejor manera de decirlo.
Entonces, si no nos preocupamos porque ese enfoque tenga operatividad en nuestras leyes y tenga transcendencia en los gobiernos locales y municipales, es muy difícil que superemos una larga cultura que tenemos de pensar que enunciar las cosas ya es solucionarlas.

Incluso no en una cultura sólo de la simulación, sino tenemos una tendencia a invocar mágicamente las soluciones sin indicadores, sin evaluación, sin propuestas concretas, operativas, presupuestadas y pensamos que si decimos las cosas o que si escribimos un programa, con eso ya cumplimos con el Comité del Niño de las Naciones Unidas.
O sea, hay programas para todo. Ese no es el problema, el problema es que a la mejor tenemos cero pesos, a la mejor es porque no tiene ni siquiera enfoque de cómo hacer las cosas y ahí donde sufre el DIF es cuando lo tiene que operar.
O sea, al primero que le conviene que hagamos las cosas de otra manera es al DIF, pero no lo quiere entender, no sé por qué. Creo que hay otras razones que no son los intereses superiores del niño. Por eso digo que primero, si no consideramos que el niño es sujeto de derechos y, segundo, que el interés superior al final lo que quiere es decir que encontremos las soluciones superiores a los problemas, estaremos acarreando agua en cubetas con agujeros.
Siguiendo con esta reflexión de la manera en que tengo que hacer las cosas, estamos llenos de consejos que no sirven para nada. Nos fascina hacer consejos, si es posible con secretarios, donde manden después a sus segundos o terceros o cuartos de nivel y no ocurra nada.
Por ejemplo, una de los que yo retomaría como ejemplares en términos de que sí han servido de algo, es por ejemplo la Ley general de Desarrollo Social. Incluso esa, nadie se junta, porque las juntas no juntan, porque lo que juntan son los problemas y sentarse a solucionar problemas.
Ahora, si vamos al terreno municipal, estoy convencido ¿por qué? Porque lo he hablado con presidentes municipales, con operadores del DIF, que necesitamos poner las radiografías enfrente para de ahí partir.
Nosotros, en la organización de la que soy Presidente, que es ODISEA A.C. Zacatecas, tenemos un semáforo municipal de todos los municipios del país, con 27 indicadores, con información oficial, donde está claramente dicho cómo está la situación de los niños en cada lugar y nos lo agradecen los presidentes municipales, nada más que nos dicen “nada más dígannos con qué, maestro Barquera, porque no tenemos ni presupuesto ni tenemos la política no tenemos a los titulares de las dependencias que les importe”.
Tenemos un problema de concepción en los funcionarios, tenemos un problema de presupuestos y tenemos un problema de cómo hacer operativas las soluciones.
Al final de lo que se trata es de hacer operativas las soluciones y quiero que esta ley o por lo que hemos luchado muchísimo, desde que empezamos, porque venimos de esa problemática concretamente en Zacatecas, que encontremos la mejor manera de que en los estados funcione la ley, funcionen las instituciones y haya los presupuestos que se necesitan.
Porque ahorita, por ejemplo, ahí en mi estado no se puede funcionar ni siquiera con la Ley de Protección de los derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes del estado de Zacatecas, porque ¿para qué? Si no sirve para nada.
En cambio, sí sirve el anterior porque ya todos la conocen, porque sirve para mandar oficios y hacer todo ese tipo de cosas que se necesitan y que no tienen nada que ver con solucionar los problemas de los niños, sirve para todo menos para eso, y las niñas, por supuesto.
Entonces, eso es lo que trato de decir: si queremos llegar a las soluciones, primero, ya hablando de los irreductibles, ya no quiero repetir algunos de los que ya se dijeron, pero yo pondría tres o cuatro fundamentales.

