INICIA TERCERA PARTE
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas de nueva cuenta a esta segunda parte de la segunda audiencia pública que en materia del análisis de la iniciativa preferente con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, estamos llevando a cabo las seis Comisiones Unidas del Senado de la República, previa elaboración, discusión y votación del dictamen.
Vamos a proceder a la cuarta audiencia del día de hoy, en donde hemos invitado a distintos especialistas en la materia. En esta sesión vespertina contaremos con la participación de Luis Alberto Barquera Medina, presidente de la Organización para el Desarrollo Social y la Educación para Todos.
Participará también la doctora Minverva Gómez Plata, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. La licenciada Katia D’Artigues, activista social, vieja conocida de este Senado en las discusiones que tuvimos en temas de telecomunicaciones, que le fue bastante bien. La licenciada Margarita Griesbach Guizar, directora de la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, Asociación Civil. Y finalmente, la doctora Mónica González Contró, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. A todas, y a nuestro invitado, les damos la bienvenida.
A nombre de las Comisiones Unidas, agradecemos que hayan aceptado la invitación a participar en estas audiencias y estamos convencidos de que sus aportaciones van a ser muy importantes, como lo han sido las sesiones que hemos tenido tanto el día de ayer como a lo largo de la mañana del día de hoy.
Entonces, sin más preámbulo, quisiéramos pedirle a Luis Alberto Barquera Medina, presidente de la Organización para el Desarrollo Social y la Educación para Todos, haga el favor de dirigirnos su mensaje. Bienvenido.
LUIS ALBERTO BARQUERA MEDINA, PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y LA EDUCACIÓN PARA TODOS: Buenas tardes, estimados senadores y senadoras, amigos y amigas.
Es un gusto para mí estar aquí y antes que nada, quisiera decir que aprecio la invitación de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara, para estar aquí y compartir mis puntos de vista sobre la iniciativa preferente del presidente Peña Nieto en materia de infancia y adolescencia. Muchas gracias.
Estoy aquí porque creo en el debate y que la discusión pública es necesaria para mejorar las leyes, y mejorar la política pública que afecta a niños, niñas y adolescentes.
Con esta convicción y buen ánimo, expondré que tenemos en la Constitución, en los artículos 1º, 4º y 3º constitucionales, la orientación necesaria para mejorarla. Luego ofreceré algunos ejemplos de la problemática a la que tendría que obedecer una ley general para, finalmente, presentar algunas conclusiones.
La primera idea es que el constitucionalismo de los derechos también es para los niños, las niñas y los adolescentes. La reforma al artículo 1º constitucional abría una nueva etapa en la vida política de México, en la medida en que se reconoce una simetría central para la vida democrática.
Existen titulares de derechos, que somos los ciudadanos, y obligaciones de los titulares de deberes, que corresponden al Estado y sus funcionarios y autoridades, de acuerdo con una normativa global.
El párrafo segundo señala que los derechos deben interpretarse de acuerdo con lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales. Ese es el llamado bloque de constitucionalidad, del que forma parte –por ejemplo– la Convención de los Derechos del Niño; de forma tal que el ciudadano goce de la protección más amplia posible.
En el párrafo tercero se apunta que las autoridades del Estado mexicano tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos, de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; por lo tanto, es responsabilidad del Estado, de acuerdo con lo que establezca la ley, prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
Con la reforma al párrafo quinto, queda prohibida toda forma de discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Ahora son los derechos fundamentales lo que da sustento a la legitimidad del Estado y cobra carta de ciudadanía, la idea de que el nivel de garantía de los derechos es lo que hace a una sociedad merecedora del calificativo de civilizada y democrática.
Con el establecimiento de la responsabilidad del Estado en la protección y garantía de los derechos, la posibilidad de acogernos al derecho internacional y la prohibición expresa de la discriminación, aparecen como antídoto contra la simulación la letra muerta y los derechos de papel; porque el parámetro para medirnos como sociedad es la efectiva garantía de los derechos.
En términos prácticos, como señalan Salazar y Carbonell, lo que importa es determinar cuántos y cuáles de esos derechos son efectivamente respetados, protegidos y satisfechos por las instituciones; cuando las personas son efectivamente libres, conviven en condiciones de igualdad, ejercen su autonomía política y tienen sus necesidades básicas satisfechas. Entonces, el constitucionalismo de los derechos será una realidad práctica.
En cambio, en una sociedad en la que los derechos son reconocidos normativamente, pero en los hechos son menospreciados y violados; la realidad será autoritaria, inequívoca, opresora.
Este es nuestro punto de partida para establecer la calidad de la iniciativa preferente que el presidente Peña nos propone. A este esquema tendría que acogerse en su formulación, la iniciativa del Presidente de la República, pero no es así.
La iniciativa del Presidente Peña, en la medida en que privilegia una lógica declarativa, desdibuja las obligaciones que el Estado mexicano tiene para con los niños, las niñas y los adolescentes de México, de acuerdo con el artículo 1º constitucional.
También en esa medida deja en un segundo plano la efectividad, cosa que a fin de cuentas es lo que hace real en la práctica, el constitucionalismo de los derechos.
