Senado de la República

(Cuarta parte y final)

LICENCIADO BERNARDO MARÍA LEÓN: Buenas tardes. Me da la impresión de que yo voy a ser el centralista de este día.

Yo celebro la iniciativa del Presidente, mucho. Creo que el objetivo de la iniciativa fundamental es que se articule la política criminal, y yo tengo como 20 años diciendo que es necesario que la política criminal del Estado mxicano esté articulada; porque si no, somos un gobierno desorganizado combatiendo al crimen organizado, y eso nos pone en una gran desventaja.

Sin embargo, desgraciadamente la iniciativa aunque tiene una buena intención, se queda corta en las herramientas que propone y falta complejizarla más y profundizarla más, desde mi punto de vista.

Tenemos que entender que en México, la primera encuesta de victimización que hicimos en el año 2000, calculó 4.1 millones de delitos, y hoy en 2013 y que fue la última que nos entregaron, calculó 33 millones de delitos. Y de esos 33 millones de delitos, menos del 1 por ciento llegaron alguna vez a algún tipo de sentencia condenatoria.

Así que tenemos que partir de la base de que nuestro sistema de justicia penal está quebrado; aunque haya algunas islas que funcionen bien, la mayor parte, si tienes más del 99 por ciento de impunidad, es que tu sistema no está funcionando.

En este sentido, la iniciativa parte de una lógica federalista, pero esa lógica federalista tiene varios defectos:

En primer lugar, vale la pena señalar que cuando se crearon los estados federados en México por razones históricas, por razones poblacionales, por razones políticas; México tenía menos de 15 millones de habitantes y una lógica muy diferente de organización demográfica y social.

Hoy en día tenemos una revolución demográfica, que pasó, hace 100 años que vivimos 15 millones de habitantes en todo el país; hoy tenemos 120. Tenemos muchísimos municipios conurbados que trascienden, por supuesto, las fronteras estatales, y las fronteras municipales y las estatales.

En este sentido, ¿cómo se crean los municipios en México?

¿Se crean con una lógica de eficiencia administrativa; se crean con la lógica de capacidad tributaria? No. Se crean con una lógica poblacional y eso hace que sean estructuras sumamente débiles. Son, en la mayoría de los casos incapaces de poder administrar el territorio que está encargado hacia ellos.

En este sentido, la iniciativa supone que el crimen tiene las mismas fronteras artificiales que los estados federales, lo cual es absolutamente falso; y también de los municipios.

En este sentido, yo pienso que es importante señalar que –y por eso digo que soy el centralista del grupo– yo creo que sí debe de haber un código penal único y una facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia sustantiva, penal, ya la tiene en materia adjetiva, ahora falta en materia sustantiva. Y, en este sentido, evitar todos estos detalles muy finos que nos explicó el consejero jurídico respecto de cómo determinar las competencias.

Esa lógica de determinar las competencias no responde a una política criminal, responde a una serie de entelequias jurídicas que finalmente no resuelven ningún problema. ¿Cuál problema resuelven?

En este sentido también se propone –y perdón que me refiera a esto, que no es el tema, pero va mezclado– una policía estatal de mando único, nuevamente en esta hipótesis de que la criminalidad responde a estas cuestiones artificiales, que son las fronteras estatales, y ahora más.

Por ejemplo, por decir algo, en Coahuila tendríamos en la misma ciudad tres policías estatales; una en el estado de Coahuila, en Torreón, otra en el estado de Durango, por ejemplo en Gómez Palacio, y si me apuran hasta una parte de Zacatecas. Es decir, la cuestión está en otro lado y es de otra índole, desde mi punto de vista.

Lo que deberíamos hacer, insisto, en mi capacidad de centralizar, es tener una policía nacional y una policía nacional que pueda ser descentralizada. Es decir, una policía que unifique todos los criterios de formación, carrera, salario policial, pero que no tenga un criterio estatal cuyas fronteras, insisto, son estatales, sin un criterio criminógeno y poblacional.

Podríamos crear distritos policiales en todo el país sin que los municipios pierdan la capacidad de participar en seguridad pública, porque entonces podríamos crearles órganos de gobierno a cada distrito policial, donde podría participar el gobernador o su representante en esa zona, donde tenga que ver; los presidentes municipales que estén en ese distrito policial. Pero separadas las policías por estado es un despropósito que no va a tener ningún efecto en la disminución de la inseguridad.

Al mismo tiempo podríamos conservar la policía federal, pero esto va directamente relacionado con las competencias en materia penal.

¿Por qué digo que es necesario un código penal único y una facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en esta materia?

Bueno, miren, uno de los argumentos que aquí se han manejado, es que hay algunos delitos como el abigeato que aquí no es un delito y en otros lugares sí son.

La verdad esa es una minucia que, desde mi punto de vista, resulta completamente irrelevante.

Si tú tienes en todos los delitos una pena grande y una pena chica, digamos, una pena mayor y una pena menor, por favor, que los jueces apliquen la pena menor donde el delito no tiene tanto impacto y la pena mayor donde sí tiene; y que también puedan legislar las leyes especiales, pero eso no tiene nada qué ver, pues el problema que generas es mucho mayor.

¿Por qué es mucho mayor? Porque hoy en día la complejidad del tema penal hace que más de la mitad de los delitos que están tipificados en los códigos penales no tengan ninguna persona acusada de ese delito. O sea, estamos legislando delitos que no va a pasar nada con ellos.

En ese sentido, lo que podríamos hacer es transformar el sistema de competencias con un penal único. ¿Cómo le hacemos? Bueno, todos son delitos del fuero común, el cien por ciento, y todo lo que quiera hacer la Federación lo hace por facultad de atracción.

¿Por qué me atrevo a proponer esto? Porque ¿qué justifica la participación de la Federación en materia penal?

Lo que justifica a la Federación es que tiene mayor capacidad de investigación, tiene mayor capacidad operativa y por eso tiene que atender delitos más graves, pero un catálogo de delitos del uno al 10, que son materia federal porque así lo establecieron las competencias.

Lo que yo digo es que sería mucho más racional determinar que por estrategia anti criminal, por los delitos que de veras requieren la participación federal, por su capacidad, pues lo puedan hacer de esa manera.

Concluiría diciendo que el federalismo mexicano, así como el municipalismo eventualmente se tendrán que replantear, porque las fronteras y las facultades que tienen son artificiales, porque no generan recursos para mantenerse y porque no tienen las capacidades administrativas para ejercer la autoridad en donde gobiernan en muchísimos caso, en mi estado, en Michoacán es un ejemplo muy claro.

Lo que necesitamos es pensar menos en el federalismo dogmático y más en la seguridad que requiere la nación y quedar muy claro que el crimen no tiene esas mismas fronteras artificiales y que un código único y la facultad exclusiva para legislar por parte del Congreso de la Unión, resolverían de inmediato el tema de las competencias.

Gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias licenciado León Olea.

Ahora y finalmente y agradeciendo su paciencia y la atención que ha tenido con la invitación que le ha realizado el Senado, licenciado Santiago Corcuera Cabezut, quien es parte del Comité de Desapariciones Forzadas, de la Organización de Naciones Unidas.

LICENCIADO SANTIAGO CORCUERA CABEZUT: Muchas gracias, senador, lástima que ya se fueron las damas, para darles las gracias también a las senadoras, por la convocatoria, por considerarme en esta discusión tan interesante a la que, como le decía yo a la senadora Arely, a través de su asesor Jaime Chávez, pues no me dejó de provocar temor, por tratarse de un área tan específica como la distribución de competencias en materia penal que, como el constitucionalista Pedro Salazar manifestó también dicho temor, y tan brillantemente discutió el tema, prefería yo hablar al último para hacer algunos comentarios a lo que he escuchado y tratar de responder a las preguntas que se nos plantearon.