La primera es definir claramente las competencias y los espacios de concurrencia. Eso no lo tenemos en esta iniciativa de ley preferente. Creo que no hay manera de demostrar que eso existe en esta ley, a menos de que, no sé, a la mejor hay una hoja que se perdió, algo pasó, pero no está ahí.
Segundo, debemos tener la condición que la ley nos ayude a que se defina una política de infancia que tiene que obedecer a estos ámbitos de competencias y espacios de concurrencia.
Creo que tenemos que tener una autoridad en materia de infancia, que no debe estar en el DIF, tiene que estar en otro espacio, donde el DIF también participe, por supuesto, pero tiene que estar en otro lugar, porque de otra manera cómo le hacemos, seguiremos reproduciendo los mismos problemas que tenemos hoy y al primero que le conviene es al DIF.
Si quiere cumplir con su misión, con lo que debe de hacer, es al primero que le conviene y esa autoridad tiene que tener la capacidad que la ley le dé la fuerza para coordinar el sistema y para articular a las otras dependencias, para articular la salud, la educación, a la justicia, para hacer posible eso, porque de otra manera no va a haber sistema, va a haber el jinete sin cabeza de la política de infancia que sigue vagando desde hace 25 años por todo México.
Ahora, el tercer elemento: asegurarnos que en la ley se destinen presupuestos en cada secretaría para hacer operados por ese consejo, en eso sí entiendo que no debe ser un gasto burocrático, sino que tienen que ser de las partidas de las propias secretarías que tienen que ver con los niños.
El cuarto, creo que tiene que haber una defensoría también independiente, porque de otra manera seguimos jugando a la comidita de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Unas cosas con los temas de los adultos, o sea, de todo lo que quieran, que tiene que ver con problemas en los hogares y otro tiene que ser la defensa de los niños. Parece que es lo mismo, pero no es igual.
Y a eso sumaría otros detalles que mis compañeras ya han dicho, pero eso sería lo que yo podría decirles que me parece importante.
SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, maestro Barquera.
Ahora escucharemos un comentario del senador Romero Hicks.
SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Muchas gracias a todas las personas que han participado el día de hoy.
Me quiero referir a un comentario de doña Katia sobre su sugerencia de la incorporación a la Ley general de Educación: ya lo hicimos. De hecho el senador Encinas la Comisión Segunda y nosotros de Educación, ya se dictaminó, falta que llegue al pleno del Senado para que se haga pronto y la vamos a invitar.
Ya está dictaminada en comisiones, es una búsqueda de armonización de trabajos previos que recogimos y la vamos a invitar para que nos acompañe a la aprobación en la sesión.
INTERVENCIÓN: (inaudible, sin micrófono).
SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: Por supuesto se pueden hacer comentarios adicionales, porque el dictamen se debate en el Pleno, ahí no tenemos ningún problema.
SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Están aquí varios miembros de la Comisión de Educación, está el senador Morón, el senador Demédicis, la senadora Hilda Flores, entre otros.
Cuando escuchamos podemos aprender y entonces, con mucho gusto vamos a escuchar.
SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: A nombre de las comisiones unidas quiero agradecer a los participantes, al, maestro Barquera, sus aportaciones.
Sin lugar a dudas van a ser tomadas en cuenta, yo creo que esto hay que subrayarlo, estoy convencido de que existe la voluntad, no solamente en las mesas directivas sino en los integrantes de las comisiones unidas, para ir a un análisis de fondo y aprovechar esta oportunidad para tener una buena ley.
Espero que esa misma voluntad, se refleje en el Ejecutivo Federal, donde ha habido una respuesta positiva hasta ahora. No está aquí presente, por supuesto, el consejero jurídico, pero tampoco está ausente, porque ya saben cómo se mueven las cosas aquí.
Así es que por eso lo decimos con toda confianza y claridad, porque estoy convencido de que puede ser una buena ley.
No podemos dictaminar, también quiero señalarlo por la parte del proceso legislativo, no podemos dictaminar otras iniciativas que se hayan presentado anteriormente o se vayan a presentar, de manera conjunta, porque la iniciativa preferente se dictamina por sí misma.
Eso lo discutimos al momento de definir el proceso de dictamen de esta ley, pero sí vamos a tomarlas en cuenta todas y cada una, no solamente formarán parte de la exposición de motivos, sino de las reformas que pueda contener esta ley de carácter general.

Partiendo de la convicción de que nadie va a apegarse ni la paternidad ni la maternidad de la ley, porque lo que queremos es que salga una buena ley, que sea implementable, que se pueda ejecutar y que tenga recursos suficientes para cumplir con sus funciones.
Creo que a lo largo del día de hoy se han ido acotando mucho los temas, desde el enfoque de derechos humanos, en donde se defiende el interés superior de la niñez, en un régimen de garantías de derechos no de protección de sujetos.
El asunto vinculado con el diseño institucional, cuál sería el mecanismo más adecuado para que no solamente las dependencias del gobierno federal se coordinen, sino también tener claros las concurrencias y competencias locales y municipales.
Temas muy puntuales sobre grupos vulnerables dentro de las niñas, los niños y los jóvenes, que son temas centrales, discapacidad, indígenas, migrantes, se ha hecho una enumeración muy exhaustiva a lo largo de las ponencias el día de hoy.
La importancia de armonizar la legislación con los tratados internacionales, miren, yo le voy poniendo palomitas a las propuestas que hace cada quien y ha sido de los temas más recurrentes y quizá el “qué más.
Efectivamente este es un tema porque se debe contar con los recursos suficientes para que se haga efectiva no la ley, sino los derechos de que son sujetos las niñas, los niños y los adolescentes y también porque no puede ser un pretexto la falta de presupuesto para que no se establezca una ley garantista en lugar de una ley asistencialista o paternalista.
Yo creo que eso lo vamos a ir poniendo de acuerdo, con algo de premura por los tiempos, pero creo que las aportaciones que hemos escuchado a lo largo del día desde la representante de UNESCO que nos ha acompañado permanentemente aquí presente, el representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, especialistas, académicos que estuvieron en otras sesiones, han sido muy importantes y a ustedes les agradecemos sinceramente su participación y continuamos mañana por la tarde, porque durante la mañana tendremos sesión ordinaria con la comparecencia del Secretario de Hacienda.
Muchas gracias y muy buenas noches.

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