No hay un diagnóstico en el que se determine cuántos y cuáles de esos derechos son efectivamente respetados, protegidos y satisfechos por las instituciones; al que se ajuste la propuesta de ley, junto con responsabilidades claramente establecidas.
Aunque menciona abundantemente los instrumentos internacionales que nuestro país ha firmado, no genera las condiciones necesarias para lograr efectividad en el ejercicio de los derechos. En pocas palabras, pensamos que falta compromiso para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.
En cuanto al interés superior del niño. La falta de compromiso de los derechos, se subraya con el hecho de que la iniciativa no privilegia el interés superior del niño, al dar la espalda a la posibilidad de ser una verdadera guía para el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez y adolescencia, como dice el artículo 4º constitucional.
La impresión que queda es que el propósito de la oficina de la Presidencia, además de mantenerse en la lógica de enunciar o declarar derechos; es mantener el marco institucional actual, en particular sostener un enfoque de política claramente asistencialista y no tocar al DIF, en lugar de aprovechar la oportunidad de repensarlo y relanzarlo, en lugar de privilegiar el interés superior del niño.
La concepción de los centros de asistencia social y la atención de niños, niñas y adolescentes no acompañados, es un buen ejemplo de esta visión asistencialista. Durante años, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, una institución fundada en 1977 durante la administración del presidente José López Portillo, se transformó más en el discurso que en la práctica, en cuanto a la dirección y operación que marcan los instrumentos firmados por México.
No queremos una ley que sólo signifique, en realidad, una permanencia conceptual, política e institucional anclada en lo que ya tenemos y que comprobadamente es insuficiente.
Los niños y las niñas de México no requieren dádivas ni un trato de menorcitos; sino una política de infancia que reconozca su interés superior y los asuma de una vez por todas, como sujetos de derecho.
El tercer ámbito de este trabajo. La iniciativa preferente está lejos del espíritu y el mandato del artículo 73, así como del dictamen que le dio origen: definir la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativa y el Distrito Federal, y los municipios; y superar la articulación y contradicciones de los diversos ordenamientos legales referidos a la niñez en los distintos ámbitos.
La Ley General de Educación es un buen ejemplo de lo que quiero decir. En su artículo 12, señala con toda claridad que corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal, establecer para toda la República los planes y programas de estudio para la educación Preescolar, la Primaria, la Secundaria, la Normal y demás, para la formación de maestros de educación básica. Eso dice el artículo 12.
En el artículo 13 se definen las competencias que corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales.
No existe ningún párrafo similar a los anteriores, en la iniciativa preferente. Lo mejor que se pensó en esa oficina de la Presidencia, fue repetir incansablemente la maravillosa frase: “En el ámbito de sus respectiva competencias”, aunque nunca se hubieran definido; y afianzar la permanencia de la falta de armonización y de dientes en las leyes de los estados.
El hecho es que los derechos enunciados en la Ley del 2000 y en todas las leyes de infancia promulgadas en los estados, no se han reflejado en una nueva institucionalidad acorde con la obligación del Estado, de garantizar la efectividad de todos los derechos para todos los niños y las niñas de México.
¿La iniciativa del Presidente nos va a ayudar a superar el déficit de la institucionalidad actual, el desorden en la política de infancia y la adolescencia, y a orientar una armonización legislativa acorde con la garantía efectiva de los derechos en las leyes locales?
Una mala ley general sólo reproducirá el atraso legislativo, los estados de la República no van a mejorar si no hay una ley general que los obligue a transformar sus legislaciones de infancia, para garantizar coordinación y el cumplimiento de objetivos precisos.
En la medida en que la indefinición de competencias permanece, no se alcanza el objetivo que dio lugar a la reforma constitucional al 73, de acuerdo con el dictamen que le dio origen. Con ellas, el establecimiento de una política integral en materia de derechos de la niñez, que permita una acción efectiva y coordinada del Estado mexicano para velar por el interés superior de los mismos, cumpliendo con los tratados internacionales, de lo que México es parte.
De acuerdo con el informe, sistemas nacionales de protección integral de la infancia, fundamentos jurídicos y estado de aplicación en América Latina y el Caribe, requerimos un sistema de protección fundamentada en una ley que defina una instancia con autoridad y competencia suficientes, que incluyan la capacidad de coordinar efectivamente el sistema de protección integral; así como que articule otros sistemas como el de protección social, el de salud, el judicial, entre otros, que son muy relevantes para la promoción y protección de los derechos de toda la infancia y la adolescencia.
La pregunta es, ¿esta iniciativa de ley y el sistema que se propone, cumple realmente con las características que Alejandro Morlachetti señala; más allá de que se diga que inspira la construcción de esta iniciativa de ley preferente?
La iniciativa del Ejecutivo, como la Ley de Protección, del año 2000, carece de mecanismos para asegurar la efectividad de sus disposiciones y la adecuada coordinación entre diferentes sectores y niveles de gobierno, responsables de garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia.
El sistema que se propone, tal como está, se parece y se parecerá si no se modifica, mucho a los conocidos consejos que inundan la Administración Pública y que no funcionan. Y me pregunto, ¿es constitucional, de acuerdo con todo lo anterior, esta iniciativa de ley?
Pero bueno, ¿a qué tendría que responder una ley general?