Ley General para Tipificar o no Ley General, en qué orden tipificar, esa sería mi primera propuesta.

Porque si vamos a tener una ley general que ordene a las entidades federativas a que tipifiquen o que ordene a las entidades federativas a que legislen, las holgazanas de las legislaturas de los estados no van a obedecer.

Ya lo vimos con la Ley General de Víctimas, artículo 21 y transitorio, llevamos un rezago terrible, la Ley General de Víctimas ordena que las legislaturas de los estados emitan legislación sobre declaración de ausencias, sobre desaparición forzada, y hoy sólo dos legislaturas de los estados han cumplido con esa obligación, tardíamente por cierto. Las otras, ninguna ha cumplido.

Entonces, no hay que tener una ley general que diga: legislatura, tipifica así, porque no lo van a hacer. La ley general tiene que decir: este es el tipo penal y esta es la pena. Ahora sí, autoridades locales, apliquen este tipo penal y esta pena a quien encuadre o realice una conducta que encuadre una conducta. Primera cuestión.

Segundo. Coincido con Lucía: la Ley General no debe de limitarse a tortura y desaparición forzada sino ya aprovechando el viaje incluyamos otros delitos.

Y creo que Lucía se queda corta. No estoy seguro con feminicidio pero se queda corta.

Yo digo aprovechemos el viaje para tipificar adecuadamente todos los delitos que los instrumentos internacionales ordenan al Estado Mexicano que estén tipificados.

Hay tratados internacionales que ordenan que determinadas conductas estén consideradas como delitos en la legislación doméstica.

Y para muestra un botón: México –es increíble- no ha instrumentado todavía al estatuto de Roma. Todavía no tenemos tipificados los delitos del Artículo 7 del Estatuto de Roma. Agarremos esa lista y metamos a los delitos contra la humanidad.

Y diría yo: con cuidado para decir cuando se reúnan los alcances de un delito contra la humanidad, pero si se cometen aisladamente y no alcanzan a ser delitos de humanidad también deben de castigarse y debe por lo tanto incluirse la ejecución arbitraria, la desaparición forzada, la tortura y otros delitos que ahí están, que no están tipificados.

Alertas. Señores y señoras legisladores. Cuando haya dos o más instrumentos internacionales de los que México se aparte, que contengan definiciones diversas sobre una misma conducta, úsese la más buena. ¿Cuál es la más buena? La que mejor proteja a la persona víctima del delito.

Por ejemplo, desaparición forzada. Tenemos 3 definiciones: la de la convención interamericana, la de la convención de la ONU, y la del estatuto de Roma. Tómese la de la ONU, que es la última y la mejor. Descártese la del estatuto de Roma, que es muy mala y me atrevo a diferir del doctor Salazar porque ahí es en donde está lo de las organizaciones políticas, saneamiento pernicioso que no hay que tomar en cuenta.

Para eso la convención de la ONU metió el Artículo 3, que dice: Cuando no sean agentes estatales. Ahí está el Artículo 3.

Artículo 2: sólo para gentes estatales o particulares que actúan con apoyo, aquiescencia, o colaboración, o contubernio.

Pero organizaciones políticas por separado no cometen desaparición forzada, cosa que al Presidente Uribe, de Colombia, y al Presidente Calderón les hubiera gustado que sí porque entonces así ya se diluye la responsabilidad del Estado y yo no soy solamente quien comete esta atrocidad sino también los violentos. No, no. No confundamos por favor.

Entonces cuando haya dos o más definiciones úsese la mejor y aplíquese la infalible técnica del “copy-paste”, para no empezarle a meter creatividad al asunto y se distorsione, como nos ha pasado, con tantas ocasiones.

Decía la Subprocuradora Benítez que las definiciones de desaparición forzada han sido criticadas porque no cumplen con los tratados internacionales.

Yo digo, no, no han sido criticadas; han sido declaradas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como que no cumple; no es una crítica, es una declaración de responsabilidad internacional de Estado por una mala tipificación de la desaparición forzada a nivel penal, cosa que desde la sentencia de Radilla se dijo y es la fecha que no se ha corregido.

Competencias, confluencia, segmentación. Tema importantísimo incluso para la tipificación porque en efecto hay confluencia, puede haber confluencia o concurrencia de delitos.

No se ha mencionado hoy pero decíamos en la antesala trata y desaparición pueden confluir.

Entonces sí es buena idea que haya una sola definición de desaparición forzada y que tengamos una especie de código único, código sustantivo único para los delitos que el derecho internacional obliga al Estado Mexicano a tipificar.

Me permito disentir de la propuesta del colega, porque creo que para los demás delitos sí hay que dejar que los estados decidan si tipificar o no tipificar, porque creo que por ejemplo el tema del aborto, va a provocar en esta Cámara un problemón; y otros, porque qué tal que alguna entidad federativa decide despenalizar el robo en lugar cerrado, de poca monta, lo cual me parecería magnífico, porque nuestros reclusorios se vaciarían de víctimas que están ahí por robo de poca monta, pero como es en lugar cerrado, es grave y para dentro.

Yo diría, para los delitos que el derecho internacional obliga al Estado Mexicano a tipificar, ley general con tipificación y pena, y para los demás no.

Luego, ¿la legislación por sí misma va a solucionar el problema?

Claro que no. Es bueno que haya una buena legislación para que la autoridad sepa qué conductas se deben de prevenir, claro, ¿Pero de qué nos sirve tener tanta legislación que no se cumple?

Aquí hay que recordar a Aristóteles otra vez: causa material, causa formal, causa eficiente, causa final; ¿a poco con la legislación, por muy buena que sea, vamos a acabar con la causa eficiente de la desaparición forzada?

Claro que no. Hay que acordarnos que la causa eficiente de la desaparición forzada y del incremento terrible que tuvo este delito, junto con la tortura y las ejecuciones arbitrarias, fue por virtud de la mala decisión de usar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Punto.

Y no es que lo diga yo, lo ha dicho el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas en su informe, diciendo: “Esta es una mala decisión. Se recomienda al Estado Mexicano que retire a las Fuerzas Armadas de labores de seguridad pública, lo antes posible”.

No lo podemos hacer de la noche a la mañana, porque se nos muere el paciente en la plancha; pero lo malo fue que cuando se diagnosticó la enfermedad y al señor doctor encargado de la cirugía, le informaron que los instrumentos estaban contaminados y que había que esperar seis horas para esterilizarlos, dijo: “pásenme el serrucho y vamos a comenzar, porque no tengo tiempo para esperar a que esterilice el bisturí”.

Y entonces utilizaron instrumentos equivocados para combatir una enfermedad, que se llama Ejército Mexicano, para combatir delincuencia, cuando ese instrumento está hecho para la guerra.

¿Y qué fue lo que provocó?

Una guerra. Eso fue lo que provocó.

O decir: “Señor Presidente, fíjese que tenemos un panal de abejas africanas aquí en el salón de la fiesta”; “¡Ah!, cómo no, pásenme la metralleta”; “Oiga, señor, no, no es el instrumento apropiado para combatir a las abejas africanas una metralleta, porque sí se va a matar usted unas 500, pero nos va a infestar el salón con las otras 2 mil 500”, que fue exactamente lo que pasó.

Entonces, esa es la causa. Tenemos que repensar la estrategia de “combate” del crimen organizado; no pensado como si fuera un Ejército invasor, por muy poderoso que sea, porque no lo es. Tenemos que repensar eso, eso es lo que va a acabar con la desaparición forzada: una adecuada estrategia de seguridad ciudadana.

