Conferencia de prensa de los senadores Javier Lozano Alarcón, Juan Gerardo Flores Ramírez, Zoé Robledo Aburto, Ismael Hernández Deras, Héctor Larios Córdova, Pilar Ortega Martínez; Francisco García Cabeza de Vaca, y Jorge Luis Lavalle, y el diputado federal Juan Pablo Adame Alemán, sobre la Ley de Telecomunicaciones.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muy buenos días a todos.

Los hemos convocado y nos acompañan en esta conferencia de prensa el senador Gerardo Flores, que es Secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

El senador Zoé Robledo, del Partido de la Revolución Democrática, y que tuvo una participación muy activa en la Ley de Telecomunicaciones vigente.

Está el diputado Juan Pablo Adame, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y que también participó muy activamente en los trabajos de esta Ley.

En unos momentos más se incorporará el senador Ismael Hernández Deras, del Partido Revolucionario Institucional.

Estamos los cuatro integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Pilar Ortega; Francisco García Cabeza de Vaca; Jorge Luis Lavalle, y un servidor.

Nos acompaña el Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado de la República, Héctor Larios.

Y creo que ya estamos todos.

Y el motivo de esta rueda de prensa, de esta convocatoria, es porque queremos comentar con ustedes un tema que nos está preocupando sobre manera, que tiene que ver con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión vigentes, y que tiene que ver con un derecho fundamental de los consumidores.

Y me refiero, nos referimos, a la portabilidad numérica.

¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando?

Como ustedes saben, en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, uno de los derechos esenciales que se introdujeron para el consumidor, es la portabilidad numérica.

¿Qué es la portabilidad?: Es poderse llevar su número telefónico, si se cambia de compañía telefónica.

¿Para qué? Para efectos de evitar que tenga, con ese cambio de número, entonces qué dárselo nuevamente a sus familiares y amigos, lo cual es muy latoso y estorboso.

Esta portabilidad, que ya existía en el mercado aún antes de la legislación vigente, ahora introdujimos dos cuestiones que son también esenciales como derechos del consumidor:

Primero. Que la portabilidad sea gratuita, que no se cobre por ello porque es, insisto, un derecho fundamental de los consumidores.

Y, segundo. Que la portabilidad se pueda realizar en un plazo no mayor de 24 horas, a partir de la solicitud del cliente.

¿Y qué es lo que se dijo en esta Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión?:

En el Artículo Trigésimo Octavo Transitorio, se dictó un mandato, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que en un plazo de 60 días hábiles, a partir de la entrada en vigor de la Ley –esta ley entró en vigor el 13 de agosto pasado- en un plazo de 60 días hábiles, emita reglas administrativas, a efecto de que se pueda hacer valer en todos sus términos esta portabilidad numérica en un plazo de 24 horas y de manera gratuita para los consumidores.

Estas reglas –lo dice textual el Artículo Trigésimo Octavo Transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones, del Decreto de Ley de Telecomunicaciones-, dice que estas reglas tienen que evitar que se establezcan, o planteen cualquier requisito u obstáculo por parte de las compañías, que haga imposible, o que no haga efectiva la portabilidad numérica.

Ya llegó el senador Ismael Hernández. Adelante.

El Instituto, en cumplimiento de este mandato, pues convocó a una consulta pública, a partir de un anteproyecto de reglas precisamente para la portabilidad numérica de la que estamos hablando.

Y en ese anteproyecto de reglas, lo que plantea; bueno, se recibieron cerca de 57 comentarios, ¿verdad colegas?, 57 comentarios de diversas personas físicas o morales, abogados, empresas del sector, etcétera, y se advirtió un problema:

Que en ese anteproyecto de reglas se prevé un plazo adicional de 90 días, después de que entran en vigor dichas reglas, para que se pueda cumplir en sus términos con la portabilidad numérica en 24 horas y de manera gratuita para los consumidores.

¿Cuál es la preocupación y por qué estamos aquí?

Porque no estamos de ninguna manera de acuerdo en que artificialmente y con una interpretación propia del Instituto, que no corresponde ni a la letra ni al espíritu de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se quiera extender todavía por 90 días naturales adicionales al 6 de noviembre, que nos llevaría hasta el 4 de febrero, para que éste que es un derecho fundamental de los consumidores, se pueda llevar a cabo en todos sus términos.

En pocas palabras, no tiene por qué el Instituto hacer una interpretación diferente a lo que dice la ley. Le dimos 60 días hábiles, a partir de la entrada en vigor de la misma, para que dicte reglas que hagan efectiva la portabilidad; no para que le dé un plazo adicional de 90 días.

Llevado esto al extremo o al absurdo, podría entonces decir el Instituto: “Pues que entre un año después en vigor estas reglas”, y se hace entonces nugatorio un derecho de los consumidores.