Por ejemplo, el INE ha señalado en “El derecho a una educación de calidad. Informe 2014”, que muchos de los problemas que causan la inequidad en educación no son educativos ni dependen de las políticas del sector; por lo que el combate a la inequidad educativa requiere de políticas intersectoriales capaces de atender al menos aquellas consecuencias de la pobreza, que afectan de manera directa la escolaridad de la población.
En México, 2.5 millones de niños y adolescentes trabajan. Pese a las dimensiones del problema, el Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia del Sistema Nacional DIF en 2012, apenas entregó 5 mil 185 becas; o sea, 2.5 millones de niños trabajadores, 5 mil 185 becas académicas y 348 de capacitación a niños trabajadores, en las 28 entidades federativas donde opera.
En 2012, el DIF transfirió este programa que, además del trabajo infantil atiende temáticas como la explotación sexual infantil, migración, situación de calle, embarazo adolescente, adicciones y de función de sus derechos, en promedio 1.6 millones de pesos a cada entidad federativa. En ese año, el presupuesto dedicado al trabajo infantil comprendió 24 por ciento del total, lo que significa un promedio de 384 mil pesos por estado de la República.
En Ciudad Juárez, un muchacho puede matar por mil pesos, ¿por qué?, el periodista Ioan Grillo documenta que los sicarios adolescentes son fruto de la marginación sistemática de los últimos 20 años.
Una trabajadora social entrevistada por él, dice: “El gobierno no ofrece nada, ni siquiera puede ofrecer mil pesos. La mafia es la única que se acerca a esos muchachos y les ofrece algo: les ofrece dinero, teléfonos móviles y pistolas para que se defiendan. ¿Cree que esos muchachos se van a negar? No tienen nada que perder, sólo ven el día a día; saben que se pueden morir y lo dicen, pero no les importa, porque siempre han vivido así”.
Estamos hablando de un mundo asociado a la exclusión, al cierre social, la discriminación y que ocultan los promedios.
Por ejemplo, el Municipio de Juárez ocupa el lunes 263 de entre 2 mil 446 municipios en el país, de acuerdo con el ranking del semáforo municipal de los derechos de la infancia, pero es uno de los más violentos del mundo y de los más crueles con los jóvenes.
Entre 2010 y 2012 la tasa de homicidios para la población total se redujo 1.3, pero en el caso de la población de 15 a 17 años creció en 13.2 por ciento, y todavía más grave para la población de 0 a 17 años el crecimiento fue de 14.3 por ciento.
Sólo 16 por ciento de los niños y las niñas de México, de acuerdo con UNICEF, ejercen todos sus derechos.
¿La iniciativa del Presidente Peña realmente está dando lugar a una nueva mirada y a las políticas intersectoriales que necesitamos para garantizar el derecho a la educación de los niños, las niñas y los adolescentes trabajadores migrantes, indígenas y de localidades rurales?
¿Cómo se plantea garantizar la protección de niños y niñas frente a la violencia en todas las clases sociales?
¿Se está pensando en los homicidios de adolescentes y las desapariciones forzadas?
¿Ustedes creen que estas situaciones se superan con la visión asistencialista que ha prevalecido?
Otra vez pregunto, ¿esta iniciativa, a diferencia de la Ley de Protección del año 2000, cuenta con los mecanismos para asegurar la efectividad de sus disposiciones y la adecuada coordinación entre diferentes sectores y niveles de gobierno responsables de garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia?
En conclusión, pienso que tenemos que hacer un gran esfuerzo para poner a la altura de la Constitución la iniciativa preferente del Presidente Peña Nieto.
No podemos desaprovechar la oportunidad que cedió el Congreso de transformar a fondo la política de infancia con la modificación del artículo 73 constitucional.
Nosotros trataremos de contribuir con todo lo que esté de nuestra aparte en el mejoramiento de esta iniciativa preferente con datos, con argumentos y con una enorme disposición al diálogo, como siempre. Pero al final los senadores y los diputados van a votar.
Los invito a definir su voto luego de estar seguros de que la ley general que propone el Presidente Peña para todos los estados del país y las diversas problemáticas de niños, niñas y adolescentes, realmente nos ayuda a fortalecer tres cosas:
Primero, la identificación de las demandas de los titulares de derechos, es decir, los niños, las niñas y los adolescentes, y las correspondientes obligaciones de los titulares de deberes. Todas las secretarías y funcionarios de gobierno relacionados con el tema.
La identificación, en segundo lugar, de las causas de no cumplimiento de estos derechos.
Y, en tercer lugar, la orientación de recursos humanos, financieros, jurídicos e institucionales para revertir dicha situación de incumplimiento y orientar cursos de acción adecuados para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos.
En suma, los invito a evaluar con todo rigor si es una ley que nos pone en el camino de la efectividad, no otra que nos coloca en la pena de seguir viendo cómo se coloca el tambache de leyes de papel.
Ojalá la ley que se apruebe sea un verdadero paso adelante, aunque sea uno. Lo que pasa porque éste impulse una política nacional que permee los tres órdenes de gobierno definiendo competencias y responsabilidades y posibilitando el cambio institucional que necesitamos.
El Congreso puede lograrlo si mira lo que nos ordenan los artículos 1º, 4º y 73 de la Constitución y se detiene a revisar la problemática que viven hoy los niños, las niñas y los adolescentes de México.
