Versión Estenográfica de los trabajos de la Mesa 4, en el tercer día de las Audiencias Públicas en Materia de Seguridad y Justicia, a las que convocan las comisiones unidas de Justicia, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, del Senado de la República.

(Primera parte)

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Llevaremos a cabo la última de las mesas, la mesa número 4, en donde se discutirá respecto al sistema de competencias en materia penal.

Antes de entrar a la discusión con los invitados que tenemos, para abordar de manera específica este tema, vamos a contar con la presencia del licenciado César Horacio Duarte Jáquez, gobernador del estado de Chihuahua, a quien le damos la bienvenida; quien el martes, al inicio de estas audiencias no nos pudo acompañar y pidió hacer su intervención el día de hoy, por lo cual agradecemos, para compartir las experiencias que en materia de combate a la inseguridad se han presentado en el estado de Chihuahua.

Seguiremos el formato normal que se ha establecido en el desahogo de estas audiencias. Hará su intervención el señor gobernador, como posteriormente lo harán los ponentes invitados; y se abrirá una ronda de preguntas e intervenciones de las senadoras y los senadores que participamos en estas comisiones unidas y que estamos abordando el tema del decálogo que el Ejecutivo Federal envió al Senado de la República.

Sin mayor preámbulo, señor gobernador, tiene usted el uso de la palabra.

GOBERNADOR CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ: Muchas gracias, muy buenos días.

Quiero agradecer al Senado de la República esta apertura, esta oportunidad en la cual, quienes desde distintos ámbitos de la actividad pública participamos y podamos enriquecer, sin duda, estas iniciativas que dan origen a esta audiencia pública enviadas por el Ejecutivo Federal.

Quiero señalar, señor presidente, agradezco la generosidad, la invitación del Senado de la República; que la invitación el pasado lunes llegó por la tarde a Chihuahua y por esa razón el martes no estuvimos aquí. Pero hoy atendemos con mucho gusto y entusiasmo la oportunidad de compartir las experiencias que desde Chihuahua hemos logrado en materia de seguridad; y también las preocupaciones que en una revisión al marco constitucional que contienen las distintas reformas enviadas por el Ejecutivo, deben fortalecer sin duda la estrategia de seguridad y satisfacer también el potencial que México tiene a partir de recuperar de manera general el orden y la paz.

El reto de la seguridad no es un reto menor, es un reto en el cual hemos sido todos los mexicanos partícipes, directa o indirectamente de esta estela de dolor y de dificultad que a nuestro país llegó.

Hay regiones en las cuales se ha empoderado desgraciadamente la actividad de la organización delincuencial; y es precisamente esto, el fortalecimiento de las instituciones, la única que sea capaz, acompañado de la sociedad, de enfrentar este reto.

En Chihuahua, es de todos conocido, llegó a tener el deshonroso primer lugar de violencia, tanto de homicidios dolosos, secuestro, extorsión; y que afortunadamente hoy vemos una perspectiva distinta.

De ninguna manera decimos que todo está resuelto, pero sí nos alienta y es también menester de los chihuahuenses, hacer un reconocimiento al esfuerzo que la sociedad valiente de Chihuahua ha tenido y que el gobierno del estado, en coordinación con la Federación y municipios, hemos logrado avanzar.

Insisto, aún hay problemas, aún tenemos retos, pero precisamente lo que más nos entusiasma es que las reformas planteadas para que se transforme el marco jurídico y se fortalezca la estrategia de seguridad, se fortalezcan las instituciones de procuración y de administración de justicia, nos den la oportunidad de abonar a que este tiempo de dificultad pase.

Ciudad Juárez se refería, desgraciadamente, las notas periodísticas internacionales, nacionales, como la ciudad más violenta del mundo. Uno de cada cinco vehículos robados en todo el país, era robado en Ciudad Juárez; y cómo hoy podemos ver el cambio diametral que hemos logrado en esta materia.

¿Cómo ha sido el esfuerzo para lograrlo?

Han sido estrategias en las que, primero, señalar que la dispersión de mandos policiacos pulverizan la capacidad y llevan también a una confrontación permanente de las instituciones.

Se pierde la responsabilidad directa en materia de combate a la impunidad y de prevención del delito cuando hay dos o tres corporaciones en las que no están perfectamente delimitadas sus funciones y en las que existen, desgraciadamente, confrontaciones a la hora de la operación en la procuración y administración de justicia.

Esto tiene que ver con una mejor relación y un mando. En Chihuahua nos pronunciamos por el mando único; hicimos una policía estatal única, desaparecimos las dos policías que existían y nos dimos la tarea de construir una nueva policía estatal única con un solo mando.

Nos dimos a la tarea de reformar el código penal del estado con más de 200 reformas que le dieron herramientas al ministerio público para fortalecerlo y que en ese sentido sea capaz el ministerio público de tener esas herramientas y evitar que con una plena coordinación en la investigación, la impunidad se diera como se llegó incluso a calificar al Sistema Judicial en Chihuahua como una puerta giratoria.

Eso lo hemos logrado abatir. Lo hemos logrado abatir y los resultados hablan por sí mismos.

En Ciudad Juárez, según la mesa ciudadana de seguridad, se recibían hasta 10 denuncias de secuestro en el año de 2010. Hoy, tenemos 17 meses consecutivos sin un solo secuestro en Ciudad Juárez. Es decir, bajamos de casi 300 secuestros al año a cero en lo que va más de un año.

Esto habla de un resultado real; de un resultado en el que la sociedad empieza a recuperar la confianza.

Y otra parte elemental es la contención; la contención que se da a partir del segmento de la población, que es el más atractivo para la delincuencia: los jóvenes. Los jóvenes por múltiples razones, sobre todo cuando estos no tienen esperanza.

La estrategia en materia de educación nos sirvió para plantearnos y perdón por abundar el tema a la prevención, porque me parece fundamental que en el Senado de la República se observe el fortalecimiento que se debe dar a la prevención desde una expectativa de inclusión a la juventud que, revisando las estadísticas, son los partícipes mayores en los delitos de alto impacto y que son utilizados por la delincuencia organizada.

En ese sentido, fortalecer la estrategia de educación, nos ha llevado a una política pública que a Chihuahua hoy nos llena de orgullo. Noveno semestre consecutivo sin tener un solo rechazado ni de bachillerato ni de universidad, y esto evita que los jóvenes estén a la deriva o estén sin una expectativa de futuro, a la cual era desgraciadamente coactada por la delincuencia organizada.

Pero regresando al tema del mando único. El mando único es elemental porque, por una parte la policía investigadora, por otra parte la policía preventiva. Y si eso fuera poco, también desde la misma procuraduría o fiscalía de los estados no siempre existe una buena relación o una relación respetuosa institucional con los poderes judiciales de los estados.

Y aquí pareciera que no fuese este un asunto mayor y lo es, porque desde una posición de encono o de supremacía hacia las facultades o el cómo posicionar los resultados que de alguna manera se pueda dar de un ámbito a otro, se llevaba el detrimento de las instituciones en las que desgraciadamente los únicos que ganan son los grupos delincuenciales.

Es ahí en el que el mando único, insisto, y existe un viejo dicho: “Si quieres resolver un problema, atiéndelo y designa a quién lo enfrente; si quieres que éste continúe, haz una comisión” dispersa la autoridad y en ese sentido se pulveriza y no hay efectividad.

Hoy la sociedad mexicana reclama efectividad de las instituciones policiacas, de las instituciones de administración de justicia y es el mejor momento, sin duda, porque el dolor que hemos vivido tiene que servir, sin duda, también para aprovechar lo peor que nos ha sucedido y transformar las instituciones, a recuperar la con fianza en las instituciones mismas.

La depuración de los cuerpos policíacos, la confiabilidad de los mandos policíacos, la necesidad es la madre de todas las virtudes, lo hemos dicho muchas veces.

En Chihuahua, por ejemplo, hicimos un ejercicio en el cual, respetando el artículo 115 constitucional, planteamos a los ayuntamientos del estado una terna para nombrar a los jefes policíacos y es ahí la vulnerabilidad del municipio, como la esfera inmediata de la prevención en materia de seguridad.

El municipio se ve cooptado, lo hemos visto, hay desgraciadamente hechos y circunstancias que hoy lastiman a nuestra sociedad, pero también es una poderosa llamada de atención para que la transformación de las policías, sin vulnerar, sin duda, el ámbito municipal, pero que también sean confiables para la sociedad y coordinadas en una instrumentación de los tres órdenes de gobierno.

Los tres órdenes de gobierno deben ser coordinados, independientemente de partidos y lo dijo y lo dijo bien el gobernador de Morelos en esta tribuna: politizar la justicia es lo peor que le puede pasar al país; politizar las condiciones que privan a una sociedad que exige justicia y que exige seguridad, es el peor de los escenarios, cuando la política, en lugar de encauzar a la solución del problema, sólo la polarice.

Este es un llamado respetuoso para que este órgano colegiado abone a fortalecer las instituciones.

Siempre las comparaciones son odiosas, pero siempre hablamos de la diferencia en materia de seguridad de los países desarrollados y tenemos en el norte un vecino al cual sin duda tiene problemas serios de seguridad y también son causa de muchos de nuestros problemas de seguridad, pero lo que hace la diferencia de ese país es que las instituciones de justicia son robustas y eso es lo que tenemos nosotros que fortalecer para atraer la inversión, para consolidar en ese mismo ejercicio los nuevos tiempos, en los que, sin duda, la posibilidad de desarrollo de México se da.

Por eso, en ese mismo sentido, los resultados de Chihuahua son claros, aunque hay quienes lo único que buscan es distraer a los chihuahuenses. Es una pena que en lugar de reconocer el esfuerzo de los chihuahuenses, hoy se pretenda hoy distraer en el resultado.

Yo jamás vi abono para que la seguridad, para que en los momentos de mayor gravedad de inseguridad en Juárez y en el estado, que haya hecho un esfuerzo a resolver los retos.

No es, de ninguna manera, una posición distinta a la de los resultados. Chihuahua hoy tiene el mayor crecimiento económico del país; Chihuahua tiene la mayor tasa de formalidad en el empleo en la República; Chihuahua tiene la mayor inversión extranjera directa; estamos llegando, en lo que va de mi administración, en 5 mil millones de dólares; Chihuahua hoy tiene índices delictivos inferiores, como es el robo de automóviles, a los de 1998.

Eso es avanzar en seguridad, eso es plantearnos a que sin duda la solución de los problemas es, coordinados con la sociedad, transformar las instituciones, para entender que el fenómeno de inseguridad hoy nos traiga resultados que permitan la generación de riqueza y de desarrollo.

Hoy Chihuahua vive otro momento: dejamos de ser la nota roja, dejamos de ser el espacio en el cual desgraciadamente se ahuyentaban las inversiones por falta de seguridad y de confianza.

Y hay otro tema que yo quiero dejar aquí, con todo respeto, al Senado de la República:

Un tema que ha fortalecido a la estrategia de seguridad en Chihuahua: es el sistema penitenciario.

En Chihuahua nos dimos a la tarea de transformar el sistema penitenciario del Estado.

Nos incluimos en un programa de un reto enorme, como era la certificación de nuestros penales.

Hoy, el sistema penitenciario del Estado, es un sistema que está acreditado por la Asociación de Correccionales de los Estados Unidos, una institución con cerca de 150 años de vida y que es la que regula la función y coordinación para que los penales sean seguros, para que los penales cumplan con un tema que en México hoy requerimos.

Yo puedo acreditar desde Chihuahua, que el 30 por ciento de los delitos de alto impacto se pueden, sin duda, combatir sólo con el control de los centros penitenciarios, a un sistema que, con transparencia, que con orden, que con disciplina, que con organización, deje de tener el control la delincuencia.

Y es ahí otro de los puntos vulnerables que no ha sido lo suficientemente debatido o planteado.

Yo con respeto le planteo al Senado de la República que este tema sea incluido porque mientras que no se tenga orden en los centros penitenciarios, mientras que los gobierne la delincuencia organizada, será muy difícil que la actividad de las organizaciones delincuenciales en las calles merme, porque no hay lugar más cómodo y más seguro para operar de los grupos delincuenciales, que los mismos centros penitenciarios.

Hoy Chihuahua tiene el 100 por ciento de nuestros centros penitenciarios certificados y hemos elevado, afortunadamente, los márgenes de seguridad:

De cerca de 300 homicidios que sucedieron en el interior de los penales el 2010, llegamos a uno, llegamos a cero en algunos de estos últimos años y hemos logrado afortunadamente combatir la impunidad que desde los penales se opera y que es ahora sí un contraste verdaderamente inadmisible.

Por esa razón, fortalecer la estrategia de seguridad desde distintos frentes.

La prevención con educación, la transformación de las instituciones, la consolidación de una coordinación plena respetuosa, pero en el que también como se ha previsto en las iniciativas, desde el Senado de la República, el Ejecutivo Federal pueda actuar en municipios que hayan sido penetrados por la delincuencia.

Desde una sola policía que permita en su propia coordinación tener una sola responsabilidad en los estados.

El tema es asumir la responsabilidad y en Chihuahua, señores senadores, estamos listos para asumir la responsabilidad plena de la seguridad en una coordinación como lo hemos logrado con el Ejecutivo Federal y los distintos municipios.

Insisto: aún hay retos; aún hay dificultades, pero de venir del número uno a ir en caída libre, en avanzar en los márgenes de seguridad, en recuperar la confianza de los inversionistas extranjeros y nacionales, porque Chihuahua es el mayor exportador de productos no petroleros de todo el país.

Y esto habla de la capacidad que ha tenido Chihuahua de una recuperación en el más corto plazo; ni siquiera en Palermo, ni siquiera en Italia, ni siquiera en Colombia, en donde los fenómenos por el secuestro y la vinculación de la guerrilla llevaron a una estrategia nacional para combatir la inseguridad, ni siquiera en esos espacios lograron en tan corto plazo como lo hemos logrado en Chihuahua.

Yo quiero hacer un reconocimiento público al valiente pueblo chihuahuense, que ha sido capaz de dejar a un lado el dolor, creer en las instituciones y asumirse en la transformación de las mismas en un nuevo tiempo que Chihuahua hoy está disfrutando.

La verdad es que a mí me motiva que este proceso democrático en el que el Ejecutivo Federal ha planteado al Poder Legislativo, se enriquezca, se fortalezca, y el sentido es muy claro.

Chihuahua se define por una policía de mando único, por una transformación del sistema jurídico, por un fortalecimiento del Ministerio Público, que es elemental en la estrategia; pero además también por una plena coordinación en respeto a los municipios, pero de un mando que permita impedir la penetración en las áreas más vulnerables de la seguridad y que así se ha reflejado, que son los municipios.

Agradezco esta oportunidad y reitero mi vocación y compromiso para apostarle a la legalidad, apostarle a que sin duda la única forma de transformar y dejar atrás esta estela de dolor y de violencia que ha lastimado profundamente a nuestra patria, sea el fortalecimiento de las instituciones.

En Chihuahua hemos aprendido muy claro que en Chihuahua, vivir en la cultura de la legalidad es rentable; y eso es lo que tenemos que capitalizar hoy, en el buen sentido de la palabra, después de esta tragedia nacional que ha vivido nuestra patria.

Muchas gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor gobernador.

Si gusta tomar asiento en lo que se hacen las presentaciones, preguntas de los señores senadores, se lo vamos a agradecer.

Bueno, el señor gobernador César Duarte, del estado de Chihuahua, nos ha compartido la experiencia que en materia de seguridad se ha vivido en el estado, que ha permitido que Chihuahua pasara de ocupar los primeros lugares en materia de violencia e inseguridad, a revertir esta situación.

Y ha señalado que estos resultados han derivado fundamentalmente de un cambio de la estrategia, que parte en lo fundamental de establecer mecanismos de coordinación del gobierno del estado con la Federación y los municipios; eliminando la pulverización del mando de las corporaciones policiacas; y particularmente atendiendo la vulnerabilidad de las policías municipales.

Y se refirió a cinco aspectos en lo fundamental: el establecimiento de un mando y una policía única en el estado, y un conjunto de reformas al Código Penal, 200 reformas ha referido; el establecimiento de una política de contención y prevención en atención a los grupos vulnerables, particularmente aquellos en situación de riesgo frente a los delitos de acto impacto; y una reforma profunda del sistema penitenciario en el estado, que hoy está certificado y que recomienda al Senado hacer una revisión a fondo para evitar que el sistema penitenciario sea controlado por la delincuencia organizada.

Nos ha dado algunos indicadores, como Ciudad Juárez pasó de ser la ciudad donde se robaban uno de cada cinco vehículos al año en todo el país, en promedio; y cómo de 10 denuncias de secuestro, hoy se tienen 17 meses sin haberse registrado ninguno en el estado.

Y junto con ello, cifras de crecimiento económico, crecimiento de inversión extranjera y generación de empleo; poniendo énfasis en los temas de educación, donde hoy señala que no hay ningún joven rechazado en los sistemas de Educación Media Superior y Superior.

Y pone énfasis en la necesidad de que existan instituciones responsables, capaces de impartición de justicia, y particularmente el fortalecimiento del Ministerio Público, un tema que después de la declaración del fiscal antisecuestro del día de ayer, toma especial relevancia; donde señaló el fiscal que prácticamente ninguno de los detenidos en materia de secuestro ha sido sentenciado.

Aunque también creo que en su intervención nos dejó pendiente el mecanismo de nombramiento del mando único, que no concluyó la idea, yo le pediría, anticipándome a las preguntas, que así lo hiciera.

Entonces, conforma a lo procedente, abrimos la lista, las intervenciones de las señoras y señores senadores.

Senadora de la Peña.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Buenos días. Gracias, presidente. Buenos días, señor gobernador del estado de Chihuahua.

Ciertamente, su intervención tomó muchos temas, no menores, todos de una gran relevancia e importancia para el país; y por supuesto para las entidades federativas.

Yo quisiera preguntarle, sobre todo a partir de haber escuchado a tres representantes de tres entidades federativas en la primera sesión, y después haber escuchado a dos presidentes municipales de dos municipios muy importantes en el país. Uno, por ser la capital del estado de Jalisco; y otro, por ser presidente de uno de los municipios más grandes del país con una gran complejidad por haberse constituido fundamentalmente por una presencia de habitantes que llegaban de otros estados, justamente a buscar mejores condiciones de vida a esta zona metropolitana del país, que es Nezahualcóyotl.

Los dos presidentes municipales tuvieron una opinión muy distinta de la que escuchamos de los señores gobernadores y que usted comparte. Lo ha manifestado en diferentes ocasiones, incluso como presidente de la CONAGO, fue usted un precursor del mando único policial desde este ámbito de organización de los gobernadores, del jefe de gobierno del Distrito Federal.

Sin embargo, yo quiero que usted nos pueda informar, y esas son mis preguntas, cómo, a partir de que Chihuahua tiene también municipios con las características, por ejemplo de Ciudad Neza, que se integra por una población flotante muy importante buscando mejores condiciones de vida hacia querer cruzar la frontera y finalmente se quedan en el estado de Chihuahua.

Y cómo también este crecimiento metropolitano de estas ciudades integran poco a poco a los municipios conurbados y, por supuesto, con la repercusión de la problemática, entre otras, también en materia de seguridad pública.

Si usted se pusiera en los zapatos de cualquiera de los presidentes municipales, sobre todo de estos importantes municipios, ¿usted pensaría igual?

¿No cree que México debiera fortalecer más el tercer orden de gobierno, es decir, el municipal, de tal forma que quien conduce el gobierno, la gobernanza desde el ámbito estatal, no tenga todos estos controles sino que, por el contrario, se incida más en nuestro país en una coordinación más efectiva, más eficiente, más eficaz y, sobre todo, más apoyada desde el punto de vista económico y desde el punto de vista fiscal?

Por sus respuestas, muchas gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: El senador Armando Ríos Piter tiene la palabra. Después, el senador Arquímedes.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Sí, muchas gracias.

Muchas gracias por la exposición, señor gobernador.

Alguna vez tuve oportunidad de platicar con usted sobre lo que estaba ocurriendo en Chihuahua, sobre las acciones que se estaban llevando a cabo. Comentó usted sobre el tema penitenciario.

A mí se me quedó de aquella plática muy marcado, que fue una situación después las acciones en el sistema penitenciario. Asumo que por el tiempo no hubo oportunidad de profundizar, pero me parece que para efectos de lo que estamos buscando en estas audiencias sería pertinente profundizar en qué es lo que ocurría antes en el sistema penitenciario de Chihuahua, cuáles eran las condiciones y cuáles fueron las acciones, no solamente las certificaciones. Asumo que la certificación es parte de todo un proceso, de tal manera que ahí me interesaría mucho escuchar una ampliación a detalle del tema.

Gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Gracias. Tiene la palabra el senador Arquímedes Oramas y posteriormente el senador Javier Corral.

SENADOR ARQUÍMEDES ORAMAS VARGAS: Gobernador. Primero saludarle y comentarle que me parecen muy interesantes las estrategias que está utilizando.

Sería muy importante que pudiéramos abrevar, no solamente los senadores sino también los gobernadores de otros estados, acerca de las experiencias que ustedes están realizado.

A mí me gustaría preguntarle dos cosas: Una, la primera, creo que está presentando ternas a los municipios para la designación de los mandos en los municipios.

¿Cómo se realizó esta propuesta de terna y cómo fue la designación y cuáles han sido los resultados acerca de ello?

Y la segunda, que creo que es muy importante, es determinar cómo ha sido la relación y cuál ha sido la estrategia que ha mantenido con la federación, para que se pueda ir definiendo cuáles van a ser los mandos, de qué manera van a hacer las estrategias.

Muchas gracias, gobernador.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Senador Javier Corral y después la senadora Graciela Ortiz.

SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Gracias presidente.

He sostenido, como lo dije en mi cartulina, que es una vergüenza que el gobernador de Chihuahua participe en estas audiencias. La presencia de César Duarte, señores senadoras y señores senadores, con diseño especial para su lucimiento personal, muestra la profunda hipocresía del PRI y del Presidente de la República, en el combate a la corrupción y a la impunidad.

Planteado además por el consejero jurídico del Presidente de la República, el inquilino de la segunda casa de las Lomas que todavía no se aclara.

El problema central de México es la corrupción y la seguridad y la injusticia no se van a resolver mientras persistan estos procesos de simulación, que el gobernador de Chihuahua venga a hablar de seguridad y justicia cuando está acusado con pruebas, no con dichos, con pruebas, de enriquecimiento ilícito, de peculado, de uso abusivo de funciones, de ejercicio indebido de atribuciones y facultades, habla de la enorme simulación para entrarle en serio al problema de la inseguridad en el país, del crimen organizado y de las distintas formas de lavado de dinero que la autoridad utiliza, no sólo el crimen organizado, a través del sistema financiero, como es ejemplo el gobernador de Chihuahua.

Mancha pues el PRI las iniciativas de Peña Nieto con esta presencia, porque describe con toda claridad hasta dónde realmente quieren llegar, pues no quieren llegar a ningún lado, le brindan protección y lo ponen como ejemplo de una realidad que sólo está en el discurso.

Porque el gobernador de Chihuahua aquí puede decir un discurso, pero los chihuahuenses conocemos la realidad y además conocemos las cifras y las estadísticas que la propia Secretaría de Gobernación, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ofrece y que desmienten varios de los datos que usted ha dado, porque aquí ha venido a dar un recuento de logros; entonces hay que atajar algunas de esos señalamientos, de esas afirmaciones.

Están ahí, en la estadística de la propia Secretaría de Gobernación. Ni más ni menos, el año pasado, el 29 de mayo del año pasado, aquí tengo el dato exacto, la Secretaría de Gobernación, la preside un priista, Osorio Chong, publicó a través del Diario Oficial de la Federación los municipios con mayor ambiente de violencia y en dicho reporte destaca el estado de Chihuahua, en donde se concentra el mayor número de municipios identificados por la violencia que se ejerce, no del total, Camargo, Bocoyna, Meoqui, Aldama, San Francisco del Oro, Allende, Cusihuiriachi, Julimes, Matamoros y respecto a delitos del fuero común, Camargo, Meoqui, Aldama, Bocoyna, Allende, San Francisco del Oro, Cusihuriachi, Matamoros y Julimes.

Y qué decir de cómo se ha trasladado la violencia y el crimen organizado a la sierra, pero para el gobernador esas son eventualidades, dice él, cuando la sierra está, porque se ha trasladado, porque se ha reubicado la operación de la delincuencia organizada, del crimen organizado.

Y se ha concentrado en los municipios de la sierra, Guadalupe y Calvo es una laceración permanente para la gente en la sierra. Pero allá, como no hay medio y como no hay cobertura mediática, y como esas nadie dice nada pero están los habitantes de la sierra de Chihuahua acosados por la violencia y el crimen. Desmiento pues, varias de las cifras que aquí se han dado.

Pero hay una cifra que yo quiero compartir y que es muy importante que se sepa porque es lo que el INEGI llama la cifra negra, en términos de las entidades federativas donde considera los delitos denunciados y en los que se le inició una averiguación previa.

Estoy dando datos de instituciones que pertenecen al gobierno, que son parte del gobierno.

De acuerdo a los resultados se estima que para 2013 en nuestro Estado se denunció el 15.6 por ciento de los delitos; en 2012 se denunció el 17.8, de los cuales el 74.5 llevaron a inicio averiguación previa en el ministerio público. En el 2012 fue el 81.9 por ciento.

Se le considera la cifra negra, pues del total de los delitos en 2013, sólo se inició averiguación en el 11.6 por ciento de los casos.

El 2012 fue del 14.6 por ciento. Es decir, en Chihuahua, en el 88.4 por ciento de los delitos cometidos no hubo denuncia o no se inició averiguación previa.

Esta es la realidad frente al discurso complementario de Informe de Gobierno que ha dado el gobernador de Chihuahua.

No voy a abusar del tiempo. Siempre me he comportado como Parlamentario y con respeto.

Las cosas han llegado muy lejos. El gobernador de Chihuahua no tiene calidad moral para participar en estas audiencias.

Están en jaque las iniciativas de Peña Nieto, ya enlodado el mismo en casos de corrupción política brutal. Acaba de surgirle otro conflicto de interés.

El Senado de la República debiera enviar un mensaje distinto frente a la crisis de legitimidad que tiene el Estado.

Gracias por permitirme expresarme.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias senador.

Me han pedido los presidentes de las Comisiones Unidas hacer dos precisiones:

La primera, es que no se diseñó una invitación; el acuerdo de las presidencias fue invitar a 4 gobernadores y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

El martes únicamente asistieron el Jefe de Gobierno del D. F., Miguel Ángel Mancera, los gobernadores de Morelos, Graco Ramírez; y de Nuevo León, Rodrigo Medina.

Canceló su participación el gobernador del Estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, y el gobernador de Chihuahua pidió trasladar su participación para este día porque había recibido, con un día de anticipación, la invitación.

Y la invitación al consejero jurídico no es para que acompañe al gobernador, sino para que participe en la siguiente Mesa porque nos interesa conocer la propuesta.

Sí quisiera hacer las precisiones porque es responsabilidad hacer las presiones conducentes.

Gracias por su intervención.

Tiene el uso de la palabra la senadora Graciela Ortiz, y posteriormente el senador Enrique Burgos.

SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Muchísimas gracias señor Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y muchas gracias a todos los presidentes de Comisión, que presiden esta serie de Audiencias Públicas en materia de Seguridad y Justicia.

Una materia que nos preocupa a los mexicanos, una materia que buscamos resolver a partir de la participación, de la aportación, del cúmulo, del aprovechamiento del cúmulo de experiencias que en estos temas tan lacerantes y tan necesarios de discutir para el país, se han venido dando en estas audiencias.

Yo quiero agradecer la posibilidad de que aquí, en esta Alta Tribuna del Senado de la República, hayan acudido para aportar sus experiencias, experiencias exitosas en los estados: Miguel Ángel Mancera, Graco Ramírez, el gobernador César Duarte, de Chihuahua; y todos aquellos que en las mesas directivas en su conjunto pensaron podrían apoyar y fortalecer una discusión, que me parece que es de la mayor importancia para el futuro e incluso para el presente de la República.

Hablar de seguridad pública, es hablar de lo que lastima el caso nuestro, a la mayoría, a la inmensa mayoría de las familias chihuahuenses; que pasaron por el horror de ver secuestradas sus ciudades por el crimen organizado, que pasaron por el horror de ver cómo nadie podía estar seguro porque las calles habían sido tomadas por quienes dominaban en ese momento a los cárteles del crimen organizado que operaban en Chihuahua, con una gran impunidad.

Estamos hablando de una etapa, y yo quisiera acudir a la memoria, de una etapa en la que Chihuahua era un estado gobernado por priísmo, y la Presidencia de la República era manejada –y manejada es el término– por el Partido Acción Nacional.

