VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA REUNIÓN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y DE JUSTICIA, ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DERECHOS HUMANOS

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República, vamos a dar inicio a la siguiente etapa establecida en la convocatoria para la elección o en su caso reelección, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el siguiente periodo.

El día de hoy estamos reunidas y reunidos para iniciar las audiencias que tendrán lugar toda la tarde del día de hoy, con 15 organizaciones de la sociedad civil, que reflejan de manera general la pluralidad del país.

Es verdad que no están todas las que quisiéramos que estén, sin embargo, nos parece que en el acuerdo que suscribimos las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República para continuar con este proceso, definen –si me permiten decirlo con mucho respeto– la pluralidad de las organizaciones no gubernamentales en México.

Este proceso tiene que ver con la aplicación del artículo inscrito en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para hacer una auscultación con las organizaciones de la sociedad civil.

Es verdad que emprendimos esta auscultación a partir del precepto definido en la Constitución sobre la consulta pública que tenemos que inscribir, que ya lo hicimos a partir de la convocatoria pública para que de manera transparente, abierta, con toda la libertad las distintas organizaciones especialistas, académicos y personas interesadas, pudieran inscribirse en este proceso.

De 39 aspirantes, hay 21 personas que han pasado a la siguiente etapa. Hoy vamos a iniciar las audiencias públicas relativas a este proceso y tendremos dos jornadas que tienen, como característica principal, escuchar a diversas organizaciones.

Le voy a solicitar a la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Diva Hadamira Gastélum, a que haga referencia solamente a los artículos del acuerdo parlamentario que suscribimos las dos comisiones, de Derechos Humanos y de Justicia, cuyo presidente se encuentra conmigo, el senador Roberto Gil, al que le damos la bienvenida; igual que a todas y a todos ustedes en el presídium y también quienes nos acompañan acá enfrente, hay distintas senadoras y senadores de nuestras comisiones que tienen interés en seguir estas audiencias y, por lo tanto, para definir con puntualidad el momento en el que vamos a entrar en esta etapa, le pido a la senadora Diva Hadamira Gastélum, que pueda leer los artículos alusivos a estas audiencias.

Por favor, senadora, si es tan amable.

SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM: Con su permiso, presidenta.

IX. Las asociaciones civiles y organizaciones sociales, instituciones académicas y de investigación, asociaciones, colegio de profesionales, organismos públicos y privados, personas del público en general que deseen formular preguntas a candidatas y candidatos a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2014-2019; deberán hacerlas llegar en versión electrónica a los correos siguientes: derechoshumanos@senado.gob.mx y justicia@senado.gob.mx, en el formato establecido para tal efecto.

Las preguntas serán recibidas hasta el lunes 27 de octubre del 2014 a las 13:00 horas.

X. Las candidatas y candidatos que por alguna razón no se presenten a su comparecencia, no serán consideradas en el proceso de la elección o reelección.

XI. El 27 de octubre del año en curso, de las 16:00 horas a 20:00 horas, en el Pleno de la Comisión Permanente, Sótano 1, Reforma 135, las juntas directivas de las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia, celebrarán audiencias públicas con representantes de organizaciones de la sociedad civil, a fin de escuchar su perspectiva sobre los retos que debe de enfrentar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las características del perfil de quien la presida.

Los representantes de la sociedad civil invitados a las audiencias públicas, serán considerados a propuesta de cada Grupo Parlamentario, el cual propondrá, para tal efecto, a dos organizaciones.

Décimo segundo. El formato de las audiencias públicas se llevará a cabo de la siguiente manera:

Cada compareciente tendrá 10 minutos para exponer su perspectiva sobre los temas señalados en el resolutivo anterior. Con posterioridad a su exposición, las senadoras y los senadores integrantes de las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia, podrán formular preguntas a los comparecientes, mismas que deberán ser respondidas de manera puntual.

Por último, décimo tercero. Las audiencias públicas con representantes de la sociedad civil serán públicas y se transmitirán por el Canal del Congreso y por la página web del Senado de la República.

Es todo, Presidenta.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias, Secretaria.

Le pido por favor a la Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, senadora Adriana Dávila, que pueda informarnos cuáles son las propuestas de las organizaciones que inscribe la Comisión de Derechos Humanos, si es tan amable.

SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ: Con su permiso, señora Presidenta. Buenas tardes a todos.

Las invitaciones que hizo la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República fueron a las siguientes asociaciones:

Centro Jurídico para los Derechos Humanos; Instituto Nacional de Ciencias Penales; Red Familia; Asociación Alto al Secuestro; Tendiendo Puentes; ¿Quién habla por mí?; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y México Unido contra la Delincuencia.

Es cuanto, senadora.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Gracias, Secretaria.

Le pido por favor, si es tan amable, con la anuencia del señor Presidente de la Comisión de Justicia, senador Roberto Gil, que la secretaria de su Comisión, senadora Arely Gómez, pueda leer las propuestas de la Comisión de Justicia, si es tan amable.

SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Con su permiso, señora Presidenta.

A continuación, leo la relación de asociaciones propuestas por la Comisión de Justicia, para ser invitadas a estas audiencias públicas en este proceso de reelección o elección del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2014-2019.

Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE; FUNDAR; Centro de Análisis e Investigación; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Red por los Derechos de la Infancia en México.

Es cuanto, Presidenta.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias.

Vamos a iniciar con una primera mesa, que es de esta hora y hasta las 6 de la tarde, donde empezaremos con la señora Isabel Miranda de Wallace, de la Asociación Alto al Secuestro.

Les quiero pedir que sean tan amables, a todas y todos quienes hoy realizan esta audiencia, que sean tan gentiles de no personalizar ni a favor ni en contra de algún candidato o candidata. Si lo hacen, voy a tener que utilizar el micrófono para pedirles que sean tan amables de no hacer una campaña a favor o en contra de algún candidato.

Creo que todos estamos de acuerdo que la preocupación genuina es que pensemos en qué Comisión Nacional de los Derechos Humanos requerimos para el siguiente periodo que iniciará a partir del 16 de noviembre del año en curso.

Doña Isabel, tiene usted la palabra, hasta 10 minutos. Bienvenida al Senado.

ISABEL MIRANDA DE WALLACE: Gracias, senadora. Muchas gracias a todas las senadoras y al senador; gracias por la inclusión a la sociedad civil y por escucharnos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no debe ser vista como un botín político o económico. No puede ser una institución activista; los activistas tenemos un lugar natural, aquí donde estamos en la sociedad civil; pero este Senado debe distinguir entre el activismo en derechos humanos y el actuar del Estado.

No debe entregarse a la Comisión Nacional de Derechos Humano a ninguna persona que pertenezca a partido alguno, esto sería como ser juez y parte ante cualquier conflicto.

Parece que algunas personas de organizaciones civiles y del propio Senado no comprenden el proceso para determinar quién será el “ombuds-person” del 2014 al 2019. Tienen más bien puesto el interés en el amplio presupuesto de la Comisión Nacional y han manejado una campaña sistemática, organizada y estructurada para impedir ver de manera objetiva todo el logro actual de la presente administración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha realizado y que por cierto no es menor.

En los tiempos y circunstancias actuales del país, su carácter de institución del estado, le da al ombudsperson nacional una gran fuerza, que requiere ser utilizada con la mayor prudencia, en el contexto en que nos encontramos.

No debe utilizarse a la comisión como ariete para la destrucción del Estado, sino como promotor de la cultura de los derechos humanos y la sociedad y el Estado en general.

Una institución de Estadio debe ser capaz de prever el conflicto, anticiparse a él, incluso antes de que se violen los derechos, tal como sucedió en el estado de Guerrero, en donde la Comisión Nacional detecto, advirtió e informó del debilitamiento y las violaciones que se estaban cometiendo en el estado.

En total dictaminó 64 municipios y 37 comunidades y en especial hago mención a la problemática de Tixtla, Guerrero, ya que usted, senadora, Angélica de la Peña, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pretende evadir su responsabilidad y la de su grupo político, acusando a la comisión de evadir, pero aquí está la prueba de que el doctor Raúl Plascencia hizo de su conocimiento lo que estaba ocurriendo en Guerrero.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Doña Isabel, le pedimos que no personalice.

Usted fue informada del proceso de las audiencias y entonces le pedimos, desde esta mesa, que no haga juicios de valor, sino que se centre en el sentido fundamental de haberla invitado a estas audiencias.

Por favor, si es tan amable.

ISABEL MIRANDA DE WALLACE: No es un juicio de valor, porque aquí está el oficio en donde le fue notificado que la situación que estaba ocurriendo en Guerrero.

Entonces, la Comisión previó…

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Le voy a pedir a la senadora Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, senadora Dávila, por favor, si es tan amable.

SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ: Vamos a pedirle a todas y a todos los que están participando en este proceso que, entendiendo al dificultad, las condiciones que estamos viviendo actualmente y las circunstancias que el país vive, la importancia que tiene un nombramiento de esta naturaleza, permítanme por favor, les pedimos, permítanme todas, por favor.

Les pedimos a todos los que están participando nos platiquen sobre su visión respecto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin personalizar y hacer juicios de valor sobre persona alguna.

Hemos recibido cualquier cantidad de comentarios de todo tipo. Nosotros, en el Senado, estamos comprometidos a que este proceso sea transparente, a que este proceso sea equitativo, con equidad para todas las y los que participan y les solicitamos a todos centrar sus comentarios respecto para lo que fueron convocados.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Senadora Diva Hadamira Gastélum, me ha pedido la palabra.

Le informo que hemos detenido su reloj, que tiene usted a los costados, para que usted pueda continuar en el momento que le digamos, si es tan amable.

Por favor, senador.

SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO: Creo que al inicio de esta sesión dimos lectura al acuerdo que da la pauta, la ruta a lo que se va a ceñir el desahogo de estas audiencias públicas.

Me parece que no abonamos en nada si entonces nosotros mismos empezamos a complicar antes de las comparecencias de los y las aspirantes.

Una súplica más, el público como tal debe permanecer, a la escucha. Por eso nosotros, vuelvo a repetir, se leyó el acuerdo que hemos suscrito, no podemos ir por encima de él, porque todos los grupos parlamentarios estuvimos en este acuerdo y entonces no compliquemos más las cosas y esto no es un tribunal de alzada ara hacer juicios a tal o a cual.

Esta propuesta es exactamente ver hacia adelante y no estar viendo solamente por el retrovisor porque lo único que estamos haciendo es convertirnos en jueces de algo, que duele mucho el momento que vive el país y que lo que queremos es ver hacia adelante.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias.

Por favor, señora Wallace, continúe con su intervención, si es tan amable.

SEÑORA ISABEL MIRANDA DE WALLACE: Gracias.

Respeto lo aquí expuesto y me parece que forma de qué visión debe de tenerse de la Comisión y del perfil porque, repito, creo que el Presidente de la Comisión debe de prever precisamente la violación y no únicamente perseguir per sé lo que sí se sucedió en violaciones a derechos humanos y por eso se me hizo pertinente sacar este Informe tan importante, que rindió la Comisión como tal, en la que estaba previendo el debilitamiento institucional del Estado.

Y a mí me parece que eso es una función importante de la Comisión: prever el conflicto antes de que se dé y por eso es que me atreví a hacerlo, porque creo firmemente que cumplieron con su deber y eso es algo que debemos de buscar en el perfil de quien suceda, o quien tenga que ser reelegido, o el nuevo Presidente de la Comisión, debe tener esa visión de Estado y debe de preverla.

Por otro lado, también destacamos que debe de tener la visión de capacitar a nivel nacional en tema de derechos humanos para prever precisamente el conflicto, como ha sucedido con las fuerzas armadas, en la que indudablemente se han visto disminuidas las quejas a raíz precisamente de esta capacitación.

Y este es un perfil que debe de tener también el Presidente, o la Presidenta que se escoja para el siguiente periodo.

La defensa de los derechos humanos parte de dos aspectos fundamentales:

Uno. Que se refiere a la forma jurídica, como se encuentra establecido y consagrado, reconocidos los derechos humanos.

Y el otro que alude a los mecanismos o instrumentos procedimentales previstos para hacerlos efectivos en caso de ser violentado.

La Comisión Nacional ha sufrido enorme transformaciones que nos colocan en una ruta correcta como Nación, para la protección de los derechos humanos.

Ha sido gran promotora e integradora de los mismos. Falta mucho por hacer, no sólo en la defensa y protección de los derechos humanos, sino también en las áreas de procuración e impartición de justicia de nuestro país.

Debemos circunscribir el análisis como órgano constitucional autónomo en el Estado Mexicano.

Con apenas 24 años, presenta una evolución notable, de importancia, impacto y trascendencia en la vida de los mexicanos.

En un estudio reciente se demuestra que la confiabilidad en la Comisión, únicamente es precedida por el Ejército y la Marina.

La Instituto no ha estado exenta a cuestionamientos. La mayoría de ellos producto del desconocimiento, de los límites y alcances de su actuación, previstos en la propia ley.

Sin embargo, su presencia, así como su labor en la defensa y protección de los derechos humanos, es ampliamente reconocida.

Quizá la gran falla que ha tenido la Comisión, es no haber divulgado y enaltecido los grandes logros alcanzados.

Nuestro país no se ha sustraído a la tendencia global de proteger los derechos humanos, de tal suerte que se han reformado los textos constitucionales a fin de prever organismos específicos encargados de su defensa, instrumentando medidas que garanticen de mejor manera que el ejercicio del poder público se ajuste a lo preceptuado en la ley.

Sin embargo, dichos esfuerzos no resultan suficientes a la luz de las transformaciones sociales.