Ojalá el Congreso nos dé esta reforma estructural que necesitamos urgentemente. De otro modo, los niños, las niñas y los adolescentes, y México en su conjunto, seguirá pagando muy caro mantenernos en el rezago legislativo actual; cosa absolutamente evitable.
Muchas gracias.
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Bien. Le agradecemos al maestro Barquera Medina su participación. La dinámica que hemos seguido es hacer en conjunto las presentaciones, al final las senadoras, los senadores y, si nos acompañan, las diputadas y diputados que invitamos a hacer una ronda de preguntas para que se vayan respondiendo por parte de cada uno de los ponentes.
Vamos a hacer el relevo para que pueda hacer el uso de la palabra la doctora Minerva Gómez Plata, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, agradeciéndole por supuesto a Alberto Barquera Medina su presentación.
DOCTORA MINERVA GÓMEZ PLATA, INVESTIGADORA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA: Buenas tardes a todas y todos los asistentes a esta audiencia pública organizada por el Senado de la República, en el marco de la dictaminación del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
En principio, quisiera agradecer a las senadoras y senadores, presidentas y presidentes de las Comisiones de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, de Atención a Grupos Vulnerables, de Educación para la Igualdad de Género, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos por abrir este espacio a la libre manifestación de ideas, al debate sustancial y, sobre todo, a la posibilidad de enriquecer y enmendar la propuesta en beneficio de niñas, niños y adolescentes.
También agradecer a las diversas organizaciones de la sociedad civil que han colocado de manera puntual los enormes retos que enfrentamos en nuestro país en materia de derechos humanos.
Gracias también a REDIM por el diálogo y las acciones compartidas en la defensa de los derechos de la infancia.
Desde el Programa Infancia de la UAM, el Departamento de Educación y Comunicación y el Área de Investigación, Subjetividad y Procesos Sociales, hemos realizado diversos esfuerzos de formación, servicio e investigación sobre distintas problemáticas que afectan a la población de niñas, niños y adolescentes, a sus familias, su comunidad y su entorno.
Estas reflexiones tienen el antecedente de una investigación que iniciamos en el 2005, en el posgrado de Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con el tema del desamparo y los modelos de intervención. Pero también tienen como referente las reflexiones de la psicología social.
Señalo esto pensando que el diálogo con el ámbito jurídico es un primer compromiso de muchas áreas de conocimiento; algo que antes no era tan sencillo, digamos. Pero también es un compromiso de los ámbitos de esta materia dialogar con distintas miradas y distintos referentes para que la conformación de la norma y los marcos legales pueda responder a las realidades que actualmente enfrentamos para concretar la puesta en marcha de los derechos a los que todos los ciudadanos tenemos que acceder.
Algunas de las impresiones generales que surgen a después de la lectura del proyecto de ley, es que no podemos concretar las transformaciones necesarias para garantizar los derechos de la infancia y adolescencia de nuestro país si seguimos realizando las mismas prácticas de siempre.
Se leen las mismas prácticas asistencialistas, tutelares, de disciplinamiento y sesgadas que no logran una política nacional a favor de la niñez, adolescencia y juventud mexicana. Centran el modelo de atención residencial como una forma de rescatar a los niños en riesgo o en vulnerabilidad desde la primera parte del documento de ley y hasta el capítulo cuarto del derecho a vivir en familia se plantea la importancia de este derecho y la atención a no separar a los niños de sus familias y comunidades; un elemento que tendría que ser alguno de los puntos iniciales de esta ley para restituir el medio familiar a miles de niños, niñas y adolescentes que han perdido la posibilidad de mantener el vínculo con un medio familiar consanguíneo o no.
Sin duda, hay diversos temas que se inscriben retomando los marcos internacionales, pero las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños están ausentes.
Se presenta necesario darle a la ley un marco referencial que esboce una concepción y un objetivo a nivel nacional de la necesidad de garantizar los derechos de la niñez y adolescencia; que establezca el espíritu de la ley y genere la construcción de una política pública nacional para garantizar sus derechos. Sobre todo, que apunte a la transformación de la relación entre los adultos y los niños.
No sólo se trata de programas de intervención, sino de generar una cultura de respeto y democracia entre los distintos grupos de edad, de generar prevención y de resolver los conflictos que obstaculizan el bienestar y la dignidad de las niñas, niños y adolescentes, sus familias y su comunidad.
Es generar una visión integral de los problemas de la población, retomando a Bustelo, si mantenemos la concepción asistencialista, no promoveremos una cultura basada en la emancipación de las personas de las condiciones materiales que no les permiten vivir con dignidad y de solidaridad y reciprocidad basada en derechos y no en caridad.
Otro aspecto es el engrosamiento de la burocracia sin la transformación de estas prácticas ancestrales, lo que pone en riesgo la implementación y efectividad de un sistema de garantía de derechos de la infancia y la adolescencia.
La mirada tutelar desde la dirección de procuradurías de protección, colocan nuevamente la preocupación de la criminalización y la tipificación de delitos en los conflictos de la infancia y de sus familias, sin lograr arribar a una visión compleja de debate, de investigación y análisis profundo de todas y cada una de las problemáticas que aquejan e imbrican los derechos de niñas, niños y adolescentes tutelando los derechos y no a los sujetos.