Por eso me gustó que Javier hablara de la ciudadanía y del documento que se presentó: hay que ciudadanizar a la seguridad pública, porque está militarizada y es bueno civilizar la seguridad pública, que la seguridad pública esté en manos de civiles, porque es lo civilizado hacer.

Militarizar la seguridad pública es incivilizado, propio de regímenes autoritarios, aunque hayan sido producto de un régimen democrático de voto mayoritario.

¿Puede un Presidente que llega al poder a través del voto mayoritario, convertirse en un autoritario?

Sí.

¿Puede militarizar la seguridad pública?

Sí.

Entonces, esa es la causa eficiente de la desaparición forzada, de los incrementos de los índices de la tortura en el sexenio de Calderón, que este sexenio no ha podido contener.

Una buena legislación no es suficiente. Qué bueno que la tengamos, y yo como abogado la aplaudo y la promuevo porque es un buen comienzo, pero coincido con el doctor Salazar, fue una manera de decir: “Yo aquí le paso esta papa caliente al Poder Legislativo”, cuando en realidad lo que se necesita es un cambio profundo de políticas públicas, en particular en materia de seguridad ciudadana.

Civilización de la seguridad pública, por favor, en doble sentido; civilizarla para que los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley no estén integrados por militares ni por exmilitares, porque –con todo respeto lo digo– aunque el militar se vista de policía militar se queda. Porque el hábito no hace al monje y tampoco hace al policía el uniforme.

Dicen que los estudios para ser monje imprimen carácter y también imprime carácter el estudio del militar, y tiene ya en su cromosoma una manera de actuar que es muy difícil cambiar a pesar de que se cambie de vestido.

La ciudadanización de la seguridad pública es muy importante.

Hay que aprovechar esta oportunidad, no hay que quedarnos en el contenido de la iniciativa mandada por el Presidente que tiene muchas virtudes y que hay que aprovecharlas, no nada más para los delitos sino para más; no nada más para las cuestiones de intervención de los municipios, etcétera, sino también para una salida paulatina de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

Hágannos a los mexicanos ese favor, señores legisladores. No lo hagan de la noche a la mañana, pero expidan una ley en donde en algún tiempo razonable quede por fin y para siempre prohibido que el Poder Ejecutivo pueda utilizar a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

Gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, licenciado Santiago Corcuera del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas.

Tengo que disculpar a la Subprocuradora Jurídica de la Procuraduría General de la República, a la maestra Mariana Benítez Tiburcio, tuvo que retirarse.

Creo que tenemos que revisar bien los mecanismos de coordinación con el Ejecutivo y el Legislativo, primero para que seamos puntuales en los horarios, pero también para que se considere la parte prioritaria del trabajo del Ejecutivo, la relación con el Legislativo; ese también es parte de su trabajo. Pero eso es un asunto que ya veremos nosotros con el Poder Ejecutivo.

Hemos tenido, sin lugar a dudas, o tenemos una estupenda reunión que cumple con creces los objetivos para los cuales fue convocada. Hemos tenido participaciones muy diversas que rebasaron en mucho el tema del régimen de competencias penales en nuestro país y lo que se diversificó.

El presidente municipal, vamos a darle su propio espacio, que es un tema distinto al que vamos a abordar. Me gustaría que escucharan la otra cara de la moneda, que es la de los municipios, que es muy importante. Seguirá después de esta discusión.

Rebasamos con mucho el tema de las competencias penales. Hemos hablado sobre federalismo, las competencias locales y las condiciones del municipio. Este replanteamiento necesario de la estrategia del combate a la delincuencia organizada, los temas vinculados con derechos humanos, particularmente la legislación en materia de desaparición forzada y tortura que dan cuenta de que es un paquete; no solamente de una iniciativa de ley sino un conjunto de reformas que, como yo lo he señalado desde el primer día, hacen un replanteamiento del federalismo mexicano y que en muchos casos hay algunas medidas que no solamente lo replantean sino que obligan a revisar asuntos como el tema del municipio, porque al establecerse diversas disposiciones, como la facultad que quiere arrogarse el Ejecutivo para la disolución de ayuntamientos para poder asumir total o parcialmente las funciones municipales para crear una policía y un mando único, no solamente se debilita el municipalismo sino estamos diluyendo un órgano de gobierno que se está convirtiendo en un órgano de carácter administrativo y regresamos a los tiempos de las intendencias y las provincias.

Ya se hizo ahí un descentralizador confeso y creo que son de los temas a discusión.

Pero vamos a abrir la intervención de nuestros compañeras y compañeras senadores.

¿Quién quiere hacer uso de la palabra?

¿La senadora De la Peña?

Bien dicen que si…usted también puede intervenir, el presidente municipal, aunque se tenga que retirar, pero por favor haga uso de la palabra.

El licenciado Juan Antonio Martín del Campo, alcalde del municipio de Aguascalientes.

LICENCIADO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO: Gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes, senadoras, senadores, qué gusto el poder estar precisamente aquí, con ustedes, y sobre todo el poder compartir parte de las experiencias que nosotros hemos tenido y sobre todo un servidor, como alcalde del municipio de Aguascalientes, relacionado con lo que es el tema de seguridad, que creo que estamos convencidos que es un tema que a todos nos interesa como mexicanos.

Comentarles que la seguridad pública es una función precisamente que el estado debe estar llevando, el mantener el orden, en proteger la integridad física de las personas, así como de sus bienes, privilegiar por supuesto y perseguir y estar al pendiente de lo que son las faltas administrativas y de los delitos, al igual que colaborar en la investigación y persecución de los delitos y también auxiliar a la población en casos de siniestros y desastres.

Las funciones de las instituciones de seguridad pública se basan pues en lo que es la investigación, en lo que es la reacción y lo que es la prevención del delito.

Comentarles que en Aguascalientes tenemos a lo mejor esa fortuna de ser un estado pequeño, en donde hay 11 municipios, de los cuales la capital es donde aglutina el mayor número de habitantes del estado.

Estamos ahorita precisamente en la firma y se firmó el convenio de lo que es el mando único en el municipio de Aguascalientes, por supuesto con la autoridad del gobierno del estado, debido a una reforma al marco jurídico y en este caso unas reformas y adiciones a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que se llevó a cabo esa reforma en el 2013.

Que fue una reforma en la fracción vigésima segunda del artículo quinto, en donde señala: “El mando único que ejerza la Secretaría de Seguridad Pública se entenderá única y exclusivamente respecto a funciones en materia operativa en ejecución, no así acerca de ninguna otra materia”.

Por lo tanto vimos nosotros conveniente el poder firmar este convenio del mando único, sabiendo pues que hay sus pros y sus contras que ahorita voy a comentarles.

Aguascalientes aglutina a casi el 70 por ciento de lo que es la población del estado y por lo tanto, bueno, la importancia que conlleva también para el estado de Aguascalientes, lo que conlleva el municipio.

Hoy está funcionando lo que es el mando único en todo lo que es el estado de Aguascalientes y teniendo una fuerza total de 2 mil 456 elementos, de los cuales mil 478 pertenecen al municipio de Aguascalientes.

Estamos hablando de una fuerza pública del municipio de más del 60 por ciento, en comparación y sobre todo aglutinando las demás corporaciones, tanto la policía estatal y por supuesto de los otros municipios.

¿Cuáles vemos, las ventajas precisamente del poder tener este mando único?

La ventaja es que representa trabajar en coordinación con las instituciones de seguridad pública que opera en el Estado.