Pero sin duda alguna esta discusión de la mayor importancia, de la mayor trascendencia para lo que es la vida republicana, ha sido afectada por lo que ya está de manera inminente aquí: el proceso electoral del 2015, y pongámosle nombre y pongámosle rostro, el proceso electoral de 2016, en donde se habrá de renovar la gubernatura del estado de Chihuahua.

Dos mil ocho, 2009, 2010, 2011, 2012 han sido años en los que en Chihuahua y en muchos otros estados de la República que sufren este mismo flagelo, se buscó combatir el problema de la inseguridad con algunas de las precisiones que aquí ha compartido el gobernador Duarte con nosotros.

En todos esos años miles, no cientos, miles de familias –he estado con muchísimas de ellas– perdieron a sus hijos, perdieron a sus esposos, perdieron a sus hijas y tuvieron un menoscabo en su vida familiar que es imposible, imposible de resarcir porque la vida que se pierde, nunca jamás podrá recuperarse.

Cientos, miles de niños en el estado de Chihuahua quedaron huérfanos por el problema de la seguridad pública, por la criminalidad que segó la vida de sus padres o de los responsables de su hogar. Cientos de mujeres, sus vidas han sido cegadas por este fenómeno.

Todo eso sucedió en Chihuahua; 2008 –y quiero reiterarlo–, 2009, 2010, Duarte toma posesión como gobernador del estado en octubre de 2010; 2011, 2012 y hoy nos comparte estas cifras de mejoría, porque en ningún momento escuché que se hablara aquí que el tema de la inseguridad estuviera resuelto; de mejoría, de una mejoría sustantiva en lo que son las condiciones de inseguridad en Chihuahua.

Pero insisto, todo esto no importa, esas vidas, esas historias no interesan; lo que interesa es que ya está aquí el 2015 y ya está aquí, prácticamente a la vuelta de la esquina el 2016.

Tengo un profundo respeto por la crítica que, constructivamente busca acotar el poder gubernamental ejercido en exceso. Tengo un profundo respeto por aquellos que buscan verdaderamente con autenticidad y de manera genuina, acotar a quienes exceden, a quienes abusan, a quienes van más allá de lo que las facultades que la ley les establece como servidores públicos y devienen esto en algún daño a la vida social.

Podré no compartir, pero respeto profundamente, porque a final de cuentas ese equilibrio que se da a partir de esa crítica constructiva, es lo que permite que México tenga viabilidad y tenga futuro. Pero lo que no me parece correcto, lo que no me parece que se deba de hacer es perder la memoria, uno, y dos, es olvidar al estado de Chihuahua, a nuestro estado, y solamente recordar lo que sucede en el estado, uno, cuando ya no hay una responsabilidad del propio partido nuestro en lo que sucedía en Chihuahua, y dos, cuando están nuevamente las elecciones a la vuelta de la esquina y entonces queremos aspirar a una posición de orden gubernamental.

Eso no es válido. Eso me parece que no corresponde con la confianza que los chihuahuenses deben de tener en todas y todos aquellos que los representamos de una o de otra manera, en cualquiera de las instancias, en cualquiera de los órdenes, en cualquiera de los poderes. Eso no es válido. Eso no tiene nada qué ver con la forma en que los chihuahuenses atendemos, resolvemos y afrontamos nuestra vida y nuestra cotidianeidad.

Chihuahua es una tierra de hombres y mujeres de esfuerzo, de trabajo. Chihuahua no es una tierra de estridencias. Chihuahua es una tierra de hombres y mujeres que buscan con valor todos los días afrontar primero, en primerísimo lugar, un clima que les es adverso; una lejanía del centro del país que nunca ha apoyado y nunca ha respondido ese centro del país antes y hoy a lo que debe de ser una solidaridad con la aportación económica, política y social que Chihuahua le ha dado a México.

Chihuahua es una tierra que todavía hoy espera que todos nos pongamos de acuerdo para que exijamos –no pidamos– para que exijamos que el centro de la república nos atienda como consideramos que debe de atendernos.

Chihuahua hoy todavía tiene un saldo pendiente por el centro del país y en eso debiéramos estar todos, si verdaderamente queremos al estado, debiéramos de estar todos trabajando, aportando, exigiendo, si no con mantas sí con la fuerza de nuestra razón. Eso es lo que yo quisiera ver.

Yo lamento profundamente, de verdad, porque respeto y quiero, y esa es una expresión cabal, quiero al señor senador Corral, lo conozco desde que era un niño. Lamento profundamente que aquí, dejando de lado todo lo que es la formación que nos debe de dar el derecho, no solamente se brincó al axioma de que nadie es culpable o que todo el mundo es inocente hasta que la justicia determine que no lo es.

Aquí ya se acusó, aquí ya se sentenció y aquí se condenó. Todos los servidores públicos, todos, incluyéndolo a él, incluyéndome a mí, incluyéndonos todos, todos somos sujetos de la revisión ciudadana; todos debemos de estar apegando nuestra actuación al derecho, y cuando no lo hagamos, hay instancias.

Esas circunstancias a las que alude el senador Corral tienen una instancia de resolución. Se presentó una denuncia. Ah, pero no se trata de que alguien resuelva esa denuncia, no; se trata de venir a hacer estridencia, escarnio, y se trata de venir a exhibir y a denostar, y eso, eso no es de hombres, eso no es de ciudadanos, eso no es de chihuahuenses.

Esperemos a que las instancias resuelvan y determinen, pero no podemos esperar a que las instancias resuelvan y determinen, porque lo que nos interesa no es la justicia; lo que nos interesa es la descalificación, la estridencia y lo que nos interesa es ganar puntos para una elección que estará decidiéndose el año próximo.

Yo invito, de verdad, a que en el Senado retomemos el espíritu que privó para la convocatoria a estas audiencias.

Los invito, de verdad, a que dejemos de lado estrategias y vengamos aquí con autenticidad de manera genuina. A los que nos interesa chihuahua, a responderle a los chihuahuenses; y a los que nos interesa la República, a buscar que a la República le vaya mejor.

Yo pregunto –y con esto concluyo mi participación– yo pregunto: a quién y lo vuelvo a hacer desde esta misma tribuna, porque ya lo hice de manera anterior, en otras circunstancias:

¿A quién le interesa que a México le vaya mal? ¿Quién es el que está interesado en estar continuamente descalificando a quienes están al frente de una responsabilidad? ¿Quiénes son aquellos que están gozando de una, de otra y de otra manera, como lo vimos hoy aquí, desestabilizar funciones, responsabilidades y de manera muy especial, desestabilizar a quienes estamos con una responsabilidad de representación por parte del Partido Revolucionario Institucional?

Tengo toda mi vida en el partido, he sido responsable en el partido de llevar a cabo tareas de partido. He ceñido mi actuación, tanto dentro del partido como en la vida público, a un código de ética que me ha permitido venir hoy aquí, con la frente en alto, a decir lo que estoy diciendo.

Yo rechazo contundentemente que se pretenda manejar siempre en época electoral, la supuesta transgresión como una forma de vida dentro del partido, porque estamos en época electoral. Vamos a hablar de corrupción, vamos a hablar de cómo la combatimos, vamos a hablar de cómo evitamos que esto siga sucediendo en la República, hagámoslo, pero no veamos al PRI, en algunos momentos, como el partido con el que se negocia y al siguiente momento como el partido al que hay que denostar, al que hay que descalificar, al que hay que enfrentar, al que hay que afrentar.

Me afrenta, como política, como partidista, como mujer, como ciudadana, me afrenta esa actitud y lo quiero decir de una vez y espero que a mi coordinador no le moleste mi comentario, será la última vez, la última vez.

Que como política priista, desde el Senado de la República, permita una afrenta que no tiene ningún sentido con la realidad. Esto no es ético, yo no acepto que vengan aquí a tratar de erigirse en conciencias morales, en andar alanzando retos, como si esto fuese un juego de riñas de la escuela primaria.

El futuro del país está en juego, el futuro de Chihuahua está en juego.

No quiero ver en Chihuahua a un gobernador que está siendo bombardeado y sometido y sujetado a este tipo de actuaciones. Si hay de cualquier servidor público, del partido que sea, una transgresión, que se castigue y que se sancione y en eso debemos estar todos juntos.

Pero eso no es un tema de transgresión, ni de sanción ni de búsqueda auténtica y genuina de ellos. Esto es, simple y sencillamente, que el 2015 ya está aquí y el 2016 viene en un futuro muy próximo.

Por su atención, muchísimas gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, senador Graciela Ortiz.

Me está pidiendo la palabra para alusiones personales el senador Corral. Sin embargo, creo que van a coincidir conmigo, estamos en el formato de una audiencia pública, no de una comparecencia ni de una sesión de debate entre las comisiones unidas.

Efectivamente fue aludido, pero si rompemos el formato de la audiencia, vamos a perder el objetivo fundamental que es en tanto el conocer cómo sistematiza la información que nos viertan los ponentes invitados.

El objetivo fundamental, que es tanto conocer como sistematizar la información que nos viertan los ponentes invitados. Yo pediría como única excepción nos pudiera dar una respuesta no mayor a un minuto.

SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: A ver, yo creo que el formato se ha alterado con la propia intervención de la senadora Graciela Ortiz, que ha sumado a la comparecencia del gobernador la suya y por cierto mucho mejor que la del gobernador. He ahí el aplauso que el público asistente le ha brindado.

Yo no creo que a usted le prestigie, Graciela, con el afecto que nos tenemos, entrar a la defensa del gobernador de Chihuahua, por más aspiraciones políticas legítimas que usted tenga.

Creo que debiera ser otro el camino para conquistar la confianza ciudadana, que actuar en lo que se conoce en el argot político como el encubrimiento.

Usted habló de dos cosas que a mí me parecen muy delicadas. Ahora todo esfuerzo crítico, toda denuncia, es un esfuerzo desestabilizador.

Eso es lo que dijo el Presidente de la República cuando se le criticó por la “casa blanca”, cuando salió a relucir el escándalo de la “casa blanca”, Peña también dijo que había un intento de desestabilizar al país.

Lo que usted ve; lo que usted ve como irregular en esta sesión, en el mundo democrático es lo normal.

Así actúan los parlamentos. Lo que pasa es que usted no cree mucho en el Parlamento.

Esto es lo normal en el sistema democrático, Graciela, que haya un legislador que cuestiona, que confronta, que ejerce con sentido de responsabilidad la crítica y que da datos, y números, y está informado.

No le prestigia hacer esto. La afrenta la cometieron quienes consideraron conveniente traer al gobernador de Chihuahua, como usted bien lo dijo, en medio de una de los mayores enjuiciamientos públicos ciudadanos por su actuación. Y en lo que estoy de acuerdo.

Lo único que no puede pasar en la vida a una persona, es perder la memoria.

Si hubo un partido y legisladores, como usted y como los que están aquí, que medraron, que tomaron como botín el tema de la inseguridad, de la delincuencia organizada, fue su Partido.

Si hubo un partido que obstaculizó reformas en el Congreso mexicano, fue su partido.

Si hubo un partido que se opuso al Mando Único en términos de los procesos de Reforma, fue su partido.

Lo único que no se puede perder en la vida es la memoria.

Y se lo digo también con afecto.

Pero usted está dotada y está llamada a mejores causas, no a la defensa del gobernador de Chihuahua.

Póngase del lado de los ciudadanos, no del gobernador del Estado.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Le voy a solicitar al público asistente que por favor no intervenga en las discusiones entre los legisladores y respete el desarrollo de la Audiencia.

Tiene el uso de la palabra el senador Enrique Burgos y posteriormente el senador Roberto Gil.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias.

El contexto de estas reuniones, participaciones que tuvieron lugar el día de antier, de ayer y de hoy, está referido a un tema de importancia capital y surgido a raíz de una Iniciativa que el Presidente Peña Nieto envía al Senado de la República.

Temas auténticamente substanciales y de fondo: la seguridad y la justicia. Temas que a todos nos incumben: a los que estamos aquí y los que están afuera. Ese es el contexto, ese es el centro de este tipo de reuniones.

Y por eso las audiencias, y por eso invitaciones de la Academia, de funcionarios, de gobernadores, de presidentes municipales, de organismos internacionales, porque el tema es del gran calado.

Qué bueno, señor gobernador Duarte, que tuvimos la oportunidad de complementar esa Mesa que, efectivamente por razones de trámite o de tiempo, no llegó a tiempo la información, pero enhorabuena que se puede complementar.

Sus pares, los señores gobernadores del estado de Morelos, del estado de Nuevo León, fueron coincidentes en puntos de vista: un mando único, una coordinación efectiva entre municipios, no eliminación; coordinación en los tres órdenes de gobierno.

Hubo algunas aseveraciones, yo diría fuertes. Por ejemplo, el gobernador de Morelos hizo una aseveración fuerte. Dice: “En muchos casos el narcotráfico busca llegar al gobernador para decirle: yo te garantizo que no habrá delincuencia media o chiquita, yo te lo garantizo que no tendrás ese problema; pero me dejas trabajar”. Y bien dijo él, ese es un camino sin retorno, no tiene destino, no tiene horizonte.

Pero también recibimos puntos de vista de organismos internacionales y algunos dirán: “¿qué tiene que ver aquí la ONU o qué tiene que ver el Fiscal de Italia, que estuvieron aquí el día de ayer?

Claro que tiene que ver: la delincuencia se internacionalizó y, valga la expresión, se volvió competitiva con otras naciones también en delincuencia. Y el Fiscal de Italia mencionaba algo también muy interesante, decía: “Esto requiere de una gran unidad de los tres niveles de gobierno y de los partidos políticos”.

El tema está vinculado con la sociedad, no puede ser un tema partidista; político sí, pero no partidista, y eso es lo que nos convoca a esta reunión, un tema sustancial que vincula a la sociedad.

Mencionaba el fiscal de Italia el alcance que tiene la posible intervención federal en el ámbito municipal; y esto yo creo que hay que ponerle énfasis, señor gobernador, y me gustaría mucho su punto de vista, no como una sanción al Ayuntamiento; no necesariamente porque haya corrupción en el municipio, sino porque hay insuficiencia material, insuficiencia de elementos, y entonces la Federación entra para restablecer el orden.

Y fue muy enfático tanto el representante de la ONU, como él, decir: “es para auxiliarlos y para restablecer el orden municipal”; no necesariamente para sancionarlos, y tampoco al margen de ellos, sino en una eficiente coordinación.

Me gustaría tomar un tema que ya mencionaba Ríos Piter también, el senador, ¿cómo la combinación para los nombramientos en seguridad?

Usted mencionó ternas, quizá valdría la pena, armando ese punto en el que coincidimos.

Y otro que nos llama la atención, señor gobernador, 30 por ciento de la gestación delincuencial –decía usted– en los centros de rehabilitación. Es un tema que valdría la pena que le pusiéramos también atención, porque quizá valga la pena volverle a mirar a eso.

Por sus respuestas, muchas gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Gracias, senador Burgos.

Tiene el uso de la palabra el senador Roberto Gil y posteriormente, el senador Patricio Martínez.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, presidente. Mi pregunta es muy breve, señor gobernador.

El primer día de las audiencias públicas recibimos a los gobernadores y en las intervenciones quedó claro que en el ambiente persiste una confusión entre mando único y policía estatal única.

Usted ha destacado en su intervención que el mando único ha abonado al restablecimiento de condiciones de seguridad en el estado de Chihuahua, y creo que en un estado como Chihuahua se han ensayado todos los temas que hemos estado discutiendo: intervención federal subsidiaria, mando único, profesionalización de la Policía, intervención social como política pública para atacar las causas socio-económicas de la delincuencia. Y esa es en buena medida, la razón por la cual vale la pena revisar esa experiencia.

Pero usted ha destacado que el mando único es un elemento importante para fortalecer las capacidades del Estado Mexicano para enfrentar a la delincuencia. Sin embargo, no es lo que propone la iniciativa del Presidente.

El Presidente no propone mando único: el Presidente propone Policía Estatal Única; y la Policía Estatal Única, el modelo de Policía Estatal Única implica la desaparición de la función de seguridad pública en el ámbito municipal.

Y yo recuerdo la discusión que tuvimos hace algunos años, yo era legislador, a propósito de la propuesta de mando único; y el argumento central de algunos legisladores era que no podíamos debilitar de esa manera al Municipio; que recordarán esa discusión de que desaparecer la función de seguridad pública pondría a los municipios en una situación de profunda vulnerabilidad, no solamente frente a los fenómenos que presentan o que se deben enfrentar los municipios; sino también en función de la distribución de poder. Y, en consecuencia, eso fue lo que provocó que no se llegase a un acuerdo sobre mando único.

Quiero preguntarle concretamente, señor gobernador: ¿La propuesta que usted hace sobre mando único implica la desaparición de la función de seguridad pública en el ámbito municipal o implica que, partiendo de esa facultad, un arreglo diferente de coordinación y de ejecución operativa por parte de las policías que contribuyen y que colaboran conjuntamente en la función de seguridad pública?

Por su respuesta, de antemano, señor gobernador, muchas gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Gracias, senador Gil.

Tiene el uso de la palabra el senador Patricio Martínez, y para concluir esta ronda de intervenciones la senadora Arely Gómez.

SENADOR PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero dejar establecido que el señor gobernador del estado de Chihuahua fue invitado por esta comisión, por el Senado, para que presentara sus puntos de vista y cómo enfrentó las graves dificultades de seguridad pública que tenía el estado de Chihuahua.

Esto de ninguna manera puede calificarse como lucimiento, y menos aún como algo que pueda dar vergüenza. Por el contrario, es algo que los chihuahuenses hoy, en voz de su gobernador, podemos presumir.

Ciertamente hoy el estado de Chihuahua no es el paraíso terrenal; pero de lo que sí estoy seguro es que sí era el infierno. El estado de Chihuahua era el infierno porque no se podía vivir, no se podía transitar por las noches.

Ciudad Juárez era el mejor recuerdo de Vietnam, bombardeado, abandonado, a oscuras. Las cárceles eran las casas, porque la población seria, honesta, trabajadora, decente, estaba tras las rejas y los ladrones y los pillos hacían de todo impunemente en las calles.

Me parece que la circunstancia que se vivió en Chihuahua sí es un ejemplo nacional. Hemos pagado muy caro en sangre, en vidas.

Como atinadamente lo decía la senadora, son muchos miles de huérfanos que para hacer el restablecimiento de esta herida pasarán muchos lustros, porque esos huérfanos irán cargando aquel estigma de que injustamente pasaron a esa condición, en vez de ser hijos en una familia que vive completa en un ambiente de trabajo y no en un ambiente precisamente de orfandad y con limitaciones.

A mí me parece que se tiene razón cuando se señala el municipio de Guadalupe y Calvo en el estado. Sí, es un municipio violento desde sus orígenes; y está dicho y todos lo conocemos. Desde hace muchos años ahí las gentes, se decía, se saludaban a balazos.

Esto no es nuevo, pero la realidad es que sí ha cambiado. El índice delincuencial, aún en ese municipio, la sierra tiene problemas. Ya una vez se dijo: O el gobierno federal me manda bulldozers o me manda tanques de guerra para resolver los problemas que tenemos en la sierra. Y esa realidad sigue vigente.

En la lejanía geográfica y en la lejanía presupuestal, el estado de Chihuahua siempre ha tenido que defenderse solo. Hoy, lo hace ciertamente con apoyo federal, pero todavía nos falta.

Cómo quisiéramos tener una parte de los enormes recursos que se han destinado a otros estados emproblemados y sin embargo resistimos, lo hacemos con la propia fuerza de los chihuahuenses y me parece justo que se haga un reconocimiento a la sociedad chihuahuense que aporta los recursos, su trabajo y su voluntad para retomar el camino que es ejemplar, porque las cifras económicas del estado de Chihuahua lo que reflejan es precisamente un ambiente de trabajo, lejos de aquellos estados donde los falsos profetas lo que hacen es destruir, dividir y señalo:

Cada vez que el pueblo de México vea una patrulla en llamas, vea un edificio destruyendo, vea cámaras siendo destruidas, lo que se está destruyendo es la aportación de ciudadanos que trabajan y que se está enviando a aquellos estados y en Chihuahua no se destruye, se busca reconstruir lo enormemente dañado.

Yo creo que no se puede, de ninguna manera, señalar que no hay razón para esta presencia, es un ejemplo nacional y tenemos un legítimo honor, los chihuahuenses, de que esto se presente de esta manera.

Hay, por otra parte, un señalamiento importante: la coordinación de estado, municipio y federación, se da en mejores términos hoy, en Chihuahua, en virtud del buen manejo que hace el gobierno del estado para ir equilibrando la relación y el trabajo con un fin superior, como es el de la seguridad, de los tres niveles de gobierno.

Creo que el manejo que se está dando permite que los municipios apliquen y yo creo que esto tenemos que verlo, señores senadores, como algo indispensable, porque no se ha mencionado y hay que señalarlo y subrayarlo, el bando de policía y buen gobierno tendrá que seguirse buscando como algo fundamental, con plena vigencia, para que haya el respeto a la convivencia y la mejor urbanidad y que es una función de las policías municipales y de ninguna manera enfrentar el delito federal y enfrentar al crimen organizado.

Tendremos que encontrar el justo medio. Creo que de alguna manera se va a ir encontrando en el estado de Chihuahua, gracias a los buenos oficios que hace el señor gobernador, buscando que los presidentes municipales no se desvíen de su objetivo y ciertamente hay problemas en muchos municipios, pero de ninguna manera los que había el año pasado y menos aun los que había hace cinco años.

Las cifras, cifras, cifras, más vale que no le movamos, porque las cifra de delitos que había hace tres años en el estado de Chihuahua, eran mucho mayores y específicamente de delitos federales.

Las cárceles, sí, son problema, están sobresaturadas y la única forma que las cárceles sigan saturándose, es darle a la población y a la juventud mejores opciones de vida que las del camino del delito y, sobre todo, de educación a los jóvenes, para que tengan mejores oportunidades en la vida y esto se está logrando, como en ninguna parte en el país.

Claro que tenemos derecho a venir aquí a presumirlo, a divulgarlo, a que se conozca y a que se pasen así de sencillo, las recetas, pero así de complicadas de cómo revertir situaciones del infierno a una situación tendente a la normalidad.

Muchas gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Gracias senador Martínez.

Tiene el uso de la palabra la senadora Arely Gómez y ahora sí, para terminar la ronda, porque no había registrado a la senadora Cristina Díaz, terminará con las intervenciones de los senadores y las senadoras.

Senadora Gómez.

SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

Seré muy breve, únicamente quisiera aquí señalar que el día de hoy estamos reunidos atendiendo a la política de parlamento abierto que se ha caracterizado esta sexagésima legislatura por impulsar.

Lo que significa que para la discusión de las leyes, de las iniciativas que se presentan, siempre se ha recurrido a hacer audiencias públicas, foros, estar en constante comunicación, interactuar con la ciudadanía y con los actores políticos, con los operadores que van a ser las personas que estas iniciativas que puedan en un momento dado llegar a ser leyes, se vean afectados o tengan interés.

El motivo es, y el sistema que se ocupó, fue un acuerdo de las mesas de las Comisiones que están aquí, junto con la Mesa Directiva, para discutir y analizar la Iniciativa enviada por el Ejecutivo en materia de Seguridad y Justicia, por ser un tema de la especial relevancia, se decidió no verlo en diciembre y en enero lo primero, hacer estos foros.

Una de las audiencias que se estableció, sería experiencias locales para lo cual se invitó a gobernadores, Jefe de Gobierno, así como a presidentes municipales que hubiesen tenido experiencias exitosas, o por el contrario, en estos temas que en realidad abarcaban tres puntos esta Iniciativa:

Mando Único policial estatal, intervención federal por filtración del crimen organizado y, por último, sistema de competencias en materia penal.

Se han ido desahogando estas mesas de una manera muy profesional.

Hemos escuchado diversas voces a favor, en contra, experiencias internacionales que nos han enriquecido mucho.

Se nos ha llegado literatura, por lo cual estaremos dictaminando las próximas semanas esta Iniciativa de especial relevancia para la ciudadanía, para México, para los mexicanos.

Entonces, este es un formato preestablecido, formato acordado.

Quiero hacer también, señalar, que posteriormente al grupo 2, vendrá un alcalde que también por no haber podido venir, el alcalde de Aguascalientes, pidió poder ser recibido, y será recibido posteriormente en cuanto terminen las mesas.

Entonces, este es el formato que se utilizó. Ya tenemos elementos suficientes como para poder estar dictaminando.

Y es de especial importancia haber escuchado al gobernador César Horacio Duarte.

Por lo que nos ha comentado, todos sabemos que en los juicios orales ha sido un gran impulsor.

Su estado ha tratado de lograr el equilibrio sano entre lo que es la procuración y la impartición de justicia, que siempre han sido desfasadas.

Y, por otro lado, el escuchar el sistema penitenciario es un tema que nos preocupa y nos ocupa en el Senado de la República. Estamos próximos a dictaminar la Ley de Ejecución de sanciones.

Y esto que usted nos comenta, Gobernador, ojala pudiéramos tener una plática más a fondo.

Es sabido y es reconocido tanto nacional como internacionalmente la cárcel modelo que está en su Estado.

Ya algunos senadores le han pedido que nos comente, nos profundice más por el tema y quisiéramos escuchar.

Muchas gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Gracias senadora Gómez.

Finalmente, la senadora Cristina Díaz.

SENADORA CRISTINA DÍAZ: Muchas gracias.

He seguido con mucha atención la intervención de mis compañeros senadores y sin duda la intervención del senador Roberto Gil es mi punto de partida, me pareció muy importante y muy interesante.

Yo creo que lo trascendental del poder público es que a través de sus poderes es la actualización, la modernización del mismo.

Hay antecedentes señalados con precisión y con mucha puntualidad de parte del senador Gil Zuarth:

En el 2010 la administración federal anterior propuso una Iniciativa de Ley en materia de mando único policial.

Posteriormente, hace un mes, en el 2014, el Presidente Peña Nieto envía al Congreso de la Unión un proyecto de ley en materia de policía estatal único.

La Iniciativa que se presentó en el 2010 modificaba diversos artículos constitucionales.

Modificaba cuatro: El 23, 73, 115 y 116, mientras que esta iniciativa también adiciona la modificación del artículo 104, 105 y 123 de la Constitución.

Lo que quiere decir que la Iniciativa que presenta esta Administración está transfiriendo las atribuciones de los municipios en materia de seguridad pública, a las entidades federativas, y que la iniciativa de 2010 permitía que las corporaciones locales policiales tuvieran un mando único, a través de una policía central.

En la actual iniciativa, la seguridad pública pasa a ser un servicio a cargo del Ejecutivo del estado, pero sigue beneficiando a los municipios; y la iniciativa contempla mecanismos institucionales necesarios para su implementación, tales como la expedición de leyes que establecen delitos y faltas contra la Federación; las leyes generales que establecen tipos penales y sus sanciones respecto a determinadas conductas; y la Ley General que distribuya competencias en materia penal para investigación, persecución y sanción de delitos, con la independencia de su fuero.

Por otra parte, en materia de infiltración del crimen organizado en los municipios, el proceso de intervención federal atiende los principios también del Pacto Federal; esto quiere decir que la Federación puede intervenir en un municipio si participan de manera conjunta, el Fiscal General, el secretario de Gobernación, la Cámara de Senadores y el Congreso.

¿Cuál es la diferencia entre una iniciativa y otra que se presentó?

Bien, ha señalado que la del 2010 contemplaba el mando único policial; la actual iniciativa está proponiendo la creación de una Policía Estatal Única; además de una ley de infiltración del crimen organizado en los municipios y el establecimiento de competencias penales, y todo esto viene a transformarse en una estrategia integral en la visión del Ejecutivo, en la visión del presidente Peña, para garantizar verdaderamente que se esté atacando de manera integral todos los puntos vulnerables que hoy estamos padeciendo como sociedad, que es el tema de la inseguridad.

Creo que la pregunta para el gobernador Duarte sería: de su experiencia, toda vez que Chihuahua ha experimentado diversos modelos de organización policial, que nos señale cuál es viable, ¿qué modelo de policía estatal es viable? Y ¿Cómo preservar en este modelo la experiencia exitosa?, porque hay experiencia exitosa de policías municipales.

Como él, bajo su consideración, nos puede dar luz para poder entender en esa experiencia tan importante que a él le ha tocado vivir; ¿cuáles de los dos tipos de policía considera que sería el más viable?

Siendo Chihuahua, un estado que ha logrado revertir de manera importante el tema de la inseguridad y que fue de los primeros estados que estableció el modelo de penal acusatorio.

Creo que esto es un tema muy importante, pero también las policías municipales de Chihuahua, algunas han sido muy exitosas, como es el caso de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez vivió el modelo anterior que implementó la Administración Federal; y hoy actualmente con una propuesta importante, podemos revertir de manera importante la seguridad para todo el país.

Muchas gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, senadora Díaz.

Le pedimos al señor gobernador del estado de Chihuahua, por favor, haga uso de la palabra para dar respuesta a los comentarios y cuestionamientos de las señoras y señores senadores.

GOBERNADOR CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ: Muchas gracias, senador presidente.