Sin duda, el objeto de esta ley es de suma relevancia y consideramos que requiere de mayor discusión y acuerdos de diversos actores y sectores.
Sobre la estructura del documento de ley, es necesario que las piezas que la componen tengan otra organización de los temas desarrollados y coherencia con los retos que enfrentamos. Es muy importante, así también, que se consideren otros rostros de la infancia y adolescencia presentes en el territorio nacional.
Sobre aspectos puntuales, parece central redefinir, primero, el ámbito de las respectivas competencias de las instancias y entidades en todos sus niveles, con la finalidad de concretar la transversalidad y/o articulación de las competencias para romperá la dinámica del aislamiento, duplicación o traslapamiento de acciones o programas.
Dos. El documento señala que se tomaron en cuenta las opiniones de organizaciones de la sociedad civil, pero es necesario establecer mecanismos de diálogo, intercambio y análisis con diversos actores, redes, organizaciones y universidades, que se han especializado en los problemas acuciantes de la población.
Es necesario revisar puntualmente la iniciativa y consensar las visiones y planteamientos de diversos temas en ella presentados. Siguen sin quedar claros los mecanismos jurídicos para que las autoridades verifiquen y garanticen la prevalencia de los derechos.
En materia de asistencia social, es necesario establecer de forma clara, y como eje de la atención, modalidades alternativas de atención comunitarias, psicosociales, con una mirada sistémica que descentre el esquema silar (sic) como preponderante de la asistencia.
No podemos ignorar, retomando nuevamente a Bustelo, desde una política social, la idea de los derechos sociales y la construcción de ciudadanía.
Respecto al tema de representación de niñas, niños y adolescentes, la ley habla de sujeto de protección. Esta noción tendría que replantearse porque suspende la restitución de sus derechos por la captación del sujeto. Es necesario transformar esa concepción y las prácticas que derivan de su detención en los servicios de los órganos jurisdiccionales.
En relación al apartado de las obligaciones para quienes ejercen la patria potestad, tutela o guardia y custodia y de los centros asistenciales, resulta insuficiente. En realidad, requerimos un marco explicativo amplio y profundo sobre la situación de crianza y cuidados de quienes ejerzan estas obligaciones, pero también tenemos que focalizar o centrar el tema de la diversidad de familias.
Las obligaciones del Estado en esta materia tendían que explicitarse, sobre todo en la labor de revertir el mayor flagelo para la garantía de los derechos de los niños, familias y comunidades, la pobreza y la injusticia, causas constantes de la separación familiar.
La narrativa de este apartado se centra en el tema de la asistencia social para aquellos que no cuentan con la presencia de sus familias hablando de instalaciones idóneas de acuerdo a la edad, sexo, condición física, etcétera.
Los centros asistenciales no serán espacios idóneos para el desarrollo de los niños. Se sugiere colocar otros principios rectores en la mirada de atención, considerando las directrices sobre modalidades alternativas de cuidado.
El derecho a vivir en familia tendría que ser un punto inicial que paute las atribuciones del Estado en relación al apoyo de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia.
La ley menciona que en las sesiones de consejo del Sistema Nacional de Protección Integral, que seguirá de alguna manera articulado al DIF nacional, habrá representación permanente de instituciones y organizaciones de los sectores social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes, quienes participarán con voz, pero sin voto.
Esto, me parece, sería un ejemplo de la inconsistencia en el enfoque de derechos, pues sería importante considerar para la construcción de ciudadanía que la participación de los niños tuviera peso sobre las decisiones que se toman respecto a sus circunstancias. Así también, la participación de la sociedad civil.
En el apartado de las infracciones y delitos, hace referencia a los concesionarios de radio y televisión y a la transmisión de información nociva o perturbadora para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.
Parece muy importante definir los parámetros que puedan afectar a la población, así como la utilización de la información que llega a la ciudadanía, pero sin afectar el derecho a la libertad de expresión. Se requiere mayor discusión sobre esos temas.
En el apartado de los centros de asistencia social, es necesario señalar que deben ser de estancia corta y cuando no pueda brindarse otra medida de cuidados. Los niños de 0 a 5 años de edad no deben ser atendidos en estos esquemas de atención. Claro que se debe contar con un registro, una base nacional sobre la población atendida, pero no puede quedar ahí.
Es necesario establecer una ruta crítica de atención y seguimiento de las niñas, niños y adolescentes que son atendidos por cualquier instancia pública y privada, así como un programa y proyecto específico para las circunstancias de cada caso.
Revisar el artículo 86, que establece que no se considerará violación a lo dispuesto por el párrafo anterior, la supervisión o restricción que realicen quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda y custodia, a las conductas y hábitos de los niños, siempre que atiendan el interés superior.
Es un párrafo ambiguo en el que hay que apuntar y/o definir los actos de supervisión o restricción.
Si queremos ir en el rumbo de los derechos, este enunciado resulta discrecional, podría interpretar que: ¿quitar la cena, o dejarlos encerrados en sus cuartos es una forma educativa que conlleva algo de restricción? No sé. Habría que reflexionar sobre todas esas circunstancias.