La defensa y promoción de los derechos humanos demanda una intervención cada vez más eficaz por parte de los organismos públicos, así como instrumentos jurídicos que faciliten su labor y a su vez garanticen un desempeño libre de cualquier obstáculo o entorpecimiento por parte de servidores públicos.

Ejemplo de dichos obstáculos lo constituye la negativa del acceso a la información de las instancias de procuración de justicia, con lo que se impide realizar su función.

La Comisión Nacional debe ejercer sus facultades con prudencia, ya que de lo contario, se corre el riesgo de mandar señales equívocas a la sociedad sobre la construcción técnica de las normas.

Sin embargo, todos y cada uno de estos cambios no son capaces de remediar la grave situación que se produce por la observancia de la ley en diversos espacios públicos como privados.

Por ello, es de suma importancia que el trabajo de todos los actores centre su atención en prevenir las violaciones y corregir los desvíos de la función pública, incluso antes de que se cometan.

Retos que enfrenta la Comisión. Centrar su atención en la prevención vía capacitación; así es mucho más factible que las violaciones desaparezcan.

Continuar con el trabajo decidido a favor de las víctimas, ya que son ellas su razón de existir; por lo que es inadmisible rivalizar con éstas.

De igual manera, en esta tarea debe ser respetuosa de las atribuciones y tener presente que hoy las víctimas contamos con nuevos mecanismos de defensa, a los cuales también hay que apostarles y exigir de ellos el cumplimiento puntual de sus responsabilidades.

El perfil del ombudsman debe estar perfectamente descrito en el artículo 9, sin embargo, es preciso señalar que independientemente de dichos requisitos, el Senado debe evaluar los logros y resultados obtenidos por todo el personal que labora en las instituciones y hacerlo de forma comparativa en sus distintas administraciones.

Es de vital importancia que sea elegido por este H. Senado, la persona que se designe sea honrada y de intachable cuestionamiento moral; ya que por lo menos tengo conocimiento que alguna de las personas cuenta con responsabilidades administrativas y sanciones económicas, que se han inscrito para concursar por el puesto.

De igual forma, debo afirmar que el perfil profesional que se busca debe ser la usanza romana: el de un hombre prudente, conocedor de la disciplina jurídica, con vocación en su labor, diligente en su actuar, con amplia experiencia profesional y con un sentido humanista exacerbado, valiente, objetivo, prudente, comprometido con su labor, buen administrador; así como con arrojo y un liderazgo excepcional.

Gracias.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias, doña Isabel.

Por favor, si es tan amable, Jorge Serrano, de la organización Tendiendo Puentes.

Les solicito, de veras, que hagan un esfuerzo para no personalizar ni a favor ni en contra, y mucho menos denostar alguna candidata o candidato. Ese es uno de los requisitos que nos unió a las dos comisiones y a los grupos parlamentarios para garantizar, darle curso a este ejercicio, que nos parece muy importante inscribir de manera formal en nuestra cotidianidad.

Por favor, don Jorge, tiene usted la palabra hasta 10 minutos. Le avisaremos con tiempo, para que usted pueda tomar consideración de lo que le resta.

SEÑOR JORGE SERRANO: Claro que sí, muchas gracias. Gracias a todos y cada uno de los senadores que el día de hoy se dan cita para escuchar a la voz de las organizaciones de la sociedad civil.

Al inicio decían que no todas las organizaciones que están aquí representamos a la pluralidad y diversidad de las organizaciones de la sociedad civil. Y eso es muy cierto, porque la sociedad civil, nosotros somos tan sólo una expresión de esa sociedad civil que está muy activa; sin embargo, debemos de participar y aprovechar cada uno de estos espacios que se nos van abriendo, para poder llegar a ustedes y poder ser más sensibles a lo que sucede en cada uno de los rincones del país.

El día de hoy vemos que la postura del actual Gobierno Federal ha sido muy limitada para abrir los espacios hacia la sociedad civil. Por eso, debemos de ser muy enfáticos y aprovechar cada uno de los espacios que se nos abren.

Las organizaciones de la sociedad civil que llevamos años trabajando los temas coyunturales, ya sea de derechos humanos, electorales, siempre privilegiamos que seamos escuchadas por cada uno de ustedes; porque a veces no tienen el conocimiento tan sensible como se requiere para poder tomar las decisiones y sobre todo, escuchar las voces de aquellos que conocemos y que sabemos algunas de las inquietudes que se requieren tener en los perfiles. Y también queremos que sean candidatos electos idóneos en su momento para poder aspirar a esos espacios.

Es lamentable en muchos casos, ver cómo personas que no tienen la sensibilidad para ocupar esos cargos están presentes sólo porque conocen a un miembro distinguido de un partido político o a un senador o a un diputado, que está presidiendo en ese momento la toma de decisiones.

Una de las principales causas por las cuales el Instituto Federal Electoral tuvo esa legitimidad al inicio de su creación, fue precisamente porque los candidatos que fueron seleccionados no tenían los vínculos directos con los tomadores de decisiones en ese momento, y fue un consejo el cual permitió darle la legitimidad en la planeación y organización de las elecciones, que cada una de las decisiones que tomó fueron trascendentales y no hubo convulsiones al interior de las elecciones.

Sin embargo, cuando partidos políticos se dieron cuenta que no tenían las riendas de ese Consejo General, empezaron a preocuparse y a ocuparse por volverlo a maniatar y volver a ser rehén de las decisiones que se tomen. Y entonces parecía un score; a veces daban sus acuerdos a favor de un partido, luego el otro, luego el siguiente, y quedaban aparentemente empatados; pero ¿qué es lo que realmente lastimaban? La credibilidad y la confianza de la sociedad.

El escuchar a los partidos políticos, cuando no les eran favorables los acuerdos, lo denotaban. Y entonces el ciudadano decía: “Si los partidos políticos y los candidatos no me dan esa garantía de legitimidad y de transparencia al momento de planear y organizar y validar las elecciones, junto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entonces, yo como ciudadano ¿cómo quieren que vaya a las urnas y cómo quieren que yo vaya y deposite mi voto? Y cuando una de estas instituciones declare a un vencedor, ¿con qué calidad moral yo me voy a sentir satisfecho de que mi voto realmente fue tomado en cuenta?

Y eso mismo sucede ahora en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Una Comisión Nacional que no ha estado activa, no solamente en la pasada administración sino en las últimas administraciones, por cumplir con su mandato, no ha protegido ni ha guardado una verdadera observancia de la promoción de los derechos humanos, ni ha hecho efectiva una verdadera divulgación de los derechos humanos entre toda la sociedad.

Y hablamos de toda la sociedad, de todos los ciudadanos que estamos a pie, que no necesitamos ser abogados para conocer la situación que guarda ni para que se nos sea escuchado. Eso es lo que nosotros debemos de pugnar y el perfil que debe de guardar la nueva persona, ya sea hombre o ya sea mujer, que ocupe esa máxima tribuna.

México actualmente vive en un Estado de alta violencia, no solamente entre cárteles, narcos y delincuencia organizada, es una violencia social producto de un resquebrajamiento del tejido social, de una falta de política pública de construcción de la ciudadanía, y todo eso no se hace solamente de arriba, de las autoridades, del Plan Nacional de Desarrollo o de política pública, se hace en conjunto cuando se invita a la sociedad civil, a las más de 24 mil organizaciones que estamos registradas ante el INDESOL, en cada una de las comunidades, de los municipios de los estados, a que participemos en la construcción de esos espacios, de esos planes de desarrollo, de estos programas.

Por eso, hoy celebro que estemos aquí y que ustedes nos escuchen y que las organizaciones que estamos presentes lleguemos hasta su conciencia y no se debata solamente en un acuerdo popular de partidos y de comisiones el nuevo titular de la Comisión de Derechos Humanos, porque después, cuando esté en su actuar, se verán reflejados los hechos y nuevamente la sociedad se verá vulnerada.

Por eso es indispensable que no solamente busquemos al que tenga el currículum más rimbombante, que sea doctor, tres veces doctor en una universidad extranjera, o al que haya ocupado los grandes cargos y que le haya servido en las resoluciones a determinado grupo político, o que tenga una excelente oratoria y discurso y maneje entre los medios de comunicación unas posturas que no entiende un ciudadano.

Tenemos que tener una persona que realmente sea sensible y que no solamente convoque a las organizaciones de la sociedad una vez al año a un Congreso Nacional en una playa bonita, en donde se le pague a todas las organizaciones y diga que tiene un vínculo con dos mil o tres mil organizaciones.

Queremos que sea alguien que realmente pueda llegar y pueda conducirse con los más altos valores de ética en cada una de las investigaciones que haga; que sus recomendaciones que emita realmente sean oportunas para dar seguridad a los ciudadanos, a la sociedad y a las personas involucradas en cada una de sus recomendaciones; que busque que no solamente sean recibidas, sino que sean atendidas esas recomendaciones.

El ombudsman tiene la figura y el carácter de ser vinculante en sus recomendaciones.

Cuando las organizaciones de la sociedad civil hemos observado y hecho recomendaciones no son escuchadas porque no tienen carácter vinculante.

Obviamente él, por su jerarquía, por su naturaleza sí la tiene, pero si esto no lo plasma en los documentos, si esto no lo hace valer, de nada servirá que tengamos a una persona con alto grado académico o cargo, si no va a pugnar porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos realmente sea un símbolo de distinción a nivel internacional.

Por eso es muy importante que quien ocupe esa cartera realmente no se perfile en su actuar para ver qué me va a tocar, o que me van a reelegir dentro de cuatro años; que no busque hacer carrera política al interior de la comisión, sino que realmente promueva, defienda, vigile y dé cumplimiento a cada uno de todos los derechos humanos.

Otro tema que también me ocupa es el actuar de ese comisionado ante el nuevo sistema de justicia penal. No queremos que todas las resoluciones que emita se conviertan como fue en Chile, una puerta giratoria, en la cual en lugar de abonar a que pueda el ciudadano tener mayores garantías de un nuevo sistema, de una transformación institucional que debe ser también cultural, el ombudsman no esté preparado con esa estructura para poder dar la cara ante las presumibles violaciones de derechos humanos que pueda haber.

Los felicito por esta oportunidad que se nos da, porque hace algunos años recuerdo que un grupo de organizaciones estuvimos apoyando a un candidato y cuando llegamos a las sesiones al Senado de la República, fue apabullante ver cómo bajaban de autobuses decenas de ciudadanos diciéndose representantes de organizaciones de la sociedad civil y sumando más der 100 firmas de organizaciones a favor de un candidato.

¿Y saben quién pagaba esos autobuses?

Las propias comisiones de derechos humanos estatales para favorecer a un candidato.

Esas prácticas son las que se deben desterrar. Por eso ustedes deben tener una fibra muy sensible para saber a quién seleccionan y quién está apoyado detrás de esas organizaciones de la sociedad civil.

Agradezco este espacio y finalmente dejo a ustedes una frase de un político francés, Danton, de hace algunos siglos, que decía: “Antes de construir una ciudad, había que formar ciudadanos.

Muchas gracias por la oportunidad.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias don Jorge.

Por favor, les pido que guardemos un poco de silencio.

Sigue doña Ana Laura Magaloni, del Centro de Investigación y Docencias Económicas, CIDE. Adelante, doctora, tiene usted 10 minutos.

DOCTORA ANA LAURA MAGALONI: Muy buenas tardes.

Yo también quisiera agradecer las invitaciones de la Comisión de Derechos Humanos y de Justicia del senado de la República y en particular a los senadores Roberto Gil Zuarth y Angélica de la Peña, presidentes de estas comisiones.

Primero que nada me gustaría aclarar que soy profesora investigadora del CIDE, pero como sucede en toda institución académica, lo que podemos externar los miembros de las mismas son posiciones personales, más que institucionales.

No quiero utilizar este espacio para hablar del perfil idóneo de quien debería ocupar la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Me parece que antes de discutir quién, deberíamos discutir para qué, para qué sirve hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Los datos indican que la comisión ha perdido fuerza política y utilidad social. En momento complicado para el país, en términos de gobernabilidad y en términos de eficacia de los derechos humanos.

El vacío que deja es enorme, necesitamos reinventar a la comisión y quiero aprovechar este espacio para desarrollar esta idea y hacer una propuesta al respecto.

La Comisión Nacional fue una pieza clave para cambiar el estatus quo de los derechos humanos en México durante la transición de un régimen autoritario a uno democrático.

Sin embargo, de 1990, cuando fue creada a la fecha, el país ha cambiado muchísimo. La democratización y la descentralización del poder han vuelto obsoletos los mecanismos de protección de derechos humanos con los que cuenta la comisión. La CNDH ha perdido fuerza política para fiscalizar a la autoridad y ello deja muy desprotegidas a las víctimas.

Repasemos algunos datos: según el informe de actividades de la Comisión de derechos Humanos, de 2009 al 2013, en promedio se presentaron 8 mil 700 quejas al año; uno por ciento de ellas, como sucede en este tipo de organismos, terminó en recomendación.

Es decir, en este periodo la CNDH emitió aproximadamente 87 recomendaciones cada año.

Como todos sabemos, las recomendaciones no son vinculantes jurídicamente. Las autoridades las acatan o no en función de un cálculo político sobre el costo que puede tener a su reputación no hacerlo.

Este costo, ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo y hoy es muy bajo.

De nuevo regresemos a los datos de los informes:

Del 2009 al 2013, en promedio, sólo 3.4 por ciento de las recomendaciones que emitió la Comisión… (Corte de audio)…todos los años superó los 2 dígitos.

En 2009 el peor año en términos de acatamiento, de 78 recomendaciones, 25 no fueron acatadas. O sea, la autoridad le dijo que no a la Comisión, que no aceptaba su recomendación.