Esa es una gran ventaja; anteriormente como que todo mundo nos echábamos lo que es la pelotita, pues si fue el policía estatal, o si fue policía municipal, o si fue policía federal.

Hoy afortunadamente estamos pues trabajando en lo que son una coordinación muy institucional.

Por otro lado, se incrementa lo que es la confianza y mejora lo que es la percepción ciudadana.

Esto conlleva por supuesto el poder atraer por un lado más inversiones, por otro lado por supuesto lo que es el turismo.

Otra de las ventajas de lo que es estar operando el mando único, eso contribuye en gran medida a disminuir los altos índices de inseguridad.

Hoy podemos ver cada uno de los índices de inseguridad y afortunadamente Aguascalientes va a la baja y es algo que se ha hecho de forma muy coordinada.

Por supuesto que es mejorar la seguridad a través de la mediación con cada uno de los ciudadanos que juegan un papel importante y fundamental.

También comentarles que lo que es el mando único se evita lo que es la corrupción porque sabemos que no estamos exentos de lo que exista lo que es la corrupción por algunos elementos.

Hoy lo que se está haciendo, primero, es una rotación y, segundo, va un elemento de seguridad pública estatal y un elemento de seguridad pública municipal.

Por lo tanto el poder coaccionar o poder tener lo que es corrupción es un poquito más complicado.

Por otro lado, todos los elementos de seguridad pública están certificados con las pruebas de control y confianza.

Comentarles también que mínimo hay una reunión de seguridad pública en donde está el gobernador, donde están los encargados de cada una de las áreas de seguridad pública, por supuesto que es un servidor como presidente municipal, donde está el encargado de la zona militar, donde está el representante y el delegado de la PGR, de la policía federal, de la policía estatal, de la policía municipal, cada uno de los secretarios, el Procurador.

Y creo que en una forma muy coordinada trabajamos para ver cuáles son los temas que podemos o que hay en riesgo y en base a una coordinación precisamente los empezamos a atacar.

¿Cuáles han sido algunas de las desventajas? En este caso para el municipio de Aguascalientes, en base a la fuerza que tiene de cada uno de esos elementos, estamos hablando que es aproximadamente del 60 por ciento.

Por lo tanto nuestra corporación se ve mermada aunque existe esta coordinación.

Por otro lado, ventajas que también se me pasó comentarles, es que hoy ya no hay algún límite, un límite en cuestión territorial. Hoy ya no hay límite entre un municipio y otro. ¿Por qué? Porque automáticamente pueden estar ingresando cualquier elemento de seguridad pública, tanto a un municipio hacia otro, cosa que anteriormente no se daba, o a lo mejor no se da en otros municipios donde su demarcación territorial tiene sus límites.

Hoy en Aguascalientes no existe eso gracias a lo que es el mando único.

Comentarles también, es importante y fundamental el que se implemente un marco jurídico y normativo donde establezca claramente cuáles son las funciones y cuáles son las delimitaciones que debe hacer cada una de las corporaciones, tanto policía estatal y a lo mejor policía municipal.

Por otro lado, el que no se le quite lo que es también la rectoría a la policía municipal.

A grandes rasgos es así como venimos trabajando y llevando este convenio de lo que es el mando único en Aguascalientes. Creo que ahí están los datos, ahí están las cifras donde afortunadamente creo que es uno de los mejores estados, uno de los mejores municipios en materia de seguridad.

Pero también otra cosa: podremos tener las mejores leyes, podremos tener los mejores marcos jurídicos, pero si no existe esa voluntad entonces eso va a ser letra muerta.

Hoy, yo creo que va a depender muchísimo de esa voluntad que tengan todos y cada uno de los actores políticos. Y por supuesto, el que también nos pueda normar y regular ese marco jurídico; y creo que aquí es donde se inicia en lo que es en el Senado y por supuesto la Cámara de Diputados.

Y creo que ustedes, senadores, senadoras, tienen un papel importante y fundamental en materia de seguridad pública, para poder adecuar este marco jurídico a las realidades que hoy estamos viviendo en México.

Gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente municipal Juan Antonio Martín del Campo.

Ahora sí, abrimos las intervenciones de las señoras y señores senadores. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra?

La senadora de la Peña; la senadora Pilar Ortega; la senadora Arely Gómez. Vamos a darle equidad de género a este asunto, y con la participación del senador Roberto Gil.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Bien, muchas gracias, presidente.

Quiero hacer una aclaración de porqué tengo dudas respecto de incorporar al catálogo de tipos que tendrían que estarse configurando en esta nueva especie, esta ley que sea una especie de código único sustantivo. Creo que el asunto de la propuesta que hace Lucía de integrar el tema de feminicidio, yo lo veo desde otro contexto; no porque no crea que el delito en sí mismo no sea grave: yo formo parte de quienes hemos luchado justamente para definir feminicidio como un delito grave; y definirlo de manera puntual, con las características diferentes del homicidio.

Hay una connotación clara de género y el abrir en este aspecto el caso del feminicidio, que tiene que ver mucho con la desigualdad y el predominio misógino de un sexo sobre el otro; creo que si partimos de que es una de las tantas características del tipo penal del feminicidio, me parece que no formarían parte de este catálogo; sin que efectivamente, yo reconozca que se trata de un delito grave contra los derechos humanos de las mujeres, por ser mujeres.

Además, me parece que entraríamos al riesgo de lo que también aquí se ha expresado de manera general, respecto de que junto a esto le estemos sumando también otro tipo de delitos y la exculpación de ese delito, como es el caso de la interrupción legal del embarazo. Que en el caso del Distrito Federal, por cierto, está sancionado penalmente el aborto, porque luego hay confusión; lo que está exonerado es la interrupción hasta las 12 semanas, con ciertas características.

De tal manera que sí lo quiero aclarar, me parece que está en ese contexto esa discusión, por eso tengo mis dudas respecto de que un asunto fundamentalmente que tiene que ver con la discriminación y con la desigualdad genérica, tengamos que inscribirlo en lo que es la discusión que deriva de la propuesta del Ejecutivo de estas reformas.

Lo quiero aclarar porque no quiero que se quede la duda de que estoy siendo incongruente con lo que he estado luchando.

Quisiera preguntarles, en primer lugar a quienes están ahora aquí, que continúan en esta sesión, cuando se habla de incluir, también propuesta por Lucía y apoyada por otros ponentes, como es el caso del propio Javier, Santiago, que continúan acá; de incluir los delitos por ejemplo que tienen que ver con las violaciones graves. Me gustó el ejercicio que hace Santiago respecto de los delitos que están en el Estatuto de Roma: violaciones graves a los derechos humanos; quisiera que pudieran abundar un poco más en esa parte, que ciertamente no está tocada en la exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo.

Y para el presidente municipal de Aguascalientes. Creo que de manera clara y sencilla nos denota la diferencia de cómo está convenida la articulación del mando único en Aguascalientes que, por cierto, un estado que se ufana de haber sido el primero en instituir el mando único en el país, pero creo que sería muy importante que abundara en esas particularidades de estos dos conceptos del convenio, a diferencia, esto viéndolo desde el enfoque de su propia expertise con la propuesta concreta que nos hace el Ejecutivo.

Por favor.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias.

Senadora Pilar Ortega, por favor.

SENADORA MARÍA PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Gracias, senador Encinas.

También comentar en relación a la pregunta que yo había hecho en la parte anterior, yo me refería a la preocupación que tengo sobre cómo está planteado este sistema de competencias en la iniciativa del Presidente y que creo que es un tema que tenemos que abordar.