Quiero agradecer la oportunidad de compartir y abundar respecto a los distintos ángulos, que se observan inquietudes propias que refleja esta iniciativa; pero que también nos obliga a que México tome decisiones que permitan realmente retomar los cauces institucionales en el combate a la impunidad y la recuperación plena de la paz y la seguridad.

La senadora Angélica de la Peña nos planteaba el tema de la visión que desde un municipio se puede tener respecto a la Policía. Y coincidimos: México, en la Constitución del 17 se planteó el municipalismo como una de sus mayores fortalezas; pero también debemos reconocer que la forma en que se fue generando esta demarcación política al interior de las entidades federativas no siempre mantuvieron un equilibrio en su desarrollo armónico y, por lo mismo, generó carencias enormes como los que hoy vemos en materia de seguridad.

Si bien aquí se han dicho expresiones muy claras respecto a la posición que debe haber si exista o no policía municipal; fue la coincidente de los senadores y a mí me parece que este uno de los temas que debe agotar el Senado en un profundo debate.

Si bien hay quien se resiste a que el municipio deje de tener la potestad de la policía municipal, yo pregunto ¿qué opinamos cuando el ejército es el que está asumiendo la aplicación del mando de policía y buen gobierno?

Es el contraste absoluto. Es el extremo del péndulo, en el que la debilidad institucional nos exige, sin duda, atender a aquellos municipios que hoy tienen riesgo y crisis.

Y me pregunto, ¿cuántos municipios más requerimos que pase para que vaya el ejército y entonces atender al momento de la crisis y no previendo?

Tenemos que entender que el país está viviendo una crisis de emergencia en materia de seguridad y que las decisiones que tome el Senado, por fuertes que parezcan o que transformen esa visión municipalista que dio origen a la Constitución del 17 que México ya no es el mismo.

Mi pregunta es, si esa transformación legal a darle fortaleza a una sola institución policial en las entidades con mando único, porque al existir una policía única, por naturaleza, hay un mando único; y los municipios, si bien las regiones son distintas y la problemática es diferente en materia de seguridad, no podemos esperar a que las ramificaciones de la delincuencia organizada transiten de una región a otra cuando estas son combatidas en algunas regiones, y hemos visto ese fenómeno que algunos le han llamado “el efecto cucaracha”.

Tienen que tomarse medidas trascendentales para fortalecer una policía estatal única, con un mando único, coordinado federación y Estado, para combatir desde todos los municipios la inseguridad.

Y posterior a ello, pasada la crisis, naturalmente prever, o si bien también hay mecanismos legales para dar tiempo suficiente para la transformación de las corporaciones municipales y estatales.

A mí me parece que este punto es trascendental, porque una coordinación va por encima de la visión de la realidad que tenemos política partidista de municipios, coyuntura electoral, circunstancias y que nos han llevado desgraciadamente a hechos tan lamentables como los que hoy, y son la razón que nos ocupa en esta reforma planteada.

Yo quiero agradecer al senador Ríos Piter que me dé la oportunidad de compartir el esquema carcelario.

El tema penitenciario en Chihuahua se transformó gracias a asumirnos el compromiso de gobernar las cárceles. No estoy diciendo que no vuelva a haber jamás un delito o una circunstancia en una penitenciaría, no; porque quienes ahí se recaudan, sabemos la naturaleza propia y las razones por las cuales están recluidos.

Pero nos basamos en seis ejes. Primero, nos asumimos en una institución que tiene una vasta experiencia, y es muy importante conocer cómo procesa la Asociación de Correccionales de los Estados Unidos, es un sistema que permanentemente está en evolución para la certificación y calificación de los penales.

Ahí, en esa organización, fluyen todos los eventos, circunstancias que se le ocurre a cada uno de los reos para violentar o violar las normas de seguridad o de disciplina y control que puede tener una cárcel.

Ese enriquecimiento permite prever en otras precisamente esos riesgos, y aunque se ha avanzado enormemente, la certificación no garantiza que jamás haya un flujo de droga.

Encontramos mecanismos que verdaderamente son impensables, en los que usa desgraciadamente a veces familiares, amigos, o quienes visitan a los reclusos, para introducir drogas.

Pero nos basamos en seis ejes centrales: primero, la disciplina. Se establecieron mecanismos de disciplina muy claros, para que a partir de más de mil procesos se genere una condición de control de disciplina, de limpieza, de orden y que a la par estos mecanismos nos dan la seguridad interna.

En el Centro Penitenciario de Ciudad Juárez, conocido como la cárcel más peligrosa de Latinoamérica, había carreras de caballos, había 3 mil reclusos y el día que asumimos el control de la cárcel, con 3 mil reclusos, había 4 mil 500 litros de alcohol de distintas marcas de licor.

Esta era la realidad y es la realidad de muchas cárceles.

Cuando certificamos el Penal Número Uno de Chihuahua, me dice el director médico del penal: “señor gobernador, es la primera vez que voy a entrar al edificio que fue diseñado para que sea la clínica de la cárcel”.

¿Por qué?

Porque siempre ha sido la recámara de los capos. El señor médico y los médicos atendían a los reos en los pasillos y no es cosa que esté hoy aludiendo como una cosa no conocida, al contrario, es un tema al que nos debemos abocar, porque –insisto— y agradezco esa pregunta, que el control de las cárceles es el mecanismo más eficaz para combatir los delitos de alto impacto.

Nadie puede negar que la extorsión, nadie puede negar que el secuestro, son operados y dirigidos, la mayor parte de ellos, desde los centros penitenciarios.

Yo hoy acredito y perdón si alguien cree que venimos a dar un informe de gobierno o a lucir los resultados, pero no sólo son los resultados de la administración, es el trabajo de los custodios, de los directivos de los penales, que hay que estimular por sus resultados.

Hoy podemos acreditar que de ninguno de los ocho centros penitenciarios del estado de Chihuahua, que son todas las cárceles que hoy ya existen en el estado, de ninguna se extorsiona ni se secuestra a ningún ciudadano mexicano, de ningún penal del estado de Chihuahua y si eso hiciésemos todos los estados de la República, estábamos hablando de otros temas y no de este.

Me parece fundamental que la responsabilidad no sólo sea en la operación de las policías, sino sea precisamente el asumir de manera integral la responsabilidad de los estados de lo que nos corresponde al fuero común.

El marco legal establece muy bien los limitantes de cada una de las responsabilidades institucionales que tenemos en esta materia.

Y este es el debate, insisto, que no puede confundir respecto a las resistencias del municipalismo. Hoy vivimos una crisis y hay que atenderla. Las cárceles fuman, las policías sin duda es el mecanismo cuando éstas se depuran, cuando éstas son confiables, cuando éstas se van transformando.

En Chihuahua no fue nada sencillo llegar a depurar ante la instrucción que tenía la policía de no salir a la calle cuando había un evento de alto impacto y la gente qué. Lo decía el senador Martínez, las cárceles eran las rejas propias de las casas de la ciudad.

Hoy los juarenses saben muy bien, muy bien, que tienen seguridad y basta visitar los centros nocturnos, los cines, los centros comerciales; basta observar el crecimiento.

Comisión Federal de Electricidad nos acreditó que Ciudad Juárez es la Ciudad que más contratos nuevos comerciales tiene de toda la república.

¿Y eso qué es?: Recuperación económica, confianza. Esa es la realidad de Chihuahua.

Es muy difícil plantearse temas de los cuales cuando no queremos reconocer, no el resultado del gobernador: de los chihuahuenses, mínimo por respeto al avance que llevamos.

Por eso la certificación de las cárceles a mí me parece fundamental y que esto, insisto, le da herramientas institucionales al Estado para contener delitos de alto impacto.

Yo invito, y lo hago con todo respeto señor Presidente de la Comisión, a que se organice una visita a uno de los 8 centros, el que ustedes escojan, sin previo aviso, que lleguen a Chihuahua y visitamos la cárcel que ustedes consideren.

Y la que no tenga más limpios los pisos que el mismo lobby de este lugar del Senado, entonces sí asumiremos que estamos fallando.

Había 300 homicidios por año en las cárceles de Chihuahua. Hoy no hay un motín, hoy no hay una fuga, hoy no tenemos el riesgo de que la sociedad sea víctima de la operación desde las cárceles del Estado.

Y eso es un avance que verdaderamente vale la pena asumirlo porque eso nos genera seguridad, nos genera confianza.

Pero además alto elemental: si está en recaudo del Estado todo aquel ciudadano que violentó la ley y está pagando una pena, también es potestad del Estado garantizar su integridad y su seguridad.

Siempre habrá riesgos, siempre habrá problemas. Insisto: la naturaleza propia de estas instituciones es demasiado compleja.

Pero lo peor es sólo observar y no hacer nada; sólo cuestionar sin abonar a construir soluciones como ésta, que lo decimos con un gran orgullo.

Al senador Enrique Burgos, que también coincidió con el senador Oramas y la senadora Angélica de la Peña, respecto al mecanismo que hicimos en Chihuahua para resolver una circunstancia de coyuntura siempre con un agudo problema.

Los nombramientos de los jefes de las policías municipales.

Más allá de partidos, más allá de colores, al momento de las elecciones son sujetos los candidatos a presidentes municipales a presiones de toda naturaleza, a veces por conocimiento o a veces sin él, simple y sencillamente porque alguien colaboró en su campaña y luego cobran o pretenden cobrar facturas. Y eso es poner a los habitantes contra la pared.

Para resolver esta coyuntura, este tema, el año pasado el Congreso del Estado, en el 2013, previo a la elección, nos dimos a la tarea de establecer un mecanismo legal para que los ayuntamientos del Estado enviaran una terna al Congreso, y el Congreso de esa terna nombrara al jefe de la policía municipal.

Con ello no violentamos el artículo 115, un acuerdo meramente político, y le dimos la forma legal para con ello evitar las presiones que eran sujetos los alcaldes y los ayuntamientos para el nombramiento de los mismos.

Pero con la policía única, con el mando único, porque yo insisto que se deben dar las dos figuras en cada entidad federativa, ahí desaparece este supuesto.

Que este supuesto, regresar a normalidad, regresándole la potestad a los municipios puede mantenerse para que los órganos representativos de los pueblos, de las entidades federativas, que son los congresos estatales, participen en los nombramientos en el futuro, si llegase a regresarse, una vez aprobada esta Reforma, en esa condición de nombramiento de los jefes de las policías municipales.

Esto evita enormes conflictos y evita sobre todo la condición en la que se sujetan los policías, los presidentes municipales o los cabildos ante una realidad que existe en los municipios de todo el país.

Y quiero agradecer las expresiones de la senadora Ortiz, de la inteligente pregunta del senador Roberto Gil Zuarth, en el que me parece que esa operación, insisto, debe darse y me parece que es uno de los puntos más sensibles de la Reforma en el que si no entendemos que México está viviendo una crisis y que debemos fortalecer desde el Municipio este reto, entonces estaremos simple y sencillamente cediendo tiempo para que este fenómeno se siga trasladando a todas las regiones de la República.

No puede el Ejército, de ninguna manera, seguir haciendo funciones de Policía Municipal ni de Policía Estatal ni de Policía Federal; el Ejército debe regresar a los cuarteles a salvaguardar y garantizar para lo que está establecido en la Constitución: la soberanía nacional y nuestro territorio.

Me parece fundamental que esa posición de nuestras Fuerzas Armadas no sigan llevando una erosión institucional, que es lo que está sucediendo, con señalamientos, con cuestionamientos que ponen en entredicho a la justicia, a las instituciones; pero además están agotándose las instituciones más sólidas de la República para los retos que nuestro país requiere en momentos en los que esto requiera, y está previsto perfectamente en la Constitución.

Quiero, el día de hoy, abundar en esos esquemas, a la senadora Arely Gómez decirle que la justicia es sin duda, el único mecanismo que permitirá una paz permanente y una recuperación plena de la seguridad en nuestro país.

En Chihuahua, si bien hemos logrado concretar con un gran esfuerzo integralmente al sistema penal acusatorio, con un gran éxito; también quiero decirle que la Fiscalía General del estado abona en esta estrategia al buen funcionamiento de los juicios orales en materia penal.

Les voy a dar una cifra que puede sonar a informe de gobierno –como aquí se ha dicho–, pero es una cifra que se tiene que comprobar, corroborar a quien no lo crea: En Chihuahua se ejecuta por encima del cien por ciento de las órdenes de aprehensión cada mes; es decir, las órdenes de aprehensión nuevas que nos obsequia el Poder Judicial, en un 95 a 96 por ciento se ejecutan mes con mes; tenemos más de dos años en ese porcentaje.

Y pasamos del cien por ciento, porque se ejecuta un 8, un 10 o hasta un 15 por ciento de rezagos de otros años en órdenes de aprehensión. Es decir, el combate a la impunidad es una claridad.

Del 95 por ciento de esas órdenes de aprehensión, el 95 por ciento ingresan a un proceso judicial; y el 98 por ciento son castigados por las causas que fueron detenidos. Hay un avance sustancial en esta materia.

Mi gobierno ha logrado, con el consenso de las fuerzas políticas del estado, las reformas en la oralidad en materia civil, en materia familiar y que lograremos este año ponerlas en función para el mes de junio. Lo que también hemos logrado con un gran éxito –vale decirlo porque abona sin duda al Estado de Derecho– son los juicios orales en materia laboral.

Se han disminuido en más de un 80 por ciento los conflictos laborales, y de cinco meses en promedio que teníamos de los juicios laborales, se ha reducido a cinco semanas. Incluso el Distrito Federal, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, se ha coordinado con nosotros y ya ha iniciado y ha puesto en marcha con éxito, los primeros juicios orales en materia laboral aquí en la Ciudad de México.

Y quiero agradecer al Gobierno Federal, porque la Secretaría del Trabajo abrió la primera junta federal de conciliación y arbitraje, que desahoga los conflictos de manera oral en Parral, Chihuahua, con un plan piloto para establecer este mecanismo a nivel nacional. La oralidad garantiza también transparencia, inmediatez, acceso a la justicia, presencia y, en ese sentido, me parece que abona de manera muy importante a nuestro sistema judicial.

Por otra parte, la senadora Cristina Díaz, a quien agradezco sus palabras, insisto, la Policía de Nuevo León es una Policía exitosa y que no es igual; y esto vale decirlo con una modesta experiencia: no es igual conformar una institución de seguridad con la presión de la emergencia; a diseñarla con tranquilidad a una función que garantice y acredite la paz.

Este es un tema –me parece– fundamental, porque los estados que hoy pueden decir que no tienen problema, lo pueden tener; y si no, qué bueno que no lo tengan, pero hagamos lo que tengamos que hacer, ya sufrimos las consecuencias. A mí me parece fundamental que este tema se dé.

Y, con el debido respeto al Honorable Senado de la República, yo no puedo dejar pasar de ninguna manera las acusaciones que se me han venido haciendo, y aunque no sea el tema al que fui invitado, sí ha sido señalado este tema y de ninguna manera puedo permitir que mi nombre ni el de mi familia se señale de manera tan irresponsable como se ha hecho.

Las acusaciones a las cuales se dice que se tienen pruebas, yo las espero, porque de ninguna manera existen.

Se dice que soy socio mayoritario de un banco que no existe, empecemos por ahí. Y lo que sí existe es un conflicto social generado por una organización crediticia “Unión-Progreso” que tenía un conflicto similar igual o poquito peor que el de Ficrea, que aquí hizo un gran conflicto. La diferencia es que allá son 100 mil ahorradores que hubiesen estado en las calles de no haberse atendido.

Ese es el origen de toda la serie de imputaciones falsas y señalamientos que, por no querer reconocer los avances de Chihuahua, se vienen a señalar.

Yo les pido que se den una vuelta por el estado, que conozcan. Se habla de Camargo, Camargo está en paz; Meoqui está en paz. Sí hay problemas en la sierra, siempre los ha habido y desgraciadamente son retos enormes que somos los primeros en reconocerlos, pero quien no reconozca el avance de Chihuahua, no es reconocérselo al gobernador ni al señor Presidente, es no reconocérselo a los chihuahuenses, que bastante han sufrido por ello.

Yo hoy, como aquí se ha señalado un tema de conflicto de interés, y que no debiese yo haber participado en esta mesa, me voy con una duda mayor.

Señor senador, quien creo que tiene un conflicto de interés es usted, y no es la primera vez, lo hemos visto a lo largo de muchas acusaciones.

Usted me ha acusado en más de 20 ocasiones de distintas cosas y la autoridad jamás le ha dado la razón, porque nunca la ha tenido.

Hoy, me preocupa demasiado el hecho de que sus señalamientos lleven otro fondo.

Aquí se ha dicho un fondo posiblemente electoral, sería el menos malo. A mí me preocupa que la afectación que hemos hecho a los intereses del grupo delictivo de la frontera sea lo que a usted lo esté motivando a pretender desestabilizar mi gobierno.

Su hermano estuvo en recaudo de la cárcel fronteriza, en donde tiene la mayor presencia el grupo delictivo de Ciudad Juárez, y esos intereses los hemos afectado de frente y su hermano fue procesado por narcotráfico y su otro hermano procesado por fraude financiero en los Estados Unidos y también recaudo en esas cárceles.

Yo no quiero irme, no, ahí están, precisamente no sería yo irresponsable en mencionar un tema de ese tamaño. Al contrario, yo escuché y lo que a mí me preocupa es que esos intereses estén pretendiendo hoy desde aquí cambiar la realidad que vivimos en Chihuahua.

Muchas gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muy bien, muchas gracias.

Agradecemos la presencia y las intervenciones del gobernador del estado de Chihuahua. Es un asunto que tendrá que debatirse en otro espacio, el senador Javier Corral.

Vamos a concluir esta etapa de la sesión que tenemos el día de hoy. Agradecer la presencia de las señoras senadoras y senadores del público. Espero que se mantenga en las siguientes fases de la discusión del día de hoy. Tenemos, sin lugar a dudas, ponentes muy interesantes.

Abrimos un receso de cinco minutos para que nuestros invitados pasen a ocupar sus lugares.

***** (Sigue segunda parte) *****

(Segunda parte)

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Tenemos un rezago de más de media hora en los trabajos y vamos a hacer un esfuerzo por ajustarnos a los tiempos, sin demeritar, de ninguna manera, la calidad de las intervenciones y por supuesto las intervenciones de los senadores.

¿Quiere hacer una moción el senador Corral?

SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Sí, senador Encinas, porque el formato que se acordó, que ya fue realmente especial para la comparecencia de Duarte, generó una imposibilidad de responder la última imputación que el gobernador de Chihuahua hizo aquí, en la tribuna, golpe bajo, como el que está acostumbrado a hacer una y otra vez, que define el nivel del gobernador de Chihuahua. Ese es el nivel exactamente con el que actúa.

Ha hecho una imputación muy delicada, muy grave, el gobernador de Chihuahua, aunque ha insinuado, pues ha generado una acusación de supuesta vinculación mía con el crimen organizado. Incluso ha deslizado que mi postura sobre su, la crítica que yo he realizado, tiene que ver -dice— con los intereses afectados en la frontera, con motivo del combate al crimen organizado.

Me parece que es tan delicada la acusación que voy no solamente a pedir al gobernador de Chihuahua que fundamente sus dichos, sino voy a pedir al Senado de la República que se encargue de recoger estas declaraciones tan bajas, tan de pandillero, pandillero de última hora, porque ese es el comportamiento que ha tenido aquí el gobernador de Chihuahua. Salir con eso me parece que además de un corrupto, es un vulgar pandillero el gobernador del estado.

Así que sé que no debo asumir más tiempo en términos de este asunto, voy a convocar ahora mismo, senador Encinas, a una conferencia de prensa en el Senado, porque voy inmediatamente a atajar esta vulgaridad con la que ha terminado el gobernador de Chihuahua.

Pero qué bueno que lo hizo, porque ese es el verdadero gobernador del estado. Ya en redes, en periódicos digitales, en ciertos correos electrónicos, venía manejándose este tema de mis hermanos.

Ya se venía filtrando y pasando a medios, etcétera. Ahora sabemos, ya claramente, quién impulsa ese tipo de acusaciones, esos manejos Está desvelado aquí que el gobernador de Chihuahua es el que está detrás de esa estrategia que busca desprestigiarme a mí.

El gobernador de Chihuahua no tiene ningún elemento para hacer de mí ninguna insinuación, no solamente lo demuestro sino, en su caso, está demostrado con pruebas de nuestra denuncia penal.

Entonces, voy a convocar, senador Encinas, a una conferencia de prensa para ahondar con los medios sobre este tema.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Está en su pleno derecho, senador Corral.

Por supuesto que el formato que hemos establecido se apega estrictamente a lo que es el desarrollo de una audiencia pública. No se trata de una sesión deliberativa de las comisiones unidas y haremos llegar tanto la versión estenográfica de la intervención del señor gobernador, como la intervención que acaba de hacer usted, a la Mesa Directiva, para que atienda la solicitud que usted está en su derecho de formular.

Bueno, pues vamos a iniciar.

Muchas gracias por la presencia. El tema al que hemos convocado el día de hoy es el de la Mesa 4, última de estas audiencias públicas en materia de seguridad y justicia, es el sistema de competencias en materia penal.

Para ello, se ha hecho llegar con anterioridad a nuestras invitadas y nuestros invitados, tres preguntas en el ánimo de ir conduciendo el debate, conocer diversas opiniones aunque por supuesto cada uno, cada una de nuestros invitados están en su plena libertad de hacer la exposición que consideren conveniente.

Esas tres preguntas, son:

La primera: La nueva facultad del Congreso de la Unión replanteada al concepto de federalismo, por lo que ante la inminente entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, ¿cómo funcionarán las nuevas competencias, cuáles serán los límites y qué relación guarda esta Reforma con la implementación del sistema acusatorio?

La segunda pregunta:

La Iniciativa propone un nuevo paradigma de federalismo cooperativo, en la que por un lado el Congreso de la Unión podrá expedir leyes generales que establezcan tipos penales y sanciones y distribuyan competencias; y, por el otro, una Ley General que distribuya competencias para todos los delitos con independencia de su fuero.

¿Esto implica una contradicción? ¿Cómo debemos interpretar las propuestas de adiciones contenidas en los incisos B y D de la Fracción Vigésimo Primera del Artículo 73 Constitucional?

Y, la tercera:
¿Cuál es la solución a los problemas de tortura y desaparición forzada de personas? ¿Se reduce a una redefinición en la distribución de competencias?

Son las tres preguntas que les hemos solicitado atender a nuestros invitados.

Vamos a dar el uso de la palabra, en el orden que viene en el programa. Y en primer lugar, tiene el uso de la palabra la licenciada Lucía Chávez, quien es licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y que actualmente es Directora de Investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Les pedimos que por favor hagan uso de la Tribuna para que los medios puedan hacer su trabajo, porque si no, no se registra la transmisión. Bueno, la transmisión del Canal del Congreso sí, pero no se registra en los medios de comunicación en su conjunto.

Sea usted bienvenida licenciad Lucía Chávez.

LICENCIADA LUCÍA CHÁVEZ: Muchas gracias senador.

Buenos días a todas y todos, senadores, colegas de las organizaciones de derechos humanos.

Primero que nada, agradecer la confianza de todas y todos los senadores para con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Para nosotros es muy importante estar aquí compartiendo esta charla con ustedes, porque son líneas de trabajo que el Senado y nosotros como Comisión trabajamos conjuntamente.

Yo creo que las dos más importantes porque tenemos mucho trabajo juntos, es la erradicación de la impunidad y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos.

Entonces comenzaría diciendo que esta Reforma que se plantea se tiene que ver a la luz precisamente de los derechos humanos, del respeto a los Tratados Internacionales de que el Estado Mexicano forma parte.

Voy a concentrarme en dar respuesta a las preguntas que se plantean en las cuestiones preliminares que nos enviaron previamente.

Primero que nada, nosotros consideramos acertada la Reforma al Artículo 73 Constitucional.

Creemos que el Congreso debe estar facultado para expedir leyes generales que promuevan, garanticen, protejan los derechos humanos.

Sin embargo, la Reforma únicamente habla, se plantea por los delitos de desaparición forzada y tortura.

Creemos importante que se incluyan también la ejecución extrajudicial que, bueno, esto es en un lenguaje de derechos humanos pero se traduciría en el homicidio cometido por servidor públicos en uso de sus funciones, o con extralimitación de las mismas, el feminicidio, la desaparición; no únicamente la desaparición forzada, sino la desaparición ejecutada por grupos criminales, la desaparición forzada realizada directamente por agentes estatales y por adyacencia o autorización de agentes estatales, la desaparición ejecutada por cualquier particular, y bueno, la tortura en general.

Para ello, consideramos importante que la Federación goce de áreas especializadas para la investigación de estos delitos. Tiene que contar con recursos materiales, económicos y también con personal humano capacitado para realizar estas funciones.

Sobre la distribución de competencias, hay una cosa muy importante: si bien debe de haber una distribución de competencias, es muy importante que estas violaciones graves a derechos humanos que se traducen en delitos graves, se puedan llevar a la justicia no sólo cuando es competencia de un estado; sino que se puedan llevar a la justicia por la Federación, que se puedan investigar por la Federación y judicializar por la Federación, cuando los estados no tengan la voluntad o capacidad para llevar a cabo juicios de manera independiente, imparcial.

También cuando se comprometa la responsabilidad internacional de los estados o cuando se trate de sentencias emitidas o de casos que están siendo judicializados ante instancias internacionales.

Respondiendo a la última cuestión de si la solución a los problemas de tortura y desaparición forzada de personas se reduce a una redistribución de las competencias; la respuesta es que ayuda. Una redistribución de las competencias en Federación a estado, ayuda, pero consideramos –como ya lo dije– que no sólo la desaparición forzada y la tortura deben de estar incluidas aquí; sino también se debe de considerar el feminicidio, la desaparición en todos sus tipos.

También consideramos muy importante la creación de una Fiscalía que investigue únicamente violaciones graves a derechos humanos, como ya lo dije, dotarla de todo tipo de recursos. Y muy importante, las investigaciones que deriven de esta Fiscalía, tienen que investigarse de manera que tomen en cuenta un contexto.

Ahí creo que puede ser muy útil la experiencia argentina en materia de juicios de lesa humanidad, en donde las fiscalías ad hoc investigan contextos y acumulan causas, no solamente investigan casos individuales.

Otra cosa muy importante para la erradicación de la impunidad y para que esta reforma pueda tener éxito, es la cooperación internacional. Yo celebro que esté invitada la Oficina del Alto Comisionado a estas comparecencias; creo que se puede retomar en este sentido, la experiencia guatemalteca con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Es muy importante el estudio de esta Comisión, ya que esta Comisión incluso llega a tener acuerdo con la Fiscalía, en el año 2008 esta Comisión Internacional firmó un acuerdo con la Fiscalía Guatemalteca no sólo para capacitar; sino para que tenga un área específica para llevar a juicio todas aquellas investigaciones hechas por esta Comisión contra la impunidad que, repito, tiene surgimiento desde un organismo internacional; es un órgano de un programa de Naciones Unidas, de ahí la importancia de la cooperación internacional.

Resumiría con algunos puntos mi intervención:

Uno es la creación de Fiscalías con todo tipo de recursos, materiales técnicos, personal humano capacitado; que además investigue contextos.

La cooperación internacional, muy importante.

Y que la federalización y la distribución de competencias, no implique tajantemente que la Procuraduría General de la República no pueda investigar ciertos hechos violatorios de derechos humanos, cuando un estado no tiene la capacidad de hacerlo; cuando comprometa la responsabilidad internacional del estado o ante casos o sentencias que estén ante un organismo internacional.

Muchas gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchísimas gracias, licenciada Chávez Vargas.

Como dije que íbamos a agilizarlo, voy a ser el primero en no abusar del uso del micrófono y vamos a pasar de inmediato a ceder el uso de la palabra al doctor José Antonio Caballero Juárez, quien es profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE.

Sea usted bienvenido.

DOCTOR JOSÉ ANTONIO CABALLERO JUÁREZ: Senadoras y senadores, muchas gracias por la invitación a los presentes. Empiezo, como vamos cortos de tiempo, sin mucho más.

Desde hace tiempo tenemos un problema de competencias. Me parece que la iniciativa es muy clara en ello. Está marcado un problema muy importante. Competencias federales y competencias procesales, desde lo sustantivo y desde lo procesal.

Quizá lo que yo les diría es que a mí me preocupa un poco si estamos en el camino adecuado. No quiere decir que la iniciativa no vaya en el camino adecuado, pero quiero dejarlo como una pregunta y sobre esto voy a tratar de concluir, después me abocaré a las preguntas que tengan a bien formularme los senadores.

Primero, concepción general. Como concepción general me parece que es importante marcar una cosa; la iniciativa habla mucho de los delitos que generan mayor agravio a la sociedad e identifica el secuestro, el homicidio doloso y la extorsión.