También es frecuente que la autoridad le diga a la Comisión que la acepta pero no emite ni genera pruebas sobre su cumplimiento. Ello pasa en 20 por ciento de las recomendaciones, aproximadamente.

En suma, podemos decir que en promedio sólo 3 recomendaciones cada año son acatadas cabalmente por la autoridad.

En contraste, según los mismos informes, en 1995 la CNDH emitió 111 recomendaciones, de las cuales 27 por ciento fueron acatadas a cabalidad y 52 parcialmente.

Es decir, lo que estoy hablando, pasamos en una década de 27 por ciento de acatamiento completo a 3 por ciento.

También sabemos, por los informes de actividades, que hoy en día en promedio 85 por ciento de las quejas se resuelven a través de orientar al quejoso o conciliar con la autoridad. Estamos hablando más o menos de 7 mil de las 9 mil quejas.

Sería importante evaluar la calidad de acuerdos a los que llega la Comisión con las autoridades, si éstos se cumplen o no. Si no se cumplen sus recomendaciones, por qué esperaríamos que estos acuerdos se cumplieran.

Y lo más importante: me parece que es bien importante evaluar qué diferencia haría para los quejosos en términos de los resultados obtenidos, si se hubiesen defendido a través de un juicio de amparo.

En suma, de las casi 9 mil quejas que se presentan cada año, sólo 3 existen pruebas de que la autoridad acató la decisión de la Comisión de Derechos Humanos. En el resto de los asuntos, es bastante incierto el resultado.

Cómo esperar que con estos números los más vulnerables sientan que tienen garantizados sus derechos.

Me queda claro que los mecanismos que tiene la Comisión de Derechos Humanos para proteger a los más débiles, recomendación, conciliación y orientación, son fórmulas desgastadas y poco efectivas en un contexto democrático.

Los jueces de amparo tienen muchos mejores mecanismos que la Comisión. De punto de partida sus sentencias sí son vinculantes jurídicamente y si las autoridades no las quieren acatar, pueden inclusive ordenar su destitución.

Sin embargo, el acceso a un juez federal es restringido. Sólo quienes tienen dinero e información pueden contratar un buen abogado para defenderse a través del amparo.

Así, tal y como hoy funciona nuestro entramado institucional, en materia de derechos humanos, para los ricos una sentencia de amparo; para los pobres una queja ante la Comisión.

Es increíble que hasta en el mundo de los derechos humanos, que por definición es el mundo de los excluidos y de los vulnerables, nuestras profundas asimetrías sociales prevalezcan.

Para que ello comience de dejar de ser así –y esta es una idea que estoy trabajando en el CIDE, con mi colega Carlos Elizondo--, la CNDH debería servir para garantizar a los más vulnerables el acceso real y efectivo a un tribunal.

Es decir, la CNDH debería transformarse en una defensoría pública en dos ámbitos centralmente: Casos penales y casos de violaciones a derechos humanos.

Como sabemos, las defensorías públicas en nuestro país son de papel, sin presupuesto, sobre cargadas de trabajo, olvidadas por todos.

Para darnos una idea: la CNDH durante el 2013 tuvo un presupuesto de cerca de mil 400 millones de pesos. El Instituto Federal de la Defensoría Pública, la mejor defensoría pública que tenemos, que depende del Consejo de la Judicatura Federal, tuvo un presupuesto anual de 15 millones.

De lo que se trata al darle a la CNDH las atribuciones de ser una defensoría pública, es que la protección de los derechos humanos de los más débiles pase de la arena política, a la arena jurisdiccional. Ello sucede en todas las democracias, eso hace la diferencia para los ciudadanos.

También se trata de que ustedes, senadores de la Comisión de Derechos Humanos y de Justicia, puedan llevar a cabo la primera reforma en materia de justicia con miras a ampliar las puertas de acceso a los tribunales. No ha existido en México, desde 1920, una reforma que quiera y que permita a los más débiles ser atendidos por un juez.

Ello no es sólo de elemental justicia, también me parece un ingrediente clave para mejorar la capacidad del Estado para gestionar y pacificar la conflictividad social.

Una institución que se parece a lo que estoy proponiendo, es la Defensoría del pueblo colombiano, que realiza por un lado esta defensa penal a los acusados, defensa de derechos humanos, judicial y tiene una labor política importante en pronunciamientos e intervenciones estratégicas.

No es quitarle esa parte a la Comisión: es perfeccionar y darle muchos más instrumentos para proteger a los más débiles.

Como ya se me acabó el tiempo, me gustaría solamente destacar que este es un momento excepcional para nuestro país. Los ciudadanos necesitamos saber qué es la justicia y no la fuerza, la mejor manera de pacificar nuestras diferencias; y de volvernos a hilvanar como colectividad.

No hay forma de conciliarnos con la justicia, sin garantizar que el acceso a un Tribunal no dependa de la capacidad económica del agraviado. Hoy este principio elemental de igualdad, en México todavía no está garantizado.

Muchas gracias.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muy bien. Muchas gracias, doctora.

Si es tan amable, Tania Espinosa Sánchez, del Centro Jurídico para los Derechos Humanos, por favor.

SEÑORA TANIA ESPINOSA SÁNCHEZ: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.

El Centro Jurídico para los Derechos Humanos considera que México vive un momento crítico en cuanto a la situación de los derechos humanos. Pero la gravedad va más allá de los hechos acontecidos en sí mismos; como los de Ayotzinapa, que tienen la atención del país.

La gravedad está en que estos hechos son parecidos a los que ya sucedían, por lo menos 40 años atrás. Por ejemplo, las desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, homicidios, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en las detenciones arbitrarias, no son nuevos y estuvieron presentes en casos como los de Rosendo Radilla Pacheco o los ecologistas contra México, por los cuales nuestro país fue sentenciado en su momento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En 2011 se dio una reforma histórica en nuestro país: la Reforma Constitucional en Derechos Humanos, misma que pone a la persona humana como centro del actuar del Estado; y ello incluye, por supuesto, el elegir en apego a la ley a la persona que presidirá a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Hoy sabemos que en temas de garantía de derechos humanos México no ha cambiado. Pero sabemos también que elecciones como esta, pueden marcar la diferencia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es de vital importancia en la defensa y protección de los derechos humanos en nuestro país; y debe cuidar todo el tiempo, que la Reforma Constitucional en Derechos Humanos se implemente y que México se convierta en un país garante de derechos.

Sí, tenemos que dejar de ser un país de leyes y convertirnos en un país de derecho.

Es por ello que, desde el Centro Jurídico para los Derechos Humanos, suplicamos al Senado que, en cumplimiento de la misma Constitución, elija de manera transparente a una persona que sea independiente al poder político vigente, y que, más allá de intereses políticos lo que lo guíe, sea la promoción y la defensa de los derechos humanos.

Para saber quién es esta persona, habrá que revisar las diversas trayectorias y ver quién ya ha demostrado con su trabajo la convicción por la promoción y defensa de los derechos humanos.

El papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hoy es más fuerte que antes. La Reforma Constitucional de Derechos Humanos amplió las facultades de la Comisión, confiando en su independencia.

Vigilemos esta independencia política en esta elección, para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos esté en verdaderas posibilidades de dar cumplimiento a sus facultades constitucionales.

El destino de la situación de los derechos humanos en el país, al menos en el futuro cercano, está en las manos de esta legislatura. Les rogamos realicen esta elección de manera responsable.

Muchas gracias.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias, Tania.

Por favor, ahora toca turno de que escuchemos a Ximena Andión, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Por favor, si es tan gentil.

XIMENA ANDIÓN IBÁÑEZ: Muchas gracias, senadora.

Quiero agradecer a nombre de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos a las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos la oportunidad de este diálogo y esta interacción, y estas audiencias públicas que, sin duda, reflejan la intención de tener un proceso transparente de elección.

En atención a la convocatoria, voy a dividir mi intervención en tres partes: Primero, lo haré de los retos; después del perfil y después de las funciones.

En términos de los retos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una institución en estos momentos sin fuerza política ni legitimidad social, que les ha dado la espalda a las víctimas. No hay confianza en que la CNDH en realidad sea garante de los derechos humanos de las personas, como ha quedado demostrado en varios casos que ya hemos presentado ante el Senado.

La CNDH no es un referente moral ni legítimo y no está a la altura de la crisis de los derechos humanos que se vive en el país. La CNDH ha sido parte del problema, en lugar de parte de la solución.

Es una institución que tiene una grave ineficiencia operativa. Cada vez es mayor el número de quejas que quedan pendientes de trámite. Cada vez es más bajo el número de quejas que se convierten en recomendación, menos del uno por ciento.

Un promedio de 13 por ciento de las recomendaciones son rechazadas por las instituciones.

Y, en términos de recursos, el costo de operación por cada recomendación es de casi 16 millones de pesos, lo que va más allá de lo absurdo; 60 por ciento de las recomendaciones no ha son cumplidas íntegramente; la institución ha sido omisa en graves violaciones a los derechos humanos, como el caso de San Fernando o está actuando muy tarde y por razones políticas como en el caso de Tlatlaya, entre otros.

La CNDH tiene un amplio mandato legal, más aun después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pero se ha autolimitado y subejercido sus funciones por motivos políticos y personales.

El seguimiento a las recomendaciones es muy pobre, no se facilita el acceso a los expedientes y no hay pericia técnica en las recomendaciones.

Ha tenido un papel bastante poco activo; ha reaccionado frente a casos mediáticos, pero ha olvidado a las víctimas de las violaciones diarias a los derechos humanos. Ha tenido posturas ideológicas frente a los temas y no en base a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Más allá de los casos paradigmáticos, él y la ciudadana común no se sienten protegidos ni respaldados.

No ha habido un seguimiento profundo, por ejemplo hay leyes como la Ley de Igualdad que tiene mandato.

En general, podríamos decir que los desafíos son muchos a nivel institucional, a nivel de autonomía en la práctica, a nivel de credibilidad y legitimidad, a nivel político y a nivel de pericia técnica.

¿Qué esperamos del perfil de la persona que ocupa el lugar de la CNDH?

Un compromiso probado con los derechos humanos que pueda demostrar esa persona activamente que se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos y sobre todo autoridad moral.

Finalmente la fuerza de la CNDH es la fuerza moral, porque las recomendaciones no son jurídicamente vinculantes. Por eso es fundamental que la persona sea conocida y respetada por la sociedad; que tenga una autonomía en la práctica, la autonomía de jure está, pero tiene que garantizarse autonomía en la práctica.

Tiene que demostrar que más allá de afinidades ideológicas pueda actuar independiente del partido en el gobierno.; que se enfrente de forma firme y fuerte al poder y que no esté directamente vinculado con posiciones partidistas.

Tiene que tener una honestidad probada y un liderazgo en materia de derechos humanos, un conocimiento profundo de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, sobre todo después de la reforma constitucional de 2011 esto es fundamental.

Fundamental también que tenga capacidad de gestión probada para hacer todos los cambios que la institución necesita en términos operativos; una capacidad de diálogo con todos los actores del Estado, es fundamental, pero siempre reafirmando la autonomía y la firmeza de actuación que debe tener esta institución frente a las violaciones a los derechos humanos.

Y también y muy importante, senadoras y senadores, es la voluntad de transparencia y rendición de cuentas que tenga esta institución frente a todas las personas.

¿Qué funciones, qué esperamos de la CNDH?

Queremos una CNDH que frente a esta crisis tan grave de derechos humanos tenga un rol fundamental y proactivo en la protección de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Esperamos que la persona traiga un proyecto de reestructuración a fondo del trabajo de la CNDH a nivel institucional operativo, político y de gestión.

No queremos que sea un gestor o administrador de los problemas, sino que realmente sea un contrapeso al poder y que esté de lado de las víctimas.

Queremos que las quejas sean entendidas de manera pronta y expedita y que se utilicen los estándares más altos en materia de derechos humanos en su análisis.

Queremos que los análisis.

Queremos que los análisis de las quejas sean de fondo y no de forma y que las víctimas sean atendidas adecuadamente y con la dignidad que merecen.

Queremos que las recomendaciones sienten precedentes importantes, que sirvan para por supuesto para reparar el daño a las víctimas, pero también para generar garantías de no repetición, para que se puedan prevenir futuras violaciones a los derechos humanos, para que se puedan empujar políticas públicas y leyes que promuevan el respeto, protección y garantía de los derechos humanos.

Tragedias como la de Ayotzinapa se pueden haber prevenido, si la Comisión Nacional tuviera un papel más activo.

Un sistema más efectivo de monitoreo y seguimiento de quejas, esto es fundamental porque el sistema de monitoreo y seguimiento de quejas es bastante débil, que demuestra que es una institución realmente autónoma en la práctica.

Algo muy importante es que recupere la confianza en las víctimas y el diálogo con las organizaciones de derechos humanos. Habemos muchas organizaciones de derechos humanos con décadas de trabajo que no tenemos una interlocución con la CNDH desde hace mucho tiempo.

Que trabaje en los temas de más urgencia para el país, por supuesto las desapariciones forzadas, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado, pero que no deje atrás otros temas fundamentales como los derechos económicos, sociales y culturales.

Queremos que la persona y la institución transversalicen realmente la perspectiva de género en el trabajo que se hace en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que también se transversalice una perspectiva de interculturalidad.

Que se utilicen los estándares internacionales en materia de derechos humanos; que se utilicen de manera más efectiva los recursos; no es posible que se estén gastando 16 millones de pesos en cada recomendación.