Y también preguntaba si lo que se quería realmente era llegar a una tipificación única de manera disfrazada, no porque yo prejuzgue si es bueno o no tener una tipificación penal única. Pero si ese es el objetivo –planteaba yo– entonces entremos al debate hacia allá. Quisiera hacer esa aclaración.

Y sí creo que, como está planteado en la iniciativa, sí se pudieran derivar una serie de problemas de hecho, de facto, en relación a las atribuciones de las entidades federativas.

También decir que concuerdo con algunos de los expositores que hablaron hace un momento, concretamente con el doctor Salazar, cuando hablaba de que el federalismo fortalece a la democracia y tender hacia el centralismo pudiéramos debilitar nuestro régimen democrático, me parece también muy interesante –y ahí concuerdo con la senadora de la Peña– esta propuesta que nos hace Santiago Corcuera en relación a la formulación de unificar aquellos delitos que el derecho internacional obliga al derecho mexicano.

Creo que eso también es muy interesante, como algo que creo que nos vamos a llevar de esta mesa conceptos y propuestas muy interesantes.

Y también en relación con la exposición que nos hacía el presidente municipal de Aguascalientes. Yo le quisiera plantear, creo que al momento de estar haciendo este análisis en cuanto a si aprobamos o no o revisamos qué pasaría con la posibilidad de tener policías estatales únicas, uno de los problemas que se han planteado –ya lo plantearon otros expositores que han venido en días previos– es la situación de estados como el de Aguascalientes, en donde su sola policía municipal es muy superior en número al resto de todas las policías de los municipios.

Y casos de municipios en el país donde su policía municipal de la ciudad más grande del estado es no sólo superior en número sino en calidad, en formación, en confianza, que la policía estatal.

Esta propuesta pudiera traer como consecuencia perder esa riqueza de esas policías municipales.

¿Cuál es la opinión que tiene usted respecto a este tema? Y que creo que va muy en relación con lo que planteaba Angélica de la Peña.

Muchas gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Gracias, senadora Ortega.

Tiene el uso de la palabra la senadora Arely Gómez.

SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Después de una larga jornada de audiencias, hemos escuchado, ha sido un día muy interesante.

Hemos tenido la oportunidad de escuchar a expertos, académicos, organizaciones de la sociedad civil, gobernador, presidente municipal; creo que el día de hoy es un día de luces en el Senado de la República, porque quienes el día de hoy han aportado sus experiencias, sus conocimientos, nos ayudarán y nos dan luz hacia dónde vamos en esta gran iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto.

No hay mucho ya que preguntar, porque realmente ha sido extensa la discusión, pero al doctor Miguel Sarre, ya se fue, bueno, ya hemos tenido varias bajas, entonces ya tendremos que hacer las preguntas posteriormente.

Me queda muy claro lo que comentó el doctor Santiago Corcuera, creo que será algo enriquecedor, el tema donde tú dices que un código sustantivo único para los delitos, que el derecho internacional señala o más bien obliga al Estado mexicano a tipificar.

Ahí está perfectamente correcto hacer esto, para este tipo de delitos y que son los que más benefician al ciudadano. Esto que escuché me dejo huella.

Y por otro lado, al presidente municipal, a quien le agradecemos su paciencia, su presencia. He escuchado mucho sobre Aguascalientes, en particular sobre el municipio, sobre la seguridad, sobre el cómo está la situación.

¿Me podría ampliar un poco sobre las políticas que se llevan a cabo con el modelo que tiene, respecto a la rotación y otras medidas?

Y también me gustaría saber cuál es la relación de usted en este tema, porque dice que tiene reuniones semanales con las policías estatales, municipales, zonas militares y ¿cuál es su relación con la procuraduría, con el delegado de la PGR y con el Poder Judicial? ¿Cuántos de los que detienen ustedes son sancionados, bueno, sentenciados? Si se solicita la orden de aprehensión, en fin.

Gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias senadora Arely Gómez.

Tiene la palabra el senador Roberto Gil.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias, presidente.

Son ausencias, no bajas, porque luego este concepto de las bajas tiene una lógica medio… son ausencias, no vaya a pensar el Canal del Congreso que hemos violado algunos derechos humanos de los ponentes.

Yo quisiera hacer preguntas muy concretas al alcalde, dándole la más cálida bienvenida al Senado de la República y agradeciéndole que haya aceptado venir a estas audiencias públicas a exponer su experiencia.

Quiero hacerle preguntas muy prácticas sobre cómo está funcionando el modelo de mando único policial, porque creo que ahí están buena parte de las discusiones finas de la decisión que habremos de tomar en el Senado.

He insistido en las diversas audiencias públicas que no es lo mismo policía estatal única, que mando policial único y en buen medida creo que el caso de Aguascalientes nos puede ser profundamente revelador.

Constitucionalmente, usted, como alcalde, tiene a su cargo la función de seguridad pública, no se la han quitado. Las policías, en estricto sentido político-administrativo, dependen de usted, usted es el responsable de la seguridad pública.

A través de un convenio usted ha establecido una serie de acciones con otros municipios y con el estado, para efectos el ejercicio de la función de seguridad pública.

Ahí le van las preguntas prácticas: ¿quién norma o regula los sistemas de reclutamiento de los cuerpos policíacos que funcionan en la ciudad?

Segundo, ¿cómo se nombra el mando? ¿El mando es por municipio o es mando único en el estado, es decir, el mismo en Aguascalientes que en Jesús María o en Calvillo? ¿Es el mismo mando que tiene la ejecución de la política de seguridad en los tres municipios o el gobernador designa al mando para Aguascalientes, para Calvillo y para Jesús María?

Sé de antemano la respuesta, pero que la visibilicemos para tener claridad del modelo.

Cómo toman decisiones operativas esas policías.

Se recibe una denuncia por parte de algún ciudadano, algún teléfono de emergencia, la policía lo atiende, va al lugar de los hechos, independientemente de la geografía o la jurisdicción la policía entra a cualquier lugar, no hay frontera, usted lo decía, entre municipios, pone a disposición del ministerio público al presunto inculpado, al denunciado digamos, que participó en la comisión del delito y eventualmente se le procesa.

En términos de indicadores de incidencia delictiva se registra el delito en su municipio.

¿Quién paga a los policías? ¿Con cargo a qué presupuesto? ¿El mando único implica en el modelo homologación salarial? ¿Cómo se regula la relación jurídica del policía con el patrón?

Déjeme decirlo de esta manera: cada policía según el municipio al que esté inscrito tiene distintos patrones, si eso no ha generado problemas de orden laboral.

Y una pregunta también práctica: usted, si hay un espectáculo público, o usted advierte que hay un problema de seguridad pública, cómo canaliza esa demanda y qué puntualidad de respuesta tiene; si ha encontrado alguna dificultad política u operativa para atender especificidades que usted detecte en su municipio y si no se genera un potencial veto por parte de autoridad política diferente a la de usted para atender fenómenos delictivos.

Es decir, por ejemplo, usted está en función de sus mecanismos de información, está usted viendo que en una colonia está aumentando el robo de vehículos.

¿Cómo procesa ese mensaje? ¿Cómo construye una política de atención, una decisión de atención a ese fenómeno en concreto? ¿Qué tiempos de respuesta tienen? ¿Si hay la posibilidad incluso que el mando simplemente no atienda a su requerimiento? ¿Qué mecanismos tiene usted para poder forzar a que la policía que ya no depende de usted pueda atender cualquier incidencia delictiva que usted detecte en su municipio?

Son algunas preguntas prácticas para tratar de identificar el modelo que usted nos está planteando.

Muchas gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias senador Gil.