Creo que es cierto, son delitos que nos preocupan, pero creo que también es cierto y es necesario dar un paso mucho más allá. Hay una delincuencia que está continuamente atacando a la población: delitos en autotransporte urbano, delitos que afectan a la gente común y corriente y esos son delitos que están preocupando mucho.

Mi comentario aquí es simplemente en el ánimo de abrir o, si quieren ustedes, democratizar el derecho penal, en ese sentido.

Esto no es una retórica, esto tiene que ver con el corazón de la construcción del derecho penal.

En cuanto al camino. Hemos transitado por varias reformas. Creo que tenemos que hacernos mucho cargo de esto.

El artículo 73, fracción XXI, se ha reformado ya en varias ocasiones y hay varios ejercicios ahí. Siento que tenemos cierta tendencia reactiva y aquí mi punto sería antes de seguir dando pasos, tratemos de evaluar algunas cuestiones.

El mejor ejemplo es el caso del narcomenudeo. La iniciativa se hace cargo de esto; la iniciativa parece indicar que el narcomenudeo no está funcionando, pero me perece que tenemos que averiguar bien cuáles son las razones.

¿Por qué es importante esto?

La idea detrás de la reforma del narcomenudeo fue transferida; las funciones de la persecución de narcomenudeo de la federación en los estados; la idea era que entonces la federación no tenía que encargarse del pequeño comercio de drogas sino que podía enfocarse en otros fenómenos.

Esto aparentemente no está resultando, pero es aparentemente; no tenemos muchas cifras, tenemos 32 entidades federativas, necesitamos ver cuál es la realidad en cada una de ellas, pero esto es precisamente lo que tenemos que ver cuando hablamos de competencias.

En temas sustantivos, la iniciativa me parece que marca problemas muy claros. Ciertamente hay problemas claros en los tipos penales que no están en todas las legislaciones. El tema de la desaparición forzada me parece que es el más claro de todos, no está en todas las legislaciones, una ley general podría ayudar a hacer esto.

El impacto de generar esto en temas sustantivos es que es una carta abierta federal para definir delitos; necesitamos discutirlo desde el punto de vista federalista, si efectivamente vamos a ir hasta allá y dejar facultades residuales para formular tipos penales a los estados.

Aquí otra vez la pregunta tiene que ver con la construcción de nuestro derecho penal. Tenemos la tendencia de llevar todo al derecho penal, ser extremamente reactivos y también muchos problemas en la construcción misma del derecho penal, la construcción dolo, la construcción de las penas. Si este es el momento de entrar a ver este tipo de cuestiones, me parece que habría que ver el contenido mismo del derecho penal; creo que es una estupenda oportunidad.

En cuanto a temas procesales, la iniciativa también es muy acertada, me parece, la descripción de los problemas de competencia entre autoridades federales y autoridades de las entidades federativas. Este es un dolor de cabeza cotidiano en tribunales para abogados, para ministerios públicos, para defensores, para jueces, todo el mundo se enreda en este problema.

Detrás de este problema, sin embargo, me temo que hay algunas otras cuestiones. Hay no sólo las definiciones de las reglas de competencia sino también, me parece que hay que decirlo con mucha claridad, hay indolencia judicial, por ejemplo, jueces que están buscando quitarse competencias a toda costa; hay mucha indolencia también en las procuradurías que se están aventando competencias y esto no se arregla necesariamente con reglas, lo vamos a arreglar con definiciones de responsabilidad.

Dar mayor flexibilidad en la definición de competencias también puede tener costos. Uno de ellos, por ejemplo, cuando un detenido pasa de proceso local a proceso federal, de la noche a la mañana su defensa tiene que trasladarse a alguna otra parte de la República.

Este es un problema importante. Necesitamos, si vamos a construir una competencia federal mucho más amplia, necesitamos regular estas condiciones.

Esto no sólo sirva para la defensa, sirva para la policía, es un problema para las procuradurías, el traslado de reos de un lugar a otro es muy problemático. Tenemos que tener cuidado con este tipo de construcciones de competencia, si es que las reglas van a ir por ahí.

El problema más importante, me parece, es un problema que creo que tenemos que analizarlo desde el punto de vista del federalismo: si vamos a tener un régimen de competencia flexible, lo que tendríamos que entender entonces es que la federación va a subsidiar a las entidades federativas en la persecución de los delitos, ¿sí o no?

Y si va a subsidiarlos, en qué condiciones y bajo qué circunstancias va a intervenir la federación. Esto puede tener impacto incluso desde el punto de vista de distribución de recursos.

Si cada vez que se comete un delito existe potencial de que no sólo intervenga la procuraduría de la entidad federativa, sino también la Procuraduría General de la República, cuáles son las condiciones donde debe entrar o no debe entrar.

La pregunta es una pregunta de federalismo y es una pregunta de federalismo duro. Hasta el momento el esquema ha sido restrictivo. Si lo vamos a ampliar, entonces tenemos que preguntarnos hasta dónde y en qué condiciones lo vamos a ampliar, pero esto, me temo, también tiene importantes implicaciones desde el punto de vista del financiamiento.

Y entonces tendríamos que empezar a colocar recursos específicos y muy probablemente también dentro de un diseño de nuestras instituciones en el sistema de procuración de justicia; evidentemente hay que definirlo.

Hay un tema que me preocupa especialmente dentro de la iniciativa: el tema de delincuencia organizada. Se quita la atribución exclusiva de delincuencia organizada para la federación y se establece la posibilidad de que facultades en materia de delincuencia organizada puedan ser utilizadas por procuradurías en las entidades federativas.

Esto me parece extremadamente problemático.

No voy a entrar en una discusión filosófica del derecho penal del enemigo. Simplemente lo que quiero dejar muy claro es mover delincuencia organizada es dotar de atribuciones a autoridades que no están a la altura de ello.

No tenemos que darle muchas más vueltas, este es un elemento muy peligroso y me parece que, si ya tenemos en este momento una constitución de la delincuencia organizada y no se va a quitar por lo menos restringir o mantener el uso exclusivamente para la autoridad federal.

Como conclusión, en el fondo no nos resulta el problema, me parece, o muchos de los problemas que tenemos. Las reformas no necesariamente las hemos analizado para ver si están efectivamente resolviendo los problemas para los que se aprobaron en su momento.

La historia del artículo 73, fracción 21, en los últimos cinco años, seis años, no da cuenta de esto, no ha sido muy reactiva.

Algunas reformas son buenas en materia de secuestros, se puede pensar, en materia de libertad de expresión, pero hasta dónde podemos entonces encontrar esos resultados. Necesitamos evaluar ese tema.

Implícitamente lo que yo sostendría es que existen instituciones dentro del Estado mexicano que estamos utilizando mucho menos en esto y las respuestas pueden estar ahí.

Una de ellas me parece que parece que es el Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Sistema Nacional de Seguridad Pública es un organismo de coordinación de Estado, precisamente, de capacidad federal. Creo que tendríamos que explorar este tipo de elementos.

Con ello no quiero decir que la iniciativa no esté planteando problemas reales. Los problemas procesales se viven todos los días y creo que la iniciativa es muy clarita en establecerlo.

En cuanto a las preguntas, la primera pregunta, es:

¿Cómo funcionarán las nuevas competencias, cuáles serán los límites y qué relación guarda esta Reforma con la implementación del sistema acusatorio?

Esto no se puede responder hasta no tener la legislación ya aprobada, las reglas procesales.

En principio podemos decir que el impacto no va a ser inmediato porque no se define con claridad dentro de la Iniciativa esto. Esto al menos a mí no me preocuparía inmediatamente, me preocuparía en el momento en que se haga la legislación secundaria.

La segunda pregunta:

¿La Iniciativa proponer un nuevo paradigma de federalismo cooperativo en el que la, por un lado, el Congreso de la Unión podrá expedir leyes generales que establezcan tipos penales y sus acciones, distribuirán competencias?

Y, por el otro, una ley general que distribuya competencias para todos los delitos. ¿Esto implica una contradicción? ¿Cómo debemos interpretar las propuestas?

No; no hay contradicción. Es enredado pero no hay contradicción.

Lo que se está diciendo en la Iniciativa es que algunos delitos, desde el punto de vista sustantivos pueden tener atracción y otros desde el punto de vista procesal la distribución de competencias.

¿Es enredado? Sí, ciertamente es enredado porque creo que no terminamos de aterrizar nuestro paradigma precisamente de colaboración en materia de colaboración en materia de persecución de los delitos.

Pero desde el punto de vista estricta técnica me parece que es acertado.

Y voy hacia la última pregunta.

Acertado, digamos que se resuelve. Creo que podemos discutir si es la solución que queremos o no.

La última pregunta:

¿La solución a los problemas de tortura y desaparición forzada de personas se reduce a una definición en la distribución de competencias?

No. La solución a la tortura y a la desaparición forzada se resuelve directamente con intervenciones y mensajes claros.

Aquí hay impunidad; mientras no reduzcamos la impunidad no vamos a ir muy lejos.

Muchas gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias doctor José Antonio Caballero, por su presentación.

Toca el turno al doctor Javier Oliva Posada. Él es politólogo, maestro en estudios latinoamericanos y profesor de tiempo completo de ciencia política en la licenciatura y postgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Le pedimos nos haga el favor de hacer uso de la palabra.

DOCTOR JAVIER OLIVA POSADA: Me voy a esperar que den las 12 para decir buenas tardes.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: No hay tanta prisa, ¿eh?; hay que apresurarnos pero incluso no tanto.

DOCTOR JAVIER OLIVA POSADA: Muy bien. Muchas gracias.

En primer lugar quiero agradecer al senador Enrique Burgos, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales; al senador Alejandro Encinas, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, por la invitación.

Y por supuesto reconocer la presencia de senadoras y senadores, funcionarios públicos, funcionarios del Senado de la República y colegas.

Quiero iniciar mi intervención con tres preguntas que me formulé al momento de estar preparando esta ponencia y la investigación de los datos a los que recurrí.

La primera, es: ¿cómo fue que llegamos hasta aquí? ¿Cómo fue que nuestro país llegó a este momento?

Es más, ¿qué ha pasado a lo largo de estos años? Un tema que podíamos haber resuelto en algún momento, pareciera que se está agudizando.

Y por último y de manera ya más específica: ¿cómo es que la seguridad pública se ha convertido en un asunto de seguridad nacional?

El pasado 27 de noviembre, el señor Presidente de la República presentó 10 medidas en materia de seguridad pública.

Su discusión y análisis ha sido por muchas razones el objetivo central de debate nacional.

Sin embargo, debemos recordar que fue debido a los graves y dramáticos acontecimientos de los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, así como las movilizaciones encabezadas por los padres de familia, lo que aquí nos reúne.

Es decir, que tuvo que suceder una auténtica tragedia para que la sociedad, gobierno, medios de comunicación y el Poder Legislativo, reaccionaran a una condición de inseguridad que ya se prolonga.

Desde el 28 de junio de 1998, en la convocatoria gubernamental de la Cruzada contra el Crimen y la Delincuencia, pasando por el anuncio de la Cruzada contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, de enero de 2001, la primera gran manifestación del 27 de junio del 2004, hasta culminar con el operativo conjunto del 11 de diciembre del 2006 en Michoacán, el denominador común ha sido el de la prevalencia de la acción federal y en la recuperación del estado de derecho y la paz pública a nivel local.

Ahora, en la segunda alternancia en el Poder Ejecutivo en este Siglo XXI, la problemática dista mucho de haberse controlado, incluso hay notables signos de debilitamiento estructural y de depredación de las instituciones, las leyes y sobre todo una notable pérdida de confianza de la ciudadanía respecto de las áreas responsables de administrar a la justicia y preservar la seguridad pública.

Para todas estas aseveraciones, me estoy apoyando en el estudio-país de las conductas y prácticas cívicas que publicó el todavía Instituto Federal Electoral, en junio del año pasado, en donde ustedes pueden constatar las aseveraciones que estoy haciendo al respecto.

Desde hace años y debido a la improvisación en la creación de programas, aplicación de medidas y recursos presupuestales, es que no se han dado los resultados esperados. La escasa y a la vez inefectiva comunicación entre gobiernos y participación ciudadana, también ha sido una variable poco favorable para encontrar soluciones viables.

En Latinoamérica en general –me formulo esta reflexión que comparto con ustedes–, cuando más democracia tenemos, cuando más partidos políticos hay, cuando tenemos procesos electorales razonablemente competitivos, cuando hay intensos debates parlamentarios, cuando también contamos con una razonable estabilidad económica y dinámica comercial; más desiguales y violentos somos en la región.

¿Por qué, si tenemos democracia, tenemos tanta inseguridad? ¿Por qué, si tenemos democracia, tenemos tanto debilitamiento del Estado de Derecho en lo que se refiere a materia de impartición de justicia?

Ensayo una respuesta: La sistemática concentración de la riqueza y la frecuente ausencia del principio de imparcialidad en la aplicación de la ley; nos ha llevado a la paradoja de que en la calidad y eficacia en los servicios públicos que ofrecen los gobiernos, es también la capacidad de las instituciones de la democracia como procedimiento para atender, procesar y responder a las demandas de la ciudadanía.

Algo estamos haciendo mal o algo hemos dejado de hacer. En el binomio desarrollo-seguridad, ¿qué es lo que nos ha impedido disfrutar de los sólidos avances institucionales y condiciones de vida?

Un Estado fuerte se recrea en una sociedad fuerte y participativa. Un Estado débil es consecuencia y acompañamiento de una sociedad desorganizada. Un Estado fuerte, con una sociedad débil, es una dictadura. Un Estado débil, con una sociedad fuerte, se le llama revolución.

Paso ahora al contexto general.

Así las cosas, tenemos que en México hay una constante pérdida respecto de la percepción de la eficacia en las corporaciones policiales locales, estatales, municipales; no obstante los ingentes recursos destinados desde el subsidio para la seguridad en los municipios, creado en el 2008 o también con el Fondo de Seguridad Pública, iniciado en 1999.

Con un presupuesto para el 2015 del Subsemun de 4 mil 893 millones de pesos y de 8 mil 190 millones de pesos para el Fondo de Seguridad Pública; es entonces que nos da una idea respecto de la gran cantidad de recursos que se han destinado, desde hace años, al menos desde el 2008 en el caso del Subsemun, y cuáles han sido los resultados en términos de costo-beneficio.

Hay suficientes diagnósticos, propuestas, estudios, opiniones, nacionales e internacionales, respecto de lo que sucede en nuestro país y las maneras en las que hay que superar la situación de inseguridad pública. La pregunta es entonces: ¿Qué es lo que hace falta?

Uno de los principales distintivos en las acciones de los sucesivos gobiernos de la República, ha sido la persistencia en recurrir a las Fuerzas Armadas como la primera línea de contención y sometimiento del crimen organizado. Desde junio de 2005, en la primera operación intensiva y extensiva de las Fuerzas Armadas en zonas densamente pobladas, en estas labores de apoyo a la seguridad pública, a petición de las autoridades civiles y de la población; las imprecisiones jurídicas y la falta de apoyo en varios campos de acción, también han terminado por afectar de alguna forma a una de las instituciones más apreciadas por la ciudadanía, como es el caso del Ejército Mexicano.

De hecho, si ustedes consultan también el informe-país del Instituto Federal Electoral, la primera institución pública en términos de aceptación por parte de la ciudadanía, son precisamente las Fuerzas Armadas y el Ejército Mexicano, en particular; no obstante las condiciones de desventaja en las que colaboran en tareas de coadyuvancia en la seguridad pública.

En el análisis de fondo de las 10 propuestas, es perceptible que existe una nueva variable en la toma de decisiones en contra del crimen organizado, el municipio. Muy lejos estamos de un verdadero sistema federal.

Si bien se ha desconcentrado la decisión política mediante el pluralismo en la representación local, en esa estructura básica de la administración pública, esto es el municipio, no ha sido así en cuanto a la decisión fiscal. Es decir, tenemos pluralismo en la representación política, pero tenemos una notable concentración de la decisión fiscal.

La absoluta dependencia de las administraciones de los ayuntamientos, tanto de las transferencias federales y lógicamente estatales, ha propiciado a lo largo de la historia una clara disfunción entre lo que considera la Constitución y lo que sucede entre el sistema político.

En materia de seguridad pública, de entre las 10 propuestas, sabemos de la desaparición de las corporaciones policiales municipales y la creación de las policías o mandos únicos; también de una ley en contra de la infiltración del crimen organizado en las administraciones locales.

Estamos, en todo caso, ante una dramática oportunidad para reconsiderar y ajustar de fondo la estructura en las funciones del gobierno. La inseguridad pública y la violencia obedecen a las marcadas diferencias que hay en una sociedad como la nuestra.

Si bien es cierto que la situación es grave y requiere respuestas inmediatas, también esto nos lleva a plantearnos decisiones de fondo. Sin la tragedia de Iguala, no estaríamos aquí reunidos. Esto es que de cualquier forma la situación de la seguridad pública seguiría en una pendiente de deterioro.

En vez de reconcentrar –reflexiono con ustedes– como se ha hecho en otros renglones, ¿acaso no sería más rápido y efectivo impulsar y fortalecer al municipio en vez de debilitarlo?

Una prolongación en la situación hasta que se apliquen a plenitud las policías únicas, implicará también una notable prolongación en las acciones de las fuerzas armadas en tareas de apoyo para la recuperación de la paz pública.

Concluyo. Hay que insistir. La problemática que nos tiene reunidos, en su origen, es la corrupción y no sólo los señalamientos para una mejor coordinación; nos tiene reunidos la notable capacidad nociva del crimen organizado.

La complicidad entre autoridades municipales y crimen organizado no es aconsejable enfrentarla debilitando al municipio. Se requieren medidas de transparencia presupuestales, de desconcentración fiscal, rendición de cuentas y situaciones patrimoniales.

La debilidad de la administración municipal en México es una realidad acumulada por décadas. Reconocerlo hoy, es una gran oportunidad para también transformarlo.

Si bien no ha sido considerado dentro de las 10 propuestas, yo quisiera dejar estos planteamientos como una sincera aportación al tratamiento de estos temas.

Por una parte es muy aconsejable el fortalecimiento de las Secretarías de la Defensa y de Marina Armada de México.

Considerar, segundo, la certeza jurídica para sus acciones aun y que sean del todo transitorias.

Tercero. Es importante reconocer que sus acciones siempre han estado apegadas al Estado de derecho y cuando ha habido violaciones o abusos, estos han sido sancionados.

Cuarto. Es necesario el establecimiento de un calendario para la puesta en marcha de los resultados de este debate parlamentario.

Por último, para que se proceda a un gradual retiro de las calles de las fuerzas armadas, es indispensable continuar con estas labores de vigilancia y supervisión, pero siempre acompañado por la propia sociedad.

Hay que reconocer que hasta el momento hemos atacado las causas de lo que hoy vivimos. Creo que hoy tenemos la oportunidad de atacar estos aspectos que nos han traído a estas circunstancias de deterioro en las condiciones de nuestra calidad de vida.

Dejemos de corregir los efectos, corrijamos las causas, cuáles han sido los elementos que nos han traído hasta acá.

Muchas gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Por el contrario.

Muchas gracias, profesor Javier Oliva Posada, por su muy interesante exposición.

Damos la bienvenida y el uso de la palabra al licenciado Javier Hernández Valencia, quien es el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Bienvenido, Javier.

LICENCIADO JAVIER HERNÁNDEZ VALENCIA: Gracias.

Señores senadores, señoras senadoras, todos, de verdad nos honran con la invitación.

No es la primera vez que somos invitados y por lo tanto es correcto volver a agradecer que hayan considerado nuestras intervenciones anteriores útiles.

Voy a salirme del protocolo para retomar un punto que dejó el doctor Javier Oliva en su intervención reciente: cómo es que llegamos hasta aquí. Lo que yo quisiera subrayar es que llegamos hasta aquí desde hace mucho tiempo y no sólo desde los sucesos de Iguala.

Llegamos hasta aquí desde que en cada desaparición forzada, en cada acto de ejecución extrajudicial, en cada acto de tortura, en cada acto de mayores violaciones a los derechos humanos, no actuamos con prontitud y no detectamos que la continuidad de nuestra inacción, la inhabilidad que tuvimos para ponernos de acuerdo, la carencia de identificación de las casusas de los problemas que nos aquejan, simplemente fueron pasadas a una oportunidad posterior.

Debo decir, sin embargo, que a casi dos meses, dentro de cinco días de la presentación por el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, del mensaje –cito— “por un México en paz, con justicia y desarrollo”, estamos en la posibilidad por fin de destrabar todas esas inercias y lograr, legislativamente al menos, el punto de partida para iniciar el cambio de la situación.

No es tampoco que en todo ese tiempo hayamos sido inválidos. Sólo en el año 2014 tanto la senadora Angélica de la Peña como el senador Roberto Gil Zuarth, presentaron iniciativas para facultar al congreso a expedir una Ley General en Materia de Desaparición Forzada, de manera que la propuesta que la Presidencia de la República introduce ante el Honorable Congreso de la Unión, y en particular a esta Cámara, debe poder finalmente sintetizar todos los debates y esfuerzos que venimos teniendo, que no han sido públicos, en una acción final y ojalá eficaz.

¿Cuál es el sentido de la iniciativa, en un contexto en el cual también se busca abordar una situación general de seguridad que tiene varias aristas, como quienes me han antecedido en el uso de la palabra, han expresado?

Lo primero que debo decir es que es un debate para el cual no la persona que es humilde, representación como Alto Comisionado, sino las instituciones del sistema internacional y el sistema interamericano, vienen desarrollando desde hace varios años un diálogo con México y desde el sistema interamericano con el continente.

El Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a cumplir ya cuatro años.

Este informe, que fue recibido por muchos de ustedes con interés, proponía ya una serie de temas de debate que hoy se nos plantea. No haré un resumen de ello porque en gesto simbólico entrego nuevamente ante ustedes el documento base.

Ejemplares adicionales obviamente podrán ser remitidos a todo el conjunto de los senadores y sus equipos de trabajo, dicho cual no es ni será sólo un punto de partida, sino también un punto aspiracional, no es sólo un menú de ideas; es también la referencia a sentencias en la Corte Interamericana, que han causado estado en varios de los países en la Región.

Y, como no escapará a vuestro conocimiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha integrado el conjunto del cuerpo de sentencias del sistema interamericano, a su propia jurisprudencia.

Quiere decir entonces que contamos con varias herramientas no sólo genéricas sino también aplicadas a casos en los cuales violaciones de derechos humanos han sido sentenciadas por la Corte Interamericana, no sólo sobre México sino sobre diferentes países y que ahora debemos entonces aprovechar.

El segundo gran elemento de esta intervención es nada más hacer modesta mención a que el 3 de diciembre del año pasado remitimos por vía escrita, y obra en Secretaría, el conjunto de nuestras observaciones, en particular a los temas que en nuestro mandato se refieren a desaparición forzada y tortura.

No me toca a mí abundar sobre lo que en el documento que les he entregado y compartido ahora, es una más amplia visión sobre el tema de seguridad.

Debo, sin embargo, reforzar el argumento presentado ayer por mi colega, compañero Antonio Mazzitelli, Director de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, sobre el compromiso del sistema de Naciones Unidas por una democracia de ciudadanía, una democracia en la que el ejercicio del poder ciudadano, el ejercicio de los derechos humanos, es el eje central de nuestra propuesta.

Y dejo también el documento en manos de ustedes.

Por supuesto, desaprovecharía yo la oportunidad de no insistir en que sobre estos temas abundan las recomendaciones internacionales.

Y sobre estos temas, hay un trabajo de años que hemos desarrollado en consuno con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el apoyo académico del CIDE para tener sistematizadas las hoy más de mil 900 recomendaciones hechas en materia de derechos humanos por los órganos de los tratados de Naciones Unidas, por los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Esas recomendaciones, venimos diciéndolo en cada Foro, en cada espacio, en cada reunión técnica, deben poder ser alimento para la reflexión y referencia directa de cualquier no decisión, seamos modestos; de cualquier debate en el cual se planteen respuestas al país y por ende respuestas a las preocupaciones internacionales.

Dejo también en manos de ustedes y para distribución de todos, el acceso al sitio web, al portal abierto a vuestra consulta.

Y así voy cerrando. Llegamos al tema que me ocupa:

Recomendaciones específicas que han sido hechas a México en el tema de desaparición forzada, desde las cuales creo es importante organizar parte de la tarea legislativa, sobre todo cuando dentro de 11 días México rendirá su Informe y será examinado por el Comité sobre desaparición forzada, de Naciones Unidas, que vigila el cumplimiento de la Comisión Internacional contra la Desaparición Forzada, cuyo integrante y distinguido miembro aquí se encuentra presente. Querido Santiago: otra vez un honor compartir estos foros contigo.

En 11 días el Informe que México presentó será visto a la luz de los esfuerzos que podremos hacer desde el día de hoy pero que debimos hacer desde hace bastante más tiempo.

Y por qué digo desde hace bastante más tiempo: Porque en el año 2011 el Gobierno Federal invitó al grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas, el cual en ese mismo año presentó de manera pública, su reporte sobre la visita de país.

En este documento, del cual igualmente y de manera final hago entrega a la Mesa, existe la recomendación explícita, expresa, inequívoca y tal vez ya antigua, que cito: “El grupo de trabajo recomienda que se garantice que el delito de desaparición forzada sea incluido en los códigos penales de todas las entidades federativas y que a la brevedad –hace tres años– se apruebe una ley general sobre las desapariciones forzadas e involuntarias.

Dicha ley general debería definir la desaparición forzada como un delito autónomo; crear un procedimiento específico de búsqueda de la persona desaparecida, con la participación de familiares de las víctimas; establecer un registro nacional de personas desaparecidas forzosamente, que garantice que los familiares, abogados, defensores de los derechos humanos y cualquier otra persona interesada, tenga pleno acceso a este registro; permitir la declaración de ausencia como consecuencia de la desaparición forzada; asegurar la plena protección y apoyo de los familiares de las personas desaparecidas y de los testigos; y garantizar el derecho a una reparación integral”.

Y cito en extenso esa recomendación, no por una pretensión de sapiencia o de autoridad más allá de lo que el esfuerzo y la responsabilidad de las mexicanas y los mexicanos contiene y obra; sino por la expectativa de que en esta Cámara, este debate se elimine por las cosas que las mexicanas y los mexicanos, y muchas de sus autoridades, han ya implementado en el sentido de estas recomendaciones.

Y me refiero a dos procesos específicos, que nosotros hemos tenido no sólo el honor y el privilegio; sino de verdad, la oportunidad de aprendizaje increíble de acompañar: en el estado de Nuevo León y en el estado de Coahuila, las autoridades locales, la academia, la sociedad civil, las organizaciones de víctimas apostaron a un proceso de legislación local sobre desaparición forzada; que nosotros de manera pública hemos saludado y dado bienvenida, como respetuoso de los más altos estándares en materia internacional para la tipificación de la desaparición forzada en ambos estados, y en el estado de Coahuila además, para la declaración de ausencia por desaparición.

Con esto cierro. Yo los insto, señoras senadoras, señores senadores, a no sólo mirar hacia afuera, sino mirar hacia adentro; mirar hacia el dolor de esas familias, para quienes esta tragedia llegó no con igual: llegó desde hace muchos años y no termina.

Los insto a mirar ese esfuerzo y entereza que han tenido esas familias que participan en el proceso en estas dos entidades federativas; para vencer sus experiencias previas, su temor, su desconfianza y acercarse a esas autoridades que, también venciendo sus propias inercias, sus propias desconfianzas, construir desde ambos lados, desde ambas orillas, un cuerpo de conocimiento y de herramientas prácticas y, sobre todo, de herramientas prácticas –y subrayo de herramientas prácticas– para buscar, porque es lo primero que exigen las víctimas, para buscar de manera urgente, para buscar de manera inmediata, para buscar de manera eficaz; y buscando y encontrando, ojalá con vida, garantizar el debido respeto a su derecho, a justicia, verdad, garantías de no repetición y reparación.

Muchísimas gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, licenciado Javier Hernández Valencia. Y queremos agradecerle, reconocer siempre el apoyo que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos ha tenido siempre con el Senado de la República; y agradecer los documentos que nos ha hecho llegar, mismos que se sumarán a toda la memoria de estas audiencias y lo abriremos a disposición del público.

Toca el turno al licenciado Humberto Castillejos Cervantes, quien es el consejero jurídico de la Presidencia de la República.

LICENCIADO HUMBERTO CASTILLEJOS CERVANTES: Muchas gracias. Quiero agradecer al Senado de la República la invitación que se me formuló para participar en esta mesa, que trata del sistema de competencias penales.

¿Qué pretende la iniciativa? La iniciativa pretende ordenar el Sistema de Competencias Penales que a lo largo de nuestra historia constitucional se ha venido desordenando.

Quisiera hacer una breve reflexión histórica.