Estos son apenas algunos de los puntos de discusión y revisión de la Iniciativa. Hay otros que fui puntuando pero que me parece como muy extenso.
Pero creo que hay muchos otros temas que merecen atención y discusión.
Por ejemplo, no se habla de la importancia de instancias de queja y denuncia para los niños, donde puedan expresar cómo viven, la atención de los diversos programas o instituciones, como la familia, la escuela, hospitales, casas hogar, albergues, agencias de ministerio público o juzgados.
Para terminar, es de suma relevancia transformar y construir los marcos desde los que se den respuesta a las adversidades que enfrenta la mayor población de nuestro país.
Por ello, necesitamos que se genere una ley que sea ad hoc a nuestro tiempo y circunstancias como Nación.
Esta propuesta merece cambios, ajustes, marcos conceptuales, tiempo de análisis y tiempo de reflexión para que se alcancen los objetivos de un sistema que garantice los derechos de nuestra población, de niños y jóvenes.
Por lo tanto, que coadyuvemos a la formación de una ciudadanía plena, consciente y participativa de sus derechos.
Al decir de Bustelo, para cerrar: la infancia como otro comienzo, es la cuestión mayor y crucial a resolver por un proyecto abierto al futuro, que comienza por anunciar la libertad desde el nacimiento, el principio y la iniciación de la vida.
En este alumbramiento, la primera señal es que la vida representa una ruptura y también la posibilidad de una discontinuidad radical con lo existente.
Si esta significación de la infancia puede ser sostenida políticamente, ello implica pensar en el recreo –recreo de la infancia– esto es la infancia en su dimensión creadora.
Trabajemos por ello. Gracias.
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, doctora Minerva Gómez Plata.
Ahora le pedimos a la licenciada Katia D’Artigues Beauregar, por favor, haga uso de la palabra.
LICENCIADA KATIA D’ARTIGUES BEAUREGAR, ACTIVISTA SOCIAL: Muy buenas tardes a todos y a todas.
Antes que nada quiero expresar mi agradecimiento para los Presidentes de estas Comisiones, que me invitar a hablar del tema de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en esta Iniciativa.
Les quiero agradecer lo mucho que me han puesto a estudiar y lo mucho que me falta por aprender, bajo el cobijo de otros colegas que veo aquí, como por supuesto a la Directora de UNICEF, de Juan Martín, en fin, de muchas personas.
Yo como soy periodista y activista, ya soy formal miembro de la Sociedad Civil vía una que se llama Comunicación para la Inclusión.
Les quiero contar una historia hoy:
Hay una niña en México –hay muchas niñas como ella, pero bueno–. A ésta, bauticémosla como Sofía, para preservar su identidad y contar su historia.
Tiene un año y 6 meses, y nació en el tristemente criminal albergue de Mamá Rosa, donde ya lo sabemos muchos de sus derechos fueron violados. Esta niña existe. Su madre, una joven que ya vive ahí tenía además otra hija.
Sofía es una niña que además de ser víctima desde que nació, tiene una discapacidad intelectual: nació con síndrome de Down, mi discapacidad favorita, como todo mundo sabe.
A la fecha, pese a los esfuerzos de la organización Y Quién Habla por Mí, no se ha podido lograr que esta chiquita acceda a controles básicos de salud que todo niño o niña con esta condición de vida deben tener como examen del corazón, en fin. Y que ya está protocolizado y ya se sabe, etcétera.
Ya ni hablamos de rehabilitación, por supuesto, que debió haber comenzado al mes de nacida.
A esto se suma que después de que su madre salió del albergue –entre comillas– de esta “gran familia, la gran familia” abandonó a Sofía.
¿Qué es de ella? No lo sabemos con certeza. Sí que está en el DIF de Morelia, pero casi a regañadientes.
En el proceso esta organización se topó con un gran descubrimiento que ya mereció una queja ante CONAPRED, ante la Secretaría de Salud y otras instancias.
La Norma Oficial Mexicana que regula estos albergues públicos y privados –la 32– emitida apenas en el 2011 por la Secretaría de Salud, que regula el funcionamiento de estos albergues, dice que no aceptan niños con discapacidad –entre comillas– “dependiente”. Así lo dice la Norma Oficial Mexicana.
¿Qué es dependiente? ¿Quién lo certifica? La Norma anterior llegaba al grado de exigir un grado de coeficiente intelectual para aceptar o no un niño o niña.
¿Qué nos dice esto de las instancias que deben salvaguardar los derechos de las niñas y niños en una situación más vulnerable?
Claro que hay lugares o instituciones donde se atienden a niños y niñas con discapacidad, pero la mayoría son privadas, existen albergues del DIF que sí tienen niños con discapacidad, pero depende de la buena voluntad de por lo general el encargado municipal, estatal o nacional.
Por lo general una mujer que quizá no tiene la preparación adecuada para estar en el cargo, con claras excepciones y que llega él por algo no necesariamente meritocrático, ser la esposa del gobernante electo.
Volvamos a Sofía: No llega a 2 años y ya fue etiquetada, discriminada, niña con discapacidad dependiente.
Es una niña con discapacidad y por ello merece que el Estado haga un esfuerzo redoblado para sacarle adelante su propia condición de vida, pero ya está casi determinada.