Vamos a abrir ahora el espacio para que nuestra invitada e invitados nos hagan una reflexión final y atiendan los comentarios y preguntas que se han formulado.

Les pedimos que fuera desde la Tribuna para que los medios de comunicación los puedan registrar y no queden de espalda.

LICENCIADA LUCÍA CHÁVEZ: Muchas gracias por las preguntas.

Me voy a referir a tres temas:

Primero, el tema de los feminicidios evidentemente es un tema que podemos debatir muchísimo. Estoy totalmente de acuerdo con que es un tema que se genera de desigualdad y discriminación. Eso no lo pongo en duda.

Yo creo que el tema de la federalización del delito de feminicidio tiene que ver con la deuda en materia no sólo de investigación sino incluso de calificación del propio delito de feminicidio.

Un estudio en el 2013 decía que alrededor de seis mujeres mueren al día víctimas de violencia.

La alerta de género es un mecanismo que en realidad se ha invertido mucho dinero y que ha sido totalmente ineficaz.

En Guanajuato se ha pedido la alerta de género dos veces, en Hidalgo, en el Estado de México cuántas mujeres muertas hay, en Nuevo León, y no se ha aplicado la alerta de género.

De allí surge nuestra propuesta que coincidimos, es una cuestión totalmente debatible.

Respecto de que abundáramos en el tema de incluir delitos que tienen que ver con violaciones graves a derechos humanos:

Voy a usar un poco el lenguaje que usa el propio Estatuto de Roma y si cometo un error Santiago me podría corregir, que es que cuando las autoridades de los estados no hayan tenido la voluntad o capacidad de llevar a juicio de manera imparcial e independiente a los responsables de ciertos delitos que contempla el Estatuto de Roma, en este caso lo estamos bajando a las violaciones de derechos humanos, nuestra propuesta es que pueda intervenir la Federación.

Además, para que la Federación conozca delitos, en casos en que el delito haya ocurrido en varias entidades federativas o que no se tenga certeza de en qué entidad federativa ocurrió.

Ahí voy a emplear el método de Humberto, del consejero, y voy a poner un ejemplo que es un caso de la Comisión Mexicana, la Comisión Mexicana también defiende casos de derechos humanos, como todos saben. Una persona desaparece, no se sabe si en Veracruz, en Tlaxcala o en el Estado de México; pero va por carretera federal, desaparece; se interpone la denuncia en Veracruz. En Veracruz no tienen el tipo penal de desaparición forzada, entonces se está investigando por robo de auto la averiguación previa.

Sin embargo, entre Veracruz, Tlaxcala y el Estado de México, no hay una adecuada coordinación ni siquiera para establecer las periciales que se deben de llevar a cabo en una investigación de esta naturaleza; aún más tratándose de una desaparición o una desaparición forzada, no sabemos en realidad qué fue.

Entonces, de ahí la importancia de que la Federación pueda atraer este tipo de delitos, porque en realidad nadie está investigando: en un estado porque no tienen el tipo penal de desaparición forzada; y en los otros estados, porque los otros estados no están seguros de que hay desaparecido en su estado, entonces parece que el estado, hasta estar seguro de que haya desaparecido la persona en su estado, va a investigar; lo cual nos parece alarmante y muy, muy descabellado.

Y otra es cuando se comprometa la responsabilidad internacional del Estado o cuando haya una sentencia internacional en contra del Estado. Creo que esto es hasta una forma de blindarse del propio Estado: si tiene una sentencia internacional, en una sentencia internacional donde no sólo se responsabiliza, por ejemplo al estado de Guerrero o al estado de Chihuahua; se responsabiliza al Estado en su conjunto, al Estado Mexicano.

Entonces, el Estado Mexicano es el que debe de investigar y tenemos la certeza de que los estados como federación, como estados, no tienen la capacidad, actualmente por lo menos, de investigar este tipo de violaciones graves a derechos humanos.

Eso no me lo preguntaron, pero lo voy a mencionar, y voy a retomar lo que dijo Santiago sobre replantear la estrategia de seguridad, la estrategia que tiene que ver con una militarización del país. Creo que coincido, y la Comisión Mexicana coincide totalmente con eso.

Justo ayer teníamos conocimiento de una solicitud de información que formulamos, en donde sólo en el sexenio de Calderón la SEDENA había detenido a más de 50 mil personas. Eso, sumado al aumento de quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en las comisiones estatales, vamos, nos habla de verdaderamente un problema que si bien creo que la federalización de todos estos delitos es un paso adelante; sí es un problema que tenemos que meterle bisturí desde abajo, haciendo el símil del bisturí que decía Santiago.

Hasta allí dejaría mi participación.

Gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchísimas gracias, licenciada Guadalupe Chávez Vargas, directora de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Asociación Civil.

Ahora le pedimos, por favor, al licenciado Javier Hernández Valencia, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, haga por favor, uso de la palabra.

LICENCIADO JAVIER HERNÁNDEZ VALENCIA: Aunque la pregunta, que agradezco, ha sido genérica, me permite subrayar cosas que a veces sólo en su mención merecen la específica cita de aquello de lo que estamos hablando y a lo que estamos tratando de referirnos.

La cita específica de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la sentencia contra México en caso Rosendo Radilla, que trajo a colación Santiago Corcuera, en el punto 344 de esa sentencia, 2009, en la presente sentencia la Corte estableció que el artículo 215 del Código Penal Federal que sanciona el delito de desaparición forzada de personas, no se adecúa plena y efectivamente a la normativa internacional vigente sobre la materia. Por tal motivo, el estado debe adoptar todas las medidas que sean necesarias para compatibilizar dicha tipificación penal con los estados internacionales.

Esto es una sentencia de la Corte Interamericana, 2009. En el 2013, en la respuesta del informe del Estado Mexicano al examen periódico universal; respuesta que fue entregada y hecha pública desde agosto de 2013 y luego de debatió en octubre de ese año, sobre esa materia el informe del Estado Mexicano dice en el punto 86: “Respecto al delito de desaparición forzada, se encuentra tipificado en el artículo 215 A del Código Penal Federal”.

Hay algo que, señoras legisladoras, señores legisladores, tenemos que abordar de frente. Es, si vamos a tener un cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana y de los compromisos de legislación y tipificación acorde a los convenios internacionales que soberanamente el Congreso de la Unión a lo largo de la historia de hace años ha tomado como decisión para participar de estos eventos, instancias y comités e insisto, el Comité sobre Desaparición Forzada se reúne en 11 días y obviamente esta dualidad en lo que se compromete el Estado y en lo que se hace en el Estado es preocupante.

De hecho, en ese mismo punto 86 del informe del Estado Mexicano de agosto del 2013, insisto, debatió en octubre del 2013 y con recomendaciones aceptadas en marzo del 2014, se añade: “Existen en el Congreso varias iniciativas de reformar para adecuar el tipo penal a los estándares establecidos e iniciativas que serán estudiadas próximamente en las Comisiones Unidas de Justicia y Defensa Nacional y Estudios Legislativos del Senado”.

Tengo la impresión que ha llegado un punto en el conocimiento de las instancias internacionales de todos estos elementos de una manera más integral y tal vez de una manera más preocupada sobre un minuendo en el que no pareciera que logramos ser suficientemente eficaces en nuestra voluntad de cooperar con México.

Creo que en el punto sobre la geometría, las fronteras de cuál es el núcleo de delitos que deben poder ser materia de leyes generales, es un buen criterio el poder abordar en conjunto todos aquellos que son materia de convenciones internacionales vigentes para las cuales México tiene documentación abundante.