Que tenga un proyecto con un equipo sólido y de altísimo nivel. Creo que es importante que la persona tenga claro cuál va a ser su equipo y cuál va a ser el proyecto y bueno, esperamos finalmente que esta institución esté realmente a la vanguardia en materia de derechos humanos, que se puedan hacer evaluaciones del impacto que las recomendaciones están teniendo, de los acuerdos a los que se están llegando, que actúe con firmeza y consistencia, con la claridad y el compromiso con los derechos humanos.

Esperamos realmente que el Senado de la República, en cumplimiento con sus obligaciones y pleno compromiso por el respeto a los derechos humanos, escoja a la persona que esté más preparada para este cargo.

La situación de derechos humanos que vive el país es extremadamente grave y esperamos que en realidad este proceso sirva para fortalecer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que finalmente tengamos una comisión nacional como nos merecemos y como se merecen especialmente las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Muchas gracias.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias Ximena.

Toca el turno a Ana Lorena Delgadillo de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

Por favor, si eres tan amable, Ana Lorena.

ANA LORENA DELGADILLO: Muy buenas tardes.

Agradecemos mucho la invitación que nos ha hecho este Senado de la República.

México atraviesa, desde hace varios años a la fecha, una de las crisis más graves en materia de derechos humanos.

Desde la sociedad civil se han venido denunciando casos de tortura, desaparición, ejecución sumaria y negativa de acceso a la justicia para las víctimas, entre otros.

Desde las masacres de personas de migrantes en San Fernando y en Cadereyta, hasta la de Tlatlaya y las desapariciones forzadas de Iguala, estas graves violaciones muestran fallas sistemáticas del sistema de prevención y procuración de justicia, pero también de la institución nacional de los Derechos Humanos.

Esta institución, hay que decirlo, ha perdido toda legitimidad, voz y postura moral frente a las víctimas.

Preocupa, por ejemplo, que antes más de 20 mil desapariciones y cerca de 100 mil muertes violentas en el país en los últimos años, la CNDH no haya generado una postura contundente y efectiva frente a las actuaciones de las autoridades responsables para la prevención del delito, pero también para la procuración de justicia.

Dentro de los retos que nosotros ubicamos que enfrenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a partir de la práctica, pero sobre todo a partir de la defensa que como fundación hemos llevado, de víctimas de poblaciones migrantes, de desaparición y ejecución, mostramos cuáles son los que encontramos, principalmente:

En un primer lugar, vemos un desfase entre la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y lo que establece la ley que lo rige, la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, los Tratados Internacionales ratificados por este Senado, y la Ley General de Víctimas.

Este marco legal no se ve reflejado ni en su actuación ni en sus recomendaciones.

A pesar de la crisis que vive México, por ejemplo, como lo han dicho, la CNDH sólo ha emitido dos recomendaciones por graves violaciones a derechos humanos, según lo indica su propio sitio de Internet institucional.

Como un ejemplo del desfase que hemos encontrado en la actuación de la CNDH es justamente el proceso de investigación y la recomendación en el caso de la masacre de los 72 migrantes.

Como ustedes sabrán, las propias víctimas tuvieron que ampararse en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para poder reclamar su involucramiento en el proceso.

El derecho a estar informado de los avances de una investigación en graves violaciones a derechos humanos, su derecho a coadyuvar, a aportar pruebas, a refutar testimonios, se ampararon básicamente para ser escuchados, para que la CNDH los tomara en cuenta.

El involucramiento de las víctimas desde el proceso de investigación, es un derecho reconocido internacionalmente como parte también de un proceso de reparación que la CNDH no respetó.

En este sentido, en resumen, consideramos que alguno de los retos más importantes que enfrenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, son:

Comprender que se encuentra en un estado de emergencia frente a las graves violaciones a derechos humanos que vive el país y actuar en consecuencia conforme a una efectiva protección y promoción de los derechos humanos de las personas.

Contar con personal directivo y operativo que conozca, pero sobre todo que actúe, conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Es necesario contar con mecanismos de control para supervisar esto, sobre todo a partir de las voces de las propias víctimas que llegan a solicitar apoyo a la Comisión y que no siempre terminan en recomendaciones.

Integrar en sus actuaciones la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, Tratados Internacionales, Principios de Derechos Humanos, Protocolos para investigar graves violaciones, y la Ley General de Víctimas.

Nos sorprende que después de contar con una de las reglamentaciones más importantes en Latinoamérica, como es esta Ley General de Víctimas, no la hemos visto integrada en sus actuaciones.

Creemos que es una responsabilidad también moral del Senado, exigir que esta ley la respete la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Es necesario que aplique metodologías reconocidas internacionalmente para investigar violaciones a derechos humanos, no que las cite, porque sí hemos visto que las cita; lo que no hemos visto es que las aplique efectivamente.

Una de las cosas principales es escuchar a las víctimas y ser de una vez por todas, la voz de estas víctimas ante las autoridades que violan los derechos humanos.

Creemos que es muy importante que ante la petición de las medidas cautelares las dicte, pero no solamente que las dicte sino que les dé seguimiento hasta que se cumple.

Este Senado, a través de la reunión de trabajo que se logró del presidente actual de la Comisión Nacional, tuvo conocimiento de medidas solicitadas para evitar cremación de restos de migrantes localizados en fosas clandestinas de San Fernando; que no se dieron y que además no se dio seguimiento, en caso de que se hayan dado.

Estos migrantes recibieron los restos cremados, pero además no recibieron ninguna documentación que acreditara la identificación de los restos. Era una responsabilidad moral de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haber dictado la medida; pero también haber dado seguimiento o por lo menos, a estas alturas, ya haber escuchado a todas las víctimas de esas violaciones.

La Comisión Nacional tiene que contar con mecanismos eficaces de seguimiento ciudadano en sus actuaciones. El seguimiento deberá de ser también conforme a los estándares internacionales e integrar de manera real en los procesos de investigación y en las recomendaciones, sobre todo viendo la tragedia humanitaria que enfrentan la población migrante y sus familias, como lo ha recomendado el Relator sobre Derechos Humanos de los Migrantes.

Nosotros hemos visto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene un presupuesto mucho más alto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hubiéramos querido que por lo menos, un poco este informe se hubiera parecido a la recomendación que dio la Comisión Nacional en el caso de la masacre de los 72.

Este es un ejemplo de cómo se tienen que investigar las violaciones a derechos humanos: señalar que son graves, como lo señaló el Relator y sobre todo, pedir que se atienda a las víctimas independientemente de que las familias no se encuentren en el país, como lo excusó la Comisión Nacional para no atender a estas víctimas.

Creemos que es importante también el procedimiento de transparencia. Tiene que quedar claro que ni siquiera las víctimas ni sus representantes, pueden consultar los propios expedientes de investigación: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sistemáticamente niega ese derecho a las víctimas y a la sociedad.

Sobre el proceso de consulta de sociedad civil del nuevo ombudsman, ombudsperson que representará a la Comisión Nacional, creemos que es importante que se haga una inclusión real de la sociedad civil.

Nosotros sabemos que hubo un llamamiento para algunas organizaciones para que pudiéramos venir aquí a hablar; pero creemos que ese proceso de consulta debió ser más amplio y más inclusivo para aquellos, incluso, que no pueden tener una constante relación con el Poder Legislativo.

Nos preocupa la discrecionalidad del proceso, el hecho de que senadoras y senadores inviten directamente a organizaciones, deja fuera a decenas de organizaciones de defensa de derechos humanos con gran reconocimiento social y nacional.

Por otra parte, creemos que también es importante que esa amplia auscultación que está señalada en la Ley, realmente se cumpla y que las propias organizaciones de la sociedad civil puedan realmente opinar sobre quién está siendo seleccionado para esta Comisión Nacional.

Sobre el funcionamiento de la CNDH y las reglas para garantizar el cumplimiento, es importante tomar nota del papel del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional. Llamamos al Senado para que realmente revise cómo son los nombramientos de estos consejeros, se requiere un perfil también de defensa de los derechos humanos para este Consejo.

Creemos que tiene que haber un Consejo ciudadano de monitoreo en las acciones de la Comisión; y creemos que también tiene que haber un papel más activo de las cámaras, tanto de Diputados como de Senadores, para la revisión de las acciones de la Comisión Nacional.

En la reunión llevada a cabo con el Presidente de la Comisión Nacional a raíz de la masacre de los 72, se tuvo un primer ejercicio; pero ese ejercicio tiene que ser que permita la voz y la participación y el diálogo real de las víctimas y de la sociedad civil.

Por último, creemos que quien represente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tiene que tener un perfil real de defensor. No solamente ser un servidor público de los derechos humanos, garantiza que tenga una conducción real: tiene que ser una persona que tenga introyectada en su conocimiento, en su actuar y en su trayectoria, los derechos humanos.

El nombramiento de la o el representante de la Comisión Nacional, coloca también al Senado de la República en una situación de máxima responsabilidad respecto a la realidad que enfrenta el país. Deberá prevalecer un sentido de responsabilidades de las y los senadores frente a este nombramiento.

En este sentido, deberá tocar la reforma en materia de derechos humanos también la decisión de ustedes al nombrar al nuevo representante de la institución, ombudsperson.

Gracias.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias, Ana Lorena.

Finalmente en esta primera mesa le toca turno a Miguel Moguel, si es tan amable, dirige FUNDAR, el Centro de Análisis e Investigación, por favor, 10 minutos.

MIGUEL MOGUEL: Buenas tardes. El día de ayer, 26 de octubre, se cumplió un mes de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Rural de Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. Es mi deseo y es el deseo de muchas de las organizaciones que ocuparemos el estrado y muchos estrados esta semana, a hacer uso de la tribuna para exigir al gobierno federal la presentación con vida de estos 43 estudiantes y la sanción penal a sus responsables materiales e intelectuales por estas graves violaciones cometidas en contra de los derechos humanos de estos estudiantes.

Los derechos humanos no deben ser una retórica vacía de contenido, sino una práctica plena de significado; práctica que, a su vez, se vea reflejada en una vida buena. Tal como lo plantean los pueblos originarios en México, una vida buena es una vida libre, una vida en la que se puedan ejercer libertades y derechos sin importar sexo, posición política, condición social ni ninguna otra condición.

Los derechos humanos constituyen expectativas legítimas; es decir, la ciudadanía, todas las personas esperamos de cara (falla de audio) de dar cumplimiento y de garantizar estos derechos. Por ende, habrá que dotar de un andamiaje constitucional, legal y, en este caso, dotar de instituciones como mecanismos que puedan modificar las prácticas institucionales y las conciencias de quienes detentan el servicio público en favor del público en favor del respeto y la protección efectiva de los derechos humanos. Este es el reto que entraña el respeto y este es el desafío que representa su más entera protección.

La creación de la CNDH marcó un hito en el proceso de formación del sistema de protección de los derechos humanos en México. A lo largo de estos 25 años de vida institucional, la Comisión Nacional y los demás organismos han sido testigos de un importante desarrollo institucional y legal, que les ha permitido su paulatina ampliación del mandato.

Recordemos que nacieron incardinadas en el propio Estado como función de la administración en la Secretaría de Gobernación.

El fortalecimiento de la autonomía e independencia de estos organismos frente al resto de las instituciones del Estado, también han sido uno de los desarrollos importantes.

Y finalmente, la transformación de su práctica institucional hacia esquemas que pudieran ser más garantistas, eficaces y menos burocráticos. Desarrollo en el que han mediado el trabajo y el esfuerzo de muchos actores, pero principalmente colmado por la lucha constante de muchas organizaciones que, entre otras agendas de trabajo, han necesitado y han impulsado el fortalecimiento de estos organismos no jurisdiccionales desde décadas atrás.

Tenemos todo para hacer de los derechos humanos una política de Estado. Tenemos todo para hacer que estas políticas permeen las leyes y las instituciones de nuestro país. Sin embargo, lo que es obvio es que siguen siendo una tarea pendiente para el Estado Mexicano.

Si me preguntaran qué espero de una Comisión de Derechos Humanos, diría, entre otras cosas, espero una institución que afinque su compromiso con las víctimas; que entienda que cuando una víctima llega a una Comisión de Derechos Humanos, es porque ha recorrido un derrotero, en el cual sus expectativas no han sido cumplidas, en el cual sus expectativas no han sido escuchadas, y cuando llega, después de un incesable recorrido, se encuentra en el último de los escaños, que son estas comisiones, para atender sus reclamos y sus demandas de justicia de verdad y de reparación.

Segundo.- Espero que la institución y que su titular tengan la legitimidad para representar los intereses de la ciudadanía.

Es decir, la naturaleza de estos órganos nos remite a recordar que nacieron para propiciar equilibrios entre el poder y entre el ejercicio de poder, de parte del Estado y del otro lado los derechos de la ciudadanía.

Tercero.- Espero que estas instituciones hagan uso de su magistratura moral.

Podemos hablar mucho sobre si su fuerza y su aspecto vinculante en las acciones que realizan a propósito de su mandato tienen o no la posibilidad de ser fortalecidas; tienen un mandato y en función de este, se le otorgan facultades y además recursos que son y tendrían que ser suficientes para combatir la sistemática y sistémica comisión de violaciones a derechos humanos que vive nuestro país.

Cuarto.- Me parece que todas las instituciones, pero en especial la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un componente pedagógico en sus acciones, es decir, una mera recomendación debe de trascender de un número y tiene que tener un efecto que transforme las prácticas estructurales que dieron sentido a esa comisión y a ese abuso.

Esto es un aspecto que me parece que tenemos mucho todavía por recorrer.

Quinto.- Debe ser la comisión una aliada de la lucha por la defensa y la protección de los derechos humanos, tal como lo han dicho algunos de mis colegas que me antecedieron, no es posible pensar una comisión nacional sentada en un estrado al otro lado, defendiendo un derecho contrario al derecho que reclaman las víctimas frente a un tribunal internacional.