No accedió a su derecho a la salud, hasta ahora seguimos contando la historia de Sofía y a la rehabilitación.
Si Sofía fuera muy, muy suertuda, podría ir al Teletón, que atiende solamente 31 mil niños con discapacidad de un universo de 4 millones y aun así por las características del Teletón mismo que se centra en niños con discapacidad neuromúsculo esquelética, solamente accedería a una rehabilitación parcial, básicamente motriz.
Si no interviene alguien en la vida de Sofía, por lo general un particular o alguien del Estado, con una sensibilidad de derecho, que no de asistencialismo que pernea, como ya ha dicho todo mundo esta Iniciativa.
Ahorita le decía a Luis que era un poco en broma pero un poco en serio que estas audiencias son muy poco plurales hasta el momento nadie ha hablado bien de la Iniciativa.
Me atrevo a trazar lo que podría ser su vida basada en muy pocas estadísticas, que esa es otra. Muy pocas estadísticas para niños y niñas con discapacidad en particular. Si hay pocos para niños y niñas y que se comuniquen, para niños con discapacidad estamos hablando de un hoyo negro.
Estará Sofía en una institución donde la atiendan, donde quizá sólo conviva con niños y niñas con discapacidad, donde de hecho estará excluida.
En México sí seguimos creando guetos para niños y niñas con discapacidad.
Es muy poco probable que la adopten porque existen muy pocos, por no decir ningún esfuerzo institucional en el tema.
Si accede a la educación, porque la tasa de acceso es 5 veces menor de niños y niñas con discapacidad y mucho menor la permanencia, lo más seguro es que vaya a una escuela de educación especial, donde su desarrollo será limitado, de acuerdo a sus muchos potenciales, muchos.
De paso, al tener a Sofía en una escuela de educación especial, seguiremos enseñando a los demás niños, sin discapacidad, que sólo hay niños sin discapacidad en el mundo.
La recién promulgada Reforma Educativa privilegia la educación especial y no determina apoyos, ajustes razonables para lograr que la educación para todos sea en el mismo salón y enseñemos que la sociedad es plural.
Ayer escuchaba decir a Humberto Castillejos que no todo puede estar en esta Iniciativa.
Sí. Pero hay que revisar muchas más Iniciativas para garantizar también los derechos de los y las niñas con discapacidad, y adolescentes.
La materia de educación especial además sigue siendo opcional en las Normales del país; fíjense: opcional.
Y actualmente tenemos un presupuesto que no rebasa los 300 millones de pesos para la capacitación de todos los maestros en el país, algo así como 20 pesos por cabeza.
Si llegara a estar en una escuela de niñas y niños también sin discapacidad, como es su derecho, el esfuerzo de sus maestras, tutores, contaría con muy poco apoyo del Estado y sería casi heroico.
En México, paradójicamente desde hace 10 años, existe un concurso de educación incluyente organizado por la SEP, el CONAPRED, entre otras instancias.
Diez años de experiencias que no han sido sistematizados ni compartidos con otras escuelas para avanzar.
El problema, claro, se va agravar en la educación media y media superior, donde se le van a acabar a Sofía casi todas las opciones para seguir estudiando, como es su derecho, que no digan acceder al trabajo, después capacitación, vida independiente.
Se le va a negar el derecho a la educación de calidad, también a vivir en sociedad, a los demás niños a vivir en sociedad con los niños con discapacidad.
No va a haber un esfuerzo por lograr que su derecho a vivir en familia, en sociedad sea respetado.
Ojala, ojala no se integre a la lista, a la estadística de niños y niñas con discapacidad sobre todo intelectual que viven con violencia.
Es 5 veces más frecuente, sobre todo en niñas, niños y adolescentes con discapacidad intelectual, pero también con todas las demás discapacidades.
Es muy probable que no reciba información sobre cómo ejercer su sexualidad, porque se piensa que son asexuados. Si la educación sexual es un tabú aún en México, la educación sexual para todo tipo de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, más. El derecho a vivir una vida sin violencia, ¡ja!, ¡ja!
Una niña con discapacidad como Sofía hoy en México es poco probable que pueda ejercer su derecho a expresarse, y no porque no pueda sino porque no hay esfuerzos para hacer ajustes razonables e implementar apoyos tecnológicos que ya existen en este mundo para realmente escucharla, como mecanismos de lectura fácil, o si fuera ciega en Braille, o si fuera sorda en lengua señas mexicana, que por cierto qué bueno que tenemos una intérprete en lengua señas mexicana, ni comunicación aumentativa.
No se podría comunicar ni en la escuela ni en ningún otro lado, como tampoco lo hacemos con otros niños con discapacidad, ya no se diga una discapacidad múltiple o psicosocial, un niño sordo, ciego, con autismo, con parálisis cerebral, o niños que además de tener una discapacidad son migrantes e indígenas.
Ejemplo de ello es esta ley. Como decía Mireya, estamos hablando de hacer una nueva Ley para niños, niñas y adolescentes con y sin discapacidad, sin tomarlos en cuenta a ellos, y ni siquiera a las organizaciones que trabajan con y para ellos.
Una propuesta que en serio quisiera ser inclusiva los escucharía a ellos también, como marca la Convención por los Derechos del Niño, que sólo va a cumplir 25 años, y la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo lema es: Nada de Nosotros sin Nosotros.