Me preocupa, sin embargo, que abordar esa agenda así de ambiciosa –y yo en eso difiero con humildad a las opiniones que aquí se han vertido– siendo yo un ciudadano extranjero, no quisiera poner más allá de lo que me toca en mi calidad de funcionario internacional en la vara, y creo que la vara está puesta ahí donde está puesta; y para el caso específico de desaparición forzada, debería poder evacuarse eso de la manera en la que ya se ha sugerido.

Otros temas que son también parte de convenciones internacionales, sin duda abonaría a esta puesta al día, pero yo he participado y he tenido la ocasión de discutir con ustedes en otros contextos, en particular en la reforma del Código de Justicia Penal Militar, la no configuración actual para introducir un criterio genérico sobre exclusión de jurisdicción de violaciones de derechos humanos.

Pero entonces tal vez en el punto por punto, en aquello que ha sido acuerdo fuerte y aquello en lo cual las definiciones de las convenciones internacionales son así de precisas, yo me inclinaría a que el primer paso es el que ´permite hacer la marcha de mil millas.

Muchas gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, Javier, por tu intervención.

Ahora le pedimos al licenciado Bernardo María León Olea, haga por favor uso de la coz.

LICENCIADO BERNARDO MARÍA LEÓN OLEA: Yo nada más añadiría que está muy bien que se añadan tipos penales o se aclaren, pero a mí me preocupa algo que tiene que ver de una manera más amplia con la política criminal, o sea, todo esto es para que política criminal.

Hoy en día menos del cuatro por ciento de todos los asuntos penales llegan a los tribunales, menos del cuatro por ciento. Entonces, estamos discutiendo algo que tiene que ser eficaz para no generar promesas falsas a la ciudadanía.

Lo que tiene que ser eficaz es que la policía, que es donde empieza todo, funciones.

Me faltó decir en mi ponencia, quisiera nada más brevísimamente señalarlo, es que cuando se habla de policía única y es ahí donde empieza el tema, que sea una policía única, única.

Porque con la reforma al artículo 102 y el 116, les dieron autonomía a las procuradurías, a la Fiscalía General, cuando entre en vigor la Fiscalía General de la República, tendrá un fiscal que va a durar nueve años, que tiene autonomía constitucional y que tiene una policía.

Y además hay una reforma que se aprobó aquí, en el Senado, que reforma el 74, 75 y 76 de la Ley General del Sistema, que regresa la facultad de investigación de manera pulcra, constitucionalmente, a las policías que dependen de las instituciones de procuración de justicia, lo cual deja a todas las instituciones de seguridad pública, que son casi 600 mil policías, sin facultades de investigación.

Decía el alcalde de Aguascalientes, nada más para cuestiones operativas, espérense; la política criminal tiene que ser integral y entonces, una vez que el alcance del sistema de seguridad y justicia aumente del cuatro por ciento al 25 por ciento, por decir algo, entonces si quieren discutimos las minucias que tienen que ver con las competencias, con un código penal único.

Okey, encantado de la vida, pero primero démosle alcance ¿no? Para eso necesitamos una policía que esté diseñada de acuerdo a las zonas criminógenas y a la población, no a las fronteras artificiales del estado.

No sé qué tan centralista sea eso, podemos descentralizarlo todo, pero que sea donde están los problemas, eso sería lo primero.

Y finalmente, ya para concluir, creo que es muy importante que todas estas reformas tengan, se puedan medir en términos de resultados. O sea, cuántos menos delitos se van a cometer si ahorita se cometen 33 millones de delitos.

En la próxima encuesta de victimización cuántos menos va a haber, si ahorita menos del uno por ciento de los delitos llegan a una sentencia condenatoria, cuántos más vamos a tener al paso de esta reforma.

Entonces no va a ser una discusión exclusivamente legal sino una discusión de política pública. Y yo creo que en ese sentido sí cambiaría cualitativamente lo que estamos discutiendo aquí ahora.

Gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchísimas gracias al licenciado León Olea.

Santiago Corcuera, por favor, del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.

SANTIAGO CORCUERA CABEZUT: Gracias senador.

Voy a contestar la pregunta a la senadora De la Peña, aunque anticipo que me voy a retractar de la propuesta porque creo que Javier tiene la razón y siempre es bueno reconocer cuando uno se equivoca.

No porque la idea que tenga considere que está equivocada, pero creo que en este caso hay que aplicar la teoría del mal menor y que primero demos el paso de desaparición forzada y tortura, legislemos muy bien, con una ley general de desaparición forzada y de tortura que enfrenta este problema que es el más importante ahorita.

Y luego hablamos de asesinato, de exterminio, de esclavitud, de traslado forzoso, de encarcelación, de otros crímenes que están en el Estatuto de Roma, como el Apartheid u otro y hacemos una legislación general de crímenes internacionales, una ley general de crímenes internacionales o algo así.

Pero lo que sí hay que aclarar es algo muy importante:

Una desaparición forzada para que sea crimen contra la humanidad necesita ser parte de un ataque generalizado contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Entendido esto como una línea de conducta que implique la comisión múltiple de desapariciones forzadas en contra de esa población civil como parte de una política de Estado.

O sea, no toda desaparición forzada es un crimen contra la humanidad. A veces algunos amigos nuestros, activistas, con el puño en alto gritan “desaparición forzada, crimen contra la humanidad”.

No, espérate. Por respeto a las víctimas de los crímenes contra la humanidad no vamos a decir que toda desaparición forzada es un crimen contra la humanidad porque sería banalizar el concepto de crimen contra la humanidad.

Entonces, sí, en la ley general contra la desaparición forzada esperamos una definición muy buena como la de la Convención de la ONU, que después traigo otro artículo que diga: “cuando esta conducta prevista en el artículo tal sea cometida como un ataque a la población civil con conocimiento de dicho ataque, como una línea de conducta sistemática, de exterminio, bla, bla, bla, será un crimen contra la humanidad y recibirá una pena mucho mayor. Pero eso era a lo que me refería senadora.

Entonces hay una convención de Apartheid, pero el Estatuto de Roma habla del Apartheid específicamente, del delito de genocidio, etcétera.

Sí estaría muy bien que esos crímenes, que el derecho internacional obliga al Estado Mexicano a tipificar, eventualmente tuviéramos una ley general que nos consolidara y que hubiera cierta congruencia en la forma en la que se van a perseguir.

Sean de lesa humanidad o no, porque un asesinato individual, o sea una ejecución arbitraria; yo prefiero decir arbitraria y no extrajudicial porque como en México no hay pena de muerte, todas las ejecuciones son extrajudiciales. Entonces yo prefiero decir arbitraria para no meternos en esa cuestión terminológica, o el traslado forzoso de personas.

Puede ser un delito si hubo un traslado forzoso no como parte de una política de Estado, como una línea de conducta, bla, bla, pero hay que tipificarlo. Entonces tener cuidado en ello.

Entonces usted ya sabe, de todas maneras, usted también, que cuando me buscan ahí nos ponemos a chambear en un escritorio para aclarar estos conceptos.

Y luego, la intervención de Lucía me hizo recordar otra cosa en relación con la concurrencia, que decíamos. La concurrencia puede darse no nada más en cuando a un empalmamiento de dos conductas, como digamos trata y desapariciones; sino en cuanto a la gente o al perpetrador.

Tú decías el lugar: eso no importa tanto, importa tanto quién es el perpetrador, porque si el perpetrador es un militar aunque esté en Aguascalientes, la desaparición forzada es cometida por un agente federal y cae dentro del ámbito de aplicación del Código Penal Federal.