Tiene que hacerse cargo que los derechos que se defienden están contenidos en un solo lugar. Discursos hay muchos, de derechos humanos, pero en la práctica hay un solo núcleo duro desde el cual tendría que partir su trabajo y sus acciones.

A diferencia de otro tiempo, en esta ocasión la elección del nuevo titular se enmarca en una reforma constitucional que le otorga un nuevo sentido al reconocimiento de estos derechos, pero también a la obligación del Estado, de la legislatura, del Poder Judicial y del Ejecutivo, de respetar, proteger, promover y garantizar estos derechos.

En este sentido, el mandato constitucional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es menor cuando se le otorga la facultad de vigilar, de investigar, la posible comisión o aquellos actos donde posiblemente pudieran estarse cometiendo violaciones a los derechos humanos, mandato que no solamente se le declara a la comisión nacional, sino que también otros órganos como el Poder Judicial, tendrían que involucrarse efectivamente para su cumplimiento.

En este sentido me parece que los derechos humanos han pasado de ser un discurso políticamente correcto, un ideal o una buena práctica, ser una herramienta conceptual y práctica para la protección efectiva de las libertades y de los derechos de las personas.

Con este punto solamente pretendo fortalecer una idea: los derechos humanos no son letra muerta. Los derechos humanos llevan detrás una enorme construcción, soportada en principio por las expectativas de las víctimas y de todas las personas.

Después, el desarrollo innumerable de instrumentos, mecanismos, tratados, de un andamiaje institucional hecho ad hoc para garantizar su vigencia y cumplimiento.

El Senado tiene en sus manos la oportunidad de realizar una evaluación integral y rigurosa no sólo del impacto de la comisión nacional en el contexto de grave crisis de derechos humanos que vive nuestro país, sino al mismo tiempo tiene la oportunidad de replantear la institucionalidad de estos órganos para que efectivamente protejan y cumplan el mandato que les otorgamos de cara a estos derechos.

Como último, mencionaría que haremos llegar en breves momentos a estas dos comisiones unidas, un instrumento técnico de evaluación para los candidatos de la CNDH, que en resumen presenta algunos aspectos que nos parecen importantes de rescatar en el perfil de quienes ostentan la aspiración de ser titulares de la Comisión Nacional.

Solamente mencionaré, como temas muy generales, que en este perfil es importante para nosotros la trayectoria profesional. Es importante también la objetividad, garantizar la autonomía y la independencia de esta institución y por ende hay que buscar cómo desprenderla de aquellos intereses que pudieran falsear o que pudieran impedir que cumpla plenamente con su trabajo.

El compromiso con los derechos humanos es otro de los aspectos que queremos sostener. No es una tarea fácil. Necesitamos gente que esté al lado de las víctimas.

La experiencia del derecho internacional es algo que también queremos enfatizar: la interacción con la sociedad civil, la correspondencia entre su trayectoria y la posible continuidad al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Y dos aspectos finales: la calidad, y estructura, y factibilidad de su proyecto de trabajo, y el prestigio y la reputación pública que fundan la probidad de quien ostente y quiera ser el nuevo Titular de la CNDH.

Muchas gracias.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias Miguel.

Bien. Vamos a pasar a la siguiente jornada, a la siguiente Mesa.

Vamos a decretar tres minutos para el cambio de ponentes y para que podamos refrescarnos un poco.

Vamos a hacer un receso.

Muchas gracias.

(R E C E S O)

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Vamos a continuar la sesión, en la cual escucharemos la intervención, las participaciones de organizaciones de la sociedad civil que han sido invitadas al Senado de la República, a partir de una convocatoria que fue emitida en tiempo y forma.

Vamos a dar…

Le ruego nos permita continuar la sesión, por favor.

Vamos a continuar, le pido a Asistencia Legislativa conduzca este Salón de Sesiones a las siete personas que van a continuar en sus participaciones, por favor.

El primer turno…

Le ruego por favor, que mantenga el orden.

Adelante, senadora Diva Hadamira Gastélum.

SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM: En el inter que las siguientes asociaciones de la sociedad civil se instalan, sí quisiéramos hacer un comentario.

No queremos ni personalizar ni evaluaciones de la CNDH. La invitación es a propósito de qué queremos hacia delante; ya lo dijimos, esta comparecencia no tiene el propósito de hacer una evaluación sino, muy por el contrario, saber qué vamos hacia adelante a hacer.

Yo les suplico, de favor, que podamos circunscribirnos a lo que pactamos.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Senadora Adriana Dávila, por favor.

SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ: Quisiera, primero, comentar que en el interés de todas y todos los senadores de distintas filiaciones partidistas está que este proceso sea lo más claro y transparente posible; y así ha sido desde la emisión de su convocatoria, de la convocatoria.

Entiendo perfectamente que se hubiera querido una invitación más amplia a otros subgrupos, a otras asociaciones, prácticamente las más de 24 mil que hay en el país sería prácticamente imposible. Lo que se hizo fue un acuerdo que nos ayudara a garantizar la pluralidad de las organizaciones.

Sin embargo, quiero señalar que la propia convocatoria y el acuerdo que ayer se estableció, también señala que si hay otras asociaciones que quieran participar, pueden mandar sus preguntas; ya leyó en el articulado la senadora Diva Gastélum la información, para que ustedes nos envíen toda su información.

Y por otro lado, también nos ponemos a sus órdenes en nuestras oficinas, una vez pasando este proceso para darle respeto y el tiempo suficiente a los compañeros que hoy están participando; para que en el trayecto de esta semana, quienes tengan alguna duda en especial, formen parte y seguramente por parte de todos los senadores estamos dispuestos a escuchar cualquier comentario, cualquier información que quieran enviarnos; datos que puedan plantearnos que nos ayuden a fortalecer, como bien lo han dicho prácticamente todas sus participaciones quienes han estado al frente en este micrófono, de fortalecer la institución.

El mismo interés, con mucho gusto los recibimos en nuestras oficinas y podemos platicar para todos aquellos que quieran. No quisiéramos entrar en un diálogo aquí adicional; lo único que queremos es que este proceso pueda ser llevado con toda transparencia, con toda claridad y con todo respeto para quienes están hoy invitados.

Gracias a todos.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, senadora Dávila.

Senadora Arely Gómez, por favor. Permíteme, por favor. Senadora Arely Gómez, por favor.

SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Efectivamente, como lo ha señalado la senadora Adriana Dávila, estamos tanto en la Comisión de Justicia como en la Comisión de Derechos Humanos, abiertos a recibir todas las opiniones que se quieran recibir, como las hemos estado recibiendo en nuestras oficinas vía correo electrónico o personalmente.

Y este proceso, el cual estamos el día de hoy desarrollando, no es un proceso nuevo para el Senado: se realizó también en el IFAI, donde también tuvimos acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el tema de transparencia y rendición de cuentas; por lo cual se está haciendo la misma figura de audiencia pública, por lo cual esto ya es un tema ya probado y que ha dado resultados en el Senado de la República.

Estamos abiertos a recibir en nuestras oficinas o en las comisiones, con los secretarios y secretarias técnicas, los documentos que quieran hacernos llegar durante esta semana.

Gracias.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, senadora Arely Gómez.

Vamos a dar paso al segundo turno de intervenciones, con la participación del maestro Edgar Cortés, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Le rogamos, por favor, suba al estrado a tomar uso de la voz.

MAESTRO EDGAR CORTÉS: Buenas tardes, senadoras y senador; buenas tardes a todas, a todos.

Creo necesario enmarcar nuestra participación en esta audiencia, en estos presupuestos.

Primero, esta audiencia no es una consulta. El proceso que ustedes seguirán para elegir a la persona que encabezará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es casi idéntico al realizado hace 10 y cinco años; lo que significa que ignoraron el mandato de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de junio de 2011, que textualmente dice en el artículo 102, apartado B: “La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ajustará a un procedimiento de consulta pública que deberá ser transparente”.

Aun así, algunos y algunas de ustedes pueden pensar que la exigencia de consulta es una excentricidad de los defensores y defensoras de derechos humanos, pero la exposición de motivos de la misma reforma constitucional dice lo siguiente, y cito textualmente: “También se considera necesario hacer algunos ajustes para garantizar la participación de la sociedad civil en la designación de los titulares de los organismos de protección de los derechos humanos” fin de la cita.

En pocas palabras, creo que renunciaron a lo que este mismo cuerpo legislativo aprobó hace poco más de tres años.

Planteado lo anterior, se deben preguntar ¿por qué estoy aquí?

Estoy aquí, por la responsabilidad que tenemos las organizaciones civiles para que la CNDH funcione y no tanto porque confiemos plenamente en ustedes.

Paso, entonces, a responder las preguntas que nos formularon en la invitación a esta sesión: Los retos que debe enfrentar la Comisión Nacional:

El primer reto es garantizar la autonomía e independencia, principios que desde 1999 la Constitución otorga a la CNDH, los cuales deben de arrancar desde el momento mismo de la elección.

El primer paso tendría que ser elegir a una persona que no provenga de ninguna área del gobierno federal o gobiernos locales. A los integrantes de éstos, deberá exigir el cumplimiento de los derechos humanos; tampoco alguien vinculado orgánica y públicamente a un partido político y menos cuando éste gobierna.

El segundo reto sería que la institución trabaje incansablemente para transformar la actual crisis de derechos humanos. Esto significa, tener una visión estratégica, trascender los casos individuales para hacerle frente a las causas de los problemas de derechos humanos sin hacer concesión alguna a quienes violen los derechos humanos; sean las fuerzas armadas o el titular del Ejecutivo Federal.

Un tercer reto es transformar la institución para dotarla de una dinámica de trabajo diferente.

A la CNDH, en sus orígenes, se le imprimió la lógica del ministerio público; y, por tanto, funciona empujada por las quejas que se le presentan y las pruebas que se le acerquen. Tal perfil debe cambiar hacia una CNDH que va a indagar las violaciones de derechos humanos y desarrolla investigación de alta calidad; lo mismo para un caso individual que para una problemática estructural.

Un cuarto reto es darle relevancia a la defensa y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

En la actualidad, el mayor trabajo de estas instituciones está enfocado a derechos civiles y políticos y eso ha dado lugar a un cierto abandono de los derechos que tienen que ver con la calidad de vida de millones de personas.

Dos. ¿Cómo se puede garantizar el cumplimiento de las funciones de la CNDH?

Ninguna institución mejora si no es vigilada, exigida de resultados y sometida a una permanente y sistemática rendición de cuentas. Esta tarea debe realizarla el Senado, pero nunca ha sucedido. De hecho, la presentación del Informe Anual de la CNDH frente a este órgano es una mera formalidad y luego durante un año se desentiende del desempeño de la institución. Será hasta un año después que el Senado vuelve a enterarse de las acciones que realiza la CNDH.

Entonces lo primero es que este Senado instaure un mecanismo para dar seguimiento permanente al trabajo de la CNDH, determine parámetros para la evaluación y revise las distintas áreas del quehacer de la misma.

El resultado tendría que ser que cuando se deba elegir a un titular exista información objetiva, rigurosa y continua del desempeño del titular y también del estado de la institución.

Posiblemente se puede pensar que esto significa un enorme número de empleados y un gasto millonario, pero no es así. Hasta hace poco, el proyecto Atalaya del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, con sólo un equipo de tres personas y recursos modestos evaluó durante una década el desempeño de la CNDH.

La falta de planeación estratégica y visión a futuro hace que la CNDH y la totalidad de las comisiones públicas existan sin saber a dónde se dirigen y eso es grave considerando la cantidad de recursos que disponen y las grandes necesidades de protección de derechos que existen en el país.

Es indispensable que tengan planeación con metas, objetivos y procesos claramente establecidos y sobre todo públicos. Sabemos que las instituciones más eficientes son casi invariablemente aquellas que han determinado sus prioridades con base en la evaluación de los asuntos de derechos humanos más importantes de México.

Tercero.- Cuáles son las características de un perfil idóneo para su presidente.

Hace cinco años, colegas de ustedes eligieron al actual presidente de la CNDH y esa elección que no contó con respaldo de la sociedad civil, propició un mayor alejamiento ciudadano y el actual descrédito de la institución.

Espero que el Senado aprenda la lección del costo que se paga por elegir a una persona que no cuenta con la legitimidad entre la sociedad civil y que, en cambio, puede tener múltiples nexos con grupos de poder.

En este sentido es necesario que la actuación del próximo titular de la CNDH esté inspirada y comprometida con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, lo que de constitucionalidad interpretación conforme, principio por persona, y trabajar para que todas las autoridades cumplan con todos los derechos humanos.

En una situación de crisis se requiere de una persona con el valor y el conocimiento para señalar, con todas sus letras, una ejecución extrajudicial, una desaparición forzada o la devastación de un pueblo indígena y actuar en consecuencia.

El titular de la CNDH debe tener muy claro que la crítica es intrínseca a cualquier responsabilidad pública y más si se trata de la institución que pugna por que el ejercicio pleno de los derechos humanos avance de manera constante y progresiva.

Esto significa mantener una relación permanente con las organizaciones que efectivamente laboran en la defensa de los derechos humanos. Colaborar de manera conjunta y estar abierto a recibir sus críticas ara mejorar el quehacer institucional.

Otra perspectiva de este mismo asunto tendría que ver con el consejo, instancia actualmente inoperante. Esto supondría abandonar la práctica de proponer y cabildear a favor de consejeros afines y acríticos, para dar paso a una integración plural que haga posible que el Consejo se erija en un contrapeso que impida un gobierno autocrático en la CNDH.