Esta última Convención, por cierto, no está ni contemplada en la exposición de razones de la Iniciativa Presidencial Preferente, así como no están tampoco otras de género.
Cuando Sofía deje de ser adolescente, lo más seguro es que la declaren en estado de interdicción, incapaz para decir cualquier cosa de su vida, negando su derecho a la capacidad jurídica también.
Esa sociedad y esta ley, la va a declarar niña de por vida. Quizá muchos dirán que así debe de ser porque es un angelito que hay que eternamente proteger, cuando en realidad lo que estaremos haciendo, lo que estarán haciendo estos senadores, senadoras y luego los diputados y diputadas, será negarle su derecho a esta niña y a muchos otros más con discapacidad, a convertirse en mujeres y hombres con plenos derechos. Una ciudadana, Sofía, sí, con síndrome de Down, una eterna niña.
Senadores, senadoras:
Esta es la realidad donde crecen y se desarrollan 4 millones de niñas y niños con discapacidad en el país.
¿Esta Ley contempla los derechos de las niñas y niños con discapacidad más allá de lo enunciado, más allá del capítulo, que hay que fortalecerlo muchísimo? ¡No!
¿Se trata de un sistema de apoyo para lograr que salgan de su condición de discriminación, de invisibilidad? ¡No!
¿Se tienen contempladas acciones afirmativas o de equiparación de oportunidades para lograr una igualdad real y material? ¡No!
Qué hace; bueno, se logra esta inclusión cuando no se contemplan ni accesibilidad en los centros de asistencia. No está contemplada como un requisito en esta ley.
Cuando no se toma en cuenta la exposición de razones de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que México además promovió ante el mundo gracias a Gilberto Rincón Gallardo, cómo es posible.
Es importante subrayar y volver a subrayar la importancia de esta Convención, porque contempla una definición, un nuevo paradigma para ver a las personas con discapacidad que no está en esta ley, y no está en muchas leyes de este país.
La discapacidad es de la sociedad, del Estado, que en este caso no ve a todos y todas y traza las medidas necesarias para la igualdad de oportunidades.
La discapacidad no es del niño o de la niña con discapacidad.
¿Cómo hacerlo cuando se crea un sistema, o una Comisión Intersecretarial en la realidad?, que no contempla un Consejo Nacional para la Inclusión de las personas con discapacidad, por ejemplo.
Que además, bueno, yo creo que aquí ya se ha dicho muchísimo, pero yo también lo reitero: esto no es un sistema, es una Comisión Intersecretarial.
¿Queremos ser realmente serios, senadores, senadoras? Tenemos que repensar el DIF, o fortalecerlo en el sentido de dejar que ellos se hagan cargo de la asistencia, pero contemplar todo un nuevo mecanismo de protección a niños, niñas y sobre todo a los niños, niñas que no están en situación de vulnerabilidad.
O sea, yo vengo a hablar de niños y niñas con discapacidad que pueden estar en situación de vulnerabilidad, pero también pueden salir de ella si les damos todos los ejemplos adecuados.
¿Quién habla de los niños y niñas, como yo digo, estándar? Porque qué es normal, díganme ustedes. Nadie está hablando de ellos.
Y, bueno, es una Comisión que no contempla la sociedad civil, que ya lo han dicho muchas veces.
Esta Iniciativa menciona el término discapacidad 25 veces. Niñas y niños, 400 más o menos, sui tiene y aún así le falta perspectiva de género, pero no tienen de discapacidad; no tiene.
Aunque les parece excesivo, no lo es. Una redacción incluyente debería decir: niños, niñas y adolescentes, con y sin discapacidad. Desde ahí deberíamos empezar.
Con el apoyo de dos muy preparados abogados, quienes además viven con una discapacidad: Agustín de Pavia Frías y Carlos Ríos Espinosa, me di a la tarea de revisar punto por punto esta ley y hacer sugerencias de cambio.
La terminamos hace apenas unas horas. Como es Iniciativa Preferente, ¿verdad?, todo es rápido. Pero se las haremos llegar.
Tienen en sus manos, senadores, senadores, con y sin discapacidad, aunque veo que todos aquí no tienen discapacidad. No vino Barbosa.
Corregir un tremendo error y una injusticia para 4 millones de niñas y niños de México y para la infancia general de México que al insistir en no ver a sus pares con discapacidad podrían seguir pensando que el mundo es sólo de los muy mal llamados normales, calificativo que por cierto solamente acepto como una definición estadística.
Muchas gracias.
Ah, y otra cosa, si van a hacer una redacción que ojalá, porque estaba yo hablando, sé que Mariana Gómez del Campo va a hacer otra propuesta de iniciativa, etcétera, la que quieran, la revisamos y le ponemos perspectiva de discapacidad.
Por nosotros no queda.
SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchísimas gracias, Katia, te agradecemos sinceramente tu participación.
Toca el turno a licenciada Margarita Griesbach Guizar, Directora de la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, Asociación Civil.
Ni ha llegado.
Vamos a continuar y vamos a pedirle a la doctora Mónica González Contró, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídica de nuestra máxima casa de estudios, haga por favor uso de la palabra.
SIGUE CUARTA PARTE