Sin embargo, el desaparecedor es un policía municipal, entonces tendrá que caer dentro de la definición de desaparición forzada del Código local. Pero interesante, ¿qué tal?, vamos a imaginar algo así como súper inconcebible: Que la policía municipal detenga a unos muchachos que se están subiendo a los camiones; y luego a lo mejor se los entregue al crimen organizado, que está siendo protegido no nada más por la policía municipal, sino a lo mejor por otros agentes del estado.

O que por omisión o con tolerancia o aquiescencia de un batallón que se encontraba muy cerca y que hubiera actuado, y no actuó, pudiera volverse una desaparición forzada que cayera dentro del ámbito de la definición de un crimen federal, ¿o no?

Digo, yo sé que estoy describiendo algo que solamente en un país terriblemente sanguinario pudiera ocurrir; pero no es imposible de imaginar que eso sucediera. En Acteal se decía, por ejemplo, que había un batallón del Ejército muy cerca y que sabía que debía de llegar ahí a impedir la masacre, y no lo hizo.

¿Qué? ¿Ese fue un asesinato múltiple que cayó dentro del ámbito de aplicación del Código Penal de Chiapas o fue una ejecución arbitraria?

¿Y qué dijeron las instancias internacionales que fue?

Una ejecución arbitraria.

Entonces, es bien interesante no nada más como un ejercicio intelectual, sino para la verdadera atención a las víctimas, que es lo que nos importa, que haya una adecuada reglamentación, reglar adecuadamente, normalizar esta realidad que por desgracia se nos está volviendo normal, en una norma que impida que en un momento determinado no se pueda hacer justicia.

Gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchísimas gracias, Santiago.

Y finalmente, le pedimos al señor presidente municipal de Aguascalientes, Juan Antonio Martín del Campo, nos haga sus reflexiones y comentarios finales.

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO: Gracias.

Doy respuesta a las preguntas del senador Roberto Gil. Lo que es el reclutamiento, lo hace precisamente la policía municipal. La policía municipal, tenemos una Academia y nada más lo que hace las pruebas de control y confianza es el gobierno del estado a través del C-3.

Como gobierno municipal, nosotros tenemos el C-4, en donde también, si vemos en cuestión de equipamiento, creo que está mejor equipado el C-4 por parte de nosotros, que lo que tiene el gobierno del estado.

¿Cómo se nombra al Mando Único?

El Mando Único está a cargo del secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado; él es el coordinador pues, de lo que es el Mando Único y él, a su vez, nombra y designa a los responsables en cada uno de los municipios.

Las decisiones operativas, por un lado, las marca el secretario de Seguridad Pública; al igual que cuando hay un conflicto o cuando vemos en algunos lados o en algunas colonias focos rojos, a través de la coordinación que hay mensualmente y a través de lo que es el Estado Mayor que se tiene por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, precisamente ahí es donde se manda y se refuerza esa zona.

¿El pago quién los hace? El pago lo hace el gobierno municipal, al igual que lo que es la homologación salarial y por supuesto que recibimos apoyo del Subsemun, por un lado, y también del directo municipal.

En caso de existir algún evento o de boicot, hasta ahorita, ya poquito más de un año, afortunadamente no hemos tenido ningún caso de esos.

Aguascalientes sabemos que hay una gran afluencia, sobre todo en la Feria Nacional de San Marcos y siempre estamos en una forma muy coordinada; afortunadamente ahora no tenemos ningún incidente qué lamentar. Al contrario, siempre ha existido esa buena coordinación hasta el momento.

Los tiempos de respuesta por lo regular son de tres minutos aproximadamente. Todas las llamadas llegan a la policía estatal y de la policía estatal las canalizan a la policía municipal. El objetivo es poder tener un solo, eso sí, es un solo teléfono de emergencia y a través de ahí poder disparar la orden para poder atender. Eso es más o menos a grandes rasgos.

Y lo otro, lo que comentaron las senadoras. ¿Cómo estamos ahora?

Ahora es un convenio. Creo que esto ha ayudado, ha funcionado y ha dado resultados.

Por el otro lado, nosotros como gobierno municipal tenemos todavía lo que es la rectoría de la policía y creo que eso debe seguir y debe prevalecer. Es simple y sencillamente el poder coordinarnos en el ámbito operativo en campo. Ahí sí creo que debe de existir esa coordinación. En el ámbito administrativo todo lo lleva el gobierno municipal.

Y, por último, creo que la propuesta que se hizo por parte del Presidente, desde mi punto de vista muy en particular, creo que no es muy conveniente el poder tener tan sólo una policía estatal, porque al final de cuentas puede existir la tentación de lo que es la corrupción. Y creo que siendo parte de esos equilibrios, creo que ahí pueden existir mejores resultados.

Por lo tanto, yo creo que sería muy bueno el poder tener el mando único como tal en la coordinación, más no a lo mejor una policía estatal.

Gracias.

SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Muchísimas gracias, señor presidente municipal.

Con ello concluimos no solamente la mesa del día de hoy sino las audiencias públicas que se convocaron para abordar los temas de seguridad pública y justicia.

La verdad es que ha sido muy interesante. Hemos aprendido mucho. Estoy convencido de que todas las propuestas aquí serán tomadas en cuenta; no recogidas en su totalidad, hay puntos de vista profundamente encontrados pero por supuesto que serán analizadas todas y cada una de ellas.

Quisiera pedirle al senador Enrique Burgos, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, sea tan amable de clausurar los trabajos de estas audiencias.

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias.

Muy brevemente, y en abono al tiempo de todos ustedes, apreciar mucho todo lo que aquí se ha venido aportando.

Hay un tema que es el nudo de nuestras reuniones. El Estado Mexicano tiene un compromiso que es caso condición existencial: justicia y seguridad; ese es el qué. El cómo, hay una propuesta, una iniciativa del Presidente de la República a través de las reformas o adiciones a siete artículos constitucionales. Ese es el qué, el cómo desenvolver para cumplir con aquel compromiso.

Obviamente, como bien lo decía el senador Encinas, hay puntos de vista, todos enriquecedores, invariablemente todas son aportaciones y lo que hacen es provocar un mayor análisis, provocar una mayor reflexión, para que efectivamente, como lo estamos buscando, veamos que los pilares, que los fundamentos, el constitucionalismo mexicano, municipalismo, federalismo, puedan tener la movilidad necesaria sin romper con sus principios esenciales, con sus fundamentos.

Porque esa es la estructura política, esa es la composición política del Estado mexicano, federalismo, municipalismo, además de división de poderes, decisiones fundamentales.

Pero bien decía un autor argentino: la ortopedia jurídica, aunque sea constitucional, no remedia la fractura política. Hoy queremos cuidar que la ortopedia constitucional cuide y garantice la composición política.

Trataremos finalmente de que haya sintonía, como aquí se expresó por varios de ustedes, con la reforma del 2008 en materia del Sistema Penal Acusatorio, con la reforma del 2011 en materia de derechos humanos y las reciente del año pasado, 2014, la autonomía en los órganos de procuración de justicia.

Quiero finalmente agradecer la conducción que tuvieron en estas distintas reuniones la senadora Arely Gómez, el senador Roberto Gil, presidente de la Comisión de Justicia; de nuestro amigo Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, y desde luego las participaciones de nuestra compañera Angélica de la Peña y muchos que ya no están presentes en este momento.

Dennos la oportunidad de seguir intercambiando puntos de vista con ustedes, gracias por las aportaciones, si hay más libros se los vamos a agradecer también, y bueno, con esto damos por concluido este 22 de enero, los trabajos preliminares en búsqueda de lo que seguramente vamos a alcanzar: un buen acuerdo a través de la diversidad y las aportaciones políticas.

Muchas gracias a todos.

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