La ley de la CNDH establece como un requisito para presidir la institución, y cito: “tener preferentemente título de licenciado en derecho”.

Y ese preferentemente es una alerta contra las estrechas visiones de mera legalidad, que dejan fuera la comprensión de un contexto concreto e insatisfecho en resolver la conflictividad social que vulnera derechos.

Por tanto, es necesario que el Titular cuente con una perspectiva jurídica y por igual, con una capacidad para visualizar políticas públicas de largo aliento.

Muchas gracias.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchísimas gracias maestro Cortés.

Tiene, a continuación, el uso de la voz el doctor Rafael Estrada Michel, por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

DOCTOR RAFAEL ESTRADA MICHEL: Muchas gracias señor senador.

Senadoras; senador:

Es un enorme honor para mí estar en esta Tribuna, frente a todas ustedes y todos ustedes.

Yo quisiera, en primer término, hacer una aclaración:

He sido, desde hace 5 años, miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y fui reelecto en ese cargo. Así es que, haciendo observación de personas y sin que presente yo necesariamente la visión del Instituto Nacional de Ciencias Penales, actualmente a mi cargo, sí quisiera hacer una reflexión en torno a la necesidad de una regulación mucho más general en lo que se refiere a los Órganos Constitucionales Autónomos en nuestro país:

Tenemos Órganos Constitucionales Autónomos muy disímbolos. La actuación del Consejo Consultivo de la CNDH y su propia integración, su forma de elección –como nos decía el doctor Cortés—manifiesta la falta de existencia de una teoría general, y lo digo respetuosamente a esta Alta Cámara, en lo que se refiere a la configuración de los órganos de control y de toma de decisiones en los constitucionales autónomos.

Y yo creo que, en el caso del Ombudsman Nacional, la relación con el Parlamento, retomando la visión escandinava de lo que es un Ombudsman, podría pasar perfectamente por nosotros, por los miembros del Consejo Consultivo.

A través del Consejo, y creo que por eso los consejeros con electos por una mayoría calificada, a través de un procedimiento similar al de la elección del Presidente de la Comisión, que es además Presidente del Consejo Consultivo por disposición constitucional, me parece que no es inocuo además que la regulación del Consejo ocupe un párrafo anterior al de la elección del propio Presidente. Algo quiso decir ahí nuestro Órgano Revisor de la Constitución.

Bueno, pues creo que a través del Consejo se pueden tramitar las acciones de inconstitucionalidad, la aprobación para el ejercicio de esta importantísima facultad que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin necesidad de caer en excesos de un Ombudsman colectivo.

La facultad de conocer de las demás violaciones graves a los derechos humanos, la facultad que correspondía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos del Artículo 97 y que hoy podría ser tramitada de manera mucho más eficiente, a través de, en la participación colectiva del Consejo.

La aprobación previa del presupuesto de la Comisión, un punto de la mayor importancia, no simplemente la emisión de una opinión en torno al presupuesto, sino una aprobación en torno a los dineros que, como todos sabemos, ha sido un punto de la mayor discusión en los últimos años en torno a su crecimiento exponencial.

Creo, en suma, que al Senado de la República le podríamos hacer mucho bien desde esta perspectiva colectiva de participación ciudadana a través del Consejo.

Por no hablar de la participación de consejeras y consejeros en los órganos calificadores de transparencia y rendición de cuentas que exigen –y este es un problema que tienen todos los órganos constitucionales autónomos--, exigen un nivel de autonomía y de independencia que no se puede tener cuando una sola persona, quien preside o quien es titular del Órgano Constitucional Autónomo, determina quiénes deben ser los miembros de estos órganos calificadores.

Me parece que el órgano cumpliría ahí una función de control parlamentario de la mayor importancia.

También, me parece que podríamos ser citados formalmente a las comparecencias de servidores que se nieguen a dar cumplimiento a las recomendaciones del Ombudsman, y también, citados a comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos, y a la Comisión de Justicia de esta Alta Cámara cuantas veces fuera necesario para explicar nuestro papel que en ocasiones ha sido designado, incluso por miembros del propio Consejo Consulto, como meramente ornamental.

Las relaciones con las organizaciones de la sociedad civil podrían potenciarse enormemente a través de este Consejo. Creo, incluso, que ese es el mandato constitucional que tenemos; es decir, servir como puente entre el Parlamento y las organizaciones de la sociedad civil para llevar nuestras disquisiciones pero sobre todo, las preocupaciones de la sociedad civil organizada, al seno de la alta consideración del ombudsman.

Insisto, es el mandato constitucional que tenemos, según una lectura que he hecho en más de una ocasión de manera sistemática, integral y de buena fe: debe idearse y sistematizarse una forma de acceso adecuada al ombudsman, para las organizaciones de la sociedad civil.

Y esto implicaría un control efectivo que hoy no se tiene sobre los contenidos y la puntualidad de las recomendaciones del propio ombudsman. También evaluar la capacidad técnica para el ejercicio de las facultades periciales y de los exámenes y dictámenes forenses.

Por ponerles un ejemplo muy recurrente, y que en más de una ocasión he tenido ganas de platicarles senadores, senadoras: el tema de la enorme cantidad de recomendaciones que se vierten hacia los centros de salud y hacia los médicos en nuestro país.

Una y otra vez los consejeros, en la mayor parte abogados o politólogos, tenemos muchas dudas acerca de la certeza de las periciales practicadas para determinar cuándo hay una violación a los derechos humanos; cuándo hay una mala práctica médica y cuando, simple y llanamente se hizo todo lo posible pero no se pudo evitar una afectación grave a la salud o incluso a la pérdida de la vida de los pacientes.

En ese sentido, creo que un diálogo mucho más constante con la sociedad civil, con las organizaciones de expertos y con los parlamentarios, con los legisladores, sería de suma utilidad para que tuviéramos la certeza de que las recomendaciones se están emitiendo cuando es absolutamente necesario emitirlas.

Esto, por no hablar también de las medidas cautelares, de tantísima importancia en materia de derechos humanos; y en las que frecuentemente dada la forma de funcionamiento del Consejo, tenemos poco conocimiento porque las medidas cautelares, como su propia naturaleza lo indica y su nombre, se dictan en el momento y nosotros nos reunimos cada mes.

Es decir, cuando ya las medidas cautelares han sido tomadas e incluso cuando muchas de las recomendaciones han sido realizadas y han sido emitidas por la Comisión, sin un conocimiento cabal del Consejo Consultivo. En suma, me parece que una mayor consulta y una mayor participación del Consejo como órgano ciudadano.

Entre otras cosas, por eso es que es un Consejo honorario, para tener con ustedes un diálogo muy constante; podría potenciar puntos de la mayor relevancia en la materia de los derechos fundamentales.

Por ejemplo, el cumplimiento de los estándares internacionales en atención y seguimiento a víctimas de violación a los derechos humanos. Las relaciones con la ciudadanía, no sólo con la ciudadanía organizada, sino con las víctimas mismas del delito y de las violaciones a los derechos humanos.

Una y otra vez hemos insistido en la necesidad de que visitadores adjuntos puedan acompañar a los trenes de migrantes, los llamados trenes de la muerte, el famoso tren de “la bestia”. Creo que se evitaría mucho dolor innecesario si pudiéramos lograr que visitadores acompañaran estas caravanas.

En relación con las comisiones de derechos humanos en los estados. Es de la mayor importancia que a través del Consejo, el Senado de la República y también la Cámara de Diputados pueda ejercer un control sobre lo que se está decidiendo en las sedes locales.

La resolución de los recursos de reconsideración, de revisión que llega hasta el ombudsman nacional, podría tener un control mucho mayor a partir de una instancia ciudadanizada y se supone, de expertos en materia de derechos fundamentales, como es el Consejo Consultivo.

Con esto me parece que generaríamos un ambiente sistemático, sistémico, de atención integral a los graves requerimientos de derechos humanos que nuestro país mantiene todavía el día de hoy, y con últimas instancias suficientemente autorizadas.

Y quisiera detenerme en esto. El tema del ombudsman es un tema de autoridad, autoridad moral es un pleonasmo: o se tiene autoridad moral o se carece por completo de autoridad, de saber socialmente reconocido.

Creo que a la autoridad de una institución se tiene que colaborar desde las instancias ciudadanas y con un afán colectivo de visión integral, de visión suficientemente integradora de un ambiente sistémico como el que me he referido.

Si no, el alcanzar estándares internacionales haciendo abstracción de las personas, de quiénes forman parte o no del Consejo, de quienes lo presidan o no, la generación de políticas públicas y de recomendaciones cada vez más apegadas a los estándares internacionalmente admitidos para este tipo de recomendaciones va a ser cada vez más dificultada, por no decir imposible.

Y el número de recomendaciones, extraordinariamente bajo, que en los últimos años hemos tenido, atiende también –insisto– haciendo abstracción de personas, que en muchos méritos tienen, y responden a esta falta de capacidad sistémica, de capacidad integradora, de capacidad de participación institucional desde las instancias colectivas.

Creo firmemente que la relación con organismos, con instancias, con organizaciones de las sociedad civil internacionales, desde luego con las naciones unidas, con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, está urgida de una potenciación para que el Estado Mexicano, que finalmente eso es lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es: un órgano del Estado Mexicano confiado a sus ciudadanos y ciudadanas más calificadas en el tema, está urgida –insisto– el estado de ganar autoridad en este terreno. Si no, respetuosamente manifiesto a esta Cámara, que los pronósticos son muy reservados en el mediano y en el largo plazo.

Muchísimas gracias por su atención.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchísimas gracias a usted, doctor Rafael Estrada, por su participación.

Tiene el uso de la voz a continuación Tere Gutiérrez Espinoza, de Red Familia.

TERESA GUTIÉRREZ ESPINOZA: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.

Los miembros de la Sociedad Civil Organizada hemos sido poco escuchados en varias ocasiones. Ha sido como si las organizaciones desapareciéramos del planeta, desapareciéramos del país y no contara nuestra voluntad ni nuestra voz. Por lo tanto, señoras senadoras, señor senador, agradezco esta invitación y espero poder hacer en uso de la palabra algo congruente y adecuado.

Tres puntos me saltan cuando llega la invitación. ¿Qué tiene que hacer la CNDH?

La primer parte, es que tiene un gran reto, y el reto implica conocer la realidad de este México; implica conocer qué son las violaciones a los derechos humanos; implica conocer la raíz de nuestro país, la esencia de los problemas y querer resolverlas.

La CNDH tendrá en estos retos un compromiso importante, un compromiso que tiene que ver con lo que más duele, que tiene que ver con los problemas de cada día.

Estos retos implican hablar de imparcialidad y de justicia. Imparcialidad, que significa tratar a cada uno con la dignidad de persona que tienen en forma igual a los iguales y desigual a los desiguales, y en forma justa, dando a cada quién lo que le corresponde.

La violencia que se vive en nuestro México va desde el hogar hasta las comunidades. Hay violencia en los hogares, violencia en las escuelas, lugares en donde debería de existir la paz y la tranquilidad, y aun ahí tenemos que ver cómo se violentan los derechos de niñas, niños y adolescentes.

También podemos ver que no termina ahí, sino que los jóvenes, los adultos, salen a las calles y hay lugares de nuestro país en donde verdaderamente continúa la violencia y no para, hasta que emigran de su ciudad de origen o no salen más a la calle.

¿Cuál es el resultado de todo esto?

Hay una organización que se llama CNDH, una institución que tiene que velar por que se cumplan los derechos; que tiene que velar por que aquello que le es propio al ser humano, que son sus derechos, realmente sean protegidos.

Pero ¿cómo garantizar los derechos humanos? Esto me lleva al segundo punto. La primer parte es en base a un Estado de Derecho. No podríamos hablar de que nosotros podemos exigir que se cumplan los derechos humanos de cada una de las personas, si no estamos viviendo en un Estado de Derecho, en un Estado basado en la norma social, en la norma jurídica, que las normas vienen a ser el lugar donde se va a crear el medio de convivencia de los seres humanos.

Cada ser humano en lo particular, cada ser humano en forma colectiva, tiene que tener garantizadas, a través del derecho, sus normas. Pero incluso en el caso en que las leyes fueran inadecuadas para el cumplimiento de los derechos humanos, los derechos humanos van más allá, porque le son propios al ser humano. No se los otorgó una ley, los tienen por el hecho de ser personas.

¿Qué podemos decir del perfil del ombudsman?

Creo que es la conclusión o debe ser la gran conclusión de los dos, tanto de los retos como de la forma de garantizar. El ombudsman debe tener congruencia, rectitud, ser imparcial, conocer y vivir el significado de justicia, conocimiento del derecho, porque es el derecho el fundamento de la acción en los derechos humanos.

No podríamos dejar esta parte que conocemos los abogados como criterio jurídico a alguien que no lo tiene, porque necesita aplicarlo en la vida práctica, en la vida diaria.

Necesitamos que la protección de la defensa nos e quede exclusivamente en las quejas que se presentan y en una pronta y expedita reacción. Va más allá, necesitamos que el ombudsman tenga la capacidad de atraerse a sí aquello que verdaderamente se está viendo como una violenta agresión a los derechos humanos y lo tome.

No necesitamos, porque hay situaciones que se están dando dentro de nuestro país, que así son, en donde no necesitamos que alguien venga y nos diga, oye, se están violando los derechos humanos, porque se están viendo.

Pasar por alto alguien dentro de las características del ombudsman, no podríamos pasar por alto a alguien que no quiere ver los problemas que hay en nuestro país.

¿Quién violenta los derechos humanos?

Esta parte es complicada a veces para quienes son parte de la sociedad civil, en especial cuando explicamos a gente que no tiene una carrera de derecho. Existe un tipo de violación que son los delitos y estos delitos., bueno, así como tal son y tienen su castigo.

Es la autoridad la que violenta los derechos humanos, de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo y entonces sociedad civil, junto con las autoridades que corresponden, tienen que ver que esa autoridad que ha cometido una violación, restituya en la forma correcta.
Del perfil quisiera cerrar con una palabra que me gustó mucho, una frase:

Requerimos de un hombre o de una mujer para el ombudsman de la CNDH que tenga valor y que tenga valores.

Valor, para poner, para abrir las puertas que sean necesarias para corregir lo que en este momento está mal.

Pero que tenga valores, particularmente la justicia, la imparcialidad, que no tenga preferencias por grupos, minoritarios o mayoritarios, sino que sea imparcial.

Por eso es que pido, a nombre de la sociedad civil organizada, que una de sus principales características del Ombudsman sea el tener valor para defender y valores con que defender.

Gracias.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias a usted, señora Gutiérrez Espinosa.

A continuación, tiene el uso de la voz el licenciado Carlos Mendoza, de “México Unido Contra la Delincuencia”.

LICENCIADO CARLOS MENDOZA: Muchas gracias senador Gil.

Senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

Señoras y señores senadores.

Compañeras y compañeros de las organizaciones de la sociedad civil:

A nombre de la señora Josefina Ricaño de Nava, Presidente de “México Unido contra la Delincuencia”, agradecemos la invitación de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, para participar en esta Audiencia Pública, relativa a la elección del próximo Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“México Unido Contra la Delincuencia” es una asociación civil, no lucrativa, no religiosa y ajena a los partidos políticos, que se creó hace 17 años como consecuencia del profundo dolor de las víctimas de la violencia y el delito, y que ha acompañado a miles de ellas para apoyarlas y asistirlas a mitigar su sufrimiento y en lo posible buscar reparación integral de sus daños.

“México Unido” nació y ha trabajado bajo una perspectiva natural de tensión y exigencia a las instituciones públicas, para mejorar las condiciones de seguridad y protección a los derechos fundamentales de los mexicanos.

Pero estos reclamos nunca han perdido de vista que las organizaciones de la sociedad civil tenemos que trabajar de la mano, de forma clara y transparente con los poderes públicos, a fin de encontrar soluciones pertinentes para resolver los problemas y flagelos que nos lastimas como consecuencia de las debilidades del Estado Mexicano del que todos formamos parte.

Nuestra misión es crítica, pero fundamentalmente constructiva y propositiva.

La misma consiste en unir a la sociedad y ser un vínculo de ésta con las autoridades para sumar esfuerzos a favor de la seguridad, la legalidad y la justicia, a partir de la protección, defensa y promoción del valor superior que significan los derechos humanos.

En todas y cada una de las violaciones a los derechos humanos se encuentra una víctima que debe ser atendida, apoyada y reparada, pero sobre todo significa que el Estado y sus instituciones han fallado en el deber esencial de prevenir y evitar se burlen los derechos a la seguridad y a la justicia de la población.

Es por ello que el proceso de elección del próximo Presidente de la CNDH es un tema de la mayor importancia que de cara a los hechos de sobra conocidos que se han presentado en Guerrero y en otras entidades donde se han ocurrido situaciones semejantes, cobra la mayor relevancia.

Pues de una elección pertinente y acertada, en gran medida dependerá el futuro del respeto y vigencia a los derechos fundamentales de nuestro país.

En primer lugar, debemos reconocer que desde su creación la CNDH ha avanzado y tenido aciertos y logros formales, que se han consolidado con su autonomía y los recursos vastos que se le han destinado para su operación.

No obstante, de cada a la Reforma Constitucional de 2011 y ante los retos que imponen las nuevas manifestaciones de la violencia y el crimen, producto de las fallidas estrategias de confrontación operadas desde principios del Siglo XXI y particularmente después de la denominada guerra contra el narcotráfico, o guerra contra las drogas, la CNDH no ha estado a la altura de los nuevos desafíos.

Nos parece que en la actualidad hay un sentimiento y reclamo colectivo hacia la CNDH, el cual señala que ésta se encuentra en deuda con la población, con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, sobre todo porque la Comisión goza de recursos humanos, materiales y financieros sin precedentes, que deberían de permitirle acometer estas obligaciones con mejores resultados.

La sociedad y sus víctimas hoy día simplemente no se sienten representadas por esta Comisión, lenta, rezagada y en ocasiones hasta ausente.

Por ejemplo, el presupuesto de la CNDH se ha incrementado en un 55 por ciento en los últimos 4 años y sus recomendaciones cada vez son menos.

Esa relación es completamente desproporcional al incremento notorio de casos que requerirían tener una CNDH mucho más activa, contestataria y presente en la mente en la mente de las autoridades y ciudadanos.

Pero más allá de los resultados que arrojan las evaluaciones formales de las instituciones que tienen la responsabilidad de valorar su gestión; se debe tener presente que la opinión general de la sociedad, que considera que la Comisión no ha estado a la altura de los retos que le competen y por lo mismo, debe iniciar una nueva etapa para colocar a los derechos humanos en el centro y el corazón de la sociedad mexicana.

Por ello, debe ejercer liderazgo nacional entre todos los organismos públicos defensores de los derechos humanos, constituyéndose en eje primordial para materializar las atribuciones constitucionales, mediante la promoción de políticas públicas de prevención y poniendo especial énfasis en las consecuencias que han traído aparejadas las manifestaciones de violencia grave en temas como la migración, los desaparecidos, los desplazados, los niños no acompañados, los derechos de las y los jóvenes.

No menos importante es el reto de proponer soluciones y revisar las capacidades de investigación ante las debilidades y complicidades de los órganos del sistema de justicia penal; y la implementación del nuevo modelo acusatorio y oral.

La criminalización del activismo social y el derecho de las personas a definir cómo quieren vivir sus vidas, particularmente tratándose del consumo de sustancias; así como en temas como los relativos a los derechos educativos, sociales y culturales, entre los que se encuentran aquellos vinculados a la equidad de género y a los sexuales y reproductivos.

En los hechos, la Comisión debe ser la locomotora de los derechos humanos que propicia diálogo y coordinación, trabajo conjunto con todas las instancias y órdenes de gobierno; así como con la sociedad organizada, para dejar de ser una oficina burocrática que reacciona tarde en razón de cálculos políticos o intereses personales, y en ocasiones facciosamente en detrimento de los derechos fundamentales.

La protección de los derechos humanos debe ser contundente y ejemplar. Cada caso que se deja pasar o en el cual se ignoran sus alcances y consecuencias reales, contribuyen a la mayor inseguridad que se genera en muchos lugares del país. La omisión de actuación vuelve a la CNDH, en cómplice de los problemas que en teoría debe defender.

La Comisión debe anticiparse a los nuevos escenarios que se enfrente y seguirá enfrentando en México, producto de las emergentes formas de violencia y victimización; mediante la investigación aplicada, la interacción con los sistemas locales de derechos humanos, con otras autoridades protectoras y promotoras de los mismos; con las autoridades e instituciones académicas y las organizaciones no gubernamentales.

La Comisión, además, debe recuperar el prestigio internacional que había ganado como institución de vanguardia; situación que lograría garantizando la efectiva tutela de los derechos humanos, consagrados a partir del renovado artículo primero de la Carta Magna.

Y la Comisión no puede tener o aparentar ser servil o tolerante ante las autoridades de distintos órdenes. Esa complacencia es incompatible con su finalidad constitucional y sin embargo, en los hechos se ha presentado de forma reiterada.

Por lo antes expuesto, el Presidente de esta institución debe contar con los atributos que le permitan no sólo cumplir con las funciones técnicas que le competen a la Comisión; sino también ejercer un liderazgo nacional y social a partir de sus valores personales y su visión de lo que es el ejercicio de la función diseñada para proteger un bien público, como es el respeto a los derechos fundamentales.

No sobra decir que la Comisión, no obstante su autonomía, es un órgano financiado por las contribuciones de los ciudadanos mexicanos; por ello debe ser modelo de transparencia, rendición de cuentas, tanto de su trabajo técnico como del ejercicio de los recursos e inversiones públicas que le son otorgados.

Por ello, el próximo Presidente de la Comisión debe ser capaz de gestionar la tensión propia de la naturaleza de su encargo con las instancias de gobierno, en función de la salvaguarda de los derechos humanos y no de intereses personales.

En suma, se requiere de un liderazgo profesional, ético, democrático y republicano. En breve, que en su Hoja de Vida se puedan encontrar claramente estas condiciones.

En México Unido contra la Delincuencia hemos observado el interés de varios ciudadanos que aspiran a la Presidencia de la CNDH, candidatos cuyas trayectorias apreciamos y respetamos. Sin embargo, estos son momentos de definiciones, por lo que esta H. representación senatorial deberá hacer un minucioso análisis de quien cumpla puntualmente los requisitos previstos en el artículo noveno de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; tanto por su formación académica como por su experiencia profesional, en el ámbito de la protección, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos.

En quien recaiga la designación, debe haber sido un actor innovador, coherente e incansable en la protección de grupos especialmente vulnerables, como los migrantes, las víctimas de trata de personas, las mujeres y los niños.

No es el caso repetir el currículum de los candidatos que ya obran en el expediente de la Comisión del Senado, pero sí expresar que por quien se defina la designación, debe sustentarse en su preparación y experiencia en la materia, por sus capacidades para privilegiar el diálogo social, por su coherencia en su trayectoria profesional y por su sensibilidad ante los retos que plantea la agenda de derechos humanos.

Quien sea nombrado como Ombudsman, no sólo debe contar con la legitimidad formal, sino también con amplios consensos sociales para asumir tan delicada responsabilidad.

Concluiríamos en señalar que los más altos intereses de la nación deben guiar la delicada decisión que en este momento debe tomar la Cámara Alta.

La coyuntura del país, una de extrema violencia, desprecio por la vida y problema de autoridades fuera de orden, amerita especial cuidado en seleccionar a quien pueda realmente encabezar un esfuerzo de reposicionamiento en la imagen y actividades de la Comisión.

Es por ello que requerimos que, quien reciba esta designación, debe contar con la autoridad moral y solvencia técnica para logar las metas que la ciudadanía espera del máximo garante de los derechos humanos en México.

Muchas gracias.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchísimas gracias a usted, don Carlos Mendoza.

A continuación tiene el uso de la voz María Ampudia González, de la organización “¿Quién habla por mí?”.

MARÍA AMPUDIA GONZÁLEZ: Muy buenas tardes. La Fundación ¿Y quién habla por mí? Agradece eternamente a la Comisión de Derechos Humanos y de Justicia esta oportunidad de poder hablar de los niños, niñas y adolescentes de este país.

Hace un año, tuve la oportunidad de estar en la India con niños y niñas en situación de abandono; y estando en Delhi, en la casa precisamente de Indira Gandhi, leí esta frase que cambió mi vida y que hoy quiero compartirla con ustedes:

“Un día mi abuela me dijo que hay dos tipos de personas: las que trabajan y las que buscan el mérito. Me dijo que tratara de estar en el primer grupo, porque ahí hay mucho menos competencia”.

El proceso de selección de un nuevo comisionado de derechos humanos tiene una especial relevancia para el país, un significado especial para sus niñas y niños.

Como es bien sabido, la manera como un país trata a su infancia es el reflejo de su grandeza y de sus valores; de los criterios que utilicemos para elegir comisionado o comisionada de derechos humanos, reflejarán de manera cruda nuestra sociedad y la consecuencia de esta decisión para la diferencia para bien o para mal en las vidas de muchas personas, incluyendo las de ustedes.

Y es que no es para menos, porque realmente deberíamos de estar toda la sociedad preocupados, como yo lo estoy, por la relevancia de esta decisión, ya que en nuestro majestuoso México apenas hemos comenzado a darnos cuenta de que podemos tratar mucho mejor a todo el mundo a partir de la cultura de derechos humanos.

En los últimos años, hemos desarrollado una serie de herramientas en materia de protección de derechos humanos en el ámbito jurisdiccional, institucional y legal, que han arrancado los aplausos internacionales. Prueba de ello, es la última iniciativa preferente en materia de niños, niñas y adolescentes, que aquí ustedes, por supuesto, tuvieron a su cargo.

Sin embargo, creo que es necesario hacer un alto en el camino y reflexionar sobre el sentido de dichas herramientas, y si de verdad las instituciones que tenemos reflejan los valores y principios de dignidad y respeto por las personas.

Hay crisis institucional en nuestro país; no sólo por la magnitud, virulencia y profundidad en las violaciones de los casos conocidos, sino también por el no ejercicio institucional de atribuciones legales, por la naturaleza del amplio fenómeno de violencia que nos rodea, por la magnitud del subregistro de víctimas, por la sensibilidad de las instituciones y de quienes las componen, así como por la inmensa cantidad de invisibles que hoy tenemos, entre ellos miles de niños y niñas.

Hablo de crisis porque institucionalmente seguimos negando que esas víctimas y esos hechos existen de manera cotidiana en nuestro país. Seguimos pensando con gran soberbia que hacemos las cosas perfecto y de manera suficiente y discutimos más en foros públicos y en televisión nacional sobre actores y quienes tienen la razón, en lugar de ver quién hace mejor las cosas, dada la urgencia que hay en nuestras calles.