De tal suerte que aquí hacemos dos llamados: uno al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que, a más tardar el próximo 6 de noviembre en los términos del trigésimo octavo transitorio del decreto por la que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se dicten las reglas y éstas entren en vigor de inmediato, el mismo día, para hacer efectiva la portabilidad numérica para todos los consumidores, en un plazo de no más de 24 horas a partir de su solicitud y de manera totalmente gratuita.

Y segundo, un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor para que en el ámbito de sus atribuciones vigile el cumplimiento estricto de estas obligaciones. Porque así como es un derecho de los consumidores, es una obligación de los prestadores de servicios; sean concesionarios o comercializadores.

Ese es el motivo por el que los hemos llamado esta mañana. Le pregunto a alguno de mis compañeros si quisiera hacer uso de la palabra, antes de pasar a la sesión de preguntas.

Gerardo.

SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ: Sí. Muy brevemente, presidente.

Reiterando lo que dijo el presidente de la Comisión, el derecho a la portabilidad es un derecho que ya existe hoy en día; existía con anterioridad a la aprobación o la vigencia de la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Sin embargo, las reglas que en su momento el órgano regulador había diseñado, preveían que este proceso podría llevar hasta 13 días hábiles.

Lo que hizo el Congreso con la aprobación de la Ley hoy en vigor, es que este derecho debe ejercerse en un plazo no mayor a 24 horas a partir de que el usuario solicita la portación de su número a otro operador.

El problema que estamos viendo es, por un lado, la interpretación que está haciendo el Instituto para ampliar de manera discrecional el plazo de la entrada en vigor de este derecho –como señalaba el senador Lozano–, haciendo eventualmente incluso posible que sea nugatorio el ejercicio de este derecho por parte de los usuarios.

Nos preocupa también que derivado de este proceso de consulta, el Instituto pueda caer –digamos– presa de los comentarios que han hecho algunos operadores, en el sentido de que diciembre es un mes complicado; que se requiere un poquito más de tiempo y que entonces 90 días es muy poco y que eventualmente se requerirían, uno de ellos dice 120 días naturales, otro dice 120 días hábiles; lo cual ya en la práctica son seis meses de dilación.

Nos preocupa mucho en el Senado de la República y entiendo que también a nuestros colegas diputados, por eso hoy nos acompaña también el diputado Juan Pablo Adame, que esté ocurriendo esto; no es la primera vez que ocurre por parte del Instituto que tiene un error de cálculo en cuanto a los beneficios que debe llevarle a los usuarios; lo hizo, en su momento con la imposición de obligaciones a los agentes preponderantes que nosotros les hicimos una observación de que estaban adoptando una medida –no voy a entrar en detalles ahora para no aburrirlos con esa–, pero en el Senado de la República cuando aprobamos la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y que nosotros corregimos esa falla, ese error de juicio del Instituto, le demostramos al Instituto Federal de Telecomunicaciones que nosotros estábamos en lo correcto y que ellos habían cometido un error de juicio.

Y eso es básicamente porque a partir de que entró en vigor la ley, las tarifas de los servicios móviles sí han bajado. El operador preponderante ya no discrimina entre las llamadas dentro de su propia red y las llamadas fuera de su red.

Eso es un tema aparte, pero en su momento ahí cometió un error de cálculo el Instituto y nosotros estamos convencidos hoy en día que está volviendo a cometer un error de cálculo al interpretar a modo este artículo transitorio y poniendo este plazo que, como señalaba el senador Lozano, es muy discrecional, porque hoy nos dicen 90 días, pero como resultado de la consulta pública nos podrían decir mañana que han considerado revisar ese plazo y que lo ideal son 180 días.

Entonces no hay un tope para que el Instituto pueda retrasar la entrada en vigor de ese derecho, que es uno de los derechos, junto con la eliminación de la larga distancia, yo diría de los más importantes a partir de la aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

No sé si alguien.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Nada más quiero hacer dos comentarios adicionales.

El primero es que efectivamente, como dice Gerardo Flores, dentro de esta consulta hay quien plantea que el plazo de transición adicional, después de entrar en vigor las reglas, después del seis de noviembre, que haya 120 días naturales posteriores, es el operador que tiene más usuarios, más clientes y claro que ellos están tratando de proteger su mercado, pero no es así.

Porque la ley lo que está planteando es una competencia efectiva en todos los mercados del sector de las telecomunicaciones y el sector de la radiodifusión y las empresas naturalmente, uno de los grandes atractivos que tiene para competir en el mercado y atraer más clientes, decirle “te puedes venir conmigo con tu propio número telefónico, sin costo alguno y en 24 horas.

Segundo que esto sí consideraríamos una violación grave a la ley, insisto, porque no cabe una interpretación distinta a lo que la letra dice y el espíritu de la ley establece.