A partir de 1917, con una concepción de un federalismo dual en donde las competencias federales y las competencias federales estaban perfectamente diferenciadas, se tenía un Sistema de Competencias Penales en donde las autoridades federales sólo conocían de delitos federales; el Congreso de la Unión sólo legislaba sobre delitos federales y sobre los delitos del Distrito Federal, en el entendido de que era un Distrito Federal y le correspondía toda la parte legislativa al Congreso de la Unión, y en términos del 124 constitucional, le correspondía a los congresos locales legislar la materia penal tanto sustantiva como adjetiva.

En 1917, la parte sustantiva era una atribución expresa, era una facultad explícita del artículo 73 constitucional; sin embargo, la parte adjetiva era una facultad implícita que estaba en el 73, fracción 30 de nuestra Constitución.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1917 a 1994, permitió la figura de la atracción únicamente en el concurso ideal derivado de distintas jurisprudencias. Este concurso que implica que hay una conducta que produce dos o más resultados típicos y que, por tanto, por la continencia penal o la continencia de la causa no se podían separar y ser juzgados en distintos fueros.

Pongo un ejemplo, si una bomba era materia de terrorismo y mataba a dos personas era una sola conducta, el poner la bomba, y se producían varios resultados que eran las distintas muertos, ahí había un concurso ideal.

El 10 de enero de 1994, el Congreso de la Unión modificó el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales que entró en vigor el 1º de febrero de ese mismo año y estableció la facultad de atracción para el concurso real, y estableció que se podía dar cuando había conexidad; cuando con dos conductas se producían dos o más resultados.

El primer caso fue un caso que ocurrió en Tijuana en donde una persona mata a otra persona con una pistola y entonces dicen que aun cuando hay una portación y hay un homicidio y son dos conductas con dos resultados típicos distintos, uno en materia y uno formal, se podía ejercer la atracción. Ahí empezó la discusión sobre cómo iba a evolucionar el Sistema de Competencias Penales.

En 1996 se modifica, el 3 de julio de 1996, se modifica el artículo 73, fracción XXI, para establecer y constitucionalizar esta figura de la atracción que había sido cuestionada en su constitucionalidad, derivado de que la Corte sólo permitía la atracción en concurso ideal.

En 2005, a partir de una noción de combate al narcotráfico, en el que debían intervenir diferentes esferas y no sólo la esfera federal, se modificó nuevamente el artículo 73, fracción XXI, para establecer que las autoridades locales podían conocer de delitos federales siempre y cuando se tratara de una materia concurrente. La materia concurrente a la que se refería era la materia de salud y, por tanto, se permitió que las autoridades del orden local conocieran del tema de narcomenudeo y esta es la segunda reforma constitucional en materia de competencias penales.

Cuando se hace el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, derivado de ciertas normas establecidas –y lo dijo el doctor Caballero–ciertas normas establecidas en el sistema acusatorio específicas para el tema de delincuencia organizada, que por primera vez se regla a nivel constitucional y que incluso cambia el concepto que se venía teniendo desde 1996, en donde el solo acuerdo era delito.

Se quitó sólo el acuerdo para que hubiera una conducta concreta, que era un poco el disminuir la idea del derecho penal del enemigo, al que se refirió el doctor Caballero, se modifica la Constitución y se dice que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de delincuencia organizada y que, por tanto, esta sería una materia únicamente del orden federal; y, por tanto, en el ámbito local se quita la posibilidad del arraigo, se quita la posibilidad de la prueba preconstituida que se refiere el 20 constitucional en su apartado b) y algunas otras figuras de carácter constitucional que se habían creado para la delincuencia organizada, incorporada como tipo penal desde el 96, en la Constitución, no con una definición, sino ya con una idea sustantiva, porque existía desde 93 como una idea adjetiva para la duplicidad del término procesal en la averiguación previa.

Entonces, esta fue otra reforma a nuestro sistema de competencias y de ahí empezamos a vivir una presión sobre ciertos delitos de alto impacto que -se decía— no es posible que el secuestro tenga una pena de hasta 30 años en un estado y otro estado tenga un pena de 60 años, que haya diversas hipótesis delictivas y entonces se crea por primera vez, a nivel constitucional, la figura de leyes generales en materia penal.

¿Qué implicaron estas leyes generales en materia penal?

Implicaron el que la ley establecería el tipo delictivo y la sanción y la ley distribuiría las competencias para establecer cuándo podía conocer la federación, cuando podían conocer los estados.

Y a partir de esto se crea la Ley General del Secuestro, en 2011 se establece a nivel constitucional la posibilidad de la Ley General de Trata de Personas y en 2014 la posibilidad de establecer en una ley general los delitos electorales, reforma que hizo este constituyente permanente.

Antes de la reforma electoral serán dos reformas al 71, fracción 21, que es la posibilidad de atracción de delitos de periodistas o libertad de expresión, que ya no necesitaba conexidad con un delito federal, sino que se dice que cualquier delito en contra de la libertad de expresión es competencia originaria del fuero común, pero puede ser atraída con total discrecionalidad.

Y se modifica el artículo 73, fracción 21, para establecer por primera ocasión, a nivel constitucional, la facultad explícita en materia adjetiva y se nacionaliza la materia adjetiva, de forma que se crea el Código Único de Procedimientos Penales.

¿Cuál es la problemática que ha generado esta falta de ruta clara sobre el tema de competencias penales?

Pongo algunos ejemplos para ser gráfico.

Si hay una privación ilegal de la libertad que no tiene la agravante de secuestro, es del fuero común, se aplica el Código Penal del estado respectivo y es juzgado por el estado respectivo; si hay una privación ilegal de la libertad, con el objeto de pedir un rescate o de causar un daño, entonces se aplica la ley general.

Como ustedes podrán ver, la línea es sumamente tenue y es una línea que hace que haya una impunidad legalizada, en la medida que al haber una errónea acusación, aun cuando la Corte ya cambió su criterio durante lo tuvo, una errónea acusación traía como consecuencia la absolución de esa persona.

Pongo otro ejemplo y un ejemplo que tiene que ver con el tema a tratar aquí, que es el tema de desaparición forzada. Una desaparición forzada se conceptúa en términos generales como aquella privación ilegal de la libertad realizada por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, con la finalidad de esconder, etcétera, etcétera, que establecen las distintas convenciones.

Sin embargo, tenemos en la Ley General de Secuestro el tipo básico de secuestro que es la privación ilegal de la libertad con el objeto de causar daño, una de las hipótesis, y un agravante que da hasta 140 años cuando se realiza por una autoridad.

Y entonces tenemos que hay identidad en los elementos típicos del secuestro e identidad en los elementos típicos de desaparición forzada.

¿Cómo podemos resolver este problema? No nos lo resuelve el principio de especialidad al que se refiere el Artículo Sexto del Código Penal Federal.

¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un desglose de los elementos típicos, no nos va a dar un elemento típico adicional que nos permita resolver esta especialidad.

¿Cómo se va a resolver? Entonces nos tendríamos que ir al principio de consunción que es aquel principio que lo que protege es la máxima protección del bien jurídico tutelado que en este caso sería el secuestro y entonces en el ámbito internacional nos dicen “es que no hay desapariciones forzadas porque ustedes lo conceptúan como secuestro”.

Entonces, la verdad, es que hemos hecho, o hemos perdido la ruta en el tema de las competencias penales.

Y la idea de la Iniciativa del Presidente de la República es retomar esa ruta replanteando completamente las competencias penales, a fin de poder establecer una nueva forma de combate al delito y una nueva forma de la legislación o de las competencias legislativas.

Y entonces aquí es donde me abro a dos conceptos:

Primero, las competencias de orden legislativo y luego las competencias de orden adjetivo.

La pregunta dos que formuló este Senado de la República, es:

¿Hay contradicción entre dar la posibilidad al Congreso de la Unión en una delegación absoluta del Constituyente para el Congreso que establezca qué bienes jurídicos tutelados deben entrar en una materia de ley general, y la fracción que establece que haya una Ley General de Competencias?

No. No hay contradicción. Una se refiere al ámbito sustantivo; la otra se refiere al ámbito adjetivo.

Me refiero al ámbito adjetivo para hablar un poco de la Ley General de Competencias Penales.

¿Cómo se define la competencia penal en México?

Es competente aquel juez del lugar donde se cometa el delito.

¡Ah! Pero en el ámbito local y federal, ¿quién es competente?

Es competente el juez federal si entra dentro de los supuestos del Artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y si no es local.

Ejemplo: una violación, normalmente es un delito del orden local. Sin embargo, si la comete un médico del Instituto Mexicano del Seguro Social en el ejercicio de sus funciones, es un delito del orden federal porque está afectando un bien jurídico federal en la concepción del Artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que a la sazón no ha sido revisado en cuanto a su constitucionalidad respecto del Artículo 73, Fracción 21 Constitucional.

Entonces aquí podemos ver cómo es muy complejo el tema de competencias y en la materia adjetiva si alguien roba con una pistola el robo es local, la portación es federal y entonces ese hecho delictivo en un transporte es, el robo se procesa en el ámbito local y se hace un desglose en el ámbito federal y entonces tenemos dos procesos por un mismo hecho, gastamos doble, hacemos doble esfuerzo y llegamos a resultados diferentes.

¿Por qué? Porque si los dos delitos se hubieran juzgado en el ámbito local entonces se aplicarían las reglas del concurso real, que es la suma de penas.

Si los delitos son en diferentes ámbitos, aplicas la regla federal y entonces todo el tiempo que estuvo en proceso los dos se computan para los dos delitos y entonces la pena es menor.

Tenemos verdaderamente un problema en las competencias penales y entonces la posibilidad de generar una Ley General de Competencias Penales tiene por objeto que nos replanteemos como país qué queremos en las competencias penales.

Pongo un ejemplo: un delito que se comete en tres o más estados.

Hoy cómo se investiga: Bueno, el que prevenga, dice la ley, esto es el ministerio público que primero conozca. ¿Y si los dos conocen al mismo tiempo?

Y entonces empezamos a entrar a una dinámica que lo que hace es que se fragmenten las capacidades del Estado en la investigación delictiva.

Por qué no seguir la posibilidad de que cuando los delitos, como es en Estados Unidos, van más allá de las fronteras territoriales, se convierte en un delito del orden federal.

Bueno, eso es lo que nos permitiría una Ley General de competencias penales desde el ámbito adjetivo.

Desde el ámbito sustantivo lo que nos permitirá es que, considerando que este Congreso de la Unión, en conjunto con las legislaturas locales ha venido desde 2009 modificando tres veces la Constitución y hoy hay propuestas para modificar la Constitución y meter desaparición forzada y tortura como ley general, entonces ya sería 5 reformas.

Entonces hagamos una reforma en donde modifique la concepción de las leyes generales en materia penal, en donde la facultad primaria de legislar sobre los delitos es de los estados; salvo que el bien jurídico tutelado sea considerado por el Congreso materia de regulación en una ley general.

Y hablo de bien jurídico tutelado para no tener problemas, como el caso del secuestro. Si en lugar de una ley general de secuestro, hubiéramos sacado una ley general contra la libertad, entonces tendríamos privación de la libertad, desaparición forzada, secuestro y otras figuras típicas que lo resolverían.

Básicamente esa es la idea de la iniciativa, ya me excedí cuatro minutos, entonces les ofrezco una disculpa por el exceso; pero había poco tiempo.

Muchas gracias.

***** (Sigue tercera parte) *****

(Tercera parte)

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muy bien. Muchas gracias, licenciado Castillejos Cervantes. Nos queda muy claro lo complejo de este asunto y qué bueno que lo vamos a discutir con mucho detenimiento.
Queremos plantearles que continuemos con la ronda de intervenciones, para no perder el hilo de la discusión, creo que se enriquecería mucho mejor, creemos –perdón– que sería mucho mejor el contenido de la audiencia; y por eso queremos pedirle al maestro Miguel Sarre, quien es académico del ITAM, abogado de la Escuela Libre de Derecho, sea tan amable por favor, de hacer uso de la palabra.
A ver, sí, señor consejero.
CONSEJERO HUMBERTO CASTILLEJOS CERVANTES: Como se alargó un poco la reunión, tengo algunos compromisos, derivado de la Función Pública; le solicitaría atentamente a los presidentes de las comisiones, si me permiten retirarme.
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Le podríamos formular algunas preguntas, atendiéndole su necesidad.
Es que es el promotor de la iniciativa, ni más ni menos, yo quiero decirlo con toda franqueza; y le quiero formular tres preguntas antes de que se retire, muy puntuales, muy concretas, independientemente de que podríamos convocarlo las presidencias de las mesas directivas, a desagregar este amplio y vasto escenario de la evolución que ha tenido el derecho en materia de competencias penales, que va a reformar junto con otras partes de la iniciativa, el Sistema Federal en nuestro país.
Entonces, muy brevemente, y ofrezco una disculpa al maestro Sarre por haberlo hecho venir a la tribuna, hacerlo muy rápido.
La senadora Angélica de la Peña, la senadora Pilar Ortega. A ver, Angélica de la Peña.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Quiero decir que esta reforma es la más bondadosa de los tres temas que estamos discutiendo en estas audiencias, es mi opinión personal.
Me parece que ciertamente la reestructuración de las reglas establecidas en la fracción XXI del artículo 73 en materia penal, nos puede garantizar entrar –y lo digo de manera pragmática– lo más pronto posible a resolver varias materias que estamos discutiendo en el Congreso de la Unión y, particularmente en el Senado de la República que, además de desaparición de personas, forzada e involuntaria; además de tortura, que también estamos planteando se configure en una ley general; también el proceso que ya va en camino, de la justicia penal para adolescentes infractores y por supuesto, ciertamente se han propuesto otras materias.
Ya se hablaba en el caso, quizá, de delitos contra periodistas, que tenemos ahí un proceso importante, también que le tocó a esta Legislatura revisar la ley secundaria con supuestos en los códigos para atracción; pero creemos que sigue estando pendiente todavía y a lo mejor hay que dar ese salto, esta reforma nos permitiría.
Creo que el caso, por ejemplo, la revisión también de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por hablar lo de narcomenudeo, lo que planteaba con toda puntualidad Lucía de la Comisión Mexicana para la Defensa y Protección de los Derechos humanos. Tengo mis dudas respecto del feminicidio, pero creo que ciertamente hay muchas bondades.
Y, por supuesto, desde ahora intuyo una rica discusión sensacional en las leyes secundarias y particularmente la que tiene que ver con la distribución de competencias entre la federación y las entidades federativas para todos; definición de los tipos penales; unificar la misma sanción punitiva de algún tipo penal que es una esquizofrenia en el país; las formas de investigar, etcétera, yo creo que nos permite avanzar mucho.
Tengo mis dudas, y ciertamente escuché con mucha atención a quienes también nos hablaron antes del señor consejero, que conoce el tema debidamente, de manera muy puntual nos ilustró, de manera rápida, la historia del proceso de cómo se han venido configurando los delitos federales y, sobre todo, la última construcción hacia las leyes generales, como la legislación que permita el establecimiento de las competencias coordinadas, coadyuvantes y corresponsables en los dos ámbitos para la persecución de los delitos, que me parece que es fundamental.
¿Por qué, más allá de trabajar en fino, por qué no se tocó el 124 constitucional?
Yo no veo –van a disculpar la intención no docta de mi pregunta, ustedes saben más, los ponentes también, en su momento, ojalá que nos lo puedan contestar, pero particularmente al señor consejero– cuando a la hora de la interpretación, a la hora de la aplicación, a la hora de invocar la Constitución el 124 que dice que todo lo que no esté expresamente inscrito como competencia para las autoridades federales se entiende reservado al ámbito local, de tal forma que esta puerta, esta llave que nos permite la construcción de leyes generales y entrar lo más pronto posible desde el Congreso de la Unión, ya no del congreso permanente, a dar respuestas a los graves problemas que tenemos en el país, ciertamente en estos graves en estas materias que ya no las voy a repetir, tengamos posibilidades de dar una respuesta pronta. Quizá ya no en esta legislatura, porque tenemos que hacer la ley secundaria, pero sí hacerlo en este año con la nueva legislatura, en el caso concreto si nos ponemos de acuerdo, el proceso en el congreso constituyente nos llevaría a tener pronto estas leyes generales que de manera particular esta distribución de competencias y, por lo tanto, ahí tengo mi duda y esa es mi pregunta concreta.
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, senadora de la Peña.
La senadora Pilar Ortega.
SENADORA MARÍA PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Gracias, senador.
Muy breve. Primero, agradecer la oportunidad de haber tenido esta reunión. Creo que nos clarifica muchos aspectos de la iniciativa.
A mí me gustaría mencionar tres aspectos y una pregunta en la misma, porque creo que hay temas que hay que profundizar.
Yo también comparto la preocupación del doctor Caballero en relación a la propuesta de cambiar el régimen de delincuencia organizada y transferirlo a los estados. Creo que esto es un tema que tenemos que profundizar hoy aquí.
Comparto la idea de Lucía, en relación al tema de feminicidio. Ahí vemos cómo el tema se ha regulado de manera muy diversa por las entidades federativas, con tipos penales que no están funcionando, hay mucha diversidad en los tipos. También creo que es un tema que deberíamos profundizar.
Y, finalmente, me preocupa el tema de las competencias como está planteada la iniciativa. Escuchaba hace un momento al licenciado Castillejos y la pregunta que yo quisiera hacer es si no estamos hablando de una unificación o de la intención de una unificación penal disfrazada en el marco de una ley general.
Porque si es así, tal vez valdría mejor abrir el debate hacia la unificación penal, porque mi preocupación es si no le estamos dando un cheque en blanco al congreso en el reparto de competencias y que este pueda decidir más allá de los parámetros que hoy existen en la constitución y que si no se podían generar problemas cuando, en virtud de que la ley general plantea el tipo penal a) y el tipo penal b) y entonces los estados dicen, bueno, a mí me toca el c) por esta facultad residual y después la ley general se modifique y entonces ya no me toca el c).
¿Qué pasa en estos temas, podríamos llegar a cuestiones de controversias constitucionales? ¿No estamos generando poca certeza, no le estamos quitando certeza a las entidades federativas en cuanto a la regulación de su legislación penal?
Ese es un tema también que creo que nos deja inquietos, creo que se ha generado también un debate interno en este aspecto, creo que es uno de los más medulares de la iniciativa y que creo que tenemos que tener un debate muy profundo al interior del congreso y creo que esa fuese una muy buena oportunidad para empezar a planificar esos aspectos.
Muchas gracias por sus respuestas.
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Gracias senadora Ortega.
El senador Roberto Gil.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: No voy a abusar del arraigo parlamentario para que concluya la intervención.
Quiero hacer una reflexión al consejero jurídico sobre las implicaciones de orden político constitucional que implica la modificación.
No como una objeción, sino simplemente como una reflexión y un planteamiento.
El sistema constitucional mexicano, bueno, una de las funciones de la constitución es especificar contenidos en la configuración de mayorías, en buna medida el sistema constitucional mexicano ha petrificado la distribución de competencias, de tal manera que sólo se pueda distribuir competencias entre federación y estados, a través del procedimiento especial de reforma, con mayorías súper agravadas y la participación de las legislaturas de los estados.
Hay dos funciones básicas del principio de representación, el poder determinar el origen y destino de los recursos, pero también la determinación de qué conductas merecen reproche penal.
Por eso, en Chiapas el abigeato tiene tratamiento penal y en el Distrito Federal no es un tema, no porque, bueno, es un problema relativo y lo mismo una sociedad, como Guanajuato, reconoce ciertas conductas, asume esas conductas a través de su representación política, asume si esa conducta tiene una especial gravedad para ameritar el reproche penal.
Tiene usted razón, consejero, en efecto le hemos dado a la federación una serie de atribuciones en materia penal, caso por caso, que implican la redistribución de las competencias, pero a partir del procedimiento de reforma constitucional, en el que mayorías súper agravadas resuelven, en buena medida, democráticamente, la expropiación de la atribución de la sociedad en concreto que antes la tenía.
Y lo que sucede, el cambio no es menor, cuando se establezca una cláusula constitucional que faculte al Congreso de la Unión a emitir leyes generales para establecer tipos penales y sanciones, estamos cambiando el sistema de decisión de competencias, de un procedimiento especial de reforma con mayoría súper agravada, a un procedimiento de mayoría simple y eso tiene implicaciones políticas profundas.
Mi pregunta es si no debiéramos, y pasa en materia penal, pero pasa en otras materias. Tenemos un problema de distribución de competencias no solamente en materia penal, sino en salud, en educación y creo que en seguridad, como ya lo hemos visto en estas audiencias.
Por qué no mejor pensar, consejero, en un ajuste al sistema constitucional de competencias, crear las leyes constitucionales con mayorías, con quórums de votación diferentes a los dos tercios, sin la participación de los congresos estatales, pero que te permita distribuir competencias no solamente en materia penal sino en materia de seguridad.
Resolver no solamente el problema de zonas grises en el ámbito penal sino pueda ser un instrumento muy poderoso para resolver otro tipo de problemas de coordinación entre Federación y estados.
Y cambiar nuestro sistema federal de un federalismo rígido a un federalismo más flexible y por supuesto más funcional.
Por sus respuestas, de antemano muchas gracias.
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Tiene el uso de la palabra el señor Consejero Jurídico.
Por favor, para que los medios de comunicación puedan registrar bien su intervención.
HUMBERTO CASTILLEJOS CERVANTES: Agradezco mucho todas y cada una de las preguntas.
Este Senado de la República ha demostrado que cada Iniciativa ha sido perfeccionada, agregada, adicionada, con muchas ideas de los distintos partidos políticos y yo creo que esto es la ventaja de la pluralidad política y de la democracia en México.
En primer término, por qué no tocamos el artículo 124 Constitucional:
Seguimos en la lógica de que aquello no reservado expresamente para la Federación, se encuentra reservado en los estados.
Entonces lo que se planteó es, como lo dijo bien el senador Roberto Gil, es una delegación del Constituyente al Congreso de decir qué bienes jurídicos deben estar protegidos en leyes generales.
Por tanto nosotros consideramos que mientras no se expida una ley general, la facultad sobre el bien jurídico tutelado se encuentra en el Estado; si se expide la ley general se puede utilizar una palabra indebida, se expropia esa facultad respecto del bien jurídico para ponerla en la ley general. Creemos que es consistente el tema.
Esto se liga, sin duda, con la pregunta de la senadora y con la pregunta y propuesta de solución del senador Roberto Gil:
¿Se trata de una unificación penal disfrazada? No. No es la intención. No es la intención.
La intención es tratar de meter orden al tema de las competencias penales sin que dejemos de reconocer que algunas entidades federativas tienen algunas características sociales o políticas propias que deben de considerarse.
Comentaba el senador Roberto Gil el abigeato. En Tlaxcala seguramente será el robo de la cabeza del agave que también es un tema que lo tienen como delitos específicos.
Sin embargo, la verdad es que entrarían en cualquier delito de robo sin necesidad de darle una especificidad como el robo de abigeato, o el robo de agave específico en Tlaxcala.
Nosotros creemos que esta es una solución constitucional que puede ser una solución que meta orden a las competencias penales.
Sin duda alguna el tema y la reflexión política del senador Gil, es muy interesante:
Dice: para no estar tocando la Constitución vayamos a, por primera vez, establecer leyes de desarrollo constitucional.
Sin duda alguna es una discusión de una envergadura constitucional mayor. Tener una ley de desarrollo constitucional nos llevaría a tener la concepción de una constitución de principios en donde sólo se protege la libertad y habría una legislación que desarrolla constitucionalmente ese derecho a la libertad, sería un cambio en la tradición constitucional mexicana, pero sería un cambio interesante.
Sin duda alguna, decir que los textos no pueden ser perfeccionados o adecuados para que no se dé la impresión de que es una unificación penal disfrazada desde donde el Congreso de la Unión con una mayoría simple ya puede escoger cualquier delito.
Y pongo el delito de la vida. Pues evidentemente algunas entidades federativas dirían no porque ese abarca un tema específico que sería el aborto, por decir algo; o el delito de robo. Entonces ya no puedo considerar unas cosas.
Yo creo que con algunas precisiones en la redacción podríamos quitar la inquietud que se ha manifestado en este Senado de la República respecto a ello pero sí ya metiendo un poco de orden en el tema porque nosotros creemos que lo que sí es muy dañino es ir yendo cada año, si se fijan desde 2009 casi cada año hemos ido reformando la Constitución para meter leyes generales: ya está la propuesta de desaparición forzada y tortura; en Diputados traen otras propuestas de leyes generales en materia penal; y al final de cuentas, y este es un tema desde mi punto de vista estrictamente teórico, con independencia de las consideraciones políticas de nuestro propio Federalismo.
Las repúblicas federales –Suiza, Alemania, Argentina– tienen códigos penales unificados en la lógica de la mínima intervención del derecho penal, considerando que sólo debe de haber ciertas conductas que requieran el reproche estatal; lo que viene a fortalecer la idea de fortalecer nuestra justicia cotidiana, porque en la medida que no resolvamos el tema de la justicia familiar, mercantil, civil, etcétera; buscaremos las soluciones en los temas penales, como sucede en algunas entidades federativas; cuando en temas de cobros en lugar de utilizar el ámbito mercantil o el civil, se utiliza el ámbito penal.
Con independencia de la posición académica, creo que a partir de la lógica de esta República Federal y esta consideración política, en la construcción de las competencias penales podríamos poner ciertos parámetros constitucionales especiales que permitieran el ejercicio de la facultad de reglar en ley general un bien jurídico tutelado, para evitar que se piense que es una unificación penal disfrazada.
No sé si contesté correctamente a todas las preguntas.
Muchas gracias.
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Bien, muchas gracias señor Consejero Jurídico. Agradecemos su presencia, seguramente nos reuniremos en futuras ocasiones; ya sea por iniciativa del Senado o seguramente el Ejecutivo, ante las modificaciones que se realicen a la iniciativa, y agradecemos la atención que ha tenido con la invitación que estas comisiones le han hecho.
CONSEJERO HUMBERTO CASTILLEJOS CERVANTES: Muchas gracias, senador.
Muchas gracias, con permiso.
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Continuamos.
Creo que esto va a ayudar todavía a ir centrando la discusión, particularmente con los ponentes que continúan.
Agradecemos la atención del maestro Miguel Sarre, a quien le pedimos haga uso de la tribuna, por favor.
MAESTRO MIGUEL SARRE IGUÍNIZ: Qué tal, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por el foro, señoras senadoras y senadores.
En obvio del tiempo, haré una presentación más sencilla. Tengo un texto escrito, que lo dejaré en la Secretaría, se los he mandado ya por adelantado.
Yo saludo la iniciativa para contar, a través de esta reforma constitucional, con una ley general, una ley marco que establezca los criterios para poder flexibilizar las competencias en materia penal, entre fuero federal y fuero común. Creo que puede contribuir a poner a las instituciones públicas al servicio de la persona, por encima de los espacios de poder para cada autoridad.
La misma palabra de fuero, que es lo que está en juego aquí, co-trasmina un sentido de pertenencia, de posesión, de parcela del poder. Creo que esto es lo que está flexibilizando, creo que le podemos dar al Federalismo, podemos adaptar el concepto de Federalismo a uno en el cual pasa de ser la satisfacción eficaz de los intereses locales a través de autoridades propias, por la satisfacción eficaz de los intereses locales a través de autoridades idóneas.
La reforma constitucional en este sentido, permitiría así quitarse camisas de fuerza que no redundan una utilidad social, sin que sea necesario reformar la Constitución para ello; pero requerimos a su vez que la Ley General de Competencias Penales se regule con suficiencia a la cuestión.
Estimo que los costos en términos de pérdida de facultades de las entidades federativas, efectivamente esta es una cirugía mayor, en decisiones que les afectan mediante los procesos de reforma constitucional; se ve superado por el beneficio que les significa a sus propios habitantes, el hecho de que existan normas competenciales más ágiles al servicio de un sistema de justicia penal más operativo.
De esta forma, la ley propuesta marco de competencias podría favorecer esta eficacia del sistema de justicia penal, si atiende dos aspectos que considero importantes:
Que asuma desde luego el deslinde básico entre lo federal y lo local, como se plantea y como está respetado en este señalamiento sustantivo, pero también debe aprovecharse esta situación para que sea la propia Ley General de Competencias la que regule lo que actualmente establece el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Es decir, solo por una inercia inexplicable en la ley orgánica de uno de los poderes se establece el deslinde entre lo federal y lo local. Esto ya tendría que pasar a la Ley General de Competencias.
Esta ley, en segundo lugar, también habría de asumir las bases generales, como su nombre lo indique, para que sean los órganos legislativos federales y locales y no las autoridades administrativas las que puedan definir competencias materiales.
Las posibilidades para llevar a cabo la investigación, persecución y sanción, la ejecución penal ante los delitos del fuero común por parte de gobiernos federales o viceversa, no comprende o no debe comprender la facultad de los órganos administrativos para alterar las competencias sustantivas de los órganos jurisdiccionales de manera, por ejemplo, que el consejo de la Judicatura Federal o el de una entidad federativa pueda determinar por necesidades del servicio la competencia de los nuevos jueces de control, de manera que estos conozcan casos que son propios de los jueces de ejecución penal.
Ello sería contrario a una serie de preceptos, que se los dejo por escrito, que afectan la imparcialidad, la eficiencia y la independencia de los juzgadores.
En otros aspectos, se invoca en la exposición de motivos el alto impacto, textualmente, para modificar este régimen de competencias.
Estimo que la idea del alto impacto –y se refirió el consejero jurídico a ello en otras pero con la misma idea– no debe ser un elemento rector, un dato rector para modificar competencias.
Es decir, el alto impacto es un concepto mediático, es parte del derecho penal simbólico y no obedece y no responde a la protección de bienes jurídicos que justifican la intervención penal.
Por el contario, en la normatividad propuesta se omiten en esta normatividad, si bien saludo, como lo dije, en el sentido de crear esta nueva ley marco de competencias, pero se emiten algunos criterios que deberían de tomarse en cuenta.
Ya Lucía Chávez, de la Comisión Mexicana, señaló aspectos tales como aquellos que involucran responsabilidad del Estado Mexicano, investigación, la trascendencia de lo local o estatal, pero habría que agregar algunos aspectos que, mucho más allá del alto impacto, responden a la necesidad de hacer un ajuste tan importante como el que se quiere hacer aquí.
Entre estos, señalo específicamente de eficacia, que está comprendido en la exposición de motivos, pero no está en el texto de la reforma, el de evitar la impunidad y garantizar la imparcialidad de la justicia.
Pensemos que esta reforma puede abrir la posibilidad para que, en sasos de desaparición forzada y de tortura, se pueda combatir la impunidad, no podemos esperar avanzar, y quizá en parte por ello no hemos avanzado, cuando son las propias autoridades señaladas como responsables de estos delitos a quienes se les pide que investiguen y persigan los mismos.
En este sentido, y creo que no basta la reforma legislativa, pero sí ayudaría mucho, por ejemplo, que un delito de tortura atribuido a funcionarios de una procuraduría estatal, pueda ser conocido por las autoridades federales y rompemos ahí esto.
Y esto se complementaría de una manera espléndida con esas herramientas prácticas a las que se refería Javier Valencia como la propuesta en el último protocolo contra la tortura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se prevé la figura del comisario del Poder Judicial de la Federación.
Este comisario lo que haría sería apoyar a los jueces para que cumplan la obligación que el Congreso de la Unión ha impuesto en el Código Nacional, y con toda razón, de procedimientos penales, su artículo 222, para denunciar los hechos delictivos de los que tiene conocimiento en el cumplimiento de sus funciones.
Es decir, cuando se llega a un asunto de rol, cualquier delito, y aparece que hay un elemento de tortura, el juez debe decir: “Aquí yo debo denunciar esto”. Ya no se tratará de dar vista, como era antes; ahora la Procuraduría está llena de vistas y esas vistas es muy difícil procesarlas.
Esto ayudaría enormemente al trabajo de la propia procuraduría, porque el comisario ya encauzaría, primero, lo que toca al fuero local, fuero federal, ya lo encauzaría en forma de denuncia, en donde hay elementos para proceder y la oficina del comisario le daría seguimiento hasta que se pueda resolver este asunto.
Este es específicamente el anexo seis del Protocolo contra la Tortura de la Suprema Corte de Justicia de la nación. Esta es mi línea.
Por otra parte, debo mencionar que esta iniciativa deja en el limbo la materia de ejecución penal por lo que respecta a los jóvenes en conflicto, con problemas penal y ello tendría que señalarse expresamente.

La facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de ejecución respecto de jóvenes, destinatarios de las normas penales. El derecho “parthouner” o adolescentes, como se quiera manejar, en materia penal también hay un derecho sustantivo, hay un derecho procesal, hay un derecho de ejecución de las medidas o penas que se imponen en este acto.
Y aquí se deja en el aire la competencia normativa para legislar la parte de ejecución respecto de los jóvenes, es decir, los estamos invisibilizando y entonces llegaríamos al absurdo donde ya tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, tendremos una ley nacional de justicia para jóvenes por causas penales y cada estado tendría su propia ley de ejecución.
Vamos, no hay razón para ello, la ley de ejecución debe seguir la misma tendencia que se apunta, pero no se le considera.
Finalmente estimo que la redacción que tiene muy buena pluma, faltaría agregar estos contenidos y creo que también vale la pena reestructurar con un artículo y para ello me permitiría hacer una proposición en cuatro párrafos muy sencillos, donde dijese el artículo 73, el congreso tiene facultad, fracción 21, primero, muy similar a lo que está, para expedir las leyes que establezcan los delitos contra la federación y las que tengan un carácter nacional único, ya sabemos que es lo mismo, pero creo que valdría la pena ya, podemos incitar o pensamos en la expresión nacional, pues deja que constitución diga único, es nacional, así como en las posibilidades de ambas, tanto respecto de adultos como de jóvenes.
Entonces ya ahí queda cubierto todo.
Pero la legislación nacional en materia procedimental y de ejecución de resoluciones judiciales de naturaleza penal, para adultos y para jóvenes, así como sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias en ambos casos.
Aplica a todo el aparato, todo lo procesal, lo que está plasmado en el Código Nacional y que viene en camino en la nueva Ley Nacional de Consecución Penal.
La ley general y aquí no podría estar más de acuerdo con el senador Roberto Gil, efectivamente hay que fortalecer que se hagan las leyes en materia federal, pero esa es una discusión aparte.
Yo creo que esta iniciativa tiene todos los méritos y se puede modificar aparte, un régimen, un sistema de mayor o menor rigidez constitucional para la aprobación de las leyes generales.
La ley general que distribuya competencias para la investigación, persecución, sanción y ejecución penal, respecto de conductas atribuidas a adultos y a jóvenes en atención a su carácter federal, local y nacional, o por razones de conexidad o concurrencia.
Es decir, es esta ley marco. Sí, y aquí ya va a al contenido de esa ley marco regular los supuestos de atracción y delegación de competencia.
Es decir, los supuestos por los cuales se incurre en algunas de las excepciones, se surten las excepciones para la separación tradicional; atracción y delegación de competencias que obedezcan a evitar la impunidad, o sea, reconocer expresamente ese criterio y garantizar la imparcialidad, eficiencia y prontitud en su atención o en los casos que impliquen responsabilidad internacional del Estado.
Es decir, estarían los grandes supuestos por los cuales esta ley podría entrar a detalle a flexibilizar el régimen de competencias.
Muchas gracias.
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias maestro Sarre.
Le pediríamos nos hiciera llegar la propuesta puntual de redacción que ya presentó.
Ahora le pedimos al doctor Pedro Salazar Ugarte, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Aprovechamos para felicitarlo por su ya reciente nombramiento y agradecemos que haya aceptado la invitación a participar.
DOCTOR PEDRO SALAZAR UGARTE: Muy buenas tardes ya tengan todas y todos ustedes.
Muchas gracias senador Encinas.
En verdad quiero agradecer la invitación que me hacen, lo hago a nombre propia y a nombre también del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
En particular agradezco obviamente a los senadores Burgos, Arely Gómez, quien tuvo la gentileza de invitarme personalmente, a la senadora Angélica de la Peña, y obviamente a mi amigo Roberto Gil, y al senador Encinas, por supuesto; senador Burgos.
Yo no soy penalista, se lo dije a la senadora Arely cuando me invitó; soy constitucionalista.
Y por lo mismo lo que voy a hacer en algunas de mis reflexiones va a ser salirme relativamente digamos del molde de la Iniciativa, si me lo permiten, y hacer un par de reflexiones de carácter más general, en las que corro el riesgo, y lo asumo, de repetir algunas de las cosas que ya se han dicho, o más bien de reproblematizar algunos de los temas que ya se han indicado.
El primero tiene que ver con el problema estructural en nuestro diseño constitucional sobre el tema específico de seguridad y justicia.
Tenemos, y algunos lo hemos dicho desde hace ya varios años, un sistema esquizofrénico en la materia.
Desde la aprobación de la ley en materia de delincuencia organizada, pero sobre todo a partir de 2008 cuando entran a la Constitución dos sistemas que son lógicamente incompatibles: uno inspirado en el constitucionalismo democrático de los derechos, la presunción de inocencia, el sistema penal acusatorio, etcétera.
Y el otro inspirado, como decía José Antonio Caballero, y ya lo recordaba la senadora, en la lógica del derecho penal del enemigo del Estado de excepción.
Se trata de regímenes que son incompatibles en los principios que les dan sustento, en los diseños institucionales para los que están orientados y en la finalidad que persiguen.
Me parece que la coyuntura actual nos invita hacer una reflexión de fondo sobre la pertinencia de revisar de base ese problema, que es un problema que subyace a toda la materia de seguridad y justicia y que creo que no debemos ni podemos evadir.
En ese mismo sentido me adhiero totalmente a la preocupación y a la reflexión de José Antonio Caballero:
Debemos evitar la expansión de la lógica del régimen inspirado en el estado de excepción y no habría peor manera de expandirlo que delegándolo al ámbito de las entidades federativas.
Me parece que esa expansión debe evitarse e insisto: yo invito a hacer una reflexión profunda del rediseño constitucional en la materia.
Sobre la segunda cuestión, creo que otro de los temas que subyace a las preguntas sobre todo 1 y 2, que tienen que ver con la distribución de competencias, es en realidad una invitación a pensar y a plantearnos en serio qué federalismo, cuál federalismo, o quizá para decirlo de una manera más directa, qué estamos haciendo con el federalismo mexicano.
Y creo que es una pregunta que la debemos de hacer ya, la debemos hacer en serio y en la cual me parece debemos de contemplar muchas alternativas, por supuesto espero para fortalecer al federalismo, e incluso alternativas como las que plantea el senador Gil, que no veo por qué no hay que discutirlas, aunque impliquen un rediseño y un cambio en el modelo de Estado constitucional que tenemos.
No voy a hacer una respuesta a las preguntas 1 y 2; lo que voy a hacer es unas reflexiones que me provocó la lectura completa de la iniciativa en este tema, en el tema que tiene que ver con la distribución de competencias y con el Federalismo.
La primera no es materia de esta mesa, pero tiene que ver con el tema, es que tengo para mí que la iniciativa –por ejemplo– propuesta en el artículo 115 de la Constitución en la iniciativa para que la Federación intervenga en el ámbito municipal, de alguna manera demás de que no me gusta el sentido; pero de alguna manera temo que sea sacarle la vuelta a lo que está pendiente, que es reglamentar el artículo 29 de la Constitución.
Es decir, creo que aquí hay una agenda legislativa que antecede a la iniciativa del Presidente de la República y que está pendiente, y que es la de aprobar todas las leyes secundarias, pero no sólo ésta –pero hoy me refiero a esta–, que se desprenden de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos.
Esas leyes están pendientes, esas leyes están en el Congreso de la Unión, las iniciativas, unas, otras; esas leyes –a mi juicio– deberían de allanar el camino antes de seguir avanzando por el sendero de las reformas constitucionales.
Y en el caso concreto, insisto, si ya tenemos el 29 constitucional, si existe un procedimiento en el mismo, si existe un acotamiento material en sintonía con el artículo 27 del Pacto de San José, no entiendo por qué no lo reglamentamos.
La siguiente cuestión que creo que vale la pena pensar, es en verdad, decía yo: ¿qué estamos haciendo con el Federalismo?; sí hay una reflexión más de tinte teórico-filosófico que estrictamente jurídico.
A la democracia le hace daño la concentración y la centralización del poder; y la tendencia a centralizar el poder es una tendencia que no sólo en esta materia, hemos venido activando en los últimos años y que me parece, insisto, que deberíamos de reconsiderar al menos.
Y creo que tiene que ver, porque atraviesa transversalmente la reflexión sobre el tema de la distribución de competencias en una materia tan delicada, tan delicada como la materia penal.
A la tercera pregunta sí le entro un poco más de frente. Se nos pregunta: la solución a los problemas de tortura y de desaparición forzada, se reduce a la redefinición en la distribución de competencias.
Respondo en sintonía con el doctor Caballero: No. No, por varias razones; ahora regresaré a este punto, pero lo diré desde ahora, porque este problema no se resuelve, al menos no totalmente mediante la expedición de leyes, un problema de otra naturaleza.
Es cierto que el Estado Mexicano tiene una obligación internacional de tipificar en la materia, esta obligación proviene indirectamente del propio Pacto de San José, pero directamente de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, que si no me equivoco, Santiago, se aprobó en 1994 y México se adhirió en el 2002.
También es verdad que la tipificación en esta materia, debe ser una tipificación uniforme en el país, es decir, el Federalismo no puede ser un pretexto para lo que tenemos hoy y que tiene consecuencias ominosas y graves. Lo que sucedió en Guerrero no solamente es grave por los terribles acontecimientos, por la dimensión humana, por la dimensión social que implica; sino también porque nos anuncia fuertes defectos en nuestro diseño jurídico para enfrentar estos temas.
Entonces, la tipificación debe existir y debe de ser uniforme; y no debe de ser, en ese sentido creo que una ley general, esta es una solución interesante; me adhiero –además lo digo en un paréntesis breve– a la idea de que el camino para aprobar las leyes generales, debe de ser un camino que tenga una cierta fórmula de lucidez, me parece absolutamente pertinente.
Y regreso al punto: no se trata de una tipificación cualquiera, se trata de una tipificación que debe de estar en sintonía con los parámetros internacionales en la materia. Y aquí hay un punto en el que con un matiz difiero de la posición del Consejero Jurídico de la Presidencia, sobre el tema de que sea homologable en todos los casos, al menos la tipificación de secuestro a la desaparición forzada, porque no lo es.
La desaparición forzada es muy importante identificar quiénes son los sujetos que pueden cometerla: el Estado, los particulares, y dicen los instrumentos internacionales, cuando actúan con autorización, apoyo o aquiescencia estatal; pero también –y esto es muy importante por lo que está sucediendo en el país– organizaciones políticas que de facto controlen territorios determinados, y ahí el Estado sigue siendo responsable. El Estado, desde mi punto de vista, sigue teniendo una responsabilidad que es ineludible, aunque se diga que no es una responsabilidad directa.
Y el otro punto –que me parece muy importante y es aquí en donde está mi diferendo– que en la multiplicidad de delitos que se violan cuando se trata del delito de desaparición forzada, está obviamente la libertas personal, pero hay un elemento adicional que es fundamental, que es el ocultamiento de información. Es decir, ese elemento es un elemento que distingue a este delito en particular y que lo convierte en un delito particularmente trágico, porque es cuando lamentablemente uno tiene que reconocer que no están las personas ni vivas ni muertas, están desaparecidas, y eso es lo que convierte esto en un delito continuo, en un delito que además obviamente afecta otros derechos, no sólo el derecho de la libertad personal sino potencialmente la vida, la integridad física, etcétera, de las personas.
Y decía que tipificar es importante, pero no quiero dejar volando que la tipificación es una parte, pero que en este tema, desde mi punto de vista, lo más importante es contar con políticas públicas eficaces. Es una responsabilidad de los gobiernos, no es una responsabilidad de los legisladores, más allá, insisto, de la tipificación.
Y esa es una crítica que creo que vale la pena hacer a muchas de las propuestas del Presidente de la República, porque el Presidente de la República lo que hizo en buena medida fue trasladarle al Legislador la adopción de una serie de medidas para enfrentar un problema que le toca a los gobiernos –lo digo en plural, porque no únicamente al gobierno federal– y creo que ese es un tema del que también tenemos que hacernos cargo, porque mientras acá se está discutiendo cómo se van a reformar los marcos normativos, la realidad sigue exigiendo políticas públicas concretas, eficaces, que respondan además al mandato constitucional que es claro y preciso de proteger, de respetar, de promover y de garantizar los derechos humanos de todas las personas en este país.
Muchas gracias.
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, doctor Pedro Salazar.
Toca el turno a la maestra Mariana Benítez Tiburcio, quien es Subprocuradora de Justicia y de Asuntos Generales de la Procuraduría General de la República.
MAESTRA MARIANA BENÍTEZ TIBURCIO: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Antes que nada, quiero agradecer al Senado de la República la invitación que se nos hace para estar aquí el día de hoy, discutiendo un tema de vital importancia.
Señores senadores, muchas gracias por la invitación.
Trataré también de ser bastante ejecutiva en mi presentación. Primeramente, quiero entrar directamente al punto de cuál es la problemática jurídica que se plantea en la iniciativa del Ejecutivo Federal.
En ese sentido, debe decirse que en la iniciativa se señala, primero, que el Sistema de Competencias vigente, tanto para la legislación de los delitos como en sí para la investigación y persecución, no es suficiente con lo que tenemos el día de hoy para combatir a la delincuencia y reducir impunidad.
Segundo, que este sistema estricto de competencias dificulta muchas veces la persecución efectiva de los delitos y genera dilución de responsabilidades.
Y, tercero, que la disparidad en la regulación de los delitos, deficiente, inexistente en algunos casos, también genera dificultades en la persecución de los delitos.
Como consecuencia de lo anterior, la iniciativa del Ejecutivo lo que propone es, primero, un nuevo federalismo en materia penal; un federalismo cooperativo, le llama la iniciativa, por el que de mejor manera se establezcan competencias específicas para cada orden de gobierno.
Segundo, que este nuevo federalismo se traduce en un sistema de distribución de competencias distinto.
Primero, en cuanto a las facultades para legislar en materia penal, se establece que el Congreso tendrá competencia para legislar delitos contra la federación y una delegación abierta al Congreso para definir qué delitos deben ser regulados en leyes generales.
No se está hablando aquí que es en el caso de todo delito, sino en ciertos delitos y ya el consejero jurídico ha explicado cuál es la idea de fondo.
Segundo, en cuanto a las competencias para investigar, perseguir y sancionar delitos, se otorgan facultades al Congreso de la Unión para expedir una ley general de competencias que distribuye precisamente esto, las competencias, y establezca supuestos claros y definidos de actuación menos rígidos para atender de mejor manera la función de investigación.
Como bien se expone en la iniciativa, ésta tiene una tendencia a partir de 1996, que ha venido apuntando hacia una flexibilización competencial. En esto ya no voy a abundar, ya fue muy claro el consejero jurídico de la Presidencia.
Ahora bien, conforme a la distribución tradicional de competencias establecidas en el artículo 124, se entiende que las entidades federativas tienen reservadas todas las facultades que no estén expresamente concebidas en los servidores públicos.
La Constitución del 17 partía de un claro esquema de federalismo en materia penal, las entidades federativas tienen la atribución de determinar qué conductas deben sancionadas y qué pena deben establecer para cada una.
Ese esquema tiene la ventaja de aprender la propia dinámica y realidad social de cada estado. Así pues, cada estado tiene su propio código penal, mientras que el Congreso de la Unión estaba facultado para determinar, como ya dije, los delitos que atenten contra la federación y por ende determinar qué delitos son federales, su sanción y lo relativo a la investigación y su castigo.
Sin embargo, en años recientes, ya lo han comentado también aquí, quienes me han precedido en el uso de la voz, el artículo 73 constitucional ha sido objeto de muchas modificaciones.
El constituyente en diversas reformas ha reconocido que hay tipos penales, que hay conductas que deben ser reguladas en forma homogénea en todo el país, así como sus sanciones.
En este orden de ideas, se ha facultado al Congreso de la Unión para expedir leyes generales en materia, ya lo dijeron, de secuestro, trata y recientemente delitos electorales.
A pesar de sus avances, es evidente que lo anterior no es suficiente para atender a nivel nacional conductas o fenómenos criminales que afectan de manera superlativa a la sociedad.
Asimismo se hace notar que el Estado mexicano, a través de la suscripción de diversos tratados internacionales, ha contraído la obligación de sancionar penalmente determinadas conductas, como la desaparición forzada y la tortura.
En este sentido cabe mencionar que no todas las entidades federativas han efectuado esta tipificación y aún en los casos en que lo han hecho, los tipos penales han sido criticados por no ajustarse a los estándares internacionales.
De esta forma se estima que la iniciativa presidencial es efectiva en abordar esta problemática. Es necesario generar las bases para poder homologar la regulación que se hace en cierto tipo de delitos y su integración normativa.
Un ejemplo claro del tipo de conductas que requieren de una homologación, pues es el caso precisamente que ya se ha comentado, desaparición forzada y tortura.
Por otro lado también es necesario contar con reglas claras de distribución de competencias para perseguir y sancionar los delitos.
Ahora, en cuanto a las preguntas que se nos han planteado, la primera en cuanto a cómo funcionarán las nuevas competencias, cuáles serán los límites y qué relación guarda esta reforma con la implementación del sistema acusatorio, lo que se puede decir es que estas nuevas competencias van encaminadas a conseguir eficacia y eficiencia de las instituciones de procuración de justicia encargadas de la investigación y persecución de los delitos.
Es decir, que se especialicen los esfuerzos de estas instituciones respecto de lo que deberán conocer tanto del ámbito federal como local.
En otras palabras, este esquema generará la eficacia de las investigaciones que se realizan a nivel federal, a fin de que esta se concentre en casos que determine el propio congreso como de alto impacto, ya sé que no le gusta al doctor Sarre la palabra alto impacto, pero se quiere referir sobre todo a la naturaleza de la conducta, por las características de la propia conducta de quien comete esta conducta y en muchos casos también en el caso de quiénes son las víctimas de esas conductas.
Esa distribución de competencias va a permitir establecer nuevos criterios que brindan certeza jurídica de cuáles son las competencias de la federación y de los estados, pero con un nuevo enfoque especializado, lo que permitirá aplicar el uso de recursos también humanos, materiales, tecnológicos y económicos, en los delitos de competencia de cada orden de gobierno.
A su vez, las entidades también podrán conocer de forma concurrente en ciertos asuntos que actualmente son de competencia federal, con lo cual tendremos un sistema mucho más flexible que atienda a estos criterios de eficacia y eficiencia y no a criterios jurídicos estrictamente regidos.
La propia Iniciativa de Reforma Constitucional plantea un caso interesante. Por ejemplo, el del robo a transporte con arma de fuego.
Hay muchos delitos que se cometen con este tipo de armas. Conforme al actual esquema el delito de arma de fuego debe ser forzosamente investigado, perseguido y sancionado por las autoridades federales, mientras que el otro delito, el de robo, es competencia de las autoridades locales.
Una manera de eficientar recursos humanos y de generar certeza al momento de perseguir los delitos es precisamente la definición clara de quién debe conocer los delitos.
Además esto permitirá que el órgano jurisdiccional que juzga la conducta tenga un panorama mucho más completo de la totalidad de los ilícitos y no partirlos, como también comentó el Consejero Jurídico en los ejemplos que él puso.
También es importante establecer que para el caso de los asuntos que serán competencia de las entidades federativas que sean complejos, deben dotarse de mecanismo necesarios para su adecuada investigación y persecución.
Tal es el caso de los delitos de homicidio doloso a nivel local, por ejemplo, que si bien pueden no estar estrictamente vinculados por los delitos de delincuencia organizada, sí pueden ser cometidos por sujetos vinculados a estas organizaciones criminales.
Por ello deben establecerse mecanismos para que las entidades puedan atender de mejor manera, de manera eficaz este tipo de delitos.
Esto sin duda alguna coincido es parte, debe formar parte del debate cuando se expidan en todo caso estas leyes generales.
En cuanto a la pregunta número 2 de si hay una contradicción entre las dos leyes generales que se plantean, de manera contundente debemos decir que el mecanismo de competencias que establece la Iniciativa, señalada en los incisos B y D de la Fracción 21 del 73 no implica ninguna contradicción.
Por el contrario, yo diría que son propuestas complementarias, pues ambas apuntan a lograr en mi criterio una investigación en persecución de delitos a fin de disminuir la impunidad.
Es decir, se trata por un lado desde un aspecto sustantivo legislar ciertos tipos penales que merecen tener una regulación homologada, pero por otro lado también establecer una clara distribución de competencias para conocer, de esos delitos y en general de los delitos que son competencia tanto de la Federación como de los Estados.
Asimismo, cabe destacar que al tener el Congreso de la Unión la facultad de expedir leyes generales en las materias antes referidas, no debe interpretarse como el hecho que necesariamente debe expedir una ley específica por tema. También ese tema ya se abordó, sino que incluso puede agrupar estas facultades en un solo ordenamiento de carácter general, a efecto de no estar expidiendo ley, tras ley, tras ley, que es lo que hemos venido viendo sobre todo desde el 2009 a la fecha.
En cuanto a la pregunta 3: Si la solución a los problemas de tortura y desaparición forzada de personas se reduce a una redefinición en la distribución de competencias; no.
Para combatir estos delitos, no basta con redistribuir competencias, estamos de acuerdo.
Sin embargo, el diagnóstico acertado del Presidente de la República, de legisladores de diversos partidos, de órganos internacionales y de las propias organizaciones no gubernamentales, es que sí resulta necesario homologar los tipos penales de estas materias y ajustarlos a los estándares internacionales.
Además, no sólo son necesarias las reformas legislativas propuestas.
El combate y disuasión de las conductas, por ejemplo de desaparición forzada y de tortura, debe también pasar por la elaboración e instrumentación –coincido con el doctor Pedro Salazar y con José Antonio Caballero- de políticas públicas tanto a nivel federal como estatal.
No obstante y sin lugar a dudas una redefinición del sistema de competencias sí va a permitir una mejor coordinación y una mejor atención y combate al delito.
Es necesario, y yo insisto aquí, homologar y prever a nivel nacional el tipo penal de desaparición forzada de personas que se ajuste a los estándares internacionales dispuestos en los instrumentos internacionales.
Cabe mencionar que, por ejemplo, hay 6 entidades federativas que no contemplan como delito este flagelo.
Esto de suyo implica que el Estado Mexicano esté en falta con ciertas obligaciones internacionales, pues hay tratados en materia de derechos humanos que obligan a tipificar este delito, como la Convención Internacional para la protección de Todas las Personas, contra las Desapariciones Forzadas, que entiendo ya se ha mencionado aquí.
Inclusive, aun respecto de aquellas entidades que sí han ajustado su normativa interna, ha habido críticas en el sentido de que los tipos penales, sus agravantes, las atenuantes y demás reglas, no dan cabal cumplimiento a las obligaciones convencionales contraídas por el Estado Mexicano.
Por ese motivo, aunado a la necesidad de brindar seguridad jurídica en todo el país, es necesario que el Congreso de la Unión tenga facultades expresas para expedir una ley general en la materia y, con ello, establecer una definición única de este delito ajustada a los estándares internacionales.
Por otra parte, es fundamental que la ley señale que los particulares que actúen con aquiescencia del Estado, también pueden cometer el delito de tortura, con independencia de su grado de participación. Si son cuestiones muy específicas que deben de estar previstas en una sola legislación y no como lo hemos analizado, hay una gran disparidad en la forma en la que se ha regulado este delito, este delito y el caso de tortura en los estados.
Coincido, entonces, que sí efectivamente, no es omnicomprensivo solucionar a través de una ley la tipificación homogénea o la atención integral del delito de desaparición forzada y tortura; pero sí es un gran paso, y creo que lo reconoce el Presidente en la iniciativa.
Sí se tiene que atender este tema de una manera mucho más integral, formulando –ya se ha dicho– con políticas públicas; pero sí es un primer paso para empezar a solucionar este problema.
Muchas gracias.
SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, subprocuradora Benítez Tiburcio.
Toca el turno al licenciado Bernardo María León, quien es abogado y consultor privado. Por favor.
***** (Sigue cuarta parte) *****

(Cuarta parte y final)

LICENCIADO BERNARDO MARÍA LEÓN: Buenas tardes. Me da la impresión de que yo voy a ser el centralista de este día.

Yo celebro la iniciativa del Presidente, mucho. Creo que el objetivo de la iniciativa fundamental es que se articule la política criminal, y yo tengo como 20 años diciendo que es necesario que la política criminal del Estado mxicano esté articulada; porque si no, somos un gobierno desorganizado combatiendo al crimen organizado, y eso nos pone en una gran desventaja.

Sin embargo, desgraciadamente la iniciativa aunque tiene una buena intención, se queda corta en las herramientas que propone y falta complejizarla más y profundizarla más, desde mi punto de vista.

Tenemos que entender que en México, la primera encuesta de victimización que hicimos en el año 2000, calculó 4.1 millones de delitos, y hoy en 2013 y que fue la última que nos entregaron, calculó 33 millones de delitos. Y de esos 33 millones de delitos, menos del 1 por ciento llegaron alguna vez a algún tipo de sentencia condenatoria.

Así que tenemos que partir de la base de que nuestro sistema de justicia penal está quebrado; aunque haya algunas islas que funcionen bien, la mayor parte, si tienes más del 99 por ciento de impunidad, es que tu sistema no está funcionando.

En este sentido, la iniciativa parte de una lógica federalista, pero esa lógica federalista tiene varios defectos:

En primer lugar, vale la pena señalar que cuando se crearon los estados federados en México por razones históricas, por razones poblacionales, por razones políticas; México tenía menos de 15 millones de habitantes y una lógica muy diferente de organización demográfica y social.