Hoy reflexiono que en ese contexto, más que personas idóneas para encabezar una institución como la CNDH, necesitamos una institución real, eficaz, expedita en sus respuestas, con planeación de corto y largo plazo, con indicadores honestos, con el sentido de la urgencia de quien es víctima y espera justicia y a la vez urgencia para lograr economía procesal al emitir recomendaciones, enfocada a resultados valientes en lo institucional y mesuradas en lo político y reconocedoras de que, sobre todos los niños y niñas requieren de una especial protección y atención, que puede estar a nivel de cualquier otra visitaduría.

Solicito de manera clara y contundente que quien llegue como comisionado o como comisionada a la CNDH se comprometa con los derechos humanos, especialmente con los niños y niñas, a través de la creación de la séptima visitaduría, especializada en niños, que tanto hemos venido pidiendo.

En cuanto al perfil, es muy importante que dentro de cinco años todos los niños conozcan sus propios derechos e instituciones y que se gane el respeto y el reconocimiento de todo ser humano que habite este país.

Para ello necesitamos un ombudsperson, que sepa en lo personal delegar, que se sepa mostrar con humildad, que sepa colaborar y construir con los gobiernos de todo tipo y color y que esté a la mano de todo mexicano y que anteponga las necesidades de toda persona que es vulnerada antes que la suya propia y antes que cualquier agenda política.

Realmente creo que no pido mucho, pero estas aspiraciones, desde mi punto de vista, significan lo mínimo que podemos desear para nuestra CNDH y para lograrlo, quien la dirija deberá hacer confluir en un espacio institucional, el rediseño de la institución, recursos suficientes y transparentes y un equipo de personas honestas, preparadas, bien intencionadas y sobre todo una cultura institucional de completa conciencia de que su única razón de ser son las personas y no los puestos y los privilegios.

Como desearía ver a un ombudsperson y a sus equipos activos y dinámicos en la calle y viendo el dolor y luchando por hacer empatía con aquellos que lo viven, sólo así podemos lograr que la defensa de los derechos humanos se vuelva personal y que acompañe con emoción y de manera muy comprometida esta función.

Por supuesto, las competencias técnicas son indispensables, pero eso no lo es todo; también se requiere sensibilidad y aterrizaje en lo jurídico y en lo humano.

Me queda claro que las personas a las cuales les otorgamos la confianza de dirigir las acciones enfocadas a proteger nuestros derechos humanos, primero y antes que nada tienen que ser humanos derechos.

Y esto significa ética profesional y poseer una gran flexibilidad para defender con fuerza todo aquello que se posee con un sentido de humildad, de generosidad de empatía para poder convivir y convocar a todas las víctimas que en este México está generando, hoy por hoy, nuestro México.

Debe ser verdaderamente un loco –yo así lo creo--, una loca quien desee este puesto, quien aspire a ser “Ombuds-Person”, pero debe estar consciente que no solamente será amenazado, perseguido y criticado a cada paso y decisión que tome, sino que además deberá vivir con el dolor, con lo que representa el crimen, con lo que representa el sin sentido de la indiferencia y de la in conciencia.

También deberá mantener completa independencia de poderes políticos y fácticos que lo rodean en todo sentido.

Y a ti, por supuesto, al que quedes, deberán literalmente y en ocasiones cuando la defensa de tu función lo amerite, voltearle la espalda a ese poder con las víctimas y saber consciente e inconscientemente que tu verdadera misión es el servicio y darte a nosotros: la sociedad.

Me queda claro hoy que debo pedir por aquel que tiene el poder de proteger al que está en soledad, con miedo, como también debo pedir no sólo por el que está en sufrimiento, sino por aquel que tiene el poder de quitar ese sufrimiento, como tampoco debo pedir por el que tiene hambre, sino por aquel que es capaz de quitar el hambre.

Así que, ya lo sabes aspirante, yo me comprometo como sociedad civil a apoyarte y hacer que todo lo bueno que logres en tu gestión tenga trascendencia, porque así como lo malo quisiéramos borrarlo siempre.

Lo que es bueno y significativo deberá trascender todos los tiempos y todos los espacios.

El ombudsperson debe utilizar el poder únicamente para poder ayudar y pensaré eternamente que quiero estar al lado de las personas que trabajan por las personas, porque todo es más sencillo y porque ahí hay menos competencia.

Hoy es tiempo de la ética. Es el tiempo de los débiles. Es el tiempo de los derechos humanos.

A la persona que acceda a tan digna distinción, le tendremos que decir: “ve por ellos”.

Muchas gracias.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchísimas gracias a la señora María Ampudia, por esta intervención.

A continuación, le damos el uso de la voz a Juan Martín Pérez García, de la organización “Red por los Derechos de la Infancia en México”.

JUAN MARTÍN PÉREZ GARCÍA: Senadores; senador:

Muchísimas gracias por esta oportunidad y sobre todo por la elegancia en la política en este proceso.

Venimos hace un par de semanas, literalmente, de vivir otro proceso donde el Senado también dio gala del proceso de escucha y cómo los proyectos pueden ser mejorados, o los procesos en este caso, la Ley General de Derechos de Niños y Niñas. Y me parece que con ese antecedente para nosotros estar aquí es importante.

Quisiera hacer un pequeño escenario de lo que estamos viviendo en términos de derechos de niños, niñas y adolescentes y los desafíos que enfrentamos no solamente en este proceso de cambio o de ratificación, según sea la decisión, sino también en quién quede, quien sea seleccionado o seleccionada, las responsabilidades también que asumen en el contexto que está por venir.

De tal manera que tendríamos que partir un poco de los vacíos. Ahora mismo no hemos logrado que la mirada que se tiene sobre niños y niñas, supere la noción tutelar asistencialista.

Suelo explicar brevemente que hay tres errores de pensamiento en nuestra sociedad y en el Estado Mexicano, es bastante común y es posible que varios de los aquí presentes coincidan con esa mirada: y me refiero pensar que todos los niños y niñas son incapaces.

Otro de estos errores de pensamiento es que todo es responsabilidad de la familia, y bueno, por supuesto en esta secuencia de ideas el Estado sólo interviene cuando hay víctimas o hay victimarios.

En el enfoque de derechos humanos, y cuando hablamos de derechos de niños y niñas, estas viejas creencias, estos tabúes se rompen y se coloca el paradigma de los derechos humanos. Es decir, niños y niñas tienen derechos humanos, no son derechos chiquitos.

Este Senado, con la modificación del proyecto de ley preferente que envió el Ejecutivo, actualizó el paradigma de este que venía tutelar asistencialista, al paradigma de derechos humanos y que, desde la Red hemos felicitado públicamente, y lo seguiremos haciendo. Creo que en ese sentido es muy importante entender que el desafío que tiene esta Comisión Nacional es una batalla cultural.

En la Encuesta Nacional sobre Discriminación –permítanme citar un dato–, se menciona que seis de cada diez personas en el país opinan que niñas y niños sí deben de tener derechos; sin embargo, tres de cada diez consideran que deben de tener los derechos que sus padres quieran. Y por supuesto, el resto que no deben tener derechos, porque son menores de edad.

Incluso, en un debate reciente en la Cámara de Diputados hubo quien se atrevió a decir que como no son mayores de edad no son personas, no tienen derechos.

Sigue estando presente en esta batalla cultural, la negativa de los niños y las niñas como sujetos plenos de derecho y, digámoslo de manera más clara, como ciudadanos sin discriminación por su condición de edad.

Lamentablemente tenemos que señalar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde su origen hasta este momento, sigue atrapada en este paradigma tutelar asistencialista. Éste es escuchar a los funcionarios de todos los niveles de esta Comisión, hablar de los derechos y rápidamente acotar.

Pero también de las obligaciones de niños y niñas, en un claro desconocimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y que da cuenta, precisamente, que no se ha logrado avanzar en institucionalizar el enfoque de derechos humanos.

Es importante mencionar también o hacer noción que las recomendaciones que se han emitido, donde niños y niñas o adolescentes en varios casos, han sido víctimas o han sido partícipes de estas recomendaciones, se dan desde una lógica proteccionista o incluso en algunos casos, como mero actor incidental de los hechos.

Quiero mencionar brevemente el caso de Brian y Martín Almanza, quienes fueron asesinados –recordarán ustedes– por miembros del Ejército, la Comisión hizo la investigación y dio cuenta de esta realidad.

Lamentablemente, los derechos de niños y niñas no fueron colocados como una transversalidad o un paradigma para poder emitir la recomendación. Se colocó como víctimas, pero no se entendió lo que significaba la obligación del Estado para prevenir los riesgos que en este caso, niños y niñas tienen con mayor probabilidad de sufrir frente al escenario de violencia que tenemos en el país.

Menciono el caso más reciente, Tlatlaya, Estado de México, donde recordarán: se descubre nuevamente esta ejecución extrajudicial, también retomada de manera un poco tardía por esta Comisión Nacional, porque una adolescente de 15 es asesinada. De los presuntos agresores, dos de ellos también adolescentes; y en este caso se vuelve a emitir recomendaciones que no colocan el paradigma de derechos de niños y niñas.

Y por ejemplo, frente a la realidad que vivimos de más de 2 mil niños, niñas y adolescentes asesinados en el marco de la lucha contra el crimen organizado, no se ha reconocido esta condición de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes; y en realidades tan contundentes como la narcoexplotación.

Quisiera entrar, entonces, después de este contexto, a los grandes desafíos que tenemos:

Puntualmente diría que se trata de actualizar el paradigma de derechos de la infancia, en particular, superando esta visión tutelar asistencialista. Y uno de los elementos clave, diría tres al menos, puntualmente, es incorporar la voz de niñas, niños y adolescentes en todos los procesos donde se ven vinculados. Es decir, no se puede seguir pensando en recomendaciones, en programas, en acciones, donde niños y niñas no sean vinculados.

Un segundo elemento es la necesaria formación y actualización del personal de toda esta Comisión Nacional por la responsabilidad que tienen en su interlocución con las comisiones estatales que, sin darse cuenta, con buena o con mala intención, según se puede entender, pueden estar replicando estos errores de pensamiento al que me referí de manera inicial.

Y un tercer elemento –como ya lo destacaba nuestra colega María– es necesario incorporar órganos especializados de defensa y de promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Cuando estamos pensando en estos órganos especializados, tenemos que asumir que la Comisión Nacional tiene un valor muy importante como contrapeso del Estado. Forma parte del Estado Mexicano, tiene asignados de carácter constitucional autonomía y recursos importantes, y el contrapeso tiene un sentido de fortalecer la calidad democrática de nuestras instituciones.

No nos es útil una entidad autónoma o de carácter no jurisdiccional que no asuma y que no lleve con dignidad la autonomía, y esto es necesario en todos los casos, y particularmente cuando niños, niñas y adolescentes viven discriminación estructural por su condición de edad.

Quiero aquí, en este sentido, recordar que en la pasada consulta que organizó antes el IFE, participaron dos millones de niños, niñas y adolescentes, y 25 por ciento de ellos, más o menos 500 mil, refirieron en esta consulta que eran tocados y se les pedía no decirlo en público; otro 24 por ciento refirió violencia en su entorno escolar o comunidad educativa.

Esto no ha significado en los hechos que ni la Comisión Nacional ni otras instancias del Estado tomen medidas que permitan atender a niños y niñas para cambiar esta situación.

Sobre la visitaduría, hay que recordar los principios establecidos por el Comité de Derechos del Niño en Naciones Unidas, que establece que esta defensoría debe de tener un carácter autónomo, recursos propios y que sea parte de un sistema.

Ahora mismo, con la nueva Ley General de Derechos de Niños y Niñas, que esperemos sea de manera muy pronta aprobada por este Senado, ya que fue enviada por la Cámara de Diputados, se contempla en el articulado que la Comisión Nacional y las Comisiones Estatales creen estos mecanismos y espacios especializados.

Este va a ser un desafío que no puede ser tomado a la ligera. Tiene que ser asumido, es decir, recordando nuevamente la Convención sobre los Derechos del Niño y los señalamientos que ha hecho el Comité de Derechos del Niño a México tiene que estar en esta perspectiva.

Voy cerrando invitando a uno de los desafíos más grandes que tiene la Comisión Nacional desde hace ya un par de años –mucho más que un par de años, diría una década al menos– y es el vínculo con sociedad civil.

La sociedad civil somos muchos y muchas, como el botica –diría mi abuelita– hay de todo. De lo que se trata es de reconocer esa diversidad y partir, en consecuencia, del diálogo a partir del marco de derechos humanos para encontrar los puntos de trabajo, de articulación o incluso de debate, porque mucho de lo que tenemos que hacer corresponde a romper y a cruzar paradigmas.

No es posible pensar en una comisión nacional que tiene organizaciones a modo. No es posible pensar en una comisión nacional que sólo se mira a sí misma; tenemos que voltear y mirar a la realidad.

Invito a este Senado, y agradezco nuevamente este proceso, a que puedan ponderar la decisión. Tenemos un país que duele por todas sus calles, pero especialmente duele por sus niños. Lo que se decida en este Senado va a tener una implicación que va a afectar para bien o para mal –y esto no es una exageración– a cerca de 40 millones de niños, niñas y adolescentes.

Muchas gracias.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchísimas gracias a usted, don Juan Martín Pérez García.

Presidenta, se ha agotado la lista de las organizaciones con intervención de esta segunda mesa de la Audiencia Pública relativa al Proceso de Selección o Reelección del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muy bien. Ya no habiendo más intervenciones respecto del acuerdo de las Comisiones, les convocamos para el día de mañana para instalar la Primera Jornada de las comparecencias de las y los candidatos para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el siguiente periodo.

Muchas gracias por su atención. Que tengan buena tarde-noche. Diez de la mañana, por favor, mañana comenzamos con las primeras comparecencias.

Es cuánto.

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