Tercero, también en la consulta, bueno, en la ley lo dice, pero aguas también con los comentarios en la consulta, porque no se vale que ninguna empresa esté hostigando a ninguno de sus clientes para que se quede con él.

Una de las prohibiciones que introdujimos, como también derecho de los consumidores, es que no lo esté fastidiando con teléfono con más servicios o pidiéndoles que no se vayan.

Hay que ganar el mercado a la buena y cumpliendo con la ley.

Le voy a dar la palabra al senador Zoé Robledo.

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias senador Lozano, muy buenos días a todas y a todos.

Efectivamente y respaldando esta posición, el Diario Oficial de la Federación es muy claro en su artículo 191, en el título noveno, sobre cuáles son los derechos de los usuarios y cuáles son los mecanismos de protección de esos derechos.

Por supuesto que está el asunto de la portabilidad, la consulta gratuita de saldo, la protección de los datos personales, la libre elección del proveedor de servicios.

Y justamente, como ya se mencionó aquí, en el transitorio trigésimo octavo están los plazos para hacer cumplir estos derechos.

Me llama mucho la atención que en el planteamiento de esta consulta pública y de los 90 días el pasado 15 de octubre, ya de alguna manera iban esbozando los comisionados cuáles eran sus argumentos; y honestamente, al revisar la versión estenográfica de lo que dijeron aquí en la Comisión de Comunicaciones y Transportes y en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, hablan de una implementación técnica para que haya un sistema automático para que el administrador de la base de datos pueda dar respuesta. Para esa implementación técnica, la propia ley en el transitorio le daba ya plazos para que la pudiera cumplir.

Este asunto nos preocupa, y por eso estamos aquí, porque justamente en los otros derechos que están consagrados, como el asunto del no cobro de comisiones de tarjetas de prepago, lo que ya mencionaba sobre consulta de saldos, el asunto de desbloqueo de terminales, podríamos entrar en este espiral de argumentaciones técnicas para aplazar el cumplimiento de la ley.

En ese sentido, creemos que es inaceptable que se dé una respuesta de esta naturaleza, cuando tanto en las redes sociales como en diferentes foros, los usuarios están esperando ver los beneficios de una ley que ya está publicada y debería ya estar en vigor.

En ese sentido, es que este llamado es coincidente para que no busquemos artilugios técnicos o de implementación a algo que tenía muy bien marcados sus tiempos y que simplemente, si no se había hecho así, merecemos una explicación de por qué no se había hecho en los 60 días hábiles que estaba planteado en el transitorio.

Sería nada más eso de mi parte.

SENADOR ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS: Gracias, Presidente. Es Para nosotros, en la fracción parlamentaria del PRI, que hemos participado en esta Comisión de Telecomunicaciones, muy importante poder conminar al Instituto para que la interpretación de la ley sea precisamente en las mejores condiciones de respetar los derechos de los usuarios pero, sobre todo, de que el estímulo a la competencia en todos y cada uno de sus rubros de esta ley, que son perfectamente claros, no se desvirtúen por interpretaciones.

Qué mejor interpretación que la que mis compañeros y compañeras aquí presentes le pueden dar, le podemos dar a esta ley, porque el Legislativo profundizamos en todos y cada uno de sus artículos y, por supuesto, en el debate mismo que se dio en la Comisión y en el Pleno, para que los beneficios de la ley, en términos de costos a los usuarios, en términos de mejores condiciones de los servicios, en el terreno de los hechos se dé para bien de los usuarios y con el compromiso que tienen las empresas de abrirse y de comprometerse a mejores precios, a mejores beneficios para todos los usuarios, pero sobre todo que hoy en día nosotros estamos muy preocupados; que si la interpretación que le da el Instituto, en términos de postergar en tiempos beneficios para los usuarios, nosotros en el Poder Legislativo, en la fracción parlamentaria también del PRI, estaremos presentes y muy activos para conminar en todos y cada uno de los sentidos y de la interpretación de la ley que el Instituto no nos lo vaya a desvirtuar.

Esperemos que la portabilidad que tienen derecho los usuarios a su teléfono, a sus directorios, a cambiarse de empresa, a buscar mejores condiciones de precio, no lo posterguen simplemente con un acuerdo o con un riesgo de manipular en una consulta el Instituto, una cuestión que la ley lo detalla con toda la claridad.

Esperemos que así sea, estaremos muy pendientes al respecto.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Y antes de pasar a las preguntas, finalmente un comentario de Juan Pablo Adame.

DIPUTADO JUAN PABLO ADAME ALEMÁN: Muchas gracias, senador.

El día de mañana estarán los comisionados en la Cámara de Diputados, tendremos una reunión de trabajo las comisiones unidas y ahí se llevará esta exigencia.

La exigencia versa en tres sentidos: la primera, que el Instituto cumpla la ley. La segunda, que el Instituto no le niegue este derecho a los mexicanos. Y la tercera, que el Instituto no permita que las empresas utilicen estas prácticas anticompetitivas y en detrimento de todos los usuarios. Serán las exigencias que llevaremos a la Cámara de Diputados y, por supuesto, esperamos una respuesta puntual de todos los comisionados.

Gracias.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Ahora sí, adelante.

REPORTERA: Senadores, muy buenas tardes.

El 6 de noviembre vence el plazo, pero más allá de este exhorto, que a fin de cuentas queda en una voluntad o no del Instituto de escucharlo o no; ¿cuáles son los recursos jurídicos que tiene el Senado de la República, la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, para obligar a un Instituto autónomo como este, a acatar la ley?

Es decir, ¿puede recurrir a la Suprema Corte o puede recurrir a alguna otra instancia en tercera para que lo obligue?

Y dos. Para el caso de los usuarios en particular, si esta norma no entra en funcionamiento hacia la mañana del 7 de noviembre, ¿hay posibilidades de que la Procuraduría Federal del Consumidor los oriente para presentar denuncias colectivas, acciones colectivas que se amparen?

Vamos, ¿cuáles son los caminos jurídicos que tienen tanto los ciudadanos como el Congreso de la Unión para obligar al Instituto?

Gracias.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias, Leti. Yo voy a contestar la primera pregunta y la pregunta sobre PROFECO, mi compañero Héctor Larios.

Una cosa es que sean un órgano autónomo, constitucional; y otra cosa es que no tenga una obligación, un mandato clarísimo en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Aquí no cabe una interpretación, subjetivo o caprichos. El mandato lo dimos en el Congreso de la Unión y es muy claro; y el órgano autónomo constitucional, no por ser autónomo deja de tener una obligación también derivada de un decreto constitucional, por cierto.

¿Y cuál es la manera en que nosotros podemos hacer que cumpla?

Haciendo este llamado públicamente, lo comentamos con ellos cuando vinieron a comparecer recientemente con motivo de su informe anual de labores; pero desde luego no acatar lo que dispone la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es una causa muy grave, tan grave como que podría dar motivo a su remoción como comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Porque si bien es cierto que tienen un nombramiento a plan sexenal, fijo, goza de inamovilidad, en fin; también lo dice, que el Senado de la República así como los nombra, así también puede pedir su remoción por causa grave. Espero que no caigan en ese supuesto.

Senador Larios, por favor.

SENADOR HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA: Me parece, Leti, que no solamente es un órgano constitucional autónomo, pero no es el único.

La Comisión Federal de Competencia Económica, aunque los temas de competencia tienen que ver directamente con el IFETEL, sí puede opinar y está obligado a emitir opiniones en torno a la competencia económica; y eso desde luego que es un factor anticompetitivo. A final de cuentas, en beneficio de la competencia económica es el consumidor, es el usuario.

Y desde luego que también la PROFECO, que en la Ley Federal de Telecomunicaciones se le dieron nuevas atribuciones como el validar los contratos de adición; puede no aceptar los contratos si no establece también este tema que está explícitamente puesto en la ley, la portabilidad. Y eso le daría la posibilidad a la PROFECO de intervenir directamente, incluso sin denuncias de consumidores.

Desde luego que también puede orientar a los consumidores a presentar una acción colectiva.

REPORTERA: Senadores, preguntarles nada más, en el llamado al IFT en este caso es a que el 6 de noviembre como fecha límite, como lo dice la ley, entre en vigor esta disposición o ustedes también les dan a ellos un periodo de gracia para rectificar en su decisión.

¿Para ustedes, el 6 de noviembre es la fecha que dice la ley y es la fecha en la que tienen que, en su caso, reconsiderar el aplicar esta disposición legal?

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Exacto. El anteproyecto de reglas administrativas lo que propone o plantea es que después de la entrada en vigor de las reglas, se daría un plazo adicional de gracia –por así llamarle– de 90 días naturales para que se haga efectiva la entrada en vigor de esas reglas.

Nosotros lo que estamos exigiendo al Instituto Federal de Telecomunicaciones es que, a más tardar el 6 de noviembre, no sólo se publiquen las reglas administrativas a que se refiere el trigésimo octavo transitorio de la Ley de Telecomunicaciones, sino que entren en vigor esas reglas para hacer efectiva la portabilidad numérica gratuita y con un plazo máximo de 24 horas, a partir de la solicitud de cualquier cliente, para poderse cambiar de compañía telefónica conservando su propio número telefónico.

REPORTERA: Gracias senadores, para preguntarles si ustedes realmente piensan que en esto hay sólo un error de cálculo o ven una actitud dolosa por parte de los comisionados.

Segundo, siempre es en particular es en la que está directamente presionando, si es una, si son varias, cuáles son.

Tercero, si no creen que al legislar en materia de telecomunicaciones de alguna manera dejaron la puerta abierta a este caminito, a la interpretación, si habría que hacer algún ajuste en el marco legal.

Y aprovechar la oportunidad de que están presentes aquí legisladores de esta comisión, para preguntarle al senador Lozano, a senador Zoé y al senador Hernández, si me pueden regalar una opinión sobre estos datos que se revelan en día de hoy, en el sentido de que en el Distrito Federal se paga doble por la conectividad en las escuelas, paga el gobierno del Distrito Federal millones y también paga la federación y están conectados por distintas compañías, pues se está pagando doble por el servicio.

Gracias.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Voy a contestar rápidamente nada más lo que preguntabas, Claus, sobre si no habríamos dejado la puerta abierta en la ley y si habría necesidad de hacer algún cambio a la ley.

Honestamente no lo creo, honestamente lo digo como presido la comisión y como abogado, creo que no deja lugar a dudas la literalidad del artículo trigésimo octavo transitorio de la ley: son 60 días hábiles para expedir las reglas.

Fíjate lo que dice: “reglas que eliminen cualquier requisito o mecanismo que pueda obstruir la portabilidad efectiva para los consumidores”.

Entonces, sería absolutamente ridículo que las propias reglas se conviertan en la barrera artificial para que ejercer un derecho del consumidor.

Entonces no, aquí no hay ningún tipo, digamos, no hay una laguna, no cabe interpretaciones en otro sentido, aquí el mandato es clarísimo y por eso estamos haciendo esta exigencia al Instituto Federal de Telecomunicaciones.

La siguiente pregunta la va a contestar el senador Flores y después le paso el micrófono al senador Zoé Robledo.

SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ: Sí, coincido con el senador Lozano, retomando un poco su respuesta a la primera pregunta.

En primer lugar, no hay lugar a la discrecionalidad, de eso estamos convencidos y eventualmente conforme se vaya aplicando la ley, nosotros también tenemos la obligación de ir detectando si hay necesidad de corregirla.

Hoy en día creemos que no. Lo que consideramos es que el Instituto debe apegarse a la letra y al espíritu, tanto de la ley como de la reforma constitucional.

Y en segundo lugar, sobre qué operadores, lo que te diría es que no tuve oportunidad de ver todos, pero en un caso muy concreto es el de la gente preponderante que efectivamente, por un lado, una de sus empresas pide 120 días naturales como plazo para que entren en vigor estas reglas y otra de las empresas de este mismo grupo pide 120 días hábiles.

Lo que me preocupa no se detiene ahí nada más, sino, por ejemplo, también de un comentario donde ellos piden que si la solicitud de portabilidad no se ingresa antes de las cinco de la tarde, se considere como ingresada hasta el día siguiente.

Entonces, son el tipo de tretas para efectivamente irle retrasando este derecho a los usuarios.

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Nada más, de la misma manera que el senador Lozano coincido, no creo que haya salidas o un mal diseño legislativo.

Más bien creo que está existiendo por parte de los comisionados una decisión totalmente discrecional, que va a favorecer a quien tenga mayor número de usuarios actualmente y ¿a quién va a perjudicar? Pues a todos aquellos que quieran cambiar de compañía y hacerlo de manera gratuita y en 24 horas, como es el espíritu y lo que dice específicamente la ley.

Ahora, sobre el tema de la duplicación en la conectividad:

Efectivamente, en el programa de Aula Digital, del Gobierno del Distrito Federal, están conectadas 3 mil aulas, más de 3 mil aulas, que a la vez podrían estarse duplicando por el programa de SCT, México Conectado, que conecta 2 mil 416.

Efectivamente, si hay una comprobación de que son las mismas, pues habría duplicación, por lo menos en estas 2 mil 416 y sí plantearía que, como lo está haciendo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se revise quién entró primero y quién entró después a este programa, porque como se sabe, el programa de México Conectado es un programa de esta administración, mientras que Habla Digital, que si bien me parece tenía otro nombre, es un programa de conectividad para escuelas públicas, que ya tiene algún tiempo.

Y si hay un error, primero, se corrija y, segundo, pues se revise que no haya existido ningún acto de corrupción en este doble pago, que al final de cuentas les cuesta a todos los mexicanos.

SENADOR ISMAEL ALFREDO HERNÁNDEZ DERAS: Tomé nota de lo publicado por el periódico Reforma, en la supuesta doble, el doble pago en la conectividad.

Por supuesto que se deberá de iniciar una investigación al respecto, que nos permita identificar si efectivamente lo que paga el Gobierno del Distrito Federal y el Gobierno Federal, también coincide en la misma cantidad, o en un porcentaje de instituciones educativas.

A partir precisamente del resultado de la investigación, pues que se aclare; si hay responsables que se sancione, y por supuesto que después de esto habrá la posibilidad de ampliar al número de escuelas conectadas, si existe esta duplicidad.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Yo sólo comentaría, claro, sobre este tema, que yo espero que cuando abordemos el tema de la Reforma Política del Distrito Federal.

Ya podemos corregir este tipo de situaciones, de distorsiones que tenemos en varias materias, por la concurrencia de distintas autoridades, tanto de las federales como las del Gobierno del Distrito Federal, o de la Asamblea Legislativa, en su caso.

Y que en materia educativa concretamente, es donde vemos que hay esta doble función, so pretexto de que el Distrito Federal es el asiento de los Poderes de la Unión y entonces que es una responsabilidad desde la Federación, hacerse cargo del tema educativo en el Distrito Federal, pues entonces tenemos estas duplicidades y este gasto que en realidad no se justifica y que podría orientarse de mucho mejor manera.

Yo espero, y aquí aprovechando que está Zoé Robledo con nosotros, que ahora que abordemos el tema de la Reforma, todo este tipo de cuestiones queden suficientemente aclaradas para no caer en esto que sí es a todas luces aberrante.

REPORTERO: Buenos días senadores.

Si ustedes dicen que la Ley y sus leyes reglamentarias no son discrecionales, no están sujetas a interpretación, tampoco tienen lagunas o vacíos legales, ¿entonces el IFT se está alineando con América Móvil para proteger su mercado y evitar que pierda usuari8os?

SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ: Mira, yo no diría que se esté alineando. Lo que si nos preocupa es este error de cálculo que, como mencionaba en un caso anterior, por ejemplo, ya demostró el Instituto que sí, no tomó la mejor decisión para beneficios de los usuarios. En esta ocasión me parece que está volviendo a caer en la misma situación.

No quiero afirmar ni sostener que los comisionados se estén alineando con un operador en particular. Simplemente es este error de cálculo que, ya dije hace un momento, quedó acreditado que ya lo cometieron por lo menos en una ocasión.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Déjame hacer un comentario, Víctor, sobre el particular:

Recientemente que, incluso el senador Larios estaba también presente, que tuvimos un encuentro con José Ángel Gurría, el Secretario General de la OCDE, él decía que, por un lado, México pues se está caracterizando a nivel mundial y dentro de los países de la Organización, por tener la mayor colección de reformas estructurales, que son importantísimas para el desarrollo económico, político y social de México.

Y advertía de dos riesgos sobre la implementación de las reformas:

Uno, decía, de la habilidad de los gobiernos, o del gobierno, para llevarlas a la práctica, para una aplicación efectiva.

Y señalar otro caso, que los poderes fácticos pudiesen tratar de resistirse, a pesar de la entrada en vigor de las leyes, a su aplicación efectiva.

Yo diría, ¿es entendible que lo intenten las empresas y particularmente los preponderantes?

Pues sí, sería entendible, pues sí, se dedican al negocio y tratarán de permanecer el mayor tiempo posible en un status quo. Pero precisamente, si desde el Congreso nos hemos puesto de acuerdo todas las fuerzas políticas para dictar leyes que son en beneficio, en este caso muy concreto, de los consumidores; el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Gobierno tienen que estar del lado de los consumidores y no del lado de las empresas.

Las empresas tienen que saber competir a la buena, con base en las nuevas reglas del juego. Y el Instituto está para hacer cumplir la ley, para eso los pusimos.

Entonces yo no sé, yo tampoco –al igual que Gerardo– quiero pensar que hay una intención detrás de esto, más allá de tratar de acomodar las cosas para que salga bien la portabilidad.

Pero francamente, sí resulta muy sospechoso que curiosamente, quien está planteando el plazo de 120 días sea quien tiene el mayor número de usuarios de telefonía fija y móvil, y que no quiera que se le vayan los clientes; pero por eso precisamente para eso tenemos nosotros también un mandato como senadores y diputados, de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la ley por parte de las autoridades en la materia.

REPORTERA: Muchas gracias. Nada más insistir, ¿cuál sería la primera acción inmediata en caso de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones persistiera en esta dilación artificial?

O sea, toda vez que estaría violando la ley, la primera acción inmediata jurídicamente hablando, ¿cuál sería?

Dos, ¿Qué garantía hay de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones no vuelva a hacer interpretaciones a modo de la ley, errores de cálculo en otros temas?

Tres. Sabemos de quién se trata, pero si con nombre y apellido nos pueden dar el nombre de la empresa más beneficiada, el actor preponderante en este caso, con esta dilación artificial, nombre y apellido.

Muchas gracias.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Mira, Selene, la acción inmediata es esto: estamos haciendo un llamado público, indubitable, muy claro y con la presencia de todas las fuerzas políticas; bueno, incluso del senador Marco Blásquez, que no está con nosotros. Pudo haber estado, él está fuera de la Ciudad de México, ayer hablé con él y por supuesto que también apoya esta moción.

Estamos aquí todos los representantes de fuerzas políticas diferentes, para hacerle un llamado al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que actúe estrictamente con base en el mandato que tiene en la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Esa es la primera acción, vamos a esperar a que haya una reacción mañana que van a estar, como dijo Juan Pablo Adame, en la Cámara de Diputados. Este va a ser uno de los temas también que se tendrán que abordar necesariamente, como nos lo ha anticipado Juan Pablo; y yo espero que mañana tengan el compromiso público de parte de los comisionados del Instituto, de que van a cumplir en tiempo y forma a más tardar el 6 de noviembre; publicar las reglas y entrando en vigor ese mismo día esas reglas.

Y si no, ya tendremos entonces que ver al interior aquí del Senado de la República, en las comisiones que somos competentes, ver la posibilidad de abrir un expediente por incumplimiento, considerado como causa grave a cargo de los comisionados por no cumplir –insisto– un mandato clarísimo de la ley, que es en beneficio de los consumidores.

Difícilmente uno puede pensar en beneficios o derechos de los consumidores tan importantes como la portabilidad numérica. Es un derecho, es parte de la identidad de un consumidor llevarse su número telefónico con la compañía que le pegue la gana. Y no vamos a permitir que ninguna empresa lo impida o que la autoridad, con una actuación caprichosa, amplíe artificialmente un plazo para mantener el estado de las cosas como se encuentran. Eso no lo vamos a permitir.

Y la empresa que tiene más, tanto de números telefónicos fijos y móviles es: fijos, Telmex; y móviles América Móvil, de Telcel.

REPORTERA: Buenos días, señores.

En el caso de que no cumpla el IFT, se llegue jueves, no publiquen las reglas y no se ponga en marcha; ¿cuánto nos tomaría nombrar a los nuevos comisionados?, por una parte.

Entonces, superaría los 120 días que ellos están solicitando. ¿Qué se puede hacer en este caso extremo?

Gracias.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: No, no. De veras que no estamos pensando en el caso extremo y lo que esperamos es que con esta llamada muy clara, yo diría oportuna también de parte de los legisladores, el Instituto reconsidere de su anteproyecto este plazo adicional de 90 días que está queriendo otorgar para efectos de que sea efectiva la portabilidad gratuita y en 24 horas para los consumidores.

Esperamos que todo se corrija y que no haya necesidad de estar haciendo las cuentas que aquí nos vienes a plantear, que sería un escenario terrible, pero estoy seguro que no va a pasar.

REPORTERO: Gracias. Buenos días.

Senador, quiero preguntarle, específicamente en este conflicto que hay, porque yo así quisiera llamarle, que es un conflicto, porque tiene que haber llamados del Congreso para que los demás cumplan con su palabra y con lo que la ley les marca y con su responsabilidad.

En este escenario que podría interpretarse como un conflicto, ¿qué parte juega el quehacer político desde el Congreso para suavizar esta posibilidad de conflicto y, de alguna manera, que no haya necesidad de torcerle la mano a nadie para que cumpla con sus responsabilidades?

¿Cómo se puede hacer políticamente para evitar este conflicto?

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Mira, yo todavía no lo calificaría –no sé qué opinen mis compañeros– como un conflicto.

Sí tenemos una divergencia en la interpretación de una disposición legal y tenemos los mecanismos institucionales para poder compartir estas inquietudes y que las cosas se puedan corregir en tiempo y forma; que esa es nuestra búsqueda, por eso lo estamos haciendo con antelación a la fecha máxima, a la fecha límite del 6 de noviembre para que esto se pueda corregir.

Yo te diría que tenemos una comunicación muy fluida, particularmente con el Presidente del Instituto, Gabriel Contreras, pero también con el resto de los comisionados, y pienso que estamos hablando de un organismo de nueva creación y que además –como se comentó aquí– goza de una autonomía constitucional. Lo que no quisiéramos es que so pretexto de esa autonomía constitucional, piensen que pueden mandarse solos y que no tienen una ley qué cumplir o que no hay nadie que supervisa su trabajo; por eso estamos aquí, como Senado de la República, muy respetuosos de su labor, pero también vigilantes de que la ley no sea letra muerta.

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Sí, nada más en ese mismo sentido y de manera muy breve decir: El que cumple la ley no va a tener conflictos con el Senado. Eso es muy claro, y efectivamente, no confundir la autonomía con la ausencia de plazos y de reglas.

E insistir, sobre todo cuando esto tiene que ver con derechos de los usuarios, que además le siguen costando dinero a la gente.

REPORTERA: Sí, senadores; buenos días. Preguntarles, me quedó una duda sobre este tema que decía el senador Lozano, que el Senado puede pedir la remoción de estos comisionados.

¿Cuál sería el procedimiento?

¿Qué plazo se les está dando a partir de este momento?, porque vence el plazo el 6 de noviembre para que se cumpla con la portabilidad.

Y, si pudieran regalarme un comentario sobre otro tema que tiene que ver con este pacto de los partidos que convocan ayer PRD y PRI para evitar la violencia en el país, toda vez que es un tema que en el Senado –comentaba ahora en senador Zoé– es un tema que el Senado esté pendiente de que se cumplan las leyes.

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Mira, Angélica, de verdad lo que esperamos con este llamado es que para el 6 de noviembre esta situación quede corregida por parte del Instituto; no tener que entrar al escenario de un expediente más delicado, como podría ser el de la remoción de los comisionados.

Esperamos que con esto sea más que suficiente y las cosas queden corregidas en tiempo y forma y, sobre todo, lo más importante, es que los consumidores vean verdaderamente reflejados los beneficios que buscamos en la ley en su vida cotidiana; que sea efectiva.

Y por eso también los llamados a la PROFECO, porque una cosa es el Instituto que vigila a los concesionarios el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, legales, reglamentarias y de sus títulos de concesión, pero el otro es la PROFECO directamente en la relación con los consumidores. Por eso es que hacemos también este llamado muy respetuoso a la PROFECO.

Y segundo, sobre este tema, mira, la verdad es que soy muy escéptico de pacto. Yo creo que los pactos más importantes se traducen en leyes. Estas reformas que nosotros hemos expedido en diversas materias, con el concurso de todas las fuerzas políticas y particularmente en materia de seguridad pública y de gobernabilidad están vigentes.

Mi opinión es que no hay que hacer muchos más pactos ni leyes, sino cumplir con lo que tenemos, sin titubeos.

Porque una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es que so pretexto de la libertad de expresión se pisoteen los derechos y las libertades de terceros. Así no se ejerce la libertad de expresión.

Y, por otro lado, porque si estamos viendo que hay bandas de la delincuencia debidamente organizadas, pues tiene que estar más organizado el Estado Mexicano y eso implica la colaboración de gobernadores y alcaldes, que no se hagan ojo de hormiga y que cumpla con lo que también tiene como mandato constitucional.

Porque todos protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.

Yo lo he dicho varias veces y el que no quiera que se largue, pero aquí estamos todos para cumplir con el mandato que la ley nos está confiriendo.

No sé, Zoé, si quieres tú.

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Sí, simplemente sobre el tema del acuerdo y de la convocatoria o el llamado que está haciendo, simplemente surge de dos elementos que no se pueden escapar.
Primero y en coincidencia con el senador Lozano, que no se puede esperar más la aplicación de la ley, esa es la principal exigencia de los mexicanos.

Y segundo, que la respuesta que esperan los mexicanos debe ser una respuesta que unifique los esfuerzos de autoridades de todos los órdenes de gobierno, que unifique las actitudes de todos los partidos políticos, ya no en una lógica ni de cálculo político ni de señalamientos sobre quién tuvo o quién tiene la culpa, sino de una respuesta que incluso no solamente alcance a la clase política, sino también a los sectores productivos, que alcance a la sociedad civil y que alcance también a los medios de comunicación.

La lógica de que hay una fuerza que está desafiando a los poderes públicos establecidos en nuestro país y que ene se sentido la respuesta debe de ser unificada.

Más allá del formato, creo que la actitud de la clase política es la que debe de modificarse y ene so creo que puede haber coincidencias.

SENADOR ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS: Frente a una realidad que hoy le acontece al país, en un fenómeno muy complejo, sin duda que lo que importa, desde la visión de la fracción parlamentaria del PRI, es seguir estimulando, coincido con mis compañeros legisladores, en la coordinación plena entre los diferentes niveles de gobierno, no repartir culpas sino repartir con toda claridad responsabilidades en el ámbito de cada una de las acciones en materia de seguridad.

Creo que frente a este escenario, el estímulo a esa coordinación habría de dar cada día más y mejores resultados.

Otro de los temas es que sin duda sería el llamado a no politizar en ningún momento las circunstancias el tema de seguridad.

El tema de seguridad tiene un compromiso para todas las fuerzas políticas de este país, desde el momento en que todos hemos sido ya gobierno en los diferentes niveles y eso permite, frente al nivel municipal, estatal y lo federal, que le apostamos a que la coordinación en el mediano y largo plazo rinda frutos en resultados concretos en regiones y estados que sin duda requieren de más y mejor atención de todos, incluyendo, por supuesto, que las fuerzas políticas aportemos el mejor de nuestros esfuerzos para arropar un solo proyecto por el bien del país.

Gracias.

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