Hoy en día tenemos una revolución demográfica, que pasó, hace 100 años que vivimos 15 millones de habitantes en todo el país; hoy tenemos 120. Tenemos muchísimos municipios conurbados que trascienden, por supuesto, las fronteras estatales, y las fronteras municipales y las estatales.

En este sentido, ¿cómo se crean los municipios en México?

¿Se crean con una lógica de eficiencia administrativa; se crean con la lógica de capacidad tributaria? No. Se crean con una lógica poblacional y eso hace que sean estructuras sumamente débiles. Son, en la mayoría de los casos incapaces de poder administrar el territorio que está encargado hacia ellos.

En este sentido, la iniciativa supone que el crimen tiene las mismas fronteras artificiales que los estados federales, lo cual es absolutamente falso; y también de los municipios.

En este sentido, yo pienso que es importante señalar que –y por eso digo que soy el centralista del grupo– yo creo que sí debe de haber un código penal único y una facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia sustantiva, penal, ya la tiene en materia adjetiva, ahora falta en materia sustantiva. Y, en este sentido, evitar todos estos detalles muy finos que nos explicó el consejero jurídico respecto de cómo determinar las competencias.

Esa lógica de determinar las competencias no responde a una política criminal, responde a una serie de entelequias jurídicas que finalmente no resuelven ningún problema. ¿Cuál problema resuelven?

En este sentido también se propone –y perdón que me refiera a esto, que no es el tema, pero va mezclado– una policía estatal de mando único, nuevamente en esta hipótesis de que la criminalidad responde a estas cuestiones artificiales, que son las fronteras estatales, y ahora más.

Por ejemplo, por decir algo, en Coahuila tendríamos en la misma ciudad tres policías estatales; una en el estado de Coahuila, en Torreón, otra en el estado de Durango, por ejemplo en Gómez Palacio, y si me apuran hasta una parte de Zacatecas. Es decir, la cuestión está en otro lado y es de otra índole, desde mi punto de vista.

Lo que deberíamos hacer, insisto, en mi capacidad de centralizar, es tener una policía nacional y una policía nacional que pueda ser descentralizada. Es decir, una policía que unifique todos los criterios de formación, carrera, salario policial, pero que no tenga un criterio estatal cuyas fronteras, insisto, son estatales, sin un criterio criminógeno y poblacional.

Podríamos crear distritos policiales en todo el país sin que los municipios pierdan la capacidad de participar en seguridad pública, porque entonces podríamos crearles órganos de gobierno a cada distrito policial, donde podría participar el gobernador o su representante en esa zona, donde tenga que ver; los presidentes municipales que estén en ese distrito policial. Pero separadas las policías por estado es un despropósito que no va a tener ningún efecto en la disminución de la inseguridad.

Al mismo tiempo podríamos conservar la policía federal, pero esto va directamente relacionado con las competencias en materia penal.

¿Por qué digo que es necesario un código penal único y una facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en esta materia?

Bueno, miren, uno de los argumentos que aquí se han manejado, es que hay algunos delitos como el abigeato que aquí no es un delito y en otros lugares sí son.

La verdad esa es una minucia que, desde mi punto de vista, resulta completamente irrelevante.

Si tú tienes en todos los delitos una pena grande y una pena chica, digamos, una pena mayor y una pena menor, por favor, que los jueces apliquen la pena menor donde el delito no tiene tanto impacto y la pena mayor donde sí tiene; y que también puedan legislar las leyes especiales, pero eso no tiene nada qué ver, pues el problema que generas es mucho mayor.

¿Por qué es mucho mayor? Porque hoy en día la complejidad del tema penal hace que más de la mitad de los delitos que están tipificados en los códigos penales no tengan ninguna persona acusada de ese delito. O sea, estamos legislando delitos que no va a pasar nada con ellos.

En ese sentido, lo que podríamos hacer es transformar el sistema de competencias con un penal único. ¿Cómo le hacemos? Bueno, todos son delitos del fuero común, el cien por ciento, y todo lo que quiera hacer la Federación lo hace por facultad de atracción.

¿Por qué me atrevo a proponer esto? Porque ¿qué justifica la participación de la Federación en materia penal?

Lo que justifica a la Federación es que tiene mayor capacidad de investigación, tiene mayor capacidad operativa y por eso tiene que atender delitos más graves, pero un catálogo de delitos del uno al 10, que son materia federal porque así lo establecieron las competencias.

Lo que yo digo es que sería mucho más racional determinar que por estrategia anti criminal, por los delitos que de veras requieren la participación federal, por su capacidad, pues lo puedan hacer de esa manera.

Concluiría diciendo que el federalismo mexicano, así como el municipalismo eventualmente se tendrán que replantear, porque las fronteras y las facultades que tienen son artificiales, porque no generan recursos para mantenerse y porque no tienen las capacidades administrativas para ejercer la autoridad en donde gobiernan en muchísimos caso, en mi estado, en Michoacán es un ejemplo muy claro.

Lo que necesitamos es pensar menos en el federalismo dogmático y más en la seguridad que requiere la nación y quedar muy claro que el crimen no tiene esas mismas fronteras artificiales y que un código único y la facultad exclusiva para legislar por parte del Congreso de la Unión, resolverían de inmediato el tema de las competencias.

Gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias licenciado León Olea.

Ahora y finalmente y agradeciendo su paciencia y la atención que ha tenido con la invitación que le ha realizado el Senado, licenciado Santiago Corcuera Cabezut, quien es parte del Comité de Desapariciones Forzadas, de la Organización de Naciones Unidas.

LICENCIADO SANTIAGO CORCUERA CABEZUT: Muchas gracias, senador, lástima que ya se fueron las damas, para darles las gracias también a las senadoras, por la convocatoria, por considerarme en esta discusión tan interesante a la que, como le decía yo a la senadora Arely, a través de su asesor Jaime Chávez, pues no me dejó de provocar temor, por tratarse de un área tan específica como la distribución de competencias en materia penal que, como el constitucionalista Pedro Salazar manifestó también dicho temor, y tan brillantemente discutió el tema, prefería yo hablar al último para hacer algunos comentarios a lo que he escuchado y tratar de responder a las preguntas que se nos plantearon.

Ley General para Tipificar o no Ley General, en qué orden tipificar, esa sería mi primera propuesta.

Porque si vamos a tener una ley general que ordene a las entidades federativas a que tipifiquen o que ordene a las entidades federativas a que legislen, las holgazanas de las legislaturas de los estados no van a obedecer.

Ya lo vimos con la Ley General de Víctimas, artículo 21 y transitorio, llevamos un rezago terrible, la Ley General de Víctimas ordena que las legislaturas de los estados emitan legislación sobre declaración de ausencias, sobre desaparición forzada, y hoy sólo dos legislaturas de los estados han cumplido con esa obligación, tardíamente por cierto. Las otras, ninguna ha cumplido.

Entonces, no hay que tener una ley general que diga: legislatura, tipifica así, porque no lo van a hacer. La ley general tiene que decir: este es el tipo penal y esta es la pena. Ahora sí, autoridades locales, apliquen este tipo penal y esta pena a quien encuadre o realice una conducta que encuadre una conducta. Primera cuestión.

Segundo. Coincido con Lucía: la Ley General no debe de limitarse a tortura y desaparición forzada sino ya aprovechando el viaje incluyamos otros delitos.

Y creo que Lucía se queda corta. No estoy seguro con feminicidio pero se queda corta.

Yo digo aprovechemos el viaje para tipificar adecuadamente todos los delitos que los instrumentos internacionales ordenan al Estado Mexicano que estén tipificados.

Hay tratados internacionales que ordenan que determinadas conductas estén consideradas como delitos en la legislación doméstica.

Y para muestra un botón: México –es increíble- no ha instrumentado todavía al estatuto de Roma. Todavía no tenemos tipificados los delitos del Artículo 7 del Estatuto de Roma. Agarremos esa lista y metamos a los delitos contra la humanidad.

Y diría yo: con cuidado para decir cuando se reúnan los alcances de un delito contra la humanidad, pero si se cometen aisladamente y no alcanzan a ser delitos de humanidad también deben de castigarse y debe por lo tanto incluirse la ejecución arbitraria, la desaparición forzada, la tortura y otros delitos que ahí están, que no están tipificados.

Alertas. Señores y señoras legisladores. Cuando haya dos o más instrumentos internacionales de los que México se aparte, que contengan definiciones diversas sobre una misma conducta, úsese la más buena. ¿Cuál es la más buena? La que mejor proteja a la persona víctima del delito.

Por ejemplo, desaparición forzada. Tenemos 3 definiciones: la de la convención interamericana, la de la convención de la ONU, y la del estatuto de Roma. Tómese la de la ONU, que es la última y la mejor. Descártese la del estatuto de Roma, que es muy mala y me atrevo a diferir del doctor Salazar porque ahí es en donde está lo de las organizaciones políticas, saneamiento pernicioso que no hay que tomar en cuenta.

Para eso la convención de la ONU metió el Artículo 3, que dice: Cuando no sean agentes estatales. Ahí está el Artículo 3.

Artículo 2: sólo para gentes estatales o particulares que actúan con apoyo, aquiescencia, o colaboración, o contubernio.

Pero organizaciones políticas por separado no cometen desaparición forzada, cosa que al Presidente Uribe, de Colombia, y al Presidente Calderón les hubiera gustado que sí porque entonces así ya se diluye la responsabilidad del Estado y yo no soy solamente quien comete esta atrocidad sino también los violentos. No, no. No confundamos por favor.

Entonces cuando haya dos o más definiciones úsese la mejor y aplíquese la infalible técnica del “copy-paste”, para no empezarle a meter creatividad al asunto y se distorsione, como nos ha pasado, con tantas ocasiones.

Decía la Subprocuradora Benítez que las definiciones de desaparición forzada han sido criticadas porque no cumplen con los tratados internacionales.

Yo digo, no, no han sido criticadas; han sido declaradas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como que no cumple; no es una crítica, es una declaración de responsabilidad internacional de Estado por una mala tipificación de la desaparición forzada a nivel penal, cosa que desde la sentencia de Radilla se dijo y es la fecha que no se ha corregido.

Competencias, confluencia, segmentación. Tema importantísimo incluso para la tipificación porque en efecto hay confluencia, puede haber confluencia o concurrencia de delitos.

No se ha mencionado hoy pero decíamos en la antesala trata y desaparición pueden confluir.

Entonces sí es buena idea que haya una sola definición de desaparición forzada y que tengamos una especie de código único, código sustantivo único para los delitos que el derecho internacional obliga al Estado Mexicano a tipificar.

Me permito disentir de la propuesta del colega, porque creo que para los demás delitos sí hay que dejar que los estados decidan si tipificar o no tipificar, porque creo que por ejemplo el tema del aborto, va a provocar en esta Cámara un problemón; y otros, porque qué tal que alguna entidad federativa decide despenalizar el robo en lugar cerrado, de poca monta, lo cual me parecería magnífico, porque nuestros reclusorios se vaciarían de víctimas que están ahí por robo de poca monta, pero como es en lugar cerrado, es grave y para dentro.

Yo diría, para los delitos que el derecho internacional obliga al Estado Mexicano a tipificar, ley general con tipificación y pena, y para los demás no.

Luego, ¿la legislación por sí misma va a solucionar el problema?

Claro que no. Es bueno que haya una buena legislación para que la autoridad sepa qué conductas se deben de prevenir, claro, ¿Pero de qué nos sirve tener tanta legislación que no se cumple?

Aquí hay que recordar a Aristóteles otra vez: causa material, causa formal, causa eficiente, causa final; ¿a poco con la legislación, por muy buena que sea, vamos a acabar con la causa eficiente de la desaparición forzada?

Claro que no. Hay que acordarnos que la causa eficiente de la desaparición forzada y del incremento terrible que tuvo este delito, junto con la tortura y las ejecuciones arbitrarias, fue por virtud de la mala decisión de usar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Punto.

Y no es que lo diga yo, lo ha dicho el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas en su informe, diciendo: “Esta es una mala decisión. Se recomienda al Estado Mexicano que retire a las Fuerzas Armadas de labores de seguridad pública, lo antes posible”.

No lo podemos hacer de la noche a la mañana, porque se nos muere el paciente en la plancha; pero lo malo fue que cuando se diagnosticó la enfermedad y al señor doctor encargado de la cirugía, le informaron que los instrumentos estaban contaminados y que había que esperar seis horas para esterilizarlos, dijo: “pásenme el serrucho y vamos a comenzar, porque no tengo tiempo para esperar a que esterilice el bisturí”.

Y entonces utilizaron instrumentos equivocados para combatir una enfermedad, que se llama Ejército Mexicano, para combatir delincuencia, cuando ese instrumento está hecho para la guerra.

¿Y qué fue lo que provocó?

Una guerra. Eso fue lo que provocó.

O decir: “Señor Presidente, fíjese que tenemos un panal de abejas africanas aquí en el salón de la fiesta”; “¡Ah!, cómo no, pásenme la metralleta”; “Oiga, señor, no, no es el instrumento apropiado para combatir a las abejas africanas una metralleta, porque sí se va a matar usted unas 500, pero nos va a infestar el salón con las otras 2 mil 500”, que fue exactamente lo que pasó.

Entonces, esa es la causa. Tenemos que repensar la estrategia de “combate” del crimen organizado; no pensado como si fuera un Ejército invasor, por muy poderoso que sea, porque no lo es. Tenemos que repensar eso, eso es lo que va a acabar con la desaparición forzada: una adecuada estrategia de seguridad ciudadana.

Por eso me gustó que Javier hablara de la ciudadanía y del documento que se presentó: hay que ciudadanizar a la seguridad pública, porque está militarizada y es bueno civilizar la seguridad pública, que la seguridad pública esté en manos de civiles, porque es lo civilizado hacer.

Militarizar la seguridad pública es incivilizado, propio de regímenes autoritarios, aunque hayan sido producto de un régimen democrático de voto mayoritario.

¿Puede un Presidente que llega al poder a través del voto mayoritario, convertirse en un autoritario?

Sí.

¿Puede militarizar la seguridad pública?

Sí.

Entonces, esa es la causa eficiente de la desaparición forzada, de los incrementos de los índices de la tortura en el sexenio de Calderón, que este sexenio no ha podido contener.

Una buena legislación no es suficiente. Qué bueno que la tengamos, y yo como abogado la aplaudo y la promuevo porque es un buen comienzo, pero coincido con el doctor Salazar, fue una manera de decir: “Yo aquí le paso esta papa caliente al Poder Legislativo”, cuando en realidad lo que se necesita es un cambio profundo de políticas públicas, en particular en materia de seguridad ciudadana.

Civilización de la seguridad pública, por favor, en doble sentido; civilizarla para que los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley no estén integrados por militares ni por exmilitares, porque –con todo respeto lo digo– aunque el militar se vista de policía militar se queda. Porque el hábito no hace al monje y tampoco hace al policía el uniforme.

Dicen que los estudios para ser monje imprimen carácter y también imprime carácter el estudio del militar, y tiene ya en su cromosoma una manera de actuar que es muy difícil cambiar a pesar de que se cambie de vestido.

La ciudadanización de la seguridad pública es muy importante.

Hay que aprovechar esta oportunidad, no hay que quedarnos en el contenido de la iniciativa mandada por el Presidente que tiene muchas virtudes y que hay que aprovecharlas, no nada más para los delitos sino para más; no nada más para las cuestiones de intervención de los municipios, etcétera, sino también para una salida paulatina de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

Hágannos a los mexicanos ese favor, señores legisladores. No lo hagan de la noche a la mañana, pero expidan una ley en donde en algún tiempo razonable quede por fin y para siempre prohibido que el Poder Ejecutivo pueda utilizar a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

Gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, licenciado Santiago Corcuera del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas.

Tengo que disculpar a la Subprocuradora Jurídica de la Procuraduría General de la República, a la maestra Mariana Benítez Tiburcio, tuvo que retirarse.

Creo que tenemos que revisar bien los mecanismos de coordinación con el Ejecutivo y el Legislativo, primero para que seamos puntuales en los horarios, pero también para que se considere la parte prioritaria del trabajo del Ejecutivo, la relación con el Legislativo; ese también es parte de su trabajo. Pero eso es un asunto que ya veremos nosotros con el Poder Ejecutivo.

Hemos tenido, sin lugar a dudas, o tenemos una estupenda reunión que cumple con creces los objetivos para los cuales fue convocada. Hemos tenido participaciones muy diversas que rebasaron en mucho el tema del régimen de competencias penales en nuestro país y lo que se diversificó.

El presidente municipal, vamos a darle su propio espacio, que es un tema distinto al que vamos a abordar. Me gustaría que escucharan la otra cara de la moneda, que es la de los municipios, que es muy importante. Seguirá después de esta discusión.

Rebasamos con mucho el tema de las competencias penales. Hemos hablado sobre federalismo, las competencias locales y las condiciones del municipio. Este replanteamiento necesario de la estrategia del combate a la delincuencia organizada, los temas vinculados con derechos humanos, particularmente la legislación en materia de desaparición forzada y tortura que dan cuenta de que es un paquete; no solamente de una iniciativa de ley sino un conjunto de reformas que, como yo lo he señalado desde el primer día, hacen un replanteamiento del federalismo mexicano y que en muchos casos hay algunas medidas que no solamente lo replantean sino que obligan a revisar asuntos como el tema del municipio, porque al establecerse diversas disposiciones, como la facultad que quiere arrogarse el Ejecutivo para la disolución de ayuntamientos para poder asumir total o parcialmente las funciones municipales para crear una policía y un mando único, no solamente se debilita el municipalismo sino estamos diluyendo un órgano de gobierno que se está convirtiendo en un órgano de carácter administrativo y regresamos a los tiempos de las intendencias y las provincias.

Ya se hizo ahí un descentralizador confeso y creo que son de los temas a discusión.

Pero vamos a abrir la intervención de nuestros compañeras y compañeras senadores.

¿Quién quiere hacer uso de la palabra?

¿La senadora De la Peña?

Bien dicen que si…usted también puede intervenir, el presidente municipal, aunque se tenga que retirar, pero por favor haga uso de la palabra.

El licenciado Juan Antonio Martín del Campo, alcalde del municipio de Aguascalientes.

LICENCIADO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO: Gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes, senadoras, senadores, qué gusto el poder estar precisamente aquí, con ustedes, y sobre todo el poder compartir parte de las experiencias que nosotros hemos tenido y sobre todo un servidor, como alcalde del municipio de Aguascalientes, relacionado con lo que es el tema de seguridad, que creo que estamos convencidos que es un tema que a todos nos interesa como mexicanos.

Comentarles que la seguridad pública es una función precisamente que el estado debe estar llevando, el mantener el orden, en proteger la integridad física de las personas, así como de sus bienes, privilegiar por supuesto y perseguir y estar al pendiente de lo que son las faltas administrativas y de los delitos, al igual que colaborar en la investigación y persecución de los delitos y también auxiliar a la población en casos de siniestros y desastres.

Las funciones de las instituciones de seguridad pública se basan pues en lo que es la investigación, en lo que es la reacción y lo que es la prevención del delito.

Comentarles que en Aguascalientes tenemos a lo mejor esa fortuna de ser un estado pequeño, en donde hay 11 municipios, de los cuales la capital es donde aglutina el mayor número de habitantes del estado.

Estamos ahorita precisamente en la firma y se firmó el convenio de lo que es el mando único en el municipio de Aguascalientes, por supuesto con la autoridad del gobierno del estado, debido a una reforma al marco jurídico y en este caso unas reformas y adiciones a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que se llevó a cabo esa reforma en el 2013.

Que fue una reforma en la fracción vigésima segunda del artículo quinto, en donde señala: “El mando único que ejerza la Secretaría de Seguridad Pública se entenderá única y exclusivamente respecto a funciones en materia operativa en ejecución, no así acerca de ninguna otra materia”.

Por lo tanto vimos nosotros conveniente el poder firmar este convenio del mando único, sabiendo pues que hay sus pros y sus contras que ahorita voy a comentarles.

Aguascalientes aglutina a casi el 70 por ciento de lo que es la población del estado y por lo tanto, bueno, la importancia que conlleva también para el estado de Aguascalientes, lo que conlleva el municipio.

Hoy está funcionando lo que es el mando único en todo lo que es el estado de Aguascalientes y teniendo una fuerza total de 2 mil 456 elementos, de los cuales mil 478 pertenecen al municipio de Aguascalientes.

Estamos hablando de una fuerza pública del municipio de más del 60 por ciento, en comparación y sobre todo aglutinando las demás corporaciones, tanto la policía estatal y por supuesto de los otros municipios.

¿Cuáles vemos, las ventajas precisamente del poder tener este mando único?

La ventaja es que representa trabajar en coordinación con las instituciones de seguridad pública que opera en el Estado.

Esa es una gran ventaja; anteriormente como que todo mundo nos echábamos lo que es la pelotita, pues si fue el policía estatal, o si fue policía municipal, o si fue policía federal.

Hoy afortunadamente estamos pues trabajando en lo que son una coordinación muy institucional.

Por otro lado, se incrementa lo que es la confianza y mejora lo que es la percepción ciudadana.

Esto conlleva por supuesto el poder atraer por un lado más inversiones, por otro lado por supuesto lo que es el turismo.

Otra de las ventajas de lo que es estar operando el mando único, eso contribuye en gran medida a disminuir los altos índices de inseguridad.

Hoy podemos ver cada uno de los índices de inseguridad y afortunadamente Aguascalientes va a la baja y es algo que se ha hecho de forma muy coordinada.

Por supuesto que es mejorar la seguridad a través de la mediación con cada uno de los ciudadanos que juegan un papel importante y fundamental.

También comentarles que lo que es el mando único se evita lo que es la corrupción porque sabemos que no estamos exentos de lo que exista lo que es la corrupción por algunos elementos.

Hoy lo que se está haciendo, primero, es una rotación y, segundo, va un elemento de seguridad pública estatal y un elemento de seguridad pública municipal.

Por lo tanto el poder coaccionar o poder tener lo que es corrupción es un poquito más complicado.

Por otro lado, todos los elementos de seguridad pública están certificados con las pruebas de control y confianza.

Comentarles también que mínimo hay una reunión de seguridad pública en donde está el gobernador, donde están los encargados de cada una de las áreas de seguridad pública, por supuesto que es un servidor como presidente municipal, donde está el encargado de la zona militar, donde está el representante y el delegado de la PGR, de la policía federal, de la policía estatal, de la policía municipal, cada uno de los secretarios, el Procurador.

Y creo que en una forma muy coordinada trabajamos para ver cuáles son los temas que podemos o que hay en riesgo y en base a una coordinación precisamente los empezamos a atacar.

¿Cuáles han sido algunas de las desventajas? En este caso para el municipio de Aguascalientes, en base a la fuerza que tiene de cada uno de esos elementos, estamos hablando que es aproximadamente del 60 por ciento.

Por lo tanto nuestra corporación se ve mermada aunque existe esta coordinación.

Por otro lado, ventajas que también se me pasó comentarles, es que hoy ya no hay algún límite, un límite en cuestión territorial. Hoy ya no hay límite entre un municipio y otro. ¿Por qué? Porque automáticamente pueden estar ingresando cualquier elemento de seguridad pública, tanto a un municipio hacia otro, cosa que anteriormente no se daba, o a lo mejor no se da en otros municipios donde su demarcación territorial tiene sus límites.

Hoy en Aguascalientes no existe eso gracias a lo que es el mando único.

Comentarles también, es importante y fundamental el que se implemente un marco jurídico y normativo donde establezca claramente cuáles son las funciones y cuáles son las delimitaciones que debe hacer cada una de las corporaciones, tanto policía estatal y a lo mejor policía municipal.

Por otro lado, el que no se le quite lo que es también la rectoría a la policía municipal.

A grandes rasgos es así como venimos trabajando y llevando este convenio de lo que es el mando único en Aguascalientes. Creo que ahí están los datos, ahí están las cifras donde afortunadamente creo que es uno de los mejores estados, uno de los mejores municipios en materia de seguridad.

Pero también otra cosa: podremos tener las mejores leyes, podremos tener los mejores marcos jurídicos, pero si no existe esa voluntad entonces eso va a ser letra muerta.

Hoy, yo creo que va a depender muchísimo de esa voluntad que tengan todos y cada uno de los actores políticos. Y por supuesto, el que también nos pueda normar y regular ese marco jurídico; y creo que aquí es donde se inicia en lo que es en el Senado y por supuesto la Cámara de Diputados.

Y creo que ustedes, senadores, senadoras, tienen un papel importante y fundamental en materia de seguridad pública, para poder adecuar este marco jurídico a las realidades que hoy estamos viviendo en México.

Gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente municipal Juan Antonio Martín del Campo.

Ahora sí, abrimos las intervenciones de las señoras y señores senadores. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra?

La senadora de la Peña; la senadora Pilar Ortega; la senadora Arely Gómez. Vamos a darle equidad de género a este asunto, y con la participación del senador Roberto Gil.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Bien, muchas gracias, presidente.

Quiero hacer una aclaración de porqué tengo dudas respecto de incorporar al catálogo de tipos que tendrían que estarse configurando en esta nueva especie, esta ley que sea una especie de código único sustantivo. Creo que el asunto de la propuesta que hace Lucía de integrar el tema de feminicidio, yo lo veo desde otro contexto; no porque no crea que el delito en sí mismo no sea grave: yo formo parte de quienes hemos luchado justamente para definir feminicidio como un delito grave; y definirlo de manera puntual, con las características diferentes del homicidio.

Hay una connotación clara de género y el abrir en este aspecto el caso del feminicidio, que tiene que ver mucho con la desigualdad y el predominio misógino de un sexo sobre el otro; creo que si partimos de que es una de las tantas características del tipo penal del feminicidio, me parece que no formarían parte de este catálogo; sin que efectivamente, yo reconozca que se trata de un delito grave contra los derechos humanos de las mujeres, por ser mujeres.

Además, me parece que entraríamos al riesgo de lo que también aquí se ha expresado de manera general, respecto de que junto a esto le estemos sumando también otro tipo de delitos y la exculpación de ese delito, como es el caso de la interrupción legal del embarazo. Que en el caso del Distrito Federal, por cierto, está sancionado penalmente el aborto, porque luego hay confusión; lo que está exonerado es la interrupción hasta las 12 semanas, con ciertas características.

De tal manera que sí lo quiero aclarar, me parece que está en ese contexto esa discusión, por eso tengo mis dudas respecto de que un asunto fundamentalmente que tiene que ver con la discriminación y con la desigualdad genérica, tengamos que inscribirlo en lo que es la discusión que deriva de la propuesta del Ejecutivo de estas reformas.

Lo quiero aclarar porque no quiero que se quede la duda de que estoy siendo incongruente con lo que he estado luchando.

Quisiera preguntarles, en primer lugar a quienes están ahora aquí, que continúan en esta sesión, cuando se habla de incluir, también propuesta por Lucía y apoyada por otros ponentes, como es el caso del propio Javier, Santiago, que continúan acá; de incluir los delitos por ejemplo que tienen que ver con las violaciones graves. Me gustó el ejercicio que hace Santiago respecto de los delitos que están en el Estatuto de Roma: violaciones graves a los derechos humanos; quisiera que pudieran abundar un poco más en esa parte, que ciertamente no está tocada en la exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo.

Y para el presidente municipal de Aguascalientes. Creo que de manera clara y sencilla nos denota la diferencia de cómo está convenida la articulación del mando único en Aguascalientes que, por cierto, un estado que se ufana de haber sido el primero en instituir el mando único en el país, pero creo que sería muy importante que abundara en esas particularidades de estos dos conceptos del convenio, a diferencia, esto viéndolo desde el enfoque de su propia expertise con la propuesta concreta que nos hace el Ejecutivo.

Por favor.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias.

Senadora Pilar Ortega, por favor.

SENADORA MARÍA PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Gracias, senador Encinas.

También comentar en relación a la pregunta que yo había hecho en la parte anterior, yo me refería a la preocupación que tengo sobre cómo está planteado este sistema de competencias en la iniciativa del Presidente y que creo que es un tema que tenemos que abordar.

Y también preguntaba si lo que se quería realmente era llegar a una tipificación única de manera disfrazada, no porque yo prejuzgue si es bueno o no tener una tipificación penal única. Pero si ese es el objetivo –planteaba yo– entonces entremos al debate hacia allá. Quisiera hacer esa aclaración.

Y sí creo que, como está planteado en la iniciativa, sí se pudieran derivar una serie de problemas de hecho, de facto, en relación a las atribuciones de las entidades federativas.

También decir que concuerdo con algunos de los expositores que hablaron hace un momento, concretamente con el doctor Salazar, cuando hablaba de que el federalismo fortalece a la democracia y tender hacia el centralismo pudiéramos debilitar nuestro régimen democrático, me parece también muy interesante –y ahí concuerdo con la senadora de la Peña– esta propuesta que nos hace Santiago Corcuera en relación a la formulación de unificar aquellos delitos que el derecho internacional obliga al derecho mexicano.

Creo que eso también es muy interesante, como algo que creo que nos vamos a llevar de esta mesa conceptos y propuestas muy interesantes.

Y también en relación con la exposición que nos hacía el presidente municipal de Aguascalientes. Yo le quisiera plantear, creo que al momento de estar haciendo este análisis en cuanto a si aprobamos o no o revisamos qué pasaría con la posibilidad de tener policías estatales únicas, uno de los problemas que se han planteado –ya lo plantearon otros expositores que han venido en días previos– es la situación de estados como el de Aguascalientes, en donde su sola policía municipal es muy superior en número al resto de todas las policías de los municipios.

Y casos de municipios en el país donde su policía municipal de la ciudad más grande del estado es no sólo superior en número sino en calidad, en formación, en confianza, que la policía estatal.

Esta propuesta pudiera traer como consecuencia perder esa riqueza de esas policías municipales.

¿Cuál es la opinión que tiene usted respecto a este tema? Y que creo que va muy en relación con lo que planteaba Angélica de la Peña.

Muchas gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Gracias, senadora Ortega.

Tiene el uso de la palabra la senadora Arely Gómez.

SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Después de una larga jornada de audiencias, hemos escuchado, ha sido un día muy interesante.

Hemos tenido la oportunidad de escuchar a expertos, académicos, organizaciones de la sociedad civil, gobernador, presidente municipal; creo que el día de hoy es un día de luces en el Senado de la República, porque quienes el día de hoy han aportado sus experiencias, sus conocimientos, nos ayudarán y nos dan luz hacia dónde vamos en esta gran iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto.

No hay mucho ya que preguntar, porque realmente ha sido extensa la discusión, pero al doctor Miguel Sarre, ya se fue, bueno, ya hemos tenido varias bajas, entonces ya tendremos que hacer las preguntas posteriormente.

Me queda muy claro lo que comentó el doctor Santiago Corcuera, creo que será algo enriquecedor, el tema donde tú dices que un código sustantivo único para los delitos, que el derecho internacional señala o más bien obliga al Estado mexicano a tipificar.

Ahí está perfectamente correcto hacer esto, para este tipo de delitos y que son los que más benefician al ciudadano. Esto que escuché me dejo huella.

Y por otro lado, al presidente municipal, a quien le agradecemos su paciencia, su presencia. He escuchado mucho sobre Aguascalientes, en particular sobre el municipio, sobre la seguridad, sobre el cómo está la situación.

¿Me podría ampliar un poco sobre las políticas que se llevan a cabo con el modelo que tiene, respecto a la rotación y otras medidas?

Y también me gustaría saber cuál es la relación de usted en este tema, porque dice que tiene reuniones semanales con las policías estatales, municipales, zonas militares y ¿cuál es su relación con la procuraduría, con el delegado de la PGR y con el Poder Judicial? ¿Cuántos de los que detienen ustedes son sancionados, bueno, sentenciados? Si se solicita la orden de aprehensión, en fin.

Gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias senadora Arely Gómez.

Tiene la palabra el senador Roberto Gil.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias, presidente.

Son ausencias, no bajas, porque luego este concepto de las bajas tiene una lógica medio… son ausencias, no vaya a pensar el Canal del Congreso que hemos violado algunos derechos humanos de los ponentes.

Yo quisiera hacer preguntas muy concretas al alcalde, dándole la más cálida bienvenida al Senado de la República y agradeciéndole que haya aceptado venir a estas audiencias públicas a exponer su experiencia.

Quiero hacerle preguntas muy prácticas sobre cómo está funcionando el modelo de mando único policial, porque creo que ahí están buena parte de las discusiones finas de la decisión que habremos de tomar en el Senado.

He insistido en las diversas audiencias públicas que no es lo mismo policía estatal única, que mando policial único y en buen medida creo que el caso de Aguascalientes nos puede ser profundamente revelador.

Constitucionalmente, usted, como alcalde, tiene a su cargo la función de seguridad pública, no se la han quitado. Las policías, en estricto sentido político-administrativo, dependen de usted, usted es el responsable de la seguridad pública.

A través de un convenio usted ha establecido una serie de acciones con otros municipios y con el estado, para efectos el ejercicio de la función de seguridad pública.

Ahí le van las preguntas prácticas: ¿quién norma o regula los sistemas de reclutamiento de los cuerpos policíacos que funcionan en la ciudad?

Segundo, ¿cómo se nombra el mando? ¿El mando es por municipio o es mando único en el estado, es decir, el mismo en Aguascalientes que en Jesús María o en Calvillo? ¿Es el mismo mando que tiene la ejecución de la política de seguridad en los tres municipios o el gobernador designa al mando para Aguascalientes, para Calvillo y para Jesús María?

Sé de antemano la respuesta, pero que la visibilicemos para tener claridad del modelo.

Cómo toman decisiones operativas esas policías.

Se recibe una denuncia por parte de algún ciudadano, algún teléfono de emergencia, la policía lo atiende, va al lugar de los hechos, independientemente de la geografía o la jurisdicción la policía entra a cualquier lugar, no hay frontera, usted lo decía, entre municipios, pone a disposición del ministerio público al presunto inculpado, al denunciado digamos, que participó en la comisión del delito y eventualmente se le procesa.

En términos de indicadores de incidencia delictiva se registra el delito en su municipio.

¿Quién paga a los policías? ¿Con cargo a qué presupuesto? ¿El mando único implica en el modelo homologación salarial? ¿Cómo se regula la relación jurídica del policía con el patrón?

Déjeme decirlo de esta manera: cada policía según el municipio al que esté inscrito tiene distintos patrones, si eso no ha generado problemas de orden laboral.

Y una pregunta también práctica: usted, si hay un espectáculo público, o usted advierte que hay un problema de seguridad pública, cómo canaliza esa demanda y qué puntualidad de respuesta tiene; si ha encontrado alguna dificultad política u operativa para atender especificidades que usted detecte en su municipio y si no se genera un potencial veto por parte de autoridad política diferente a la de usted para atender fenómenos delictivos.

Es decir, por ejemplo, usted está en función de sus mecanismos de información, está usted viendo que en una colonia está aumentando el robo de vehículos.

¿Cómo procesa ese mensaje? ¿Cómo construye una política de atención, una decisión de atención a ese fenómeno en concreto? ¿Qué tiempos de respuesta tienen? ¿Si hay la posibilidad incluso que el mando simplemente no atienda a su requerimiento? ¿Qué mecanismos tiene usted para poder forzar a que la policía que ya no depende de usted pueda atender cualquier incidencia delictiva que usted detecte en su municipio?

Son algunas preguntas prácticas para tratar de identificar el modelo que usted nos está planteando.

Muchas gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias senador Gil.

Vamos a abrir ahora el espacio para que nuestra invitada e invitados nos hagan una reflexión final y atiendan los comentarios y preguntas que se han formulado.

Les pedimos que fuera desde la Tribuna para que los medios de comunicación los puedan registrar y no queden de espalda.

LICENCIADA LUCÍA CHÁVEZ: Muchas gracias por las preguntas.

Me voy a referir a tres temas:

Primero, el tema de los feminicidios evidentemente es un tema que podemos debatir muchísimo. Estoy totalmente de acuerdo con que es un tema que se genera de desigualdad y discriminación. Eso no lo pongo en duda.

Yo creo que el tema de la federalización del delito de feminicidio tiene que ver con la deuda en materia no sólo de investigación sino incluso de calificación del propio delito de feminicidio.

Un estudio en el 2013 decía que alrededor de seis mujeres mueren al día víctimas de violencia.

La alerta de género es un mecanismo que en realidad se ha invertido mucho dinero y que ha sido totalmente ineficaz.

En Guanajuato se ha pedido la alerta de género dos veces, en Hidalgo, en el Estado de México cuántas mujeres muertas hay, en Nuevo León, y no se ha aplicado la alerta de género.

De allí surge nuestra propuesta que coincidimos, es una cuestión totalmente debatible.

Respecto de que abundáramos en el tema de incluir delitos que tienen que ver con violaciones graves a derechos humanos:

Voy a usar un poco el lenguaje que usa el propio Estatuto de Roma y si cometo un error Santiago me podría corregir, que es que cuando las autoridades de los estados no hayan tenido la voluntad o capacidad de llevar a juicio de manera imparcial e independiente a los responsables de ciertos delitos que contempla el Estatuto de Roma, en este caso lo estamos bajando a las violaciones de derechos humanos, nuestra propuesta es que pueda intervenir la Federación.

Además, para que la Federación conozca delitos, en casos en que el delito haya ocurrido en varias entidades federativas o que no se tenga certeza de en qué entidad federativa ocurrió.

Ahí voy a emplear el método de Humberto, del consejero, y voy a poner un ejemplo que es un caso de la Comisión Mexicana, la Comisión Mexicana también defiende casos de derechos humanos, como todos saben. Una persona desaparece, no se sabe si en Veracruz, en Tlaxcala o en el Estado de México; pero va por carretera federal, desaparece; se interpone la denuncia en Veracruz. En Veracruz no tienen el tipo penal de desaparición forzada, entonces se está investigando por robo de auto la averiguación previa.

Sin embargo, entre Veracruz, Tlaxcala y el Estado de México, no hay una adecuada coordinación ni siquiera para establecer las periciales que se deben de llevar a cabo en una investigación de esta naturaleza; aún más tratándose de una desaparición o una desaparición forzada, no sabemos en realidad qué fue.

Entonces, de ahí la importancia de que la Federación pueda atraer este tipo de delitos, porque en realidad nadie está investigando: en un estado porque no tienen el tipo penal de desaparición forzada; y en los otros estados, porque los otros estados no están seguros de que hay desaparecido en su estado, entonces parece que el estado, hasta estar seguro de que haya desaparecido la persona en su estado, va a investigar; lo cual nos parece alarmante y muy, muy descabellado.

Y otra es cuando se comprometa la responsabilidad internacional del Estado o cuando haya una sentencia internacional en contra del Estado. Creo que esto es hasta una forma de blindarse del propio Estado: si tiene una sentencia internacional, en una sentencia internacional donde no sólo se responsabiliza, por ejemplo al estado de Guerrero o al estado de Chihuahua; se responsabiliza al Estado en su conjunto, al Estado Mexicano.

Entonces, el Estado Mexicano es el que debe de investigar y tenemos la certeza de que los estados como federación, como estados, no tienen la capacidad, actualmente por lo menos, de investigar este tipo de violaciones graves a derechos humanos.

Eso no me lo preguntaron, pero lo voy a mencionar, y voy a retomar lo que dijo Santiago sobre replantear la estrategia de seguridad, la estrategia que tiene que ver con una militarización del país. Creo que coincido, y la Comisión Mexicana coincide totalmente con eso.

Justo ayer teníamos conocimiento de una solicitud de información que formulamos, en donde sólo en el sexenio de Calderón la SEDENA había detenido a más de 50 mil personas. Eso, sumado al aumento de quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en las comisiones estatales, vamos, nos habla de verdaderamente un problema que si bien creo que la federalización de todos estos delitos es un paso adelante; sí es un problema que tenemos que meterle bisturí desde abajo, haciendo el símil del bisturí que decía Santiago.

Hasta allí dejaría mi participación.

Gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchísimas gracias, licenciada Guadalupe Chávez Vargas, directora de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Asociación Civil.

Ahora le pedimos, por favor, al licenciado Javier Hernández Valencia, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, haga por favor, uso de la palabra.

LICENCIADO JAVIER HERNÁNDEZ VALENCIA: Aunque la pregunta, que agradezco, ha sido genérica, me permite subrayar cosas que a veces sólo en su mención merecen la específica cita de aquello de lo que estamos hablando y a lo que estamos tratando de referirnos.

La cita específica de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la sentencia contra México en caso Rosendo Radilla, que trajo a colación Santiago Corcuera, en el punto 344 de esa sentencia, 2009, en la presente sentencia la Corte estableció que el artículo 215 del Código Penal Federal que sanciona el delito de desaparición forzada de personas, no se adecúa plena y efectivamente a la normativa internacional vigente sobre la materia. Por tal motivo, el estado debe adoptar todas las medidas que sean necesarias para compatibilizar dicha tipificación penal con los estados internacionales.

Esto es una sentencia de la Corte Interamericana, 2009. En el 2013, en la respuesta del informe del Estado Mexicano al examen periódico universal; respuesta que fue entregada y hecha pública desde agosto de 2013 y luego de debatió en octubre de ese año, sobre esa materia el informe del Estado Mexicano dice en el punto 86: “Respecto al delito de desaparición forzada, se encuentra tipificado en el artículo 215 A del Código Penal Federal”.

Hay algo que, señoras legisladoras, señores legisladores, tenemos que abordar de frente. Es, si vamos a tener un cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana y de los compromisos de legislación y tipificación acorde a los convenios internacionales que soberanamente el Congreso de la Unión a lo largo de la historia de hace años ha tomado como decisión para participar de estos eventos, instancias y comités e insisto, el Comité sobre Desaparición Forzada se reúne en 11 días y obviamente esta dualidad en lo que se compromete el Estado y en lo que se hace en el Estado es preocupante.

De hecho, en ese mismo punto 86 del informe del Estado Mexicano de agosto del 2013, insisto, debatió en octubre del 2013 y con recomendaciones aceptadas en marzo del 2014, se añade: “Existen en el Congreso varias iniciativas de reformar para adecuar el tipo penal a los estándares establecidos e iniciativas que serán estudiadas próximamente en las Comisiones Unidas de Justicia y Defensa Nacional y Estudios Legislativos del Senado”.

Tengo la impresión que ha llegado un punto en el conocimiento de las instancias internacionales de todos estos elementos de una manera más integral y tal vez de una manera más preocupada sobre un minuendo en el que no pareciera que logramos ser suficientemente eficaces en nuestra voluntad de cooperar con México.

Creo que en el punto sobre la geometría, las fronteras de cuál es el núcleo de delitos que deben poder ser materia de leyes generales, es un buen criterio el poder abordar en conjunto todos aquellos que son materia de convenciones internacionales vigentes para las cuales México tiene documentación abundante.

Me preocupa, sin embargo, que abordar esa agenda así de ambiciosa –y yo en eso difiero con humildad a las opiniones que aquí se han vertido– siendo yo un ciudadano extranjero, no quisiera poner más allá de lo que me toca en mi calidad de funcionario internacional en la vara, y creo que la vara está puesta ahí donde está puesta; y para el caso específico de desaparición forzada, debería poder evacuarse eso de la manera en la que ya se ha sugerido.

Otros temas que son también parte de convenciones internacionales, sin duda abonaría a esta puesta al día, pero yo he participado y he tenido la ocasión de discutir con ustedes en otros contextos, en particular en la reforma del Código de Justicia Penal Militar, la no configuración actual para introducir un criterio genérico sobre exclusión de jurisdicción de violaciones de derechos humanos.

Pero entonces tal vez en el punto por punto, en aquello que ha sido acuerdo fuerte y aquello en lo cual las definiciones de las convenciones internacionales son así de precisas, yo me inclinaría a que el primer paso es el que ´permite hacer la marcha de mil millas.

Muchas gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, Javier, por tu intervención.

Ahora le pedimos al licenciado Bernardo María León Olea, haga por favor uso de la coz.

LICENCIADO BERNARDO MARÍA LEÓN OLEA: Yo nada más añadiría que está muy bien que se añadan tipos penales o se aclaren, pero a mí me preocupa algo que tiene que ver de una manera más amplia con la política criminal, o sea, todo esto es para que política criminal.

Hoy en día menos del cuatro por ciento de todos los asuntos penales llegan a los tribunales, menos del cuatro por ciento. Entonces, estamos discutiendo algo que tiene que ser eficaz para no generar promesas falsas a la ciudadanía.

Lo que tiene que ser eficaz es que la policía, que es donde empieza todo, funciones.

Me faltó decir en mi ponencia, quisiera nada más brevísimamente señalarlo, es que cuando se habla de policía única y es ahí donde empieza el tema, que sea una policía única, única.

Porque con la reforma al artículo 102 y el 116, les dieron autonomía a las procuradurías, a la Fiscalía General, cuando entre en vigor la Fiscalía General de la República, tendrá un fiscal que va a durar nueve años, que tiene autonomía constitucional y que tiene una policía.

Y además hay una reforma que se aprobó aquí, en el Senado, que reforma el 74, 75 y 76 de la Ley General del Sistema, que regresa la facultad de investigación de manera pulcra, constitucionalmente, a las policías que dependen de las instituciones de procuración de justicia, lo cual deja a todas las instituciones de seguridad pública, que son casi 600 mil policías, sin facultades de investigación.

Decía el alcalde de Aguascalientes, nada más para cuestiones operativas, espérense; la política criminal tiene que ser integral y entonces, una vez que el alcance del sistema de seguridad y justicia aumente del cuatro por ciento al 25 por ciento, por decir algo, entonces si quieren discutimos las minucias que tienen que ver con las competencias, con un código penal único.

Okey, encantado de la vida, pero primero démosle alcance ¿no? Para eso necesitamos una policía que esté diseñada de acuerdo a las zonas criminógenas y a la población, no a las fronteras artificiales del estado.

No sé qué tan centralista sea eso, podemos descentralizarlo todo, pero que sea donde están los problemas, eso sería lo primero.

Y finalmente, ya para concluir, creo que es muy importante que todas estas reformas tengan, se puedan medir en términos de resultados. O sea, cuántos menos delitos se van a cometer si ahorita se cometen 33 millones de delitos.

En la próxima encuesta de victimización cuántos menos va a haber, si ahorita menos del uno por ciento de los delitos llegan a una sentencia condenatoria, cuántos más vamos a tener al paso de esta reforma.

Entonces no va a ser una discusión exclusivamente legal sino una discusión de política pública. Y yo creo que en ese sentido sí cambiaría cualitativamente lo que estamos discutiendo aquí ahora.

Gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchísimas gracias al licenciado León Olea.

Santiago Corcuera, por favor, del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.

SANTIAGO CORCUERA CABEZUT: Gracias senador.

Voy a contestar la pregunta a la senadora De la Peña, aunque anticipo que me voy a retractar de la propuesta porque creo que Javier tiene la razón y siempre es bueno reconocer cuando uno se equivoca.

No porque la idea que tenga considere que está equivocada, pero creo que en este caso hay que aplicar la teoría del mal menor y que primero demos el paso de desaparición forzada y tortura, legislemos muy bien, con una ley general de desaparición forzada y de tortura que enfrenta este problema que es el más importante ahorita.

Y luego hablamos de asesinato, de exterminio, de esclavitud, de traslado forzoso, de encarcelación, de otros crímenes que están en el Estatuto de Roma, como el Apartheid u otro y hacemos una legislación general de crímenes internacionales, una ley general de crímenes internacionales o algo así.

Pero lo que sí hay que aclarar es algo muy importante:

Una desaparición forzada para que sea crimen contra la humanidad necesita ser parte de un ataque generalizado contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Entendido esto como una línea de conducta que implique la comisión múltiple de desapariciones forzadas en contra de esa población civil como parte de una política de Estado.

O sea, no toda desaparición forzada es un crimen contra la humanidad. A veces algunos amigos nuestros, activistas, con el puño en alto gritan “desaparición forzada, crimen contra la humanidad”.

No, espérate. Por respeto a las víctimas de los crímenes contra la humanidad no vamos a decir que toda desaparición forzada es un crimen contra la humanidad porque sería banalizar el concepto de crimen contra la humanidad.

Entonces, sí, en la ley general contra la desaparición forzada esperamos una definición muy buena como la de la Convención de la ONU, que después traigo otro artículo que diga: “cuando esta conducta prevista en el artículo tal sea cometida como un ataque a la población civil con conocimiento de dicho ataque, como una línea de conducta sistemática, de exterminio, bla, bla, bla, será un crimen contra la humanidad y recibirá una pena mucho mayor. Pero eso era a lo que me refería senadora.

Entonces hay una convención de Apartheid, pero el Estatuto de Roma habla del Apartheid específicamente, del delito de genocidio, etcétera.

Sí estaría muy bien que esos crímenes, que el derecho internacional obliga al Estado Mexicano a tipificar, eventualmente tuviéramos una ley general que nos consolidara y que hubiera cierta congruencia en la forma en la que se van a perseguir.

Sean de lesa humanidad o no, porque un asesinato individual, o sea una ejecución arbitraria; yo prefiero decir arbitraria y no extrajudicial porque como en México no hay pena de muerte, todas las ejecuciones son extrajudiciales. Entonces yo prefiero decir arbitraria para no meternos en esa cuestión terminológica, o el traslado forzoso de personas.

Puede ser un delito si hubo un traslado forzoso no como parte de una política de Estado, como una línea de conducta, bla, bla, pero hay que tipificarlo. Entonces tener cuidado en ello.

Entonces usted ya sabe, de todas maneras, usted también, que cuando me buscan ahí nos ponemos a chambear en un escritorio para aclarar estos conceptos.

Y luego, la intervención de Lucía me hizo recordar otra cosa en relación con la concurrencia, que decíamos. La concurrencia puede darse no nada más en cuando a un empalmamiento de dos conductas, como digamos trata y desapariciones; sino en cuanto a la gente o al perpetrador.

Tú decías el lugar: eso no importa tanto, importa tanto quién es el perpetrador, porque si el perpetrador es un militar aunque esté en Aguascalientes, la desaparición forzada es cometida por un agente federal y cae dentro del ámbito de aplicación del Código Penal Federal.

Sin embargo, el desaparecedor es un policía municipal, entonces tendrá que caer dentro de la definición de desaparición forzada del Código local. Pero interesante, ¿qué tal?, vamos a imaginar algo así como súper inconcebible: Que la policía municipal detenga a unos muchachos que se están subiendo a los camiones; y luego a lo mejor se los entregue al crimen organizado, que está siendo protegido no nada más por la policía municipal, sino a lo mejor por otros agentes del estado.

O que por omisión o con tolerancia o aquiescencia de un batallón que se encontraba muy cerca y que hubiera actuado, y no actuó, pudiera volverse una desaparición forzada que cayera dentro del ámbito de la definición de un crimen federal, ¿o no?

Digo, yo sé que estoy describiendo algo que solamente en un país terriblemente sanguinario pudiera ocurrir; pero no es imposible de imaginar que eso sucediera. En Acteal se decía, por ejemplo, que había un batallón del Ejército muy cerca y que sabía que debía de llegar ahí a impedir la masacre, y no lo hizo.

¿Qué? ¿Ese fue un asesinato múltiple que cayó dentro del ámbito de aplicación del Código Penal de Chiapas o fue una ejecución arbitraria?

¿Y qué dijeron las instancias internacionales que fue?

Una ejecución arbitraria.

Entonces, es bien interesante no nada más como un ejercicio intelectual, sino para la verdadera atención a las víctimas, que es lo que nos importa, que haya una adecuada reglamentación, reglar adecuadamente, normalizar esta realidad que por desgracia se nos está volviendo normal, en una norma que impida que en un momento determinado no se pueda hacer justicia.

Gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchísimas gracias, Santiago.

Y finalmente, le pedimos al señor presidente municipal de Aguascalientes, Juan Antonio Martín del Campo, nos haga sus reflexiones y comentarios finales.

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO: Gracias.

Doy respuesta a las preguntas del senador Roberto Gil. Lo que es el reclutamiento, lo hace precisamente la policía municipal. La policía municipal, tenemos una Academia y nada más lo que hace las pruebas de control y confianza es el gobierno del estado a través del C-3.

Como gobierno municipal, nosotros tenemos el C-4, en donde también, si vemos en cuestión de equipamiento, creo que está mejor equipado el C-4 por parte de nosotros, que lo que tiene el gobierno del estado.

¿Cómo se nombra al Mando Único?

El Mando Único está a cargo del secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado; él es el coordinador pues, de lo que es el Mando Único y él, a su vez, nombra y designa a los responsables en cada uno de los municipios.

Las decisiones operativas, por un lado, las marca el secretario de Seguridad Pública; al igual que cuando hay un conflicto o cuando vemos en algunos lados o en algunas colonias focos rojos, a través de la coordinación que hay mensualmente y a través de lo que es el Estado Mayor que se tiene por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, precisamente ahí es donde se manda y se refuerza esa zona.

¿El pago quién los hace? El pago lo hace el gobierno municipal, al igual que lo que es la homologación salarial y por supuesto que recibimos apoyo del Subsemun, por un lado, y también del directo municipal.

En caso de existir algún evento o de boicot, hasta ahorita, ya poquito más de un año, afortunadamente no hemos tenido ningún caso de esos.

Aguascalientes sabemos que hay una gran afluencia, sobre todo en la Feria Nacional de San Marcos y siempre estamos en una forma muy coordinada; afortunadamente ahora no tenemos ningún incidente qué lamentar. Al contrario, siempre ha existido esa buena coordinación hasta el momento.

Los tiempos de respuesta por lo regular son de tres minutos aproximadamente. Todas las llamadas llegan a la policía estatal y de la policía estatal las canalizan a la policía municipal. El objetivo es poder tener un solo, eso sí, es un solo teléfono de emergencia y a través de ahí poder disparar la orden para poder atender. Eso es más o menos a grandes rasgos.

Y lo otro, lo que comentaron las senadoras. ¿Cómo estamos ahora?

Ahora es un convenio. Creo que esto ha ayudado, ha funcionado y ha dado resultados.

Por el otro lado, nosotros como gobierno municipal tenemos todavía lo que es la rectoría de la policía y creo que eso debe seguir y debe prevalecer. Es simple y sencillamente el poder coordinarnos en el ámbito operativo en campo. Ahí sí creo que debe de existir esa coordinación. En el ámbito administrativo todo lo lleva el gobierno municipal.

Y, por último, creo que la propuesta que se hizo por parte del Presidente, desde mi punto de vista muy en particular, creo que no es muy conveniente el poder tener tan sólo una policía estatal, porque al final de cuentas puede existir la tentación de lo que es la corrupción. Y creo que siendo parte de esos equilibrios, creo que ahí pueden existir mejores resultados.

Por lo tanto, yo creo que sería muy bueno el poder tener el mando único como tal en la coordinación, más no a lo mejor una policía estatal.

Gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchísimas gracias, señor presidente municipal.

Con ello concluimos no solamente la mesa del día de hoy sino las audiencias públicas que se convocaron para abordar los temas de seguridad pública y justicia.

La verdad es que ha sido muy interesante. Hemos aprendido mucho. Estoy convencido de que todas las propuestas aquí serán tomadas en cuenta; no recogidas en su totalidad, hay puntos de vista profundamente encontrados pero por supuesto que serán analizadas todas y cada una de ellas.

Quisiera pedirle al senador Enrique Burgos, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, sea tan amable de clausurar los trabajos de estas audiencias.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias.

Muy brevemente, y en abono al tiempo de todos ustedes, apreciar mucho todo lo que aquí se ha venido aportando.

Hay un tema que es el nudo de nuestras reuniones. El Estado Mexicano tiene un compromiso que es caso condición existencial: justicia y seguridad; ese es el qué. El cómo, hay una propuesta, una iniciativa del Presidente de la República a través de las reformas o adiciones a siete artículos constitucionales. Ese es el qué, el cómo desenvolver para cumplir con aquel compromiso.

Obviamente, como bien lo decía el senador Encinas, hay puntos de vista, todos enriquecedores, invariablemente todas son aportaciones y lo que hacen es provocar un mayor análisis, provocar una mayor reflexión, para que efectivamente, como lo estamos buscando, veamos que los pilares, que los fundamentos, el constitucionalismo mexicano, municipalismo, federalismo, puedan tener la movilidad necesaria sin romper con sus principios esenciales, con sus fundamentos.

Porque esa es la estructura política, esa es la composición política del Estado mexicano, federalismo, municipalismo, además de división de poderes, decisiones fundamentales.

Pero bien decía un autor argentino: la ortopedia jurídica, aunque sea constitucional, no remedia la fractura política. Hoy queremos cuidar que la ortopedia constitucional cuide y garantice la composición política.

Trataremos finalmente de que haya sintonía, como aquí se expresó por varios de ustedes, con la reforma del 2008 en materia del Sistema Penal Acusatorio, con la reforma del 2011 en materia de derechos humanos y las reciente del año pasado, 2014, la autonomía en los órganos de procuración de justicia.

Quiero finalmente agradecer la conducción que tuvieron en estas distintas reuniones la senadora Arely Gómez, el senador Roberto Gil, presidente de la Comisión de Justicia; de nuestro amigo Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, y desde luego las participaciones de nuestra compañera Angélica de la Peña y muchos que ya no están presentes en este momento.

Dennos la oportunidad de seguir intercambiando puntos de vista con ustedes, gracias por las aportaciones, si hay más libros se los vamos a agradecer también, y bueno, con esto damos por concluido este 22 de enero, los trabajos preliminares en búsqueda de lo que seguramente vamos a alcanzar: un buen acuerdo a través de la diversidad y las aportaciones políticas.

Muchas gracias a